En su penúltima sesión extraordinaria, el Senado aprobó esta noche una serie de cambios a la ley de glaciares y la definición de este proyecto queda ahora en manos de Diputados. Al momento de la votación en general y en particular, la iniciativa en cuestión recibió 41 adhesiones y 31 rechazos -se abstuvo la neuquina Julieta Corroza-, con un texto que dividió a varias bancadas, excepto La Libertad Avanza, que comanda Patricia Bullrich.

Como se suponía, los legisladores del interbloque cristinista Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan) acompañaron el plan de la Casa Rosada, así como los recién escindidos del kirchnerismo -tras meses de amenazas berretas y penosas operaciones- Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán).

Un artículo observado por algunos espacios fue el séptimo del despacho -recibió correcciones horas atrás-, que permite a cada provincia determinar la autoridad de aplicación -salvo áreas protegidas por la ley 22.351, de Parques Nacionales-, la cual estará encargada de identificar, “basándose en elementos técnico-científicos, los glaciares y el ambiente periglacial ubicados en su territorio que cumplan con alguna de las funciones hídricas previstas” en la norma, es decir, que “actúen como reservas estratégicas de recursos hídricos o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”.

Quienes defienden la norma recuerdan que los recursos son de los distritos -únicos dueños- y desestiman vicios futuros, como suele pasar. Todo esto se desarrolla tras meses de decisiones del Gobierno mileísta para conseguir -junto a gobernadores- inversiones mega millonarias para la Argentina, con todo lo que ello implica para reactivar la economía. En dicha área, los procesos son extensos, no inmediatos.

En tanto, los que defenestran el proyecto desde lo ambiental critican el poder que tendrá cada mandatario local para influir ante el interés de empresas, por sobre el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). En el recinto, varios opositores advirtieron que el articulado chocaría con pautas escritas en el convenio Mercosur-Unión Europea, que fue sancionado por la Cámara alta antes de la compulsa sobre glaciares.

Debate

El inicio estuvo a cargo de la dialoguista Edith Terenzi (Chubut), como titular de la comisión de Ambiente. No hizo una sola mención al contenido, sino al trámite del proyecto y su dictamen, que fue veloz y se consumó en diciembre pasado. Sí retomó en los cierres de jefes de bloque para reprochar la ley. Luego, le pasó la posta a Agustín Coto (LLA-Tierra del Fuego).

Fue extraña la estrategia del oficialismo: según confiaron a Infobae desde diversas oficinas, se dieron reiterados intentos para que la miembro informante fuese la exsecretaría de Energía Flavia Royón, experta en el área. La seria salteña resistió y hablaron la chubutense y el fueguino, que lejos estuvieron de brillar.

“Se preservan las reservas hídricas permanentes”, arrancó Coto, quien agregó que la meta es “armonizar la normativa con la Constitución y la Corte Suprema”. Luego, justificó que el texto no apunta a “retirar” áreas consideradas como glaciares, “sino también a incorporar” al inventario del IANIGLIA. “Todo sigue protegido”, finalizó.

La respuesta del peronismo fue inmediata y llegó a través del pampeano Pablo Bensusán, que criticó al oficialismo por presentar recién por la tarde una serie de incorporaciones a lo firmado en diciembre pasado. “Se hizo muy gracioso el miembro informante y no explicó nada de las modificaciones que quieren introducir”, lanzó.

“Vamos a fragmentar los criterios de conservación y defensa de glaciares”, continuó el senador justicialista. En esa línea, detalló: “Hay 12 provincias en el sistema y habrán 12 criterios diferentes. Hasta ahora es sistémico, el del IANIGLIA”. Y conjeturó: “Me parece anticientífico, irresponsable y un delirio”.

Para reacomodar la postura del Gobierno apareció el sanjuanino Bruno Olivera Lucero. “La Constitución nacional es clara y la Nación debe establecer presupuestos mínimos. Es un piso y no una regulación que abarca todo y que termina anulando el federalismo. Ahora se da a las provincias el dominio originario de sus recursos, que es lo que pidió la Corte Suprema”, expresó.

