El Gobierno pondrá en marcha este lunes una secuencia política diseñada para intervenir de manera simultánea en tres planos: la política exterior, la coordinación interna de la gestión y el frente legislativo. Javier Milei recibirá en Casa Rosada al presidente de Chile, José Antonio Kast, encabezará luego un encuentro con todos los ministros junto a Karina Milei y seguirá de cerca la antesala de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo espera convertir en ley el proyecto de glaciares que ya cuenta con media sanción del Senado.

La evaluación de la Casa Rosada integra estos movimientos como parte de una estrategia unificada: mostrar iniciativa, ordenar la gestión y proyectar capacidad de articulación política en distintos niveles de poder.

La visita de Kast constituye el primer eje de esa secuencia. El mandatario chileno eligió a la Argentina como destino inicial de su primera gira internacional desde que asumió el 11 de marzo, en una decisión que se inscribe en una tradición política, pero que también tiene una lectura contemporánea. “Como ha sido costumbre en la historia de nuestra patria, el primer viaje se hace en la República hermana de Argentina”, señaló antes de partir, al tiempo que recordó que lo mismo hicieron Sebastián Piñera y Gabriel Boric.

Kast llegó anoche a Buenos Aires, donde fue recibido con honores, y desplegará una agenda breve pero concentrada. La reunión bilateral con Milei, prevista para las 10 de la mañana en Casa Rosada, será el punto central, pero no el único elemento relevante. El formato ampliado del encuentro, con presencia de los gabinetes de ambos países, busca dotarlo de densidad política y operativa.

La composición de la delegación chilena confirma esa intención. Kast arribó acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

Cada uno de esos nombres responde a un eje concreto de la agenda. Infraestructura, seguridad y comercio aparecen como los tres vectores principales de la relación bilateral en esta etapa. En el plano de la integración física, el foco estará puesto en los pasos internacionales y en la necesidad de mejorar la conectividad logística entre ambos países, un aspecto central para las economías regionales y para el flujo comercial.

En materia de seguridad, el énfasis estará en la coordinación frente al avance del crimen organizado y el narcotráfico. Kast lo explicitó antes de viajar al sostener que se trata de fenómenos que exceden las fronteras nacionales y que requieren respuestas coordinadas. Esa definición no solo ordena la agenda bilateral, sino que también ubica a ambos gobiernos en una narrativa común frente a un problema que atraviesa a la región.

La visita también incorpora un componente político más explícito. Kast habló de enemigos comunes y eligió una fecha simbólica —el aniversario de la Batalla de Maipú— para inscribir la relación en una lógica de cooperación estratégica. En ese marco, reintrodujo el caso de Galvarino Apablaza, el guerrillero acusado por el crimen de Jaime Guzmán. “Ha quedado claro que el señor Apablaza es un prófugo de la justicia y agradecemos la colaboración que ha prestado el gobierno argentino”, afirmó, al tiempo que anticipó que impulsará gestiones para que el acusado rinda cuentas ante la justicia chilena.

La bilateral tendrá, además, un efecto hacia adentro del Gobierno argentino. Milei decidió que el encuentro sea acompañado por su gabinete, en una señal de alineamiento político. Esa imagen funciona como antesala del segundo movimiento del día.

La coordinación interna y el rol de Adorni

Al mediodía, está previsto que el Presidente encabece un encuentro con todos los ministros junto a Karina Milei, con un rol preponderante del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el objetivo será reforzar la ejecución de la gestión y asegurar que cada área avance en los objetivos definidos.

En ese esquema, Adorni asumirá un papel central en la coordinación política del gabinete. La intención es consolidar un mecanismo de conducción que articule el seguimiento de la gestión con la toma de decisiones estratégicas, complementando las reuniones individuales que el jefe de Gabinete ya mantiene con distintos ministerios. Será otra señal inequívoca de respaldo, en medio de la tormenta política que se desató hace semanas por investigaciones judiciales en torno a su situación patrimonial.

La reunión tendrá una impronta distinta a las anteriores por el lugar que ocupará Adorni, con el aval directo de Milei y de Karina Milei. El objetivo es ordenar la ejecución, alinear prioridades y reforzar la conducción política del Ejecutivo en una etapa en la que la gestión empieza a exigir resultados concretos en distintas áreas.

El tercer eje de la secuencia se proyecta hacia el Congreso y tiene el objetivo de trasladar al ámbito parlamentario la iniciativa política, después de semanas de parálisis. El oficialismo tiene puesta la atención en la sesión convocada para el miércoles en la Cámara de Diputados, donde se tratará la Ley de Glaciares. El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado y, de aprobarse, quedará convertido en ley.

