Luego de que el presidente Javier Milei anunciara sanciones a las empresas extranjeras que exploten el petróleo de las Islas Malvinas y vulneren la soberanía nacional sobre el archipiélago, la causa por daño ambiental y soberano avanzará en el fuero federal. Así, el Juzgado Federal de Tierra del Fuego intervendrá en el hecho.

En ese contexto, la jueza federal de Garantías de Río Grande, Mariel Borruto, se declaró competente para intervenir en la acción preventiva contra las dos petroleras extranjeras que forman parte del proyecto Sea Lion.

Según pudo constatar Infobae, se trata de un yacimiento offshore producto de la unión comercial entre la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Ambas tienen previsto perforar y extraer petróleo de la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, es decir, en la plataforma continental argentina.

La presentación fue promovida por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que solicitaron el cese de las tareas vinculadas con el emprendimiento hidrocarburífero.

Como argumento, las organizaciones sostuvieron que las compañías avanzaron con etapas logísticas y de construcción bajo licencias emitidas de manera unilateral por el Reino Unido. Por este motivo, denunciaron que el proyecto carece de una evaluación de impacto ambiental ante autoridades argentinas y del certificado de aptitud ambiental previsto en la Ley General del Ambiente N° 26.675.

Además de asumir la competencia, Borruto ordenó dar participación a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Según el sitio Fiscales, la magistrada consideró que el área donde se proyecta la iniciativa se encuentra dentro de la jurisdicción provincial, por lo que el Estado fueguino posee atribuciones sobre los recursos naturales y la regulación ambiental.

De esta manera, la resolución dispuso que la Fiscalía de Estado provincial tendrá diez días para ejercer la representación correspondiente en resguardo del patrimonio y el ambiente estatal. También intimó a los demandantes a que, en un plazo de cinco días, informen si iniciaron procesos con el mismo objeto en otros tribunales.

En línea con esto, las organizaciones deberán traducir los documentos redactados en idiomas extranjeros y presentar en formato digital la documentación necesaria para analizar las medidas cautelares solicitadas.

La decisión judicial coincide con el dictamen de la Sede Fiscal Descentralizada Río Grande, a cargo del fiscal Marcelo Rapoport y con intervención de la auxiliar fiscal Lorena Bendaña. En este documento, el Ministerio Público Fiscal entendió que el eventual impacto ambiental excede una jurisdicción local, debido a la conexión oceanográfica de las aguas del Atlántico Sur con las ecorregiones del Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur.

Según lo informado, el proyecto Sea Lion contempla una infraestructura de pozos submarinos, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, además de ductos y conductos verticales. Por esto, para Borruto esas instalaciones se ubicarían sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental bajo jurisdicción marítima nacional.

En el dictamen, Bendaña sostuvo que las empresas pretenden desarrollar una actividad capaz de provocar daños sobre recursos naturales de la República Argentina sin que las autoridades nacionales hayan evaluado sus consecuencias.

En este sentido, la Fiscalía remarcó que los organismos argentinos no pudieron acceder ni controlar de forma integral la información técnica de la iniciativa, requerir estudios independientes, garantizar instancias de participación ciudadana ni resolver sobre su aprobación o rechazo. Así, el planteo se apoya en el carácter preventivo del derecho ambiental ante daños que podrían ser irreversibles o de difícil recomposición.

Por otro lado, la jueza Borruto también consideró que la demanda involucra un posible daño a la soberanía nacional, más allá de la discusión ambiental. En su resolución, señaló que el reclamo comprende la defensa de un interés federal vinculado con la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

En consonancia con este planteo, la Fiscalía citó la Ley de Hidrocarburos N.º 26.659 y su modificatoria, la Ley N.º 26.915, que establecen la ilegalidad de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos realizadas sin autorización argentina en la plataforma continental.

Por esta razón, el dictamen añadió que la explotación unilateral de recursos naturales por parte del Reino Unido resulta incompatible con el proceso de negociaciones promovido por las Naciones Unidas. Según el Ministerio Público Fiscal, las resoluciones internacionales reconocen la existencia de una controversia de soberanía y exhortan a las partes a evitar medidas unilaterales mientras permanezca abierta.

A raíz de esto, la Fiscalía remarcó que la combinación de un presunto daño ambiental interjurisdiccional, la afectación de un interés soberano y la ubicación del proyecto en la plataforma continental argentina configura un caso de competencia federal. Con las medidas ordenadas, el expediente quedará a la espera de la intervención de Tierra del Fuego y del cumplimiento de los requerimientos dirigidos a las organizaciones demandantes.

La tan esperada reunión entre el Papa León XIV y la CGT en la Argentina ya tendría fecha y lugar definidos: se realizará el lunes 9 de noviembre en el Campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA) y contará también con la participación de representantes del empresariado y de los movimientos sociales.

La posibilidad del encuentro, en realidad, iba a ser planteada por los líderes cegetistas Gerardo Martínez (UOCRA) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), quienes, como parte de una delegación de sindicalistas, empresarios y representantes de movimientos sociales que deliberaron jueves y viernes en el IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, en Roma, serán recibidos por el Papa en una audiencia privada que tendrá lugar este sábado, a las 17 hora argentina, en el Vaticano.

