Patricia Bullrich le comunicó al presidente Javier Milei su disconformidad con el retiro del pliego de María Victoria Michelli, candidata a jueza federal, y anunció que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” ante esa decisión del Poder Ejecutivo. La senadora nacional lo hizo en una conversación personal con el mandatario y luego comunicó la decisión a través de la red social X.

En su publicación, Bullrich precisó los límites de su disidencia. Reconoció expresamente las atribuciones constitucionales del presidente para proponer y retirar pliegos judiciales, pero sostuvo que expresar sus convicciones forma parte de su responsabilidad como dirigente. “Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal”, escribió en X.

La postulante había sido propuesta para ocupar un cargo en un tribunal oral de La Plata, pero la candidatura fue frenada en pleno trámite por el oficialismo. En ese interín se conoció que la candidata finalmente impugnada es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

Bullrich buscó enmarcar su posición como una diferencia acotada, sin ruptura con el proyecto político que integra. Afirmó ser parte de la gestión y respaldó con énfasis la orientación general de la administración Milei. “Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden”, sostuvo.

Para Bullrich, una discrepancia puntual no solo no debilita al Gobierno, sino que lo fortalece. Planteó que el debate interno y el respeto por las convicciones ajenas son también componentes del cambio que el espacio libertario dice encarnar. “El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio”, señaló.

“Mi compromiso con este proyecto es total. Y también lo es mi compromiso con los principios que sostuve toda mi vida”, se explayó la legisladora que conduce la estrategia parlamentaria del oficialismo en el Senado.

La decisión de Bullrich volvió a encender la interna puertas adentro del Gobierno. En el sector que responde a Santiago Caputo deslizaron ante la consulta de Infobae que “la gestión de los pliegos vuelve a mostrar un preocupante nivel de amateurismo político” porque “lo que debía ser un trámite institucional terminó convirtiéndose en un conflicto interno de primera línea”.

Estos dichos apuntan directamente al ala que responde a Karina Milei e integran los Menem -Lule y Martín- y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Lo que molesta en Las Fuerzas del Cielo es que se repita la escena en la que Milei aparece corrigiendo o absorbiendo costos políticos derivados de decisiones tomadas por su entorno más cercano.

Ante los senadores de la comisión de Acuerdos, Michelli había expuesto que trabaja desde hace 32 años en la Justicia federal y que desde hace 16 se desempeña como secretaria del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata. Según su foja de servicios citada en el texto fuente, ingresó al Poder Judicial en octubre de 1994 como auxiliar administrativa.

Desde entonces, explicó, ocupó sucesivamente los cargos de auxiliar, escribiente auxiliar, oficial mayor, oficial mayor relator y, desde 2009, secretaria. En esa misma audiencia, según el texto fuente, afirmó que la impulsaba una “profunda vocación de servicio” para asumir la magistratura.

Michelli también expuso ante los senadores la situación de vacancias en el TOF 1. Dijo que hace 15 años se generaron dos vacantes, que hace 10 se produjo la tercera y que desde entonces ese tribunal funciona con jueces subrogantes.

El pronunciamiento de Bullrich no es un hecho aislado. El mes anterior, había reclamado públicamente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentara su declaración jurada patrimonial, en medio de una controversia por presunto enriquecimiento ilícito. Fue la primera figura del espacio en pedir en voz alta que el funcionario tomara la iniciativa para zanjar la polémica.

La ex ministra, por su parte, ya presentó su propia declaración jurada, un movimiento que fue interpretado como una forma de marcarle el paso al funcionario cuestionado.

El sorpresivo triunfo en primera vuelta de Abelardo De la Espriella, candidato de Defensores de la Patria, que disputará la segunda vuelta con Iván Cepeda por la presidencia de Colombia, fue bien recibido por el gobierno libertario que aspira a ampliar su mapa de alianzas en el continente y se esperanza con una reconfiguración de los organismos regionales. Bajo el mismo objetivo sigue de cerca el desenlace del próximo fin de semana en Perú, cuando Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) compitan en segunda vuelta por los destinos de la nación.