Olivera Lucero siguió: “Presentan el debate como una elección imposible entre el agua y el desarrollo productivo de un montón de provincias. Es una dicotomía totalmente falsa. El agua y la minería no son enemigos, lo que sí está mal es una ambigüedad jurídica que tenemos con la ley actual. Terminamos protegiendo todo lo que no es agua y se trata igual a una geoforma con una roca congelada a 4.000 metros de altura”.

“El IANIGLIA no realiza estudios de campo, sino que se basa en imágenes satelitales. Se paraliza el desarrollo por presunciones. La Argentina es el único país en el mundo que convirtió el ambiente periglacial en una categoría jurídica. ¿El resto de los países no protegen el medio ambiente?“, preguntó el senador libertario al pleno de la Cámara alta.

Uno de los votos en contra fue el del radical Maximiliano Abad (Buenos Aires). “Esta iniciativa no resuelve el problema, sino que trae otros. Es un error debilitar el IANIGLIA y dejar en manos de provincias la decisión de eliminar glaciares del inventario. Se invierte la jerarquía normativa y pasa el orden nacional a las autoridades provinciales”, aseguró.

Para Abad, “también se viola la uniformidad de los presupuestos ambientales”. Como ejemplo, se refirió a “una provincia que respeta inventario y otra que pide sacar un hielo, lo que produce un esfuerzo ambiental desigual”.

“Si este proyecto se convierte en ley, va a ser pasible de recursos de inconstitucionalidad. Desde la seguridad jurídica, si una empresa ve semejante desorden, ¿qué va a hacer? Va a agarrar sus cosas y se va a ir“, insistió el bonaerense. En una similar postura se mostró la peronista disidente Alejandra Vigo (Córdoba). Su compañero Carlos Espínola (Corrientes) lo hizo a favor.

Cierres

Desde Moveré Santa Cruz, José María Carambia se quejó por la uniformidad en regalías, a diferencia del campo. “Acá es del 0 al 3%, y del 3 al 5% para nuevos emprendimientos. No es lo mismo oro que litio o cobre“. Y enfatizó que el proyecto está “mal redactado”.

Distinto fue le caso de la misionera renovadora -no massista- Sonia Rojas Decut, que utilizó parte de su tiempo -apoyada en la lectura de un discurso pre armado, para mantener el hilo de ideas- para resaltar las normas ambientales de su distrito y blindó que las provincias sean los únicos dueños de sus recursos. Acompañó la ley libertaria junto a su colega Carlos Arce.

Con mayor vuelo técnico, Royón manifestó que “no es prohibir por prohibir, sino proteger lo que hay que proteger y para eso se precisan los estudios de campo, con involucramiento en territorio, que es lo que hacen las provincias”. “No habla de ninguna flexibilización”

“Tenemos acá a exgobernadores de provincias mineras que conocen perfectamente que no es una decisión política lo que habilita un proyecto. Es faltar el respeto a cuerpos técnicos de muchas provincias. Seamos responsables cuando hacemos declaraciones”, añadió la salteña.

Royón enfatizó que “el cuidado ambiental y del agua está por sobre todos los intereses” y que la norma en cuestión “no ataca eso”. El dato que dio después sentenció el trámite: “En San Juan, 94% del agua se destina al agro, un 4% al consumo humano y un 1,2% a toda la industria, no la minera. El gran consumidor del agua es el agro”.

Salido hace cinco minutos del interbloque cristinista, el pícaro justicialista Andrada (Convicción Federal), terminal del gobernador Raúl Jalil, evaluó: “La minería tiene mala prensa. Queremos una ley que proteja a los glaciares, pero que no sea una etiqueta estática como hasta ahora. Estamos buscando una norma que sea más precisa y más federal”.

Otro catamarqueño, pero de la Unión Cívica Radical (UCR), Flavio Fama, afirmó que “lo que ha pasado, con el paso del tiempo, es que se transformó en una ley rígida -en referencia a la vigente-, con algunas zonas grises y con tensiones federales”. Y subrayó que debido a la judicialización de procesos se generó “incertidumbre” que trajo “como consecuencia la paralización de las inversiones”.

Por el kirchnerismo se cargó el cierre la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien apuntó a un “debate irreversible para el futuro de los argentinos”. En ese sentido, aportó: “Si hoy habilitamos a que se pueda explotar un glaciar, desaparece y tarda ciento de años en armarse. Ni con todo el oro del mundo nosotros lo vamos a volver a tener“.

