El Gobierno avanza con el plan para blindar el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/25 que refromó la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y habilitó los cambios en la Ley de Inteligencia. El DNU ingresó en ambas cámaras para ser tratado en el Congreso de la Nación.
La iniciativa, que contó con la firma del presidente Javier Milei y el resto del Gabinete, entró hoy por mesa de entrada en el Senado, mientras que ayer lo hizo en Diputados. De esta manera, en teoría, habrá un plazo de diez días para que la Comisión Bilateral de Trámite Legislativo lo trate. Sin embargo, como no está conformada, recién el 29 de enero las dos Cámaras podrán debatir la validez del DNU en el recinto.
La ley marca que para hacer caer un DNU ambas Cámaras deben rechazarlo por mayoría simple, como ocurrió el año pasado con el decreto que aumentaba los fondos de la SIDE. Es decir, el Gobierno puede concentrarse solo en una de las Cámaras para blindar la reforma de Milei, tal como hizo con el DNU 70/2023 de reforma del Estado, que fue rechazado en el Senado pero nunca llegó al recinto en Diputados por falta de votos opositores.
En ese sentido, la medida que aprobó el Poder Ejecutivo busca reordenar la estructura de todas las áreas, creando agencias, dejando sin funcionar otras y unificando tareas para mejorar el intercambio de datos. Así, se redefinen las competencias institucionales, limita la Agencia de Seguridad Nacional únicamente a tareas de contrainteligencia y se eliminan organismos superpuestos como la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.

Según explicaron a Infobae fuentes oficiales, el decreto no modifica la conducción actual de la Secretaría de Inteligencia de Estado. La SIDE continuará encabezada por Cristian Auguadra como titular del organismo, con Diego Kravetz como segundo. Auguadra desarrolló su carrera en la estructura de inteligencia y llegó a la conducción tras desempeñarse en el área de Asuntos Internos, donde fue sucedido por Diego Enrique Valdiviezo.
“Permite proteger al país frente a las amenazas contemporáneas, delimita competencias, reduce su estructura y fortalece los controles estatales”, señalaron las autoridades en el texto. A su vez, destacaron que los cambios responden “a los más altos estándares democráticos y republicanos”, señalaron en un comunicado.

Desde distintos sectores de la oposición política plantearon dudas y cuestionamientos a la reforma y anticiparon que la Comisión Bicameral de Inteligencia elaborará un pedido de informes a la Casa Rosada. Más allá de las críticas, al ser un DNU, el Gobierno cuenta con los votos necesarios para sostener su plena vigencia.

Entre los puntos más cuestionados por la oposición se destaca la habilitación para que el personal de Inteligencia ejecute aprehensiones de personas, bajo supuestos expresamente delimitados. Además, apuntan a que una reforma tan sensible haya sido realizada por decreto y plantearon que no existió un contexto de “necesidad y urgencia”, por lo que reclaman que el DNU sea tratado inmediatamente en el Congreso.

En ese contexto, diputados de Fuerza Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica presentaron notas ante el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su par del Senado, Victoria Villarruel, para que conforme dos comisiones clave: la bicameral de Inteligencia y la bicameral de Trámite Legislativo.
La primera tiene 14 miembros, siete por cada Cámara, y se encarga de monitorear las actividades de los organismos de inteligencia. La segunda, con 16 miembros, se encarga de determinar si los decretos presidenciales son válidos.

Ante la consulta de Infobae, fuentes del oficialismo dieron a entender que parte de la estrategia será no conformar esas bicamerales durante el receso legislativo y jugar con los tiempos reglamentarios para estirar su debate hasta marzo. Por lo tanto, la oposición no tendrá más alternativa que esperar a que se venzan los plazos mínimos estipulados en la ley que regula los DNU.

La oposición no está tan lejos de alcanzar el quórum para abrir una sesión especial en febrero. A los 93 diputados del peronismo se sumarían 22 de Provincias Unidas y 4 de la Izquierda y algunos “líberos” como la cordobesa Natalia De la Sota y el puntano Jorge “Gato” Fernández. Como base son 121, pero tendrán que sumar por lo menos 8 voluntades más.

