El Gobierno de los Estados Unidos expresó un fuerte respaldo a la decisión de la administración de Javier Milei de expulsar al máximo diplomático iraní en el país y de avanzar con la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista.

A través de un mensaje oficial difundido en redes sociales, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental destacó la “firmeza” de la Argentina frente a lo que calificó como amenazas de Irán.

“Sabemos quiénes son nuestros amigos. En un momento crucial del conflicto, Argentina dio el valiente paso de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y expulsar a Mohsen Soltani Tehrani, representante de Irán en Argentina”, publicó la oficina dependiente del Departamento de Estado en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, el organismo agregó: “Agradecemos la firmeza de Argentina contra el terrorismo y las amenazas de Irán, así como su postura clara e inequívoca a lo largo de este conflicto”.

El pronunciamiento se conoció días después de que el Gobierno argentino declarara “persona non grata” al diplomático iraní Mohsen Soltani Tehrani, quien se desempeñaba como encargado de negocios en Buenos Aires. La medida implicó su salida del país en un plazo de 48 horas.

El canciller Pablo Quirno confirmó posteriormente que el funcionario iraní ya había abandonado el territorio nacional. “En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex encargado de negocios de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”, comunicó a través de su cuenta en la red social X.

Según explicó la Cancillería, la decisión se tomó como respuesta a un pronunciamiento previo del gobierno iraní, que fue considerado por la Argentina como “falso, ofensivo e improcedente”. Ese comunicado había cuestionado la decisión de Milei de incluir al CGRI en el registro de organizaciones terroristas.

En ese contexto, el Palacio San Martín sostuvo que el país “no tolerará agravios ni injerencias indebidas en sus asuntos internos” y que responderá “con firmeza ante cualquier acción que afecte su soberanía”. Al mismo tiempo, remarcó la falta de cooperación de Irán con la Justicia argentina en las investigaciones por los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la sede de la AMIA en 1994, así como el incumplimiento de órdenes internacionales de detención.

“El Gobierno argentino reafirma su compromiso indeclinable con la memoria de las víctimas, la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia”, señaló el comunicado oficial, en el que se reiteró la posición del país frente a esos ataques.

La medida se inscribe en un escenario de creciente tensión diplomática entre Buenos Aires y Teherán, que se intensificó tras la decisión argentina de avanzar contra el CGRI. Esa determinación habilita sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas para personas y entidades vinculadas a esa organización.

Desde Irán, en tanto, la reacción fue inmediata. El Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país calificó la decisión argentina como una “acción ilegal” e “inapropiada” y sostuvo que perjudica las relaciones bilaterales. Además, advirtió que la medida “establece un precedente peligroso” y atribuyó la decisión a la influencia de Estados Unidos e Israel.

En ese mismo comunicado, el gobierno iraní consideró que la declaración constituye un “error estratégico” y un “insulto injustificable al pueblo iraní”, y afirmó que tanto Milei como Quirno “se convirtieron en cómplices” al alinearse con Washington y Tel Aviv.

Frente a esas acusaciones, la Cancillería argentina respondió que las manifestaciones iraníes representan una “inaceptable injerencia en los asuntos internos” y una “tergiversación deliberada” de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional.

El respaldo de Estados Unidos se suma al expresado previamente por Israel. El canciller Gideon Sa’ar calificó la decisión argentina como “valiente e inspiradora” y sostuvo que el país “se erige como un modelo en la defensa de los valores de la libertad y en el liderazgo de la lucha contra el terrorismo”.

Fuente: TN

Tras anotarse una nueva victoria legislativa con la aprobación de los cambios a la Ley de Glaciares, el Gobierno busca mantener el envión en el Congreso. Para ello, el oficialismo avanza con una agenda doble en la Cámara de Diputados y el Senado que incluye proyectos como la Ley Hojarasca, un tratado internacional sobre propiedad intelectual, la ley de propiedad privadas, entre otros.

Las iniciativas forman parte de una amplia batería de proyectos que el Ejecutivo tiene en carpeta y que busca movilizar para recuperar la iniciativa política, luego de varias semanas de parálisis por las investigaciones judiciales y periodísticas que protagoniza el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En ese contexto, el triunfo del miércoles por la noche con la Ley de Glaciares fue celebrado con énfasis por el presidente y sus ministros.

Para aprovechar el impulso, en Casa Rosada adelantaron una probable reunión de la mesa política para la próxima semana para continuar la planificación de la agenda legislativa.

