El traslado de presos desde la cárcel de Devoto hacia Marcos Paz parecía ser inminente en septiembre. Si bien ese proceso ya está en marcha, la visita del papa León XIV a la Argentina coincide con ese plan de mudanza, que será “muy pronto”, definió la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva.

El obispo de Roma tiene previsto reunirse en su agenda oficial con presos de la unidad penal, como parte de sus actividades religiosas. Según detalló la funcionaria, Devoto costa de aproximadamente cinco unidades, cada una cuenta con alrededor de 300 presos. Al momento se calcula que ese número de internos permanece en la unidad penitenciaria.

“Desde comienzo de año estuvimos haciendo referencia al último trimestre para la tan esperada mudanza” de Devoto a Marcos Paz, explicó. “La mudanza será en distintas fases y va a iniciar pronto”, indicó la funcionaria, y dijo que está todo dentro del “cronograma previsto”, aunque sin una fecha definida. “La mudanza de una cárcel no se hace de un día para el otro”, sostuvo en diálogo con radio Con Vos durante el programa Futuro Imperfecto que conduce Lorena Maciel.

De todos modos, aclaró que la totalidad de los 300 detenidos no participará del encuentro con León XIV. “Es un espacio acotado. No es que se encuentra con todos los presos que están en un penal”, afirmó Monteoliva, que explicó que la actividad del Papa tendrá un formato similar al de otras visitas a establecimientos penitenciarios.

Según la ministra, la Iglesia católica seleccionará a los participantes a partir del trabajo de la pastoral penitenciaria y la elección de las “historias de vida”. Esos casos son enviados al Vaticano para que León XIV conozca previamente las experiencias de las personas que participarán de la reunión. “No dura más de veinte minutos”, precisó sobre la duración de la actividad, que incluirá una bendición para los presos convocados. “Es un espacio donde solamente está Su Santidad, obviamente los presos y el personal del Servicio Penitenciario Federal”, completó.

La actividad está enmarcada en el amplio operativo de seguridad que se desplegará entre el 8 y el 11 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, los puntos que visitará el papa León XIV en su estadia en Argentina. En concreto, el periplo demandará un operativo de 120 horas ininterrumpidas, que abarcará tres jurisdicciones con participación de organismos nacionales, provinciales y porteños.

El esquema incluye la supervisión de tres aeropuertos, cuatro eventos masivos y 11 actividades cerradas, con un aforo estimado de siete millones de personas. “Es un operativo histórico porque es una visita histórica”, definió la ministra. “A la tarea de seguridad habitual ordinaria que hacemos, que no podemos descuidar, tenemos que incrementar este esfuerzo operativo”, sostuvo.

Monteoliva explicó que Javier Milei pidió coordinar todos los recursos disponibles para la visita papal. Además, contó que “el Presidente va a definir exactamente a qué actividad va” de todas las que desarrollará el pontífice, además de la reunión bilateral en la Casa Rosada durante la tarde del domingo 8 de noviembre.

El Presidente también participará de una actividad en el Palacio Libertad. Allí se prevé la presencia de gobernadores, del jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, legisladores, representantes del Poder Judicial y miembros del cuerpo diplomático. “Va a estar toda la institucionalidad del país”, afirmó Monteoliva.

La judicialización del régimen penal juvenil

Durante la entrevista, Monteoliva también se refirió a la decisión de la Cámara de Apelaciones, en la que se revocó el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del régimen penal juvenil, y apartó a la jueza Laura de Marinis de ese expediente.

La ministra sostuvo que la resolución judicial inicial “atentaba contra todo lo que venimos haciendo y planteando frente al régimen penal juvenil”. En ese marco, defendió la necesidad de que el Estado responda ante los delitos cometidos por menores de edad. “Es una necesidad que necesita la ciudadanía”, sostuvo.

La funcionaria definió la propuesta como un régimen equilibrado y consensuado. “El régimen penal juvenil es un régimen equilibrado y consensuado”, afirmó y destacó que se haya anulado el fallo de De Marinis. “Lo importante en democracia, para fortalecer la República, es tener la posibilidad de revisar esas definiciones”, señaló.

