¿Habrá más cambios en la reforma laboral que beneficien al gremialismo? Es la expectativa que tiene la CGT, cuyos líderes siguen negociando en secreto con el Gobierno para atenuar o eliminar artículos del proyecto que afectan al poder sindical. No parece descabellada esa aspiración. Después de todo, en la noche del miércoles se conoció una modificación de último momento en el proyecto que deja a salvo las cuotas solidarias, ese aporte clave para el financiamiento de los sindicatos que los libertarios querían limitar y ahora buscan mantener.

Se agrega a otros cambios aceptados por la Casa Rosada para garantizar la sanción de la reforma laboral, como la eliminación de un artículo que bajaba las contribuciones patronales para las obras sociales, que puede explicar por qué la columna principal de la CGT tuvo un paso casi fugaz por la zona del Congreso en la que se hizo la movilización contra la reforma laboral. Fue una protesta decidida más para contener al ala dura que para castigar a un gobierno con el que sus máximos jefes están en tratativas para quitarle el sesgo antisindical al proyecto.

Con la propuesta de salir a protestar en la calle cuando comenzaba el debate en el Senado, la cúpula de la CGT logró desactivar los planteos de paros de 12, 24 y 48 horas que hicieron dirigentes ultraopositores y que, en caso de haberse aprobado, iban a complicar el diálogo con el Gobierno para suavizar la reforma laboral.

Así se llevó a la movilización de este miércoles ante el Congreso, donde pareció que la CGT cumplía un trámite a desgano: sus principales dirigentes, encabezados por el triunvirato, estuvieron en la zona no más de media hora y se fueron rápidamente antes de que la izquierda y otros sectores combativos comenzaran a generar graves incidentes, que incluyeron piedras y bombas molotov.

“Los sectores ultra fueron preparados para eso. Los extremos se unen y son funcionales entre sí“, dijo Gerardo Martínez (UOCRA), uno de los adalides del sector dialoguista, a Infobae. Y destacó que la movilización al Congreso resultó “interesante y acorde con la estrategia que se decidió en la CGT a partir de la soledad en la que estamos luego del triunfo del Gobierno en las elecciones de octubre pasado”.

“Mantenemos la postura de no dar ni un paso atrás -advirtió-, pero esperamos tener el volumen político que corresponde cuando la ciudadanía pierda la paciencia y ahí estará la CGT, sólida y fuerte”.

La violenta postal que dejó la concentración, que en la CGT estimaban altamente probable, disimuló los reclamos de “paro general” efectuados en la calle por los sectores más duros y la ausencia de varios líderes sindicales en la columna principal de la central obrera.

Al margen de esas sutilezas, en la movilización reapareció Pablo Moyano al frente de los manifestantes de Camioneros, pero la principal novedad es que antes había estado con Hugo, su padre, en la sede del sindicato y ambos posaron para una foto como si hubieran declarado una tregua en la feroz pelea que mantienen desde fines de 2021. Detrás de ellos se ve una vieja foto donde el líder del gremio está junto a Saúl Ubaldini. ¿Una forma sutil de anticipar que apuntan a equiparar el récord de 13 paros generales contra el gobierno de Raúl Alfonsín que alcanzó el ex titular de la CGT?

Los sindicatos que se destacaron por sus columnas numerosas fueron UPCN, Camioneros, la UOCRA, UDA, Obras Sanitarias, la CATT (liderada por Dragado y Balizamiento y Aeronavegantes), la UTEP (gremio de los movimientos sociales) y el FRESU (el frente que integran la UOM, ATE, las CTA, Aceiteros y Pilotos), entre otros.

De todas formas, para la CGT fue más sustancial que la movilización callejera el hecho de que el Gobierno siguió mostrando voluntad de corregir la reforma laboral. Mientras Patricia Bullrich anunciaba este martes los cambios en la reforma laboral, su equipo técnico estaba redactando otras modificaciones: la más significativa fue una que beneficiará aún más a la CGT en su pelea desesperada por conservar intacta la “caja sindical”.