El martes habrá una reunión previa —la última antes de la sesión— en la que se terminarán de consolidar los apoyos. En la Casa Rosada prevén un escenario de aprobación basado en una mayoría previsible, construida sobre el bloque libertario, aliados parlamentarios como la UCR y el PRO, y el respaldo de gobernadores peronistas que tienen incidencia directa sobre votos clave. El Gobierno podrá mostrar así, en caso de lograr la sanción de la primera ley en el período ordinario, que continúa políticamente sólido.

El acompañamiento de esos mandatarios resulta central. Son quienes vienen impulsando la norma como una herramienta para otorgar seguridad jurídica al sector y despejar restricciones que afectan el desarrollo de la actividad minera. Para el Gobierno, la eventual aprobación no solo implicaría un avance legislativo, sino también una señal política de capacidad de articulación con actores territoriales.

Avances legislativos y agenda judicial

En paralelo, la Casa Rosada activará otra agenda de impacto institucional,con el envío de más pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, continuará remitiendo nombres al Senado en un esquema progresivo que busca abordar un problema estructural.

Es que, según estimaciones oficiales, las vacantes superan el 35% de los cargos de camaristas, jueces, fiscales y defensores. El proceso que se pone en marcha apunta a reducir ese déficit de manera gradual, con envíos escalonados que incluyan distintas jurisdicciones del país.

Ese movimiento se combinará con la definición de la comisión bicameral de inteligencia, un ámbito clave en la arquitectura institucional del Congreso y de alta sensibilidad política. El oficialismo buscará moldear su conformación y posicionar a figuras de confianza, entre ellas Sebastián Pareja en la presidencia, en un esquema que le permita ordenar ese espacio.

La estrategia contempla acuerdos con bloques dialoguistas para estructurar la integración de la bicameral, al tiempo que se busca limitar la capacidad de incidencia del kirchnerismo. En ese tablero aparece también un sector del peronismo con posicionamientos menos confrontativos, integrado por dirigentes como Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz, dentro de un bloque que formalmente conduce Germán Martínez.

La conducción parlamentaria del oficialismo -en la que tiene especial gravitación Martín Menem– evalúa esos movimientos con lógica pragmática. No se trata de alianzas estables, sino de acuerdos que permitan sostener mayorías y evitar bloqueos en instancias clave.

Toda esta secuencia se desarrolla mientras el Gobierno busca ordenar el frente interno y despejar tensiones. El fin de semana, Milei salió a respaldar públicamente a figuras centrales de su esquema político y a negar cualquier versión de internas, con mensajes en los que elogió el rol de Santiago Caputo, el principal estratega del Gobierno y uno de los asesores de mayor confianza del Presidente.

Ese movimiento convive con la gestión de otras controversias recientes. En el caso de los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores, el Presidente fijó una posición clara: no hay cuestionamientos a la legalidad de esas operaciones realizadas con la entidad oficial.

Para la Casa Rosada, la política de créditos —en particular los hipotecarios— forma parte de una política de Estado destinada a la clase media y orientada a reactivar una palanca de crecimiento que estuvo bloqueada durante años de alta inflación y de un Estado que absorbía el crédito disponible para financiar el déficit. El propio Milei se ocupó de desterrar las sospechas y cuestionó las críticas planteadas en torno a los créditos que tomaron funcionarios y legisladores oficialistas.

En ese contexto, según pudo saber Infobae, la ministra Sandra Pettovello tomó la decisión de echar a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, pero aclaró que esto no tuvo nada que ver con el crédito por más de 400 millones de pesos que, se confirmó, obtuvo del Nación. “Era una persona de confianza, que representaba al Ministerio en muchos temas de enorme sensibilidad. No se puede tener a alguien que oculta cosas. El crédito no es cuestionable, lo que no se puede tolerar son las mentiras”, le dijo la ministra a un interlocutor que habló con ella el fin de semana, según pudo confirmar este medio.

La visita de Kast, la centralidad que asumirá Adorni en la coordinación del gabinete, la apuesta por la Ley de Glaciares y el avance en la agenda judicial forman parte de un mismo diseño. La Casa Rosada busca encadenar decisiones en distintos frentes para sostener la iniciativa política, ordenar el funcionamiento del Gobierno y proyectar capacidad de acción en un contexto donde cada movimiento tiene impacto inmediato sobre el equilibrio interno y la dinámica legislativa.

