Este viernes, el ministro Juan Bautista Mahiques designó a un nuevo miembro de su equipo, al desginar a Emiliano Pedro Méndez Ortiz, como subsecretario de Política Criminal.

El nombramiento se efectivizó mediante la publciación del decreto 150/2026 en el Boletín Oficial. Méndez Ortiz tendrá entre sus funciones y responsabilidades asistir al secretario en la definición de la política criminal de la Nación y en la ejecución de acciones en la materia.

Entre sus tareas se encuentra la coordinación del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, brindando apoyo y asistencia a las víctimas. Además, interviene en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, así como la promoción de la eficacia, la eficiencia y la calidad en el sistema de justicia.

Con esta incorporación, Mahiques avanza con la conformación de la cartera a la que asumió tras la salida de Mariano Cúneo Libarona el 5 de marzo. En este sentido, también aguarda el nombramiento oficial de Matías Gabriel Álvarez, quien estará al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Se trata de un fiscal especializado en criminología, con formación en la investigación de delitos complejos y una amplia trayectoria en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

Graduado con honores en la Universidad de Buenos Aires y actualmente cursando un doctorado en Criminología, desde diciembre de 2023, ocupa el cargo de Fiscal Federal Coadyuvante en la Procunar, donde coordina investigaciones en la Ciudad de Buenos Aires.

Su perfil integra experiencia práctica con una importante proyección internacional, destacándose su labor como Co-Coordinador Adjunto de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica (AIAMP) desde 2017. En el ámbito académico, se desempeñó como docente de Derecho Penal y coordinador de programas de posgrado enfocados en delincuencia organizada.

Además, ha participado como experto en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), colaborando en la elaboración de legislación modelo sobre crimen organizado y en la confección de guías regionales de buenas prácticas.

También es autor de publicaciones especializadas en derecho penal económico y lavado de activos, por lo que su designación busca fortalecer el abordaje técnico en la persecución de redes financieras delictivas y promover la cooperación jurídica internacional.

Cambios en la IGJ

La propuesta de que Álvarez pase a estar al frente de la UIF, devino de la renuncia solicitada por el ministro tanto al entonces titular, Ernesto Gaspari, como al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo.

Gaspari había asumido el lugar que Paul Starc dejó vacante tras enviar su renuncia a fines de enero pasado. A pesar que desde el Gobierno destacaron en un comunicado que el hombre que quedaba es un “profesional con una sólida trayectoria en gestión pública y privada, finanzas y administración”, Mahiques lo desestimó y en cuanto asunmió, los deplazó.

La única pieza que no movió hasta ahora, el titular de la cartera de Justicia, es a los veedores de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) que habían sido puestos en ese lugar por Vítolo, aunque esa posibilidad también estuvo latente hasta que desistió.

En una entrevista con Luis Majul, el ministro remarcó la importancia de preservar la objetividad en una auditoría que revisará balances, contratos y movimientos económicos de la principal entidad del fútbol nacional. Esta explicación surgió durante los días de especulaciones sobre posibles cambios.

En la última semana de su gestión, Vítolo firmó un segundo pedido de veedores para auditar no solo la administración central de la AFA, sino también otras unidades de negocio vinculadas al fútbol profesional y amateur.

La cartera que conduce Alejandra Monteoliva puso en marcha el Consejo Federal de Delitos Económicos, mediante la publicación de la resolución 230/2026 de Boletín Oficial. De esta manera, el Ministerio de Seguridad Nacional avanzó en un plan de acción que coordina a las jurisdicciones para la prevención e investigación de los delitos económicos en todo el territorio argentino.

El nuevo organismo funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación Criminal, respondiendo a la necesidad de fortalecer el abordaje integral y federal de la criminalidad económica, con participación de representantes de todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las fuerzas federales.

Para tal fin, el consejo contará con “un representante titular y un suplente del área con competencia en materia de Delitos Económicos de cada una de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, que adhieran a la presente, y por un representante de la Dirección de Investigación de los Delitos Económicos y un representante de cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales” que dependan del Ministerio de Seguridad.

De acuerdo con la resolución publicada esta madrugada, las funciones irán desde la asistencia en la detección y prevención de delitos económicos, la recolección y sistematización de la información proveniente de distintas fuentes, hasta el desarrollo de indicadores y elaboración de informes periódicos.

El artículo 2 de la normativa también subraya la confección de un mapa situacional a nivel nacional, regional y provincial para proponer medidas preventivas. También el intercambio de información para generar alertas tempranas y la formación de grupos de trabajo para analizar coyunturas y situaciones específicas.

No obstante, los integrantes buscarán optimizar las acciones mediante la identificación de oportunidades de mejora en los procedimientos de las fuerzas policiales y de seguridad. La coordinación funcional estará a cargo de la Dirección de Investigación de Delitos Económicos, que también suministrará el apoyo técnico-administrativo necesario. En cuanto a las tareas conjuntas, se espera que el Consejo convoque a especialistas en distintas temáticas para ser abordadas durante los encuentros.

Pueden ser representantes de organismos gubernamentales, nacionales o internacionales, o de entidades privadas o de la sociedad civil, así como cualquier otra persona, organismo o institución, con una participación justificada. Asimismo, deberán reunirse al menos una vez por año, manteniendo comunicación permanente con las jurisdicciones adherentes “en pos de generar y mantener actualizado el estado de situación de la criminalidad económica en el territorio nacional y medidas para su afección”.

Este hecho se da en medio de compromisos internacionales que el Gobierno asumió para identificar bienes y recuperar activos de origen ilícito, en cumplimiento de tratados como la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención contra la Corrupción.

Entre los argumentos esgrimidos por la cartera de seguridad, menciona a la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales, cuya responsabilidad es “articular acciones con los organismos gubernamentales locales, provinciales y nacionales e internacionales que tengan vinculación con los delitos económicos investigados, en el marco de sus competencias”, entre otras.

En este sentido, subraya que este tipo de acciones “se ha convertido en una parte fundamental de toda investigación de casos de criminalidad compleja”, señalando que “la delincuencia económica es aquella dedicada a negocios legales-ilegales de significativa complejidad que puede implicar la participación de instituciones y/o funcionarios estatales, que generan beneficios económicos importantes”.

Entre los ejemplos más claros mencionados, figura el lavado de activos, como uno de los principales pilares; y de otros delitos económicos (tales como el enriquecimiento de funcionarios públicos, el soborno transnacional, la evasión fiscal, etc.). Es por eso que resaltan la bimperiosidad de un “espacio común de abordaje a la problemática delictiva con el objetivo de delinear políticas de seguridad que apunten a generar mecanismos de prevención y lucha contra los delitos económicos”.