En efecto, el Gobierno había incluido en el proyecto un artículo que afectaba al sindicalismo porque decía que los empleadores “podrán” ser agentes de retención de las cuotas de afiliación, “siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”.

Pero la última versión de la reforma laboral eliminó directamente ese artículo, que lleva el número 137, por lo que quedará vigente la ley actual, que le conviene al gremialismo porque establece la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención y no sólo de la cuotas de afiliación sino también de “otros aportes”.

Esa es una mención clave porque también alude a las cuotas solidarias, esos aportes compulsivos que se pactan en los convenios colectivos de trabajo y se descuentan de los sueldos de los afiliados y los no afiliados. Y que para la CGT son sacrosantos porque se convirtieron en la base del financiamiento de la mayoría de los sindicatos a través de millonarios fondos que reciben de todos los trabajadores de una actividad.

Son los que Federico Sturzenegger llamó “peajes sindicales” y quiso cambiar desde que Javier Milei llegó a la Presidencia. La CGT logró frenar en la Justicia la fórmula libertaria contemplada en el DNU 70 para limitar esos aportes, que fue la exigencia de que para descontar el aporte tenía que haber un consentimiento explícito por parte del trabajador. Eso mismo se incluyó en la primera versión de la reforma laboral y finalmente desapareció por las presiones de la CGT ante el Gobierno.

El proyecto con cambios anunciado por Bullrich estipulaba que las cuotas solidarias tendrán un tope del 2 por ciento y se mantendrán hasta el 1° de enero de 2028 ya que desde entonces tendrán que ser voluntarias (lo mismo sucederá con los aportes patronales especiales previstos en las convenciones colectivas de trabajo).

La corrección de último momento de la reforma laboral beneficia aún más a los sindicatos y en la CGT ahora aseguran que negocian otros cambios en el proyecto que les darán alivio en temas decisivos como la ultractividad de los convenios y los convenios por empresa, dos puntos que el Gobierno mantuvo hasta ahora en su versión dura y que ponen en jaque al modelo sindical argentino porque debilitan al tradicional unicato.

Algunos que no comparten la estrategia de la cúpula de la CGT alertan que la misma solución que encontraron para cambiar la reforma laboral puede convertirse en una trampa: “Arreglaron todo lo que ponía en peligro la caja sindical, pero la gente no les va a perdonar que no se hayan cambiado artículos que afectan a los trabajadores en materia de indemnizaciones, banco de horas o vacaciones”, dijo a Infobae un dirigente del ala dura.

El secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN), insistió en que la reforma laboral “realmente quita derechos tanto individuales como colectivos a los trabajadores y no va a generar empleo”. Y admitió: “Entendemos que hubo cambios aparentemente favorables hacia el movimiento sindical, pero de cualquier manera rechazamos totalmente este proyecto”.

Tras la maratónica sesión en el Senado Nacional que culminó con la aprobación del proyecto de modernización laboral, el Gobierno ahora buscará encadenar otro éxito político en la Cámara de Diputados con la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil y la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Las dos iniciativas fueron dictaminadas ayer en sendos plenarios de comisión con amplio apoyo de bloques aliados, lo que garantiza el quórum para dar inicio a la sesión. En las filas del oficialismo se muestran confiados en que lograrán una aprobación por amplia mayoría del proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años porque el despacho de mayoría tuvo el respaldo del PRO, la UCR, MID, el interbloque Unidos y bloques provinciales como Independencia (Tucumán), Producción y Trabajo (San Juan) e Innovación Federal (Salta y Misiones). Sin embargo, los libertarios también reconocen que podría haber alguna sorpresa al momento de la votación de los artículos en particular.