Al igual que con la discusión del Presupuesto, la posición de los gobernadoresy del radicalismo terminará de inclinar la balanza. Estos últimos, hasta el momento, guardaron un silencio absoluto sobre el tema. Mientras que desde el PRO se pronunciaron a favor de la medida a través de un comunicado.

Patricia Bullrich sigue con su gira costera y sube videos hablando con empresarios sobre la reforma laboral. El eje está en el trabajo no registrado, una constante en los negocios de verano, por lo que no es difícil encontrar hombres y mujeres de negocio que hagan referencia a este tipo de situaciones.
Pero mientras Bullrich recorre la costa bonaerense, los gobernadores mantienen encuentros y conversaciones con el ministro del Interior, Diego Santilli. El funcionario nacional tiene que recolectar los votos de los diputados y senadores que responden a los jefes de los estados provinciales y, hasta ahora, el resultado no es del todo el esperado.
El “Colorado” tiene como función la negociación, pero se está encontrando con un pedido que no sabe si puede saldar. Y llegó de parte de los gobernadores que suponían más simple la conversación. “La baja de impuestos de la reforma laboral nos mata”, aseguran que le dijo un gobernador dialoguista del norte. La misma frase la escuchó de parte de otros mandatarios con diferentes variantes, pero el reclamo es el mismo.
La preocupación se concentra en la caída de Ganancias para las empresas que propone la norma. Este es un impuesto coparticipable y, con una Casa Rosada poco adepta a abrir la billetera y casi sin obra pública, la preocupación es cómo van a transitar este año.
“Hay una idea de parte de varios de los jefes de los estados provinciales, pero para eso hace falta que se sume a la negociación Caputo“, explicó una fuente provincial. La idea que le llevaron a Santilli es que la baja impositiva quede supeditada al crecimiento de la actividad económica. Es decir, que las provincias tengan la posibilidad de recaudar por actividad lo que caiga de la coparticipación nacional.
El pedido incluye la presencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en las conversaciones ya que la rebaja de impuestos no entrará en vigencia de manera automática si el proyecto se aprueba en el Congreso. En el dictamen que se firmó en el Senado -y que el oficialismo espera llevar al recinto en diciembre- se incorporó un artículo que establece una condición clave que posterga su aplicación y traslada la decisión final al Ministerio de Economía.

El artículo 212 establece que varias disposiciones no comenzarán a regir por el solo hecho de la sanción de la ley, sino cuando así lo disponga el Ministerio de Economía, en función de las metas asociadas a las políticas de equilibrio fiscal. En particular, se refiere a que todos los cambios que incluyan el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), las modificaciones a leyes impositivas y la reducción de la carga tributaria, sólo entrarán en vigencia cuando lo determine el Ministerio de Economía y no cuando los apruebe el Congreso de la Nación y se reglamente.

Este punto es muy relevante porque los distritos enfrentan un año en el que 18 gobernadores tienen pensado empezar a trabajar de cara a su reelección. Las elecciones de medio término los puso en alerta.

“Los libertarios donde cerraron acuerdos para las elecciones de medio término se quedaron con las listas y donde no cerraron, pusieron gente a competir. No tienen gobernadores, es obvio que van a pelear en el 2027, y si los actuales no tienen fondos van a terminar gestionando la escasez frente a una fuerza política que crece”, señaló un asesor de una provincia del centro del país.

En este esquema, los gobernadores buscan un seguro que les permita llevar adelante una gestión que se pueda mostrar. Para eso necesitan fondos y los avales para tomar deuda en el exterior, como ofrece Santilli a cambio de los votos, no parecen ser la mejor solución para todos. “Si existe el Compromiso real de Caputo tienen una chance, pero ya nos pasó con Francos, que prometía cosas que después Caputo no habilitaba. No hay margen para que vuelva a suceder”.

Por ahora no hay un llamado a sesiones extraordinarias ni las mesas de trabajo que adelantó Bullrich que iba a citar. Por ahora los gobernadores mantienen bajo su manga la decisión de acompañar o no, y así se lo están haciendo saber a la jefa del bloque de LLA en el Senado y al ex diputado del PRO en sus recorridas provincias.

