En el final de una semana política densa, el oficialismo celebró de madrugada en Diputados y desayunó el viernes con otro avance en el Senado. La reforma laboral terminó con aprobación cómoda en la Cámara baja -podado ya el inviable artículo de las licencias por enfermedad- y apenas unas horas después pasó por comisiones en la otra ala del Congreso, para quedar en los umbrales de la sanción. El Gobierno quedó así a un paso de coronar su mayor objetivo de las sesiones extraordinarias. ¿Cómo? Asoman dos trazos gruesos en ese cuadro: la asimilación del mecanismo de negociación en continuado -que demanda concesiones- y la doble crisis que arrastra el peronismo, expuesta en el núcleo K y en el juego propio de varios gobernadores.

Desde el inicio, todavía en diciembre, había quedado a la vista que la negociación con socios legislativos y gobernadores iba a ser el único camino posible para convertir en ley el proyecto laboral. El tema pasó entonces para febrero, segunda tanda de las extraordinarias, y tal como fue conversado con aliados -también, por vías más reservadas, con algunos jefes sindicales-, hubo modificaciones y tachaduras sobre el texto original. Fueron varias decenas. El último paso -la poda del artículo 44- obligó a un renovado ejercicio negociador. Le dio frutos a Olivos.

El oficialismo expuso pragmatismo, realismo libertario. Pero no ocurrió en un día y, está claro, el interrogante es si termina armando un sistema de alianzas sólido, no necesariamente con traducción electoral. Al menos por ahora, se trata de un ejercicio ley por ley, costoso, que en el caso de los jefes provinciales tiene como eje cuestiones de plata. El marco es conocido. La recaudación viene a la baja desde hace seis meses, el impacto en la coparticipación no es menor y, según fuentes cercanas a gobernadores, la mayoría de los distritos no tiene margen para nuevos ajustes.

Las votaciones de este mes entusiasman a los operadores violetas. Más de 40 votos en el Senado, como ocurrió antes del capítulo de Diputados, reponen en ese imaginario los cálculos para nombrar jueces y hasta para ampliar la Corte Suprema. Se verá. El foco inmediato vuelve a estar puesto en la Cámara alta. Por lo pronto, si no aparece nada extraño en el camino, a fines de la semana que viene sería ley la reforma laboral y también el Régimen Penal Juvenil, como renglones más destacados.

La fragmentación política y, más precisamente, la crisis profunda de los partidos nacionales -y luego, las coaliciones- desdibujó por completo lo que fue JxC y deteriora de manera creciente al peronismo. Impacta a favor del oficialismo, aunque con costos. Se multiplican los interlocutores, a veces con poco. Es un tablero en el que las fichas se cuentan de a una. Dicho de otra forma: cada gobernador pone en la mesa el número de legisladores que le responden y cada espacio aliado o socio hace valer lo suyo en el recinto.

Lo registra Martín Menem desde hace rato y lo anota últimamente Patricia Bullrich. Juega centralmente Diego Santilli con las provincias, operan Karina Milei y, con agenda propia, Santiago Caputo. No quiere decir que las internas estén superadas -algunas, han recrudecido, como ocurre con las ambiciones porteñas-, pero el peso del poder ordena en el Congreso. También, la realidad y la asimilación de cada prueba.

El giro más notorio del oficialismo se produjo en diciembre con el Presupuesto 2026. La caída inesperada de un capítulo gravitante -que incluía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en el área de discapacidad- provocó de entrada una mezcla de ira y cerrazón para reponer el tema, pero rápidamente hubo señales de aceptación de lo ocurrido en Diputados. Con buen número de votos, el proyecto fue sancionado sin esos puntos. Los gobernadores negociaron según sus necesidades -ATN, deudas, fondos para cajas de jubilaciones, en algunos casos- y, para terminar de distender, la reforma laboral pasó para la segunda entrega de extraordinarias.

Los jefes provinciales de buen entendimiento con Olivos volvieron a mostrar sus cartas ahora, con la ley laboral. Terminaron por empujar y sellar un acuerdo con el Gobierno -de mutua conveniencia, en el delicado contexto de recaudación- para dejar de lado el artículo que establecía una baja de ganancias para empresas. Y fueron decisivos para liquidar el artículo de las licencias por problemas de salud. En la misma línea, condicionaron su apoyo los socios del espacio PRO/UCR. Quedó desechada así la idea oficialista de buscar alguna diagonal que evitara la vuelta al Senado. La baja del artículo 44 fue suficiente para no pasar sobresaltos en Diputados. Y terminó de allanar el camino para la sanción de la ley.

