El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este martes actos de gestión en distintos puntos del conurbano para apuntalar la candidatura a diputado nacional de Jorge Taiana por Fuerza Patria, cuando resta menos de un mes para las elecciones del 26 de octubre.

“En la provincia de Buenos Aires se cayó el mito de que nuestro pueblo estaba dispuesto a acompañar la motosierra del Gobierno: los bonaerenses se expresaron y dijeron que aquí no hay lugar para políticas anarco-capitalistas”, afirmó el gobernador al inaugurar el complejo deportivo Club Nacional Evita en Ensenada.

En compañía del intendente local, Mario Secco, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, el mandatario provincial sostuvo que el preisdnete Javier Milei “no entendió” que el pueblo “no quiere más timba y negocios financieros, sino más trabajo, salud y educación”.

Kicillof encabezó también actos en los municipios de Florencio Varela y Merlo, donde inauguró obras de infraestructura y aprovechó para dejar mensajes en clave electoral.

En Varela, afirmó que la política económica del Gobierno “ya fracasó” y ahora “pide a gritos” un préstamo a Estados Unidos que, según dijo, no van a utilizar para “construir rutas, hospitales y escuelas”.

“El Presidente está decidido a no usar ni un dólar para el bienestar del pueblo: al revés, cada decisión que toma es un golpe más a los sectores vulnerables y a la clase media que sufre porque no llega a fin de mes”, sostuvo al inaugurar obras de infraestructura en el barrio Villa Argentina de Florencio Varela.

En esa línea, remarcó que “a pesar de que las urnas sonaron fuerte en septiembre, Milei no las escuchó”.

En ese distrito, el mandatario provincial encabezó el acto junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y el intendente local, Andrés Watson.

Por la mañana, el gobernador había cuestionado el modelo “individualista” de Milei durante un acto en Merlo, donde llamó a votar por Fuerza Patria en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

“Frente al modelo individualista que propone Milei, en la Provincia seguimos ampliando derechos porque somos un pueblo solidario: lo demostramos en las urnas en septiembre y lo vamos a confirmar este 26 de octubre con la boleta de Fuerza Patria”, sostuvo Kicillof.

Al encabezar una entrega de escrituras en esa localidad, dijo que la “motosierra” del Presidente “era para la casta, pero ajustó a los jubilados, a los trabajadores y a las personas con discapacidad”, según se informó en un comunicado.

“Estamos frente a la estafa electoral más grande de la historia argentina”, dijo y añadió: “Destruir el Estado no es una solución para nadie: sin Estado no hay asfalto, no hay educación, no hay salud y no hay miles de familias accediendo a sus escrituras”.

Por su parte, Taiana manifestó que “frente a un Gobierno nacional insensible que abandona y asfixia, contamos con un Gobierno provincial que sigue ampliando derechos”.

“El 26 de octubre, el pueblo tiene una nueva oportunidad para frenar a Milei y construir un futuro con desarrollo y justicia social”, agregó.

El Senado definirá hoy el futuro de una serie de pedidos de interpelaciones a funcionarios nacionales, entre ellos, a la secretaria General de la Presidenta, Karina Milei, por la criptoestafa Libra y el Caso Spagnuolo.

Será desde las 11 con una serie de plenarios de comisiones que tendrán como cabecera a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la cordobesa Alejandra Vigo. La convocatoria se concretó poco tiempo después del cruce entre el presidente Javier Milei y el ex gobernador y candidato a diputado Juan Schiaretti, esposo de Vigo.

También se pondrán en discusión otras solicitudes que incluyen al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presionado también en Diputados, y al propio Diego Spagnuolo (ex titular de la ANDIS) para que brinden información sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral.

Por último, se sumó al temario otro proyecto que involucra de lleno al ministro de Salud, Mario Lugones, para que rinda cuentas sobre un caso de alto impacto y que fue perdiendo fuerza por la vertiginosa agenda política y económica de la Argentina: el fentanilo contaminado.

El resto de las comisiones involucradas los plenarios tienen en común que todas son presididas por senadores kirchneristas, con excepción de la Comisión de Economía Nacional e Inversión, a cargo del senador radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego).

Se trata de uno de los legisladores que se plantó a lo largo de estos casi dos años de gobierno de Milei, principalmente cuando el mandatario gozaba en el Congreso de un blindaje otorgado, inclusive, por compañeros de la propia banca de la UCR.

La privatización de Nucleoeléctrica

Este lunes, el presidente del interbloque peronista del Senado, José Mayans, presentó un proyecto para frenar la venta del 44 por ciento de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA). Lo hizo en una exposición en el Senado.

Mayans buscaría en la reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que se reúne este miércoles por la tarde, incluir en el temario su iniciativa y lograr un dictamen para llevarlo al recinto en la sesión del jueves, donde se debatirán los vetos presidenciales a los proyectos de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario.