Sin embargo, aunque el preciado lugar en la agenda de la visita papal a nuestro país ya se confirmó, Martínez y Jerónimo aprovecharán el contacto con el Sumo Pontífice para hablar sobre el deterioro de la situación social y laboral en la Argentina, con especial hincapié en la pérdida de empleos, la caída de los ingresos y el creciente endeudamiento de las familias y de las pymes.

La iniciativa de Martínez, uno de los referentes del sector dialoguista, causó malestar en algunos de sus rivales internos que se sienten marginados en la relación con el Vaticano, pero cerca del líder de la UOCRA destacaron que nunca se ocultó que era un encuentro pactado por la delegación de Fratelli Tutti y que por eso también se incluyó en la comitiva que verá hoy al Papa a Jerónimo, uno de los 3 cotitulares cegetistas, para anticiparle la problemática de los trabajadores argentinos.

Aun así, la interna perpetua de la CGT hace que se amplifiquen situaciones que a la distancia no parecen conflictivas. Ahora que está confirmado el encuentro en Buenos Aires con León XIV incluso hay quienes prevén fricciones sindicales porque los encargados de organizar la visita del Papa pidieron que la comitiva cegetista no sea muy numerosa y, como es obvio, hay demasiados dirigentes que pugnan por sumarse a esa reunión que garantiza una foto de fuerte impacto político.

¿Cómo se resolverá la selecta nómina de sindicalistas que irán a la UCA para reunirse con el Papa? Algunos que cuestionan el sistema de decisiones en la CGT porque “todo pasa solamente por 8 o 10 dirigentes” temen que en este punto suceda lo mismo y por eso pedirán que un tema tan sensible sea debatido por el Consejo Directivo a pleno, que en total tiene 50 integrantes.

Más allá de ese probable conflicto, el encuentro con el Papa en la UCA será el eje de la charla que la semana que viene tendrá Jorge Sola (Seguros), otro de los cotitulares de la CGT, con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, quienes están encargados de coordinar desde nuestro país los detalles de la agenda local de la visita de León XIV.

Los desafíos de la IA en el sector laboral

En su intervención en el IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, Gerardo Martínez planteó la necesidad de construir un nuevo contrato social con la participación de todos los sectores y sostuvo que la visión impulsada por León XIV interpela a empresarios, sindicatos y Estados a debatir respuestas conjuntas frente a las desigualdades y las transformaciones en el mundo del trabajo.

Además, el líder de la UOCRA, que es miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el sector trabajador, se refirió a los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial en el mercado laboral y destacó que su postura consiste en “no resistir la innovación, no aceptar la exclusión y negociar la transición”. “No queremos discutir si la inteligencia artificial va a llegar. Ya llegó -dijo-. Queremos discutir cómo la incorporamos, quién participa de las decisiones y cómo distribuimos los beneficios que genera”.

Martínez se pronunció en favor de que “la inteligencia artificial esté al servicio de la producción y que la producción esté al servicio del desarrollo humano porque el futuro del trabajo no puede decidirlo solamente un algoritmo”. Por eso, advirtió, “desde el movimiento sindical no debemos pararnos frente a la inteligencia artificial para detenerla” sino que “tenemos que sentarnos en la mesa donde se decide cómo se incorpora”.

Luego de remarcar la “responsabilidad compartida” entre los trabajadores, los empresarios y el Estado, pidió “construir un nuevo acuerdo entre capital, trabajo y Estado”, que incluso “incorpore la inteligencia artificial a la negociación colectiva, que garantice capacitación permanente y reconversión laboral, que preserve la intervención humana en las decisiones que afecten al trabajador y que asegure que una parte del aumento de productividad generado por la tecnología se traduzca también en mejores empleos, mejores ingresos y mejores condiciones de vida”.

El oficialismo se vio obligado a tener que debatir la situación creciente de morosidad que hoy vive buena parte de la sociedad en el país. A pesar de que el Gobierno con el presidente Javier Milei a la cabeza se mantuvo firme en que el problema es “entre privados” y que el Estado no tenía que intervenir, la oposición logró avanzar en el Congreso y poner fecha para terminar el debate en las comisiones.

Luego de subirse a la sesión que había pedido la oposición y acompañar los emplazamientos para evitar una derrota en el recinto, el bloque de La Libertad Avanza está trabajando en un proyecto propio para poder llevar al debate y tener una posición.

“Estamos trabajando en un dictamen propio”, señaló a Infobae Santiago Pauli, el diputado libertario que preside la comisión de Finanzas, cabecera del debate en el plenario de comisiones junto a Defensa del Consumidor.

Aunque el legislador libertario evitó dar detalles sobre los puntos en los que está trabajando el oficialismo, la senadora de la misma fuerza, Patricia Bullrich, adelantó el modelo por donde está trabajando el oficialismo.

La ex ministra de Seguridad, que fue la única que calificó como un “robo” las elevadas tasas, propuso implementar un “etiquetado frontal” obligatorio para los créditos financieros, similar al sistema de octógonos negros utilizado en los alimentos, que funcione para poner a los tomadores de créditos al tanto del costo real de los mismos. Su idea es que los préstamos de bancos y empresas fintech lleven advertencias claras para que se entienda exactamente las tasas y condiciones antes de endeudarse.

Esta idea fue tomada por diputados libertarios cercanos a la senadora que son los que están trabajando en el texto a presentar.