Asimismo, Fernández Sagasti dijo que el texto “genera todo lo contrario” a lo que promete el Gobierno y “donde había certidumbre de la corte, ahora habrá incertidumbre”, con el pase de “un paradigma científico a un paradigma abierto” y seguras presentaciones en la justicia.

El final quedó para Bullrich. “Acá parece que la Argentina tiene la obligación casi de seguir siendo un país pobre, por eso estamos cambiando la historia. No queremos más discutir esta lógica ridícula, retrógrada, entre ambiente y economía”, precisó la porteña. “No es agua o trabajo”, juzgó.

El Senado de la Nación aprobó por 69 votos a favor y 3 en contra el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Luego de cuatro horas de debate en donde los senadores de La Libertad Avanza tuvieron una baja participación, el peronismo fue pasando uno a uno sus legisladores señalando el apoyo pero con críticas al Gobierno nacional, su política en lo referente a los tratados internacionales y a su política económica.

Solo tres senadores se mostraron en contra, todos del bloque del peronismo. Los bonaerenses Juliana Di Tullio y su coterráneo Eduardo Wado de Pedro, y la fueguina Cándida Cristina López. El resto de los miembros del recinto votó a favor del entendimiento.

El miembro informante por el oficialismo fue el formoseño Francisco Paoltroni, quien señaló que llegó “el día de tan ansiado momento para nuestro país. Después de 25 años de tratamiento, hoy se convertirá en ley este acuerdo UE-Mercosur. Esto significa el camino al desarrollo de nuestra república y del interior profundo eternamente postergado”.

La primera respuesta de la oposición estuvo en boca del chaqueño Jorge Capitanich. El peronista tuvo un largo discurso pero comenzó diciendo que “nuestro bloque acompañará la votación de este tratado con la Unión Europea con observaciones en virtud de la heterogeneidad de impacto que esto significa y, también, creemos que este tipo de acuerdo requiere acompañamiento de medidas complementarias“. El senador hacía referencia a los cláusulas de protección que negoció Brasil y que la Argentina no exigió.

“Es un momento histórico de ratificación de un acuerdo con la Unión Europea tan importante, con tanta visión de futuro y tan largamente esperando. Este acuerdo es una política de Estado que ha transcendido a todos los gobiernos que lo fueron trabajando”, afirmó Martín Goerling, del PRO.

Los senadores, como representantes de las provincias, fueron señalando los beneficios que puede traer este acuerdo a las provincias. Por ejemplo, la libertaria de San Luis Ivanna Arrazcaeta, señaló que el acuerdo tendrá un impacto positivo. “Represento a una provincia pujante, que demuestra con valor y esfuerzo productivo su vocación de crecimiento. San Luis quiere insertarse al mundo con sus economías regionales, y este acuerdo es una ventana de oportunidades concreta”.

“Con este programa económico el tratado no funciona, había que hacer muchas cosas previamente, como desarrollar la industria y nuestras pymes. Además, habrá licitaciones públicas en las cuales no vamos a poder ser competitivos contra Europa”, dice José Mayans, presidente del bloque Justicialista.

El cierre del discurso del oficialismo estuvo a cargo de la senadora Patricia Bullrich quien dijo que “este acuerdo con la Unión Europea es el resultado de más de 40 años de una estrategia que hoy le traerá al país los mejores resultados en la historia. El comercio aumenta la libertad y esa es nuestra mirada y nuestra filosofía”.

La carrera con Uruguay

Pero mientras los peronistas iban pasando y hablando, en el oficialismo miraban el reloj y seguían de cerca lo que sucedía en Uruguay, en donde el parlamento estaba haciendo el mismo trámite. La carrera estaba lanzada.

La idea de la Casa Rosada de ser los primeros en ratificarlo estuvo recorriendo todo el debate. Tanto es así que el oficialismo cambió el día del debate, iba a ser mañana viernes, cuando se enteró que Uruguay lo iba a tratar hoy jueves. La orden de Milei era ser los primeros, por eso cuando se conoció la lista de oradores el oficialismo, aprovechando que había consenso para aprobarlo, intentó apurar la votación.