El Gobierno nacional anunció a mediados de septiembre el inicio del proceso de privatización de la empresa Nucleoeléctrica, que es la compañía encargada de operar las centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse.

Aunque todavía no comenzó a tratarse formalmente en el Congreso, la oposición ya está planificando una manera para intentar frenar en la Justicia la reforma laboral en caso de que sea sancionada, pero el Gobierno confía en que no podrá lograrlo y prepara una estrategia por si tiene que defender la medida en los tribunales.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la mesa judicial de Casa Rosada, no sorprendieron los trascendidos de que el peronismo buscará declarar inconstitucional la iniciativa, pero aseguran que no existen argumentos para hacerlo.

Luego de un enero en el que el oficialismo llevó adelante múltiples contactos con sus aliados con el objetivo de garantizar el apoyo al proyecto, en los próximos días se debatirá el texto en el recinto y todo indica que se aprobará.

Ante esta situación, trascendió que el PJ llevará el tema a la Justicia con la idea de impedir su implementación, como sucedió con los cambios en el sistema laboral con los que el presidente Javier Milei quiso avanzar a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

“No nos preocupa. Es lógico que lo vayan a hacer, pero yo no creo que prospere”, explicó a este medio uno de los integrantes de la mesa judicial libertaria, que señala que hay importantes diferencias entre este proyecto y el mencionado DNU.

En este sentido, las autoridades nacionales remarcan que en el primer caso las modificaciones fueron impuestas por el Poder Ejecutivo, mientras que en esta oportunidad se están discutiendo en el ámbito del Congreso y, si se aprueban, ya tendrían fuerza de ley.

“No esperábamos menos de ellos. No tienen una sola idea, las que tenían no sirvieron, y solo les queda intentar bloquear los cambios. Creemos que, incluso con una Justicia que en gran medida responde a ellos, sobre todo en lo laboral, no van a poder frenar judicialmente la reforma, porque no tienen razones jurídicas. Salvo que los jueces fallen exclusivamente por ideología”, sostienen en Balcarce 50.

En enero del 2024, la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la CGT y suspendió la aplicación del capítulo específico incluido en el DNU 70; el Gobierno apeló y la causa llegó hasta la Corte Suprema, que todavía no se expidió al respecto.

Según plantearon fuentes del peronismo, si esta nueva reforma es sancionada, lo que se podría hacer es plantear que su contenido es inconstitucional, ya que la oposición entiende que afecta el “principio de no regresividad” de los derechos adquiridos.

Por un lado, en el Poder Ejecutivo aseguran que esta iniciativa “no afecta los derechos de los trabajadores, sino de los sindicatos”, ya que “hace más dinámica y moderna la relación” entre el empleador y el personal.

Por ejemplo, si bien no se avanzó con la eliminación de las cuotas solidarias, que representan uno de los principales ingresos de los gremios, el proyecto final sí establece que las empresas ya no estarán obligadas a ser agente de retención.

Por otra parte, las autoridades nacionales también destacan que la Justicia “no debería” frenar la implementación de la ley, si es que la aprueba el Congreso, “porque, en todo caso, el juez lo que tendría que hacer es fallar sobre un caso concreto”.

“Lo que deberá hacer el peronismo es enunciar un derecho que se pierda y que sea en contra de los trabajadores. Algo concreto. Y no lo van a tener. En abstracto, no se puede avanzar. Así lo dispuso la Corte desde siempre. Los jueces resuelven (deberían) casos concretos”, manifestó un integrante de la mesa judicial libertaria.

Incluso, si esto sucediera, y se presentara una demanda colectiva —como pasó con otras medidas del Gobierno—, quienes llevan adelante la estrategia oficial indican que se trataría solamente de un conjunto específico de personas, pero que los cambios seguirían vigentes para el resto de la sociedad.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, pretende que se convoque a votación entre el 10 y el 13 de febrero, para que luego la norma pase a la Cámara de Diputados, donde Martín Menem trabajará para la sanción definitiva.

La bancada Justicialista, que encabeza José Mayans, cuenta con 21 integrantes. A ellos se les podrían sumar los dos legisladores del Frente Cívico por Santiago, de Gerardo Zamora, y los cinco de Convicción Federal, que lidera Fernando Aldo Salino.

Entre todos ellos, de todas formas, están lejos de llegar a los 37 escaños que se necesitan para rechazar la reforma, por lo que —si no hay imprevistos— el Gobierno se anotaría el primer triunfo del año.

Este martes, Bullrich volverá a reunirse con los representantes de los bloques cercanos al oficialismo, para terminar de conversar los detalles del proyecto e ir a la votación con el mayor consenso posible.