En ese marco, la secuencia que se despliega desde este lunes no se agota en la agenda del día. Funciona como un intento de reorganizar prioridades, reforzar la conducción y enviar una señal hacia el sistema político: el Gobierno busca volver a marcar el ritmo y condicionar la discusión pública desde la acción, más que desde la reacción.

El Senado se prepara para iniciar, desde pasado mañana, el debate de la ley sobre propiedad privada que el Ejecutivo envió al Congreso, con un oficialismo que además consensuó, con parte de la oposición dialoguista, una nueva discusión del proyecto que pena las falsas denuncias, un tema que no llegó al recinto en el pasado por ser calificado de “rompe bloques”.

Por otra parte, La Libertad Avanza también dejó una ventana abierta para poder sesionar este jueves, para que los recientes pliegos judiciales puedan tomar estado parlamentario y se pueda activar a la ex legisladora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora -política- argentina en Canadá.

La definición de la agenda comenzaría en las próximas horas, con la convocatoria a diversas comisiones. En tanto, para el potencial encuentro en el recinto de la Cámara alta, el oficialismo -comanda Patricia Bullrich– y la oposición dialoguista aguardan la cumbre que se consumará mañana -ya toma la forma de cónclave semanal rutinario- para definir esta cuestión. Los aliados quieren agregar sus propias leyes a la agenda senatorial.

El proyecto que “blinda” la propiedad privada modifica normas sobre expropiaciones -antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares -se sancionó en la era macrista, con amplísimo apoyo y abrazo de movimientos sociales, como el de Juan Grabois–, tierras rurales e incluso la criticada norma sobre manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la administración de su estimado “compañero” Alberto Fernández. No se descarta, en caso de haber comisión o plenario, que asistan funcionarios nacionales.

La segunda ley está relacionada con un área sensible: las falsas denuncias. El año pasado, un trabajoso dictamen -que cayó con el recambio parlamentario de diciembre- no llegó a la luz verde debido a que, según confiaron en ese entonces varias bancadas a Infobae, el mismo iba a “dinamitar el recinto”, y ahora se busca evitar tropelías en el articulado para que, sobre todo, no haya choques con la convención “Belém Do Pará”, sobre violencia contra la mujer, que cuenta con rango constitucional y fue ratificada por el Congreso en 1996.

El texto original de falsas denuncias fue empujado por una radical –Carolina Losada– y se convirtió casi en la prioridad de su agenda durante largos meses. Encontró un generoso guiño del libertario y extitular de la comisión de Justicia de la Cámara alta, Juan Carlos Pagotto. El riojano, en medio del vendaval kirchnerista contra la Casa Rosada de 2024 y 2025, halló espacios para insistir con el texto en cuestión y dejó de lado otras leyes que reclamaban senadores. Hoy preside nada menos que la de Acuerdos, por donde pasan todos los pliegos de magistrados, diplomáticos y militares.

La última versión del dictamen -cayó con el recambio legislativo de diciembre último- imponía “prisión de uno a tres años al que denunciare falsamente a persona determinada o indeterminada de un delito ante la autoridad”. Y sumaba: “Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.

En dicho articulado también se establecía “de uno a cuatro años” de prisión al “testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”.

De cara al jueves, siempre y cuando se confirme la idea sobre el recinto que tienen libertarios y dialoguistas, la finalidad es simple: que tomen estado parlamentario los recientes pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo, más la definición de la postulación como embajadora -política- argentina en Canadá de la experimentada exsenadora Lucila Crexell.

El kirchnerismo fue a confrontar a Crexell a la comisión de Acuerdos y la de nuevo 100% peronista Carolina Moisés, que hasta hace poco tiempo pedía por la liberación de Cristina Kirchner junto a la ahora “odiada” La Cámpora -hay publicaciones suyas con la leyenda “no es justicia, es venganza”, tras la condena contra la ex presidenta-, acusó a sus excompañeras de sororidad “demagógica” y las dejó en una posición más que incómoda.

En el comienzo de un nuevo periodo ordinario, durante el cual pretenden aprobar varias reformas para retomar la agenda de la gestión, el Gobierno abre un inesperado debate en el Congreso sobre el uso de los autos oficiales para diputados y senadores, lo que ya motivó el enojo en algunos bloques e, incluso, entre miembros del propio oficialismo.

La medida en cuestión está incluida en el proyecto de ley “Hojarasca”, que fue enviado recientemente para su tratamiento y redactado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que venía trabajando en el texto desde el 2024.

