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Política Nacional

Así quedaron las modificaciones en el proyecto de IVE

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​​Hoy comienza el debate en Diputados para dar media sanción al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Se espera una larga jornada en el recinto, por lo que la votación se daría mañana viernes entre la madrugada y la mañana.

El plenario de comisiones aprobó el dictamen sobre IVE, el mismo será tratado en el recinto entre jueves y viernes: la votación tuvo 77 por la afirmativa, 30 en contra y 4 abstenciones.

Este dictamen tiene tres cambios con respecto al proyecto presentado por el Ejecutivo: dos artículos modificados y uno agregado.

Estos cambios tienen que ver con la autonomía según la edad de las adolescentes y la objeción de conciencia. Dos temas sensibles que de esta manera se acercan un poco a ciertos requerimientos de quienes cuestionan esta ley.

Así, el sector a favor del aborto asegura que están más cerca de aprobar la ley en el Senado, ya que los cambios propuestos fueron discutidos con representantes de la Cámara Alta.

En primer lugar se modifico el articulo 5º, dedicado a los “Derechos en la atención de la salud”. Se agregó un punto sobre la privacidad, que dice: “En los casos de violación cuyas víctimas fueran niñas o adolescentes, el deber de comunicar la vulneración de derechos previsto en el artículo 30 de la ley No. 26.061 y el deber de formular denuncia penal establecido en el artículo 24, inciso e) de la Ley No. 26.485 en el marco de lo dispuesto por el artículo 72 del Código Penal, deberá cumplirse respetando el derecho a la privacidad y confidencialidad de niñas y adolescentes, su capacidad progresiva e interés superior de conformidad con la Convención de los Derechos del Niño, la Ley No. 26.061 y el artículo 26 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL, y no deberá obstruir ni dilatar el acceso a los derechos establecidos en la presente ley”.

También se modificó artículo 8º, en el que se habla sobre “Personas menores de edad”. Nada cambia sobre las mayores de 16 años, que en ambos casos (proyecto y dictamen) tienen plena capacidad para prestar su consentimiento.

El cambio que se hizo es la redacción sobre las menores de 16 años, que en el proyecto del Ejecutivo se distinguía entre el grupo de hasta 13 años y el grupo de 13 a 16. “En los casos de personas menores de DIECISEIS (16) años de edad, se requerirá su consentimiento informado en los términos del artículo anterior y se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 26 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL y la Resolución N° 65/15 del MINISTERIO DE SALUD de la Nación en concordancia con la Convención de los Derechos del Niño, la Ley No. 26.061, el artículo 7 del anexo I del Decreto reglamentario N 415/06 y el Decreto Reglamentario 1282/03 de la ley 25673”.

En realidad no cambia en nada con respecto al proyecto del Ejecutivo, salvo la redacción.

El cambio más importante es, la objeción de conciencia.

Por esto se agregó un artículo entero, el 11º, el cual quedó de la siguiente manera: “OBJECIÓN DE CONCIENCIA. OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. Aquellos efectores de salud del Subsector Privado o de la Seguridad Social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia de conformidad con el artículo anterior, deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó. En todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica conforme a las previsiones de la presente ley. Las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice la derivación. Todas las derivaciones contempladas en este artículo deberán facturarse de acuerdo con la cobertura a favor del efector que realice la práctica”.

 

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La Justicia suspendió artículos de la reforma laboral, luego de una presentación de la CGT

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La Justicia laboral suspendió, de manera provisoria, más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, una luego de una medida cautelar presentada por la CGT.

El texto firmado por el triunvirato de la central obrera, Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, logró frenar una parte significtiva de la Ley de Modernización Laboral (27.802) sancionada el pasado 27 de febrero.

El juzgado nacional del Trabajo advirtió sobre la posible “afectación de derechos constitucionales” y el riesgo de “perjuicio inminente” para los trabajadores. Por ese motivo, indicó la suspensión provisoria de los artículos cuestionados, hasta el momento en que se dicte la “sentencia definitiva”.

En la misma línea, Ojeda aseguró que esta cautelar tiene fundamentos por la “verosimilitud del derecho calificada” y porque, en el caso de de aplicarse las normas establecidas en la ley, podría producirse una ruptura en los derechos laborales aquiridos.

En la cautelar, se asegura que la CGT “posee legitimación activa para impugnar los artículos señalados”, vinculados a los “derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga”, teniendo en cuenta, también, los aspectos “individuales comunes y homogéneos”  de los grupos de trabajadores, “cuya prestación se encuentra regulada” por las normas vigentes en nuestro país.