La estrategia fue que, en el medio de la lista de oradores, y luego de varias idas y vueltas de Patricia Bullrich en conversación con los referentes de los diferentes bloques, se pidiera votar y luego continuar con la lista de oradores. Esto fue lo que pidió el senador radical Maximiliano Abad, quien antes de tomar la palabra mocionó votarlo.

Sin embargo, esto generó un fuerte cruce en donde el peronismo se quejó de la intención “constante” de LLA de hacer “lo que se les canta las pelotas” con el reglamento. “No se puede hacer cualquier cosa. si votamos que usted se baje los pantalones y somos mayoría se los baja?” le dijo el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, al libertario Bartolomé Abdala que estaba presidiendo la sesión.

La defensa del pedido que empujaba LLA siguió estando en manos de los radicales ya que frente al silencio libertario la radical Carolina Losada pidió votar. “Si se quieren apurar, bájense de la lista de oradores. Esa es la forma” respondió la diputada del PJ, Anabel Fernández Sagasti.

Sin una salida simple, Bullrich pidió la palabra, hizo callar a todo el bloque y dijo “que hablen ellos y votamos“.

El acuerdo parecía ser simple pero aunque se había llegado a un entendimiento en donde solo hablaba el peronismo y se votaba, los senadores se fueron enterando que el parlamento uruguayo ya había sancionado el acuerdo como ley y Javier Milei había perdido la oportunidad de ser el Presidente del primer país de la región en aprobarlo.

Finalmente, con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, buena parte del debate en los balcones de la Cámara Alta, el acuerdo se aprobó un par de horas más tarde y ahora sólo queda la reglamentación y su promulgación.

Cómo sigue el acuerdo Mercosur – UE

El pacto entre los bloques regionales se publicaría mañana en el Boletín Oficial y el domingo formará parte del discurso del presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias.

A pesar de que el oficialismo había tirado la toalla en su carrera contra Uruguay, alguien avisó que había una oportunidad. El libertario Bartolomé Abdala que está en su rol de presidente previsional del Senado al momento de la votación, con la ley aprobada salió del recinto rumbo a las oficinas de la Cámara Alta. “Voy a firmar unos documentos para enviar la ley al Ejecutivo y así poder promulgarla” dijo sonriente. “Nuestro sistema es más rápido que el de Uruguay”, agregó mientras apuraba el paso por los pasillos de la Cámara Alta. La carrera por ser los primeros y darle el premio a Milei dejó de ser un simbolismo y pasó a ser una necesidad para los senadores libertarios.

Arrancan este jueves 48 horas intensas en el Senado. Con algún cambio de temario para atender últimos pedidos presidenciales, el oficialismo avanza sobre terreno firme para coronar proyectos destacados de su agenda -reforma laboral y régimen pernal juvenil-, pero no ocurre lo mismo con la modificación de ley de glaciares. Llega con inquietud en este caso y eso altera la difundida idea de un tejido que aseguraría número de sobra para toda iniciativa del Gobierno. Olivos tiene para celebrar, aunque no cuenta con una alianza inalterable que garantice alineamiento mecánico. Los votos se negocian proyecto por proyecto.

El panorama del Congreso termina de exponer así un cuadro que explota el Gobierno, con beneficios y también con costos, y que a la vez puede provocarle algún disgusto. La crisis de partidos -esta semana, con capítulo fuerte del peronismo en el Senado- opera a favor de Olivos, en general. Al mismo tiempo, es un ejercicio costoso de acuerdos -especialmente, con los gobernadores- y cada tanto, por eso mismo, expone una realidad complicada por razones de interés provincial o sectorial, antes que por posicionamiento político/ideológico.

Es el caso del proyecto para modificar la ley de glaciares, que en caso de avanzar este jueves en el Senado integrará la lista de Diputados en sesiones ordinarias. Es probable que la votación esté marcada por fisuras en casi todos los espacios, incluido el interbloque del peronismo/K, golpeado por las últimas deserciones. La posibilidad cierta de sumar un par de votos de esas filas mantiene abierta la expectativa del oficialismo.