El paquete de iniciativas apunta, en general, a derogar cerca de 70 normas que la gestión libertaria considera obsoletas o incluso absurbas, pero que técnicamente siguen vigentes porque nunca se eliminaron.

Sin embargo, uno de los puntos que generó polémica fue la propuesta de dar de baja los beneficios que se les otorgaron a los legisladores nacionales, así como a secretarios y prosecretarios parlamentarios, para la libre circulación y estacionamiento de sus vehículos con credenciales especiales.

Al respecto, en su presentación, el funcionario sostuvo que este es “uno de los ejemplos más claros de privilegio” en la legislación argentina actual, por lo que debería dejar de regir.

Aunque el proyecto ya está en manos de las autoridades de la Cámara de Diputados, el oficialismo optó por postergar su discusión para priorizar, en cambio, la modificación a la ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado.

De todas formas, esta sería la próxima reforma a analizar y se prevé una única reunión de la comisión de Legislación General -donde debe obtener dictamen para avanzar-, a la cual podría asistir el mismo Sturzenegger para defenderla.

Aunque en La Libertad Avanza apuntan a que sea solamente un encuentro de carácter informativo, hay quienes reconocen que el texto podría sufrir en esta etapa algunos cambios, principalmente, en lo que respecta a las obleas de circulación de los vehículos oficiales.

“Son estas pelotudeces de gente que es diputada y llega a la Ciudad de Buenos Aires y, como no tiene agenda, va del hotel al Congreso y del Congreso al hotel, porque solo levanta la mano. Y no logra saber para qué sirve en su laburo. Yo tengo mi oblea. Uso mi auto y me salva poder llegar puntual a las reuniones”, remarcó un integrante de la oposición dialoguista.

Durante estos días, referentes de distintos bloques se expresaron en contra de la iniciativa y se quejaron de que el recorte los afecte solamente a ellos y no a los funcionarios nacionales.

Alguno inculso sostuvo, durante una conversación en uno de los pasillos del recinto, “que primero dejen el chofer Sturzenegger, Cacace y Faríña (Alejandro y Maximiliano, respectivamente, ambos secretarios dentro de la cartera de Desregulación)”.

“No para de hacer desastres, el ministro. Fue el que metió el artículo (de las licencias por enfermedad) en la reforma laboral, yo creo que ya está agotado. Ya fracasó con Mauricio Macri. Ahora va por nuestros autos, ¿para qué? ¿Por qué no se ocupan mejor de todos los problemas que tiene el Gobierno con Manuel Adorni y con los creditos bancarios?“, protestó un legislador que supo ser aliado, pero que hoy está alejado de la Casa Rosada.

En esta misma línea, aunque de manera menos combativa y más pragmática, otros espacios señalan que derogar este beneficio podría ser una mala decisión, ya que entienden que perjudicaría a la actividad democrática, dificultando el trabajo de los parlamentarios.

Para defender esta postura, dan el ejemplo de un diputado del PRO que meses atrás, cuando se estaba debatiendo la reforma laboral, no llegó a tiempo para dar quórum -algo por lo que el oficialismo trabajó arduamente-, ya que no estaba en su vehículo protocolar.

En esa oportunidad, el integrante de la bancada amarilla tuvo que viajar en una moto, que no contaba con la mencionada oblea, y la Policía lo demoró en una de las calles aledañas al Congreso, en el marco de los cortes de tránsito por la manifestación que protagonizaron grupos de izquierda y la oposición ese día.

En La Libertad Avanza, en tanto, reconocen que este artículo en particular de “Hojarasca” generó mucha polémica, pero por el momento no hay intenciones de quitarlo: “Sí, es verdad, está difícil este tema, pero vamos a insistir”, advierten.

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno indica que “el término ‘privilegio’ deriva del latín privus (propio) y legalis (ley), es decir, una ley sancionada no para la totalidad de los ciudadanos, sino para ‘uno mismo’”.

Para el Ejecutivo, “hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática, y contraria al principio de igualdad ante la ley establecido por el ya citado artículo 16 de la Constitución Nacional”.

La ley en cuestión, la N° 20.959, otorga desde 1975 a los integrantes del Congreso el derecho a utilizar una “credencial personal e intransferible que los habilita para la libre circulación y el libre estacionamiento”.

El proyecto sostiene que esta prerrogativa “no puede sostenerse en un contexto donde se pretende fortalecer la transparencia y la equidad en el ejercicio de la función pública”.