Según Monteoliva, algunos fallos pueden afectar a las víctimas, a la Justicia y a la sociedad. “Hacen tanto daño no solo a las víctimas, sino también a la Justicia y a la sociedad en su conjunto”, afirmó. Ante la consulta sobre la fuerte reacción pública contra la decisión de la jueza, que quedó ante la posibilidad de un jury, la ministra concluyó: “Creo que hay temas que exceden las miradas individuales y donde están los grandes consensos. No lo veo como una exageración”.

Después de estar un mes a la defensiva, el oficialismo en el Congreso logró recuperar casi por completo el control de la agenda y normalizó la relación con algunos de los bloques aliados que habían dejado trascender su malestar por los manejos de la Casa Rosada. Durante octubre, los libertarios se abocarán a avanzar en la Cámara de Diputados con los proyectos sobre Malvinas, la reforma en Discapacidad, los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y el Presupuesto 2027. La oposición, por su parte, luchará por mantener en el centro de la discusión pública los proyectos sobre endeudamiento y mora.

El martes, el oficialismo logró dar vuelta la página tras la polémica que se desencadenó por el ajuste en el área de Discapacidad que contenía el proyecto de Presupuesto 2027. Tras dos semanas de tensión, que incluyeron reclamos públicos de los bloques aliados y pases de factura entre los integrantes de la Mesa Política, los libertarios borraron de un plumazo el texto original que envió el Poder Ejecutivo y llegaron a un consenso con los bloques aliados.

La nueva iniciativa retoma gran parte de la ley de Emergencia en Discapacidad como el nomenclador único para prestaciones, su actualización por inflación, la compatibilidad de la pensión con un empleo formal o informal y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía para obtener una pensión. Sin embargo, ahora todas las partidas estarán incluidas en el Presupuesto y no dependerán de las reasignaciones que defina la Jefatura de Gabinete.

El dictamen representó una clara victoria política porque contó con el acompañamiento de bloques aliados y gobernadores. Si bien hubo acompañamientos “en disidencia”, como los misioneros y salteños de Argentina Federal, el apoyo de la UCR, el PRO, Producción y Trabajo (San Juan), el MID y La Neuquinidad le garantizarían cerca de 127 votos, por lo que los libertarios no deberán hacer grandes esfuerzos para sumar las dos voluntades que restan para llegar a la mayoría simple. De esta forma, la embestida de la oposición dura, que impulsaba la prórroga por un año de la Emergencia, quedó virtualmente neutralizada.

Aunque todavía quedan pendientes algunos reclamos de los aliados, como una redacción clara que ratifique que las prestaciones se actualizarán mensualmente por inflación y el cronograma de pago de las compensaciones adeudadas, el oficialismo prevé llevar el tema al recinto el próximo 7 de octubre.

Esa mega sesión también incluirá el proyecto para proteger los recursos del Atlántico Sur y reforzar el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas. El puntapié inicial del debate será el miércoles 30 de septiembre, en un plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal, conducidas por los oficialistas Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado, respectivamente.

El cronograma continuará el martes 6 de octubre con otro plenario de comisiones donde los libertarios buscarán firmar dictamen. Así el texto quedará listo para debatirse en el recinto de la Cámara de Diputados al día siguiente.

Si bien todavía no hay confirmación oficial, fuentes del oficialismo señalaron a Infobae que la reforma del Banco Central también estará incluida en el temario de esa sesión. Los cambios en la Carta Orgánica que apuntan a garantizar la independencia de la entidad monetaria respecto del Poder Ejecutivo fueron aprobados este jueves en el Senado. Pero el texto que venía de Diputados sufrió una modificación importante, por lo que deberá volver en revisión a la Cámara de origen.

A instancia de los gobernadores, y con acuerdo del peronismo, se cambió la redacción en un punto clave: la mayoría especial de dos tercios en ambas Cámaras para remover a las autoridades del Banco Central fue reemplazada por una mayoría absoluta (37 votos afirmativos) solo en el Senado. Ese cambio fue aprobado casi por unanimidad (66 votos a favor y sólo dos en contra), por lo que será matemáticamente imposible que Diputados pueda insistir con el proyecto original (debería llegar a los dos tercios pero no puede lograrse sin el peronismo).

Por su parte, la oposición avanzará este martes 29 de septiembre con el dictamen de las iniciativas sobre endeudamiento. En estos días el peronismo y los bloques dialoguistas buscan unificar una propuesta que no tenga costo fiscal (para evitar un veto presidencial), mientras que el oficialismo y sus aliados presentarán una propuesta propia que tendrá como eje principal la concientización (sin ningún tipo de refinanciación obligatoria de las deudas). La oposición aún no define cuándo convocará a una sesión ya que no tienen los 129 votos del quórum asegurados.