“Esperemos que gane De la Espriella. Ojalá ocurra así sigue avanzando la libertad en la región”, planteó un colaborador del presidente Javier Milei. “Hablamos de una configuración regional que se hará sentir en organismos regionales, en particular en la Celac”, precisó otro importante funcionario.

El planteo va en línea con lo expuesto por el libertario, quien evitó tomar postura en la previa a los comicios, pero no dudó en expedirse tras la publicación de los resultados. Horas después de que el abogado y​​​​​ fundador de la firma De La Espriella Lawyers Enterprise se impusiera con el 43,74% de los votos por sobre Cepeda (40,90%), representante de la izquierda en el país, el mandatario felicitó al primero a través de su cuenta de X y evidenció su intención de sumar nuevas expresiones de derecha en el continente.

“Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”, festejó. “De repetirse este resultado en segunda vuelta, no tengo dudas que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”, cerró Milei en un mensaje que luego fue compartido por el canciller Pablo Quirno en la previa a la segunda vuelta se celebrará el 21 de junio.

Las palabras de Milei no son azarosas y referencian la creación de la alianza de naciones “para salvar a occidente” con la que fantasea. El vínculo entre el libertario y el actual mandatario colombiano Gustavo Petro, quien se negó a reconocer los resultados de las urnas en su país, dista de ser bueno. En más de una oportunidad, los jefes de Estado hicieron públicas sus diferencias ideológicas y escalaron en la tensión en redes sociales.

Ante este escenario, Perú aparece como otro de los desafíos electorales seguidos con atención por Casa Rosada. Los destinos del país limítrofe configuran un escenario que ilusiona a la administración libertaria. Aunque hay quienes aseguran que el candidato “natural” de Milei era el ex alcalde de Lima Rafael López Aliaga, quien quedó afuera de la contienda tras sacar el 11.91% de los votos en primera vuelta y denunciar irregularidades en la capital, la exprimera dama Keiko Fujimori parece ser la elegida por los libertarios para los comicios del domingo.

La cuatro veces candidata a la presidencia (2011, 2016, 2021 y 2026) se medirá contra Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, por la presidencia del país. “Keiko al poder”, sintetizó un libertario al respecto que entiende que es el momento para la líder del partido Fuerza Popular. “El Perú ya probó copiando el experimento de Evo Morales en Bolivia, hace falta que vuelva el orden”, argumentó además.

Pese a la marcada inclinación ideológica, se descarta un pronunciamiento institucional previo a los comicios, aunque eso no implica que, al igual que ocurrió en Colombia, con el resultado oficializado, el mandatario se expida sobre el tema. Algo similar hizo con el conservador Antonio Kast, actual presidente de Chile, a quien llamó luego de haber obtenido el triunfo en el balotaje del 14 de diciembre de 2023 por sobre la candidata oficialista, Jeannette Jara.

Asimismo, Milei ve con particular optimismo la reconfiguración del continente que varió con el correr de los meses, desde su asunción en diciembre del 2023, y apuesta a ganar peso en los organismos regionales. “Perú va en la misma línea que Colombia y hay que sumar a los que ya están. (Nayib) Bukele en El Salvador, (José Raúl) Mulino en Panamá, (Jorge) Quiroga en Bolivia, (Daniel) Noboa en Ecuador, (José Antonio) Kast en Chile, (Santiago) Peña en Paraguay, (Luis) Abinader en Dominicana, Costa Rica and counting”, celebró un funcionario en tema.

“Hablamos de una configuración muy distinta a cuando Milei asumió. Un cambio de signo político regional. Veremos qué pasa en Brasil”, agregó además en referencia a las elecciones del 4 de octubre en las que Lula Da Silva competirá por su cuarto mandato, desafiado por Flavio Bolsonaro, hijo menor del exmandatario acusado de planear un golpe de Estado tras su derrota.