Para completar el cuadro, la oposición dura registra crujidos en aumento. El último contraste fue exhibido por los gobernadores. Se afirmó el esquema de jefes provinciales del PJ o aliados, inorgánico pero coordinado, como espacio negociador. Ahí se anotan Salta, Tucumán, Catamarca y, cercanos, Misiones tradicionalmente y Santa Cruz, de manera más reciente. En espejo, el peronismo/K promovió un documento de rechazo a la reforma que destacó la posición de Buenos Aires, Formosa, Catamarca y La Pampa, más un par de aliados. Igual, algunos de ellos tienen puentes con el Gobierno.

Esa declaración, con todo, expuso de hecho que el sello del PJ nacional gravita cada vez menos. Y también, que el quiebre es de una franja del peronismo del interior con el círculo que aún expone la marca de CFK. No es todo. En el Senado, es cada vez más notoria la tensión en el espacio de UxP por desgaste de conducción. Y esto último está asociado al otro factor doméstico, es decir, el trance del núcleo kirchnerista, expresado en la pulseada entre Axel Kicillof y la ex presidente. Doble crisis.

Los operadores del Gobierno festejan en estas horas los éxitos legislativos. No borran sus propias tensiones: de arrastre aunque más contenidas en la superficie, entre Karina Milei y Santiago Caputo; repetidas y sin retorno como en el caso de Victoria Villarruel; algo más novedosas como los recelos con Bullrich, y de manera más visible en este tramo con Federico Sturzenegger. De todos modos, por debajo de la celebración, el foco se corre hacia los nuevos proyectos para tratar de sostener la iniciativa a partir del 1° de marzo. También, hacia la Justicia, ante la posible judicialización de algunos puntos de la reforma laboral. Y no sólo se trataría de los jefes sindicales. Se verá si el impacto político de la sanción de la ley modera reacciones en ese frente, que no se reduce a Comodoro Py.

Luego de varias idas y vueltas, el Gobierno finalmente quitó de la reforma laboral el artículo referido a las licencias médicas, el cual había generado críticas por parte de distintos sectores de la oposición, y el proyecto quedó a un paso de ser aprobado en el Congreso, aunque continúa el ruido interno por la decisión de haber sumado en un principio ese apartado.

Cuando se inició la polémica, las autoridades nacionales primero salieron públicamente a defender la medida que se había incorporado al texto original 48 horas antes de su votación en el Senado.

Uno de los referentes del Gabinete que lo hizo fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien justificó la reducción del salario al 50% por parte de los privados en determinadas situaciónes, al argumentar que “si te lastimaste jugando al fútbol, la empresa no tuvo nada que ver” y, por lo tanto, no debe afrontar toda la carga que demanda tener un empleado menos durante su recuperación.

Sin embargo, en los pasillos de la Casa Rosada reconocían que se trató de un error por parte del oficialismo y al poco tiempo anticiparon que esa iniciativa iba a ser eliminada antes del debate en la Cámara de Diputados, lo que efectivamente sucedió.

Incluso, en los pasillos de la Casa Rosada responsabilizaron directamente a Sturzenegger, al considerar que con esas declaraciones “se mandó una de más, como siempre”, porque esos dichos habrían provocado el malestar contra las modificaciones en las licencias médicas.

En tanto, consultados por Infobae sobre esta interna, en el entorno del funcionario aseguraron que estaban “tranquilos” y que iban a continuar trabajando en todos los temas que están en agenda.

Además, aseguraron que la inclusión de este artículo la reforma laboral no fue un pedido de esta cartera: “No estaba en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo. Por ende, está claro aue no es algo que se impulso desde el Gobierno o el Ministerio”, señalaron.

Lo cierto es que la medida fue sumada poco antes de que el texto recibiera media sanción del Senado, y establecía que, “en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración”, siempre que esa condición “fuera producto de una actividad voluntaria y consciente”

Asimismo, se remarcaba que, “si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración”.

Ante la presión de los bloques aliados y de algunos gobernadores, La Libertad Avanza optó por quitar todo este apartado antes de que la medida fuera votada en Diputados, lo que obligó a que el texto volviera al Senado, que lo tratará el viernes que viene, por lo que se demoró su sanción definitiva.

“No pedimos nada de ese artículo. Es más, la UIA (Unión Industrial Argentina) ya manifestó que ellos tenían propuestas sobre ese tema y la decisión consensuada era la de no hacer cambios sobre el proyecto enviado. No vino de nosotros”, insisten desde el lado de Sturzenegger.

En una entrevista en Infobae en vivo, el presidente de esa entidad, Martín Rappallini, lamentó que se haya retirado esa iniciativa y opinó que “es un tema muy complejo, porque hay muchas variables”.