Según fuentes de buen olfato, jugarían a favor de la sanción –más allá de su origen o encuadramiento político– representantes de provincias que empujan y consideran favorable a sus economías la modificación de la ley. Corre para todos. El oficialismo apuesta al caso de senadores del San Juan y Catamarca que integran el interbloque peronista. Al revés, por cuestiones de fondo pero también por razones locales, descontaría votos de aliados. Un ejemplo: socios de LLA de provincias como La Pampa, que anota cruces de facturas con Mendoza.

En un tablero marcado por cuestiones de esa naturaleza, el oficialismo registra dificultades serias para contar con apoyo en bloque o al menos mayoritario de la UCR y también del PRO. Suma provinciales diversos y también el finalmente consagrado espacio del peronismo disidente, un logro que anota la operación violeta -y en especial, Patricia Bullrich– y que significó la vicepresidencia de la Cámara para Carolina Moisés.

Esa movida en dos tiempos -la fractura del interbloque del peronismo/kirchnerismo y la consagración de la legisladora jujeña sin atender a la primera minoría- alimentó un estado de celebración, casi de euforia, por los resultados que viene cosechando el oficialismo en esta etapa de sesiones extraordinarias. La votación de autoridades fue contundente. Y la reforma laboral, luego de negociar puntos o dejarlos de lado -lo más reciente, la baja del artículo sobre licencias por enfermedad- se impuso de manera sobrada en Diputados y mañana sería sancionada con comodidad en la otra ala del Congreso.

Esos resultados -también, el régimen penal juvenil- generaron una lectura por encima incluso del impacto político de tales logros legislativos. En el imaginario violeta, algunos anotaron la proyección de una mayoría sólida y garantizada para avanzar con todos los proyectos del Ejecutivo y también, con las ambiciones, entre ellas la ampliación e integración de la Corte Suprema. Desde el circuito próximo a Olivos se hicieron trascender especulaciones en ese sentido.

En lo inmediato, desde el Gobierno ya anticipan algunos títulos de los proyectos para después del 1° de marzo. Y en esa lista por ahora informal se destaca una iniciativa sobre fondos o presupuesto para las universidades públicas y un texto para sobre licencias médicas, algo que en su versión original fue desechado para allanar el camino de la reforma laboral. En los dos casos, parece difícil el trámite legislativo si no es en base a acuerdos con socios y aliados y, en cuanto a los reclamos universitarios, sin un entendimiento con el consejo de rectores.

Son temas singulares. El de las licencias médicas tiene el antecedente mencionado: la poda y, al mismo tiempo, las internas en el propio oficialismo por la letra y la oportunidad del artículo. No parece razonable el sentido casi de revancha que tiñe la versión de algunas fuentes del oficialismo, en base a la lectura sobre el “envalentonamiento” violeta por los últimos éxitos legislativos. Esos avances fueron expresión de negociaciones y las votaciones, notables, sumaron apoyos pero no mayoría al estilo de la “escribanía” K.

El otro ejemplo tiene capítulo previo y tiempos diferentes. El Gobierno necesita resolver en algún momento su respuesta frente a la ley de financiamiento universitario, vigente luego del rechazo legislativo al veto presidencial. El tema está en la Justicia, sin buena perspectiva para el Gobierno más allá de recursos de abogados. Por supuesto, si los negociadores coronan un acuerdo con las universidades, pasaría sin sobresaltos la prueba del recinto.

En un punto, los resultados del Congreso aportan al discurso del oficialismo, que busca fundir avances plenos y hasta logros matizados en un todo triunfal. Acaba de ocurrir con los números del EMAE, que muestran un global desempeño positivo y también renglones preocupantes, como la sostenida baja o frío en actividades como la industria y el comercio. La reacción oficialista frente a tales señalamientos es descalificarlos por K.

La intención de mostrarse avasallante y con un armado uniforme en el Congreso coloca en lugar destacado, como contrapartida, cualquier sobresalto legislativo. El tratamiento de la reforma a la ley de glaciares viene teñido por esa pincelada, que por lo demás relega la discusión de fondo sobre un tema delicado como los presupuestos de protección de glaciares y ambiente periglacial. El último señalamiento sobre los cuidados del caso fue hecho por la Iglesia Católica. No es un tema menor y supera la economía inmediata. Como sea, si se limita al número de votos, aún una aprobación ajustada expondría el mal cálculo -y discurso- que confunde alianzas con mayoría automática.