Sobre el final de la primera quincena de enero, el Gobierno Nacional reactiva incipientemente la actividad, con foco en la agenda legislativa, y estudia la posibilidad de postergar el tratamiento de la reforma del Código Penal para concentrar los esfuerzos en lograr la aprobación de la Reforma Laboral durante el mes de febrero, según revelaron al menos tres fuentes a Infobae. Si bien la última palabra la tiene el presidente Javier Milei, en las filas libertarias se inclinan a debatir las modificaciones de la ley penal durante el período de sesiones ordinarias del Congreso que iniciará a partir del 1° de marzo.
“Es probable que se postergue el tratamiento. Es la misma lógica que tuvimos con la Laboral en diciembre: enfocar energías en tener el proyecto de Modernización”, expresó ante este medio un importante funcionario en referencia a la determinación del Ejecutivo de posponer el tratamiento del proyecto que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en diciembre, para unificar negociaciones que posibilitaran la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, algo que finalmente ocurrió.
De esta forma, la mesa política, que se reunirá por primera vez este 2026 el próximo viernes a la mañana, trazará una estrategia unificada con el objetivo de este verano: conquistar las voluntades que permitan obtener la aprobación de la Reforma Laboral, uno de los pilares fundamentales de la segunda etapa de la gestión del libertario.
Se trata de un proyecto que contempla profundas revisiones tendientes a endurecer las penas para delitos que revisten gravedad, por lo que en el Gobierno consideran que debería enviarse a ordinarias “para que se trabaje bien”. Además, consideran que el temario enviado para la prórroga de las sesiones en el Congreso es extenso de por sí, por lo que analizan evitar sumar un nuevo objetivo. “Es difícil tratar todo junto al mismo tiempo”, se sinceraron ante este medio.
Si bien, en una primera instancia, había intenciones de discutir durante las extraordinarias el proyecto que redactó la mesa judicial, con el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, a la cabeza, la opción de postergar el debate toma forma día a día. Hasta ahora sigue sin enviarse al Congreso para que los legisladores puedan acceder al detalle.
Como contó este medio, el nuevo proyecto estará compuesto por más de 900 artículos y persigue la idea de intensificar la política criminal, para dotar a los magistrados de herramientas y, a su vez, evitar “arbitrariedades” a la hora de evaluar cada causa. “Hacer que la justicia llegue a tiempo, que las condenas la sociedad no la sienta insuficientes, que haya cumplimiento efectivo de las penas. El que la hace las paga”, sintetizó la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, involucrada en el diseño.

Según revelaron fuentes al tanto, el proyecto transita la fase final, próximo a concluir su redacción de la que participaron además la mano derecha del asesor, la abogada Macarela Alifraco; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; la flamante senadora Patricia Bullrich, y el abogado penalista Fernando Soto, del equipo de la ex funcionaria.

Sin embargo, la determinación parecía ser la de instruir al equipo abocado a la negociación legislativa a trabajar en la búsqueda de los consensos necesarios que le permita al Poder Ejecutivo anotarse un nuevo triunfo con la Reforma Laboral. El próximo viernes a la mañana, pasado el receso vacacional, los alfiles políticos terminarán de definir los detalles y la estrategia en la que se encolumnarán para el despliegue legislativo.
De esta forma la mesa compuesta por Santiago Caputo; Patricia Bullrich y Martín Menem en el diálogo con ambas cámaras; el armardor Eduardo “Lule” Menem; y el ministro del Interior, Diego Santilli, en la articulación con las provincias, bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como nexo con Javier y Karina Milei, se prepara para volver a la carga con los contactos con los aliados que posibiliten computar apoyos a la voluntad expresa del libertario. Para eso, utilizarán todos los mecanismos a disposición.

De concretarse la posibilidad que figura en carpeta, el proyecto no estaría incluido en el temario que deberá hacerse público cuando el mandatario firme el decreto que oficialice la continuidad de las extraordinarias que iniciaron el 10 de diciembre y culminaron el 30 del mes, y que podría reactivarse a partir del próximo 2 de febrero.

Lo cierto es que en Balcarce 50 defienden la ya anunciada reforma como una de las claves en las que trabajaron en coordinación los Ministerios de Justicia y de Seguridad. Incluso, la propia Bullrich se mostró escoltada por el Presidente durante la presentación del proyecto a principios de octubre en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza, y que defendió tiempo más tarde en conferencia de prensa.