Efectivamente, el empresario contó que la cuestión fue analizada durante las reuniones del Consejo de Mayo, mesa de trabajo impulsada por el Ejecutivo y en la que comparte un lugar junto al ministro.

“Nosotros habíamos planteado en algún momento que fuera el 100% no remunerativo, sin cargas, para que el Estado se hiciera cargo”, detalló.

Por su parte, tras la interna, Sturzenegger se encuentra ahora abocado a otras tareas que tenía en agenda, como la preparación de las normas que se tienen que implementar para que pueda comenzar a regir el acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos.

La administración libertaria se comprometió en ese tratado a adaptar la legislación local y también adoptar una serie de puntos para facilitar el intercambio de bienes y servicios con Washington.

De acuerdo con lo que precisaron a este medio fuentes de la cartera de Desregulación, “no todas estas medidas son leyes”, sino que en algunas ocasiones “solo implica cambios normativos de menor nivel”.

En esos casos, las modificaciones necesarias podrían hacerse “a través de Decretos o incluso Resoluciones”, en los cuales ya está trabajando el funcionario desde la firma del acuerdo.

De todas formas, el convenio tiene todavía que ser aprobado en el Congreso, pero su debate se demoraría hasta el mes próximo. Esta semana será la última semana de las sesiones extraordinarias y los diputados y senadores tienen varios temas en agenda.

Luego de la aprobación de la reforma laboral del jueves pasado, el proyecto terminará de ser discutido en la Cámara alta el viernes próximo, junto con el nuevo régimen penal juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

El inicio del ciclo lectivo 2026 está en peligro: la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) decidió este viernes un paro nacional docente para el 2 de marzo, como parte de un plan de acción que incluirá movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país, en reclamo de la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y de un aumento salarial que supere la inflación.

Por su parte, los sindicatos educativos de la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias” y destacaron “la grave situación presupuestaria que atraviesa la educación pública”.

En el caso de CTERA, el paro fue resuelto en un congreso extraordinario de la entidad, que lidera Sonia Alesso, donde, además del reclamo salarial, se exigió una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento urgente del presupuesto educativo.

Además, durante el congreso de CTERA se reiteró “el rechazo a toda reforma laboral regresiva y al avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación”, en tanto demandó “condiciones dignas de trabajo, infraestructura adecuada, recursos pedagógicos, conectividad para el dictado de clases y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes”.

Durante el encuentro también se insistió en el rechazo de la organización al proyecto de Ley de Libertad Educativa que impulsa el gobierno de Javier Milei y por eso se decidió impulsar acciones durante todo el mes de marzo para “informar y esclarecer a la comunidad sobre el verdadero significado de este proyecto y las consecuencias que implicaría para la educación pública”.

Por su parte, en un comunicado de prensa, la UDA, que lidera Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), dirigida por Fabián Felman, advirtieron al Gobierno Nacional que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si no convocas a paritarias”.

Los dos sindicatos subrayaron que “si no se concreta una convocatoria urgente a paritarias, el conflicto con el sector docente podría profundizarse y prolongarse, lo que afectará —por imposición de las actuales circunstancias generadas por el Gobierno— el normal funcionamiento del ciclo lectivo”.

Además, destacaron la grave situación presupuestaria que atraviesa el sector: “La educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión del Estado Nacional de retirarse de sus obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en Argentina”.

UDA y CEA señalaron que “se derogó la normativa que obligaba a garantizar la inversión en el sistema educativo y el presupuesto destinado a la educación técnico profesional”, lo que “genera un gran impacto negativo en la calidad educativa, en la desigualdad y en el futuro de cientos de miles de alumnos y alumnas”.

Por esa razón, insistieron en que “el Gobierno debe convocar a paritaria, ya que es una herramienta de paz y de diálogo para la resolución de conflictos”, al tiempo que reiteraron que “el salario mínimo docente actualmente se encuentra en niveles de indigencia”.

Ante la circulación de un borrador sobre un nuevo proyecto de reforma educativa, además, los gremios que integran la CGT adelantaron su rechazo: “Anticipamos nuestro rechazo al proyecto de Libertad Educativa, que detonará el sistema educativo argentino”.

Finalmente, tanto UDA como CEA remarcaron que “los docentes advertimos que las situaciones que se generan en el sistema educativo nos imponen defender la educación y los derechos salariales y colectivos de todos los trabajadores de la educación”, y concluyeron: “El Gobierno Nacional debe convocar a paritaria docente en el marco del artículo 10 de la Ley 26.075 para tratar condiciones laborales, carrera docente y salario mínimo”.