Por el momento, esta suspensión continuará siendo de carácter “provisorio”, mientras se resuelve la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.

“Se peticiona la declaración de inconstitucionalidad de un grupo de disposiciones de la reciente ley 27.802 cuya determinación no corresponde al prieto marco de una medida cautelar. En esta etapa corresponde emitir una prudente consideración general que permita adoptar una decisión provisoria, para aguardar con paz social hasta la sentencia definitiva, luego de un debate más intenso”, concluye el texto.

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AFA: procesaron a “Chiqui” Tapia y a Toviggino en la causa por presunta evasión fiscal de $19.000 millones

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El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, procesó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y su mano derecha, el tesorero de la institución, Pablo Toviggino, en la causa por presuntos desmanejos de fondos por retención indebida de impuestos y aportes previsionales.

Además, les sumó un embargo a ambos sobre sus bienes hasta cubrir el equivalente $350 millones cada uno.

Amarante mantuvo también la prohibición de salir del país al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) acusó a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.

Los períodos abarcados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social, y superan los $19 mil millones. Tapia y Toviggino se presentaron ante la Justicia, y el argumento de la AFA es que pagaron la deuda pero fuera de término, por lo que el delito se habría consumado.

Fuente: TN

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Por más presupuesto: arranca otra semana de paro en las universidades nacionales

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En reclamo de la implementación de la Ley de Financiamiento, este lunes comenzó una nueva semana de paro de docentes universitarios de todo el país. La jornada cerrará así un mes marcado por una seguidilla de protestas por parte del sector y que tiene en agenda una nueva semana sin clases para fines de abril.

El cese de actividades, impulsado por las dos federaciones nacionales mayoritarias representadas en la Conadu y la Conadu Histórica, tendrá como eje el pedido por una recomposición salarial debido al “un atraso” significativo” que tienen frente a la inflación.

La medida, que se extenderá entre este lunes y el miércoles 1 de abril, forma parte de un plan de lucha impulsado por el Frente Sindical de Universidades, que desde hace tiempo comenzó a exponer “la crítica situación presupuestaria que atraviesa el sistema universitario argentino”. Como jueves y viernes es Semana Santa, se conformarán otros cinco días sin clases.

A esa medida, se sumará la marcha federal universitaria -con fecha tentativa para el 23 de abril- que buscará volver a movilizar a docentes, estudiantes y autoridades en defensa del sistema público.

Asimismo, hay otros cinco días de paro prevista para la semana que comienza el lunes 27 de abril, aunque habrá que ver cómo llega la relación de los gremios con el Gobierno para esa fecha.

La protesta, que se sustenta en una pérdida en torno al 40% del poder adquisitivo de los docentes desde que asumió Javier Milei, afecta a la mayoría de las casas de estudios del país; entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); de La Plata (UNLP); la Tecnológica Nacional (UTN); la de Rosario (UNR); la de Tucumán (UNT); la del Nordeste (UNNE); del Chaco Austral (UNCAUS); de Salta (UNSa); de Entre Ríos (UNER); y de José C. Paz (UNPAZ).

A esto se suma que los auxiliares enrolados en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales realizarán una huelga de 24 horas el próximo 31 de marzo. La medida se repetirá el 8, 17 y 23 de abril, según el esquema votado. Estas iniciativas impactarán no sólo en las facultades sino en los colegios dependientes de las universidades, ya que son los trabajadores no docentes los encargados de abrir las instituciones cada día.

La protesta universitaria en la UBA

En el caso de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) viene llevando adelanta un paro por tiempo indeterminado que impacta en el normal funcionamiento de varias facultades.

A principios de marzo, desde la UBA presentaron un informe de evolución salarial en el que destacaron que el sueldo real “se encuentra en su mínimo histórico”: 35,6% por debajo de noviembre de 2023 e incluso 2,7% “por debajo de los peores niveles alcanzados en 2004”.

En este contexto, la AGD-UBA de esa casa de estudios remarcó que “sin convocar a paritaria (como desde hace dos años) y desconociendo la Ley de financiamiento universitario que implicaría un aumento de 55,4% del salario (para equiparar la deuda desde diciembre 2023 a la actualidad), el gobierno de Milei fijó de manera unilateral un incremento salarial de 2,5% para enero, 2,2% para febrero y 2% en marzo”.

“De pagarse este 6,7% –que aún no se cobró–, el gobierno nos debería ahora un 49% de aumento, según establece la ley que el gobierno no aplica. Por eso, del 30/3 al 1 de abril, la docencia de las universidades nacionales va al paro en todo el país”, expresaron.

Fuente: Agencia DIB

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