Finalmente, durante el tramo final del año, oficialismo y oposición se abocarán a la negociación del Presupuesto 2027. El cronograma incluirá reuniones informativas el 13, el 14, el 20, el 21 y el 27 de octubre. En tanto que el miércoles 28 prevén firmar el dictamen para avanzar en el recinto el miércoles 4 de noviembre.

Esta negociación estará atravesada por el armado de las alianzas electorales de cara a los comicios del año que viene y condicionará directamente otro de los objetivos principales del Gobierno: la eliminación de las PASO.

El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, afirmó que Londres está preparado para defender militarmente las islas Malvinas ante una eventual acción de Argentina. En declaraciones a The Sun on Sunday, sostuvo que las Fuerzas Armadas británicas cuentan con los medios necesarios para proteger el archipiélago.

Streeting rechazó las reiteradas reivindicaciones de soberanía del presidente Javier Milei y las calificó como una posición sin fundamento. También descartó que Argentina tenga la capacidad de tomar las islas por la fuerza.

Consultado sobre si el Reino Unido podría responder en el plano militar en caso de que Argentina enviara buques de guerra hacia las Malvinas, el ministro respondió de forma afirmativa. “Sí”, dijo al diario británico.

“Esto no es 1982. Los argentinos no tienen la capacidad de tomar las islas Malvinas. Nosotros tenemos la capacidad de defenderlas”, declaró Streeting. Más tarde, insistió en que no prevé un conflicto, aunque remarcó la capacidad defensiva británica.

El funcionario cuestionó los planteos del Gobierno argentino y afirmó que se repiten año tras año. En una de sus declaraciones utilizó un término despectivo para referirse a los argentinos, expresión que se reproduce únicamente por su relevancia informativa.

Londres sostiene que la cuestión quedó resuelta tras la guerra de 1982

El secretario de Defensa señaló que la disputa quedó definida luego de la guerra de las Malvinas de 1982, cuando el Reino Unido recuperó el control del archipiélago tras un conflicto de 74 días. En ese contexto, sostuvo que la población isleña ha expresado su voluntad de mantener el vínculo con Londres.

En el referéndum de 2013, el 99,8 % de los votantes de las islas Malvinas se pronunció a favor de que el territorio continuara bajo administración británica, según los datos citados por The Sun on Sunday.

Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las islas, a las que denomina Malvinas, así como sobre las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El Reino Unido administra el archipiélago y sostiene que la cuestión fue resuelta, mientras que Argentina considera que existe una disputa de soberanía que debe resolverse mediante negociaciones bilaterales.

La explotación petrolera y los anuncios oficiales elevaron la tensión diplomática

Las declaraciones de Streeting se producen después de una escalada política entre Argentina y el Reino Unido durante septiembre. La controversia se intensificó a partir de expresiones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una posible revisión de la posición de Washington respecto del archipiélago.

El 3 de septiembre, Milei anunció sanciones para las compañías que explotan hidrocarburos en la zona sin autorización argentina, fondos para una base naval en Tierra del Fuego y un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Las medidas apuntaron, entre otros, al proyecto petrolero Sea Lion, situado a 220 kilómetros al norte de las islas y con planes de iniciar su producción en 2028.

Las autoridades británicas calculan que ese desarrollo podría generar 2.000 millones de dólares en regalías durante 30 años. La explotación es impulsada por un consorcio integrado por Rockhopper Exploration, de capital británico, y Navitas Petroleum, con sede en Israel.

La respuesta británica incluyó el rechazo de las sanciones argentinas y la confirmación de que los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en el archipiélago serán reemplazados por aeronaves Tranche 2, de mayor capacidad operativa, a fines de noviembre de 2027. El Ministerio de Defensa británico sostuvo que se trata de una rotación prevista con anterioridad a la actual tensión diplomática.

En el plano judicial, una jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó como medida cautelar que las petroleras señaladas se abstengan de iniciar o continuar las obras necesarias para poner en marcha el proyecto. A la vez, la Cancillería argentina preparaba gestiones ante Estados Unidos para que Washington evalúe una mediación, una posibilidad que requeriría la aceptación de Londres.