El proyecto impulsado por Patricia Bullrich establece en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros, con una pena máxima de prisión de hasta 15 años. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para los delitos con penas menores a los 10 años de prisión, por ejemplo: prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación integral del daño.

A su vez, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, queda terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Entre las penas alternativas a la prisión se establece la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos. Además, se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, a ser escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, a recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluyendo mecanismos restaurativos cuando corresponda.

Acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE

A diferencia del proyecto para bajar la edad de imputabilidad, la ratificación del tratado entre el Mercosur y la UE se votará solamente por sí o por no. Los diputados no pueden introducir ningún tipo de modificación al texto, lo que simplifica la discusión para los libertarios.

Este miércoles, en el plenario de las comisiones de Mercosur y de Relaciones Internacionales solo se opusieron a la ratificación del acuerdo el Frente de Izquierda -dictamen de rechazo- y el peronismo, que no firmó ningún dictamen. El resto de los espacios, acompañó al oficialismo.

“Son 4400 páginas, casi mil artículos. ¿Alguien puede decir que leyó a conciencia el acuerdo? ¿Alguien cree que se puede dictaminar acudiendo a resúmenes hechos con Inteligencia Artificial?”, protestó el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez. Además, reclamó que el canciller Pablo Quirno no explicó ante el Congreso los detalles del tratado y lamentó que no se haya escuchado a todos los sectores productivos.

Entre los más críticos estuvo el ex canciller Santiago Cafiero: “Este es el acuerdo que negoció Macri y que ratificó Milei. No tiene nada que ver con el acuerdo que se comenzó a negociar hace 20 años. Es bueno negociar un tratado con la UE pero este es un mal acuerdo porque Macri y Bolsonaro en 2019 se bajaron los pantalones”, fustigó.

Los libertarios explicaron que su objetivo es que Argentina sea el primer país de la región en ratificar parlamentariamente el tratado para poder aventajar a sus socios regionales. Esto se debe a que el tratado se divide en una parte política y una económica.

La parte política quedó frenada debido a que el Parlamento Europeo votó a favor de remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios. Esta decisión fue interpretada como un revés político ya que la aprobación por los países europeos deberá esperar hasta que los jueces lleguen a una conclusión, lo que podría demorar el proceso hasta dos años.

No obstante, las facultades para avanzar con algunos procesos “económicos” ya fueron delegadas en el Consejo Europeo y este podrá comenzar a negociar con los países que ratifiquen el acuerdo, por ejemplo, para ser los primeros en cubrir cuotas de exportación de carne.

Tanto Brasil como Uruguay enviaron los acuerdos al Congreso. Brasil ya lo dictaminó y lo llevará al recinto después del Carnaval, el 24 de febrero. Mientras que Uruguay se tomará hasta el 27 de febrero para escuchar a todos los sectores productivos involucrados.

En esta oportunidad no hubo unidad política suficiente para frenar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. El peronismo padeció un fuerte golpe en el Senado, donde el oficialismo logró darle media sanción al proyecto ideado en la Casa Rosada y sostenido por la red de acuerdos que Santiago Caputo, Diego Santilli y Patricia Bullrich gestionaron en las últimas semanas.

El PJ sumó un revés que afecta las estructuras internas del esquema político y deja en evidencia la disminución del poder de fuego que siempre tuvo en el Congreso. La derrota en las elecciones legislativas de octubre de 2025 empieza a mostrar sus consecuencias más concretas.

No bastó la unidad del bloque justicialista encabezado por José Mayans, ni el acompañamiento del santiagueño Gerardo Zamora y su compañera de bancada, que integran un interbloque con el espacio mayoritario donde se agrupan kirchnerismo y peronismo federal. En los últimos comicios el justicialismo pasó de tener 34 legisladores a 28. Son manos que faltaron y se hicieron notar.

A esa caída histórica en la Cámara, se sumó el desgaste que fue atravesando el bloque, al que a lo largo del último año se le alejaron los cinco legisladores que conforman el bloque de Convicción Federal, que responde a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Ricardo Quintela (La Rioja).

