Casi tres días después de que las empresas San Gabriel y Rastreador Fournier anunciaran una reducción de frecuencias y de horario de prestación del servicio, hubo una respuesta oficial por parte del Ejecutivo.

Fue el subsecretario de Movilidad Urbana y Transporte, Fabián Lliteras, quien se refirió al tema y cuestionó la medida de las prestatarias.

“La medida es unilateral, salvaje y pone de rehén a usuarios y trabajadores”, lanzó y reclamó a las compañías que retrotraigan la decisión para poder volver a negociar con el Municipio.

En ese punto, hizo hincapié en que el contexto para poder continuar dialogando debe ser de normalidad, es decir, cumpliendo con las frecuencias definidas por contrato.

Admitió que hubo un corte intempestivo del diálogo el pasado viernes cuando San Gabriel y Rastreador Fournier hicieron público el documento en el que comunicaban la medida de reducción de prestación.

Si bien expuso que la situación económica nacional, sumado al aumento de los costos, entre ellos, el del combustible más de 50%, y la decisión del gobierno de Javier Milei de no sostener al transporte público del interior del país son argumentos válidos para entender la actual situación del servicio en Bahía Blanca, no justifican una medida como la que vienen aplicando las empresas desde el sábado.

“Hay un sistema que tiene que ver con un pliego y con una obligación de cumplir con una frecuencia. Llamamos a la reflexión para sentarnos en una mesa con racionalidad. Si el costo pretendemos trasladarlo en un 100% a los pasajeros se termina el sistema público”, advirtió.

Y adelantó que en el transcurso de la jornada de hoy el Municipio intimará a las empresas para que den marcha atrás con la reducción de frecuencias y de horario.

“El intendente tiene que cuidar a los pasajeros y a los trabajadores. Seguimos teniendo la misma vocación de diálogo”, aclaró, por último.

Fuente: Frente al cano.

El pasado miércoles en el Palacio comunal fueron presentados los resultados de la segunda edición del programa Plan Calor que se concretó el año pasado.

Se trata de una política pública que comenzó a implementar la gestión de Federico Susbielles, que contó con la participación tanto en el diseño como en la puesta en marcha de la Dra. María María Ibáñez Martín y la Lic. Milena Poggiese, integrantes del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS), dependiente de Universidad Nacional del Sur (UNS) y CONICET. El objetivo principal es acompañar a los hogares vulnerables en los meses más fríos. Incluye banco de leña, estufa social, garrafas y provisión de frazadas y elementos de abrigo.

“Fuimos las encargadas de diseñar todo el protocolo de asignación, de criterios de decisión, capacitamos a los selectores, hicimos la evaluación técnica posterior a la primera edición y también fuimos convocadas para rediseñar el Plan Calor 2026 en función de los aprendizajes que tuvimos del protocolo que implementamos por primera vez en 2025”, destacó Ibáñez sobre lo trabajado junto a Poggiese.

Sobre los resultados del año pasado, afirmó que fueron muy buenos, en primer lugar, porque el 98% de las solicitudes se hicieron a través de la aplicación Mi Bahía (en 2024 las inscripciones se recepcionaban a través de WhatsApp y luego el Municipio se contactaba con cada familia por teléfono y les hacían preguntas para decidir qué recurso otorgarles).  Y sumó que en total recibieron asistencia 7.100 familias, un 92% de las solicitudes que tuvo el programa.

“Se logró una cobertura muy amplia”, enfatizó en diálogo con Radio Altos.

De cara a la edición 2026, estimó que la cantidad de pedidos de asistencia será muy similar, aunque advirtió que “es probable que veamos solicitantes con niveles de vulnerabilidad un poco más severos que el año anterior”.

El motivo, remarcó, es el contexto económico con quita de subsidios, aumento sustancial en el precio de los energéticos, precios estacionales con subas del orden del 20% en abril y sumó “una vulnerabilidad socioeconómica más desfavorable que el año anterior”.

“Quizás haya un crecimiento en la cantidad de solicitudes, pero también es probable que las mismas solicitudes que recibimos años anteriores verifiquen un nivel de necesidad un poco más profundo”, insistió.

Sobre el programa, explicó que para definir si una familia accedía o no a los beneficios, se analizaban dos factores clave. El primero el nivel de vulnerabilidad social y para ello se elaboró un indicador multidimensional. “El objetivo fue priorizar y estandarizar los grados de vulnerabilidad y poder identificar a aquellas familias que tenían una vulnerabilidad mucho más severa para atenderlas con más premura y que la cantidad de recursos que se les otorgaran fueran mayores”, señaló.

Y en segundo lugar, para decidir el tipo de recurso a otorgar, diseñaron un indicador de vulnerabilidad energética en el que se contemplaron dimensiones que afectan a la calidad que las familias satisfacen sus necesidades energéticas: tipo de acceso a electricidad, si cuentan con conexión a la red de distribución de gas, el equipamiento del hogar y el confort térmico.

“Fue un diseño muy ambicioso en términos de que la decisión pasaba por la construcción de dos indicadores multidimensionales que además estaban digitalizados. Que esté digitalizado, en la misma base y que los criterios de decisión estén homogeneizados hacen que sea una política 100% trazable. Tener esa transparencia en una política de asistencia a emergencias es realmente algo novedoso para nuestro municipio, pero también a nivel nacional. La verdad que estamos muy contentos con el resultado”, expuso, por último.

Fuente: Frente al cano.