La agenda que impulsará el Gobierno en la Cámara de Diputados

Dentro de dos semanas, el Gobierno se propone discutir la Ley Hojarasca, la iniciativa redactada por Sturzenegger para derogar alrededor de 70 leyes vigentes que el ministro desregulador considera obsoletas.

Entre ellas aparecen medidas insólitas como la exigencia de un carnet de mochilero para hacer dedo y una inhabilitación a funcionarios públicos para azotar personas, pero también puntos sensibles como la eliminación de los aportes estatales a entidades como la Federación Argentina de Municipios, un enclave del peronismo bonaernse, entre otros.

De acuerdo a los planes del Ejecutivo, el proyecto obtendría dictamen el martes 21 de abril para debatirse el miércoles 22 en la Cámara de Diputados.

En esa misma sesión también se prevé discutir el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), una medida que la Argentina se comprometió a aprobar antes del 30 de abril en el acuerdo de libre comercio firmado con los Estados Unidos.

La iniciativa, que comenzará a tratarse en comisión la próxima semana, busca que el país se ajuste a los parámetros internacionales en materia de propiedad intelectual. Se trata de una demanda histórica de entidades norteamericanas que abarcan desde laboratorios hasta la industria textil, con sus frecuentes reclamos por las falsificaciones vendidas por ferias ambulantes en el barrio porteño de Once o en el mercado bonaerense de La Salada.

En ese contexto, el oficialismo se propone avanzar recuperando un proyecto que ya había obtenido media sanción en el Senado en 1998, pero que nunca fue votado en Diputados. Si bien por regla general una iniciativa vence un año después de su aprobación parcial si no es tratada por la otra Cámara, esto no aplica para los convenios internacionales.

Actividad paralela en el Senado: propiedad privada y falsas denuncias

Mientras tanto, el Gobierno también planea impulsar en el Senado otros dos proyectos que ya comenzaron a discutirse en las comisiones de la Cámara Alta. En primer lugar, la denominada Ley de inviolabilidad de la propiedad privada, uno de los proyectos surgidos del Pacto de Mayo que Javier Milei firmó con los gobernadores dialoguistas.

Entre sus principales puntos, la iniciativa propone modificar normas sobre expropiaciones y desalojos; cambios en la Ley de Tierras Rurales para eliminar las restricciones vigentes a la compra de campos por parte de capitales extranjeros; modificar la Ley de Manejo del Fuego para eliminar las prohibiciones actuales que impiden el cambio de uso de suelo en tierras quemadas; y delegar en provincias y municipios la regularización de los barrios populares incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

El proyecto tiene como principal defensor a Federico Sturzenegger, quien este miércoles protagonizó varios cruces con la bancada kirchnerista cuando se presentó para explicar la ley en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

A la propuesta del oficialismo se sumará una ley impulsada por la senadora radical Carolina Losada para elevar las penas de 3 a 6 años de prisión por falsas denuncias en materia de violencia de género o abuso sexual.

“Estamos evaluando, pero podrían tratarse para principios de mayo”, reconocieron a este medio desde la mesa política del Gobierno.

Lo que se viene y lo que falta

Luego, en el Ejecutivo evalúan enviar para tratar por esas fechas el anunciado proyecto para reformar la Ley de Salud Mental. La iniciativa, elaborada por la cartera que conduce Mario Lugones, busca cambiar los artículos más cuestionados de la norma vigente como los relacionados a las internaciones involuntarias, el cierre de los hospitales especializados, entre otros.

Con esa primera oleada de proyectos, el Gobierno apuesta a consolidar la mayoría que ha logrado construir en el Parlamento con la colaboración de sus aliados, a la par que muestra signos de hiperactividad política.

Mientras tanto, siguen bajo llave otros proyectos más complejos como los proyectos de Financiamiento Universitario y la emergencia en Discapacidad, la reforma política y electoral -que se plantea la elminación de las PASO y modificar el financiamiento de los partidos políticos-; o la actualización del Código Penal, con nuevos delitos y penas más duras.

En ese grupo también entran la Ley de Seguridad Nacional -que abarca defensa, inteligencia y seguridad-, las reformas de los códigos Aduanero y Civil y Comercial; y tratados internacionales como el acuerdo comercial con los Estados Unidos y la adhesión al Consejo de la Paz de Donald Trump.

Fuente: TN