Más allá de las diferencias entre ambos procesos electorales, en Balcarce 50 leen los resultados regionales bajo una misma clave política. En ese contexto, se ilusionan con seguir sumando naciones al bloque de gobiernos de derecha en la región, una tarea que Milei impulsa en coordinación con el republicano Donald Trump para neutralizar el peso del populismo en el continente.

Bajo esa lógica, Colombia y Perú aparecen como dos países clave para la aspiración de consolidar al libertario como “el líder del mundo libre”, tal como lo definió el asesor presidencial, Santiago Caputo, en su cuenta de X.

Mediante una serie de publicaciones que el Gobierno hizo esta madrugada en el Boletín Oficial, reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que había sido incluido en la reforma laboral aprobada a finales de febrero de este año.

Este cambio, implementado a partir de la Ley de Modernización Laboral, modifica el pago de las indemnizaciones y obligaciones laborales a trabajadores debidamente registrados en el sector privado. El decreto estableció cómo se conformarán y administrarán estos fondos, a quiénes alcanzarán, cómo se canalizarán los aportes y cuáles serán los procedimientos para la declaración, inversión y utilización de los recursos.

La norma determina que el FAL será dirigido a empleadores del sector privado, exceptuando las relaciones laborales expresamente excluidas por la ley y las del sector público. Los empleadores deberán constituir una cuenta individual en un fondo común de inversión o fideicomisos financieros mediante autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Solo estarán cubiertos los trabajadores que hayan sido registrados en tiempo y forma al menos doce meses antes de la extinción del vínculo.

Para garantizar la finalidad del sistema, la cobertura mínima a constituir estará definida por parámetros de suficiencia, liquidez y diversificación, que serán revisados periódicamente en función del contexto económico y laboral. La autoridad de aplicación establecerá los montos mínimos necesarios para cubrir las obligaciones aún en escenarios de despidos masivos o crisis de empleo.

El procedimiento prevé que cada empleador elija una entidad habilitada por la CNV, abra su cuenta individual y reciba un identificador único (“ID FAL”). La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) derivará las contribuciones mensuales a la cuenta correspondiente, integrando el pago a la declaración unificada de la seguridad social. Si el empleador no informa ID dentro de un mes, la CNV asignará de oficio un fondo o fideicomiso, garantizando la continuidad del sistema y la portabilidad de los recursos.

El empleador deberá declarar y abonar mensualmente la contribución, que será deducible del impuesto a las ganancias y permitirá una reducción equivalente de las contribuciones patronales a la seguridad social, salvo cuando la obligación de contribuir esté suspendida. Las inversiones del fondo estarán limitadas a instrumentos financieros y valores negociados en la Argentina, y la comisión total por administración no podrá superar el uno por ciento anual de los activos.

Cuando suceda una desvinculación laboral cubierta por el FAL, el empleador presentará una declaración jurada electrónica y la entidad habilitada verificará la información bancaria y registral del trabajador antes de transferir la suma indemnizatoria directamente a su cuenta, en un plazo máximo de cinco días hábiles. La responsabilidad sobre el cálculo de la indemnización será siempre del empleador.

El régimen contempla mecanismos de portabilidad para migrar los fondos a otra entidad habilitada, así como reglas para la transferencia de cuentas en casos de reorganización societaria, cesión de personal o transferencia de establecimientos. Los recursos en caso de disolución o extinción de la cuenta serán transferidos al empleador solo si no existen contingencias laborales pendientes, previa verificación de todas las autoridades competentes.

El decreto también prevé sanciones para quienes incumplan la obligación de contribuir al FAL, imponiendo multas y permitiendo la ejecución fiscal por parte de ARCA, mientras que los ingresos por sanciones se destinarán a los subsistemas de la seguridad social. Se declara exento del impuesto a los créditos y débitos bancarios a las cuentas del FAL y se garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos intercambiados entre los organismos.