El caso del riojano Quintela es particular. El “Gitano” no se apartó en las votaciones claves. Fernando Rejal, senador que integra el bloque y responde políticamente a él, ayer no dio quórum ni apoyó el proyecto libertario. Los bloques separados son parte de una película con final anunciado. Aun así conviven en un delicado equilibrio.

Los conflictos entre un sector del peronismo del interior y el espacio de Cristina Kirchner crecieron con el correr de los años. Incluso cuando todos estaban bajo el mismo techo del oficialismo, durante los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández. Esos enfrentamientos derivaron en la conformación de distintas listas en las provincias y en la construcción de una identidad disgregada, que ya no logra mostrarse como principal opción frente al gobierno libertario.

Tampoco fue suficiente que los cinco legisladores de Convicción Federal votaran en contra del proyecto. “Esta ley no le resuelve un solo problema a los laburantes. Es una ley destructiva. Pero este interbloque no ha tenido una propuesta superadora para este debate. Es una pena que el peronismo no haya podido estar a la altura de las circunstancias en estos años”, expresó la jujeña Carolina Moisés.

La bancada que integran Moisés, Fernando Rejal, Sandra Mendoza, Fernando Salino y Guillermo Andrada votó en contra. De esa manera, todo el interbloque se unificó contra la reforma laboral, pero aun así no logró frenarla. Las alianzas tácticas con el radicalismo o bloques provinciales no prosperaron como en otras ocasiones. El futuro de ese esquema legislativo es incierto.

Al peronismo tampoco le alcanzó con la presencia de la CGT en la calle, que recibió un guiño al mantenerse dentro del proyecto los aportes sindicales y las cargas para las obras sociales. Tampoco fue suficiente la figura de Axel Kicillof, el único gobernador peronista que estuvo en la puerta del Congreso manifestando su desacuerdo con la reforma laboral.

“Esta reforma laboral la armaron con una serie de amenazas y extorsiones a diferentes sectores. Fueron sacando lo que le quita recursos a las provincias para conseguir el voto. Fueron por la extorsión. Están generando un estado muy difícil en lo financiero”, sostuvo el gobernador bonaerense durante una entrevista con Radio con Vos.

El apoyo callejero de algunas organizaciones sociales y políticas tampoco alcanzó. La fuerza que supo tener el año pasado para frenar leyes como la del financiamiento universitario o la emergencia en discapacidad, se diluyó entre los resultados electorales, el recambio de las cámaras y la caída en desgracia de algunos aliados que no renovaron sus bancas.

El intento de resistencia ahora se trasladará a la Cámara de Diputados, donde La Libertad Avanza (LLA) se constituyó como la primera minoría, aunque enfrenta un escenario más complejo que en la Cámara alta. Podría obtener la aprobación general de la ley, pero tendrá mayores dificultades en el tratamiento particular de varios artículos.

En los días previos a la sesión, en el peronismo daban por perdida la batalla legislativa. Paralelamente, varios legisladores reconocen la necesidad de reactivar el espacio político y debatir el fondo de la representación. La oposición justicialista requiere una identidad renovada para poder saltar el ciclo de la interna y comenzar a construir un nuevo proyecto político.

Otra muestra de debilidad se evidenció en la calle. Las movilizaciones sindicales y políticas han perdido volumen con el paso de los años. El debate sobre el tema en cuestión se traslada cada vez menos al espacio público, donde el peronismo queda atrapado por los incidentes que generan grupos violentos o infiltrados, presentes en las manifestaciones frente al Congreso.

El triunfo de Milei expuso su efectividad para construir un poder más sólido en el último tiempo y la fragilidad del peronismo, que sigue enfrascado en un sinfín de internas y en una disputa por los liderazgos que, si pretende ser competitivo en 2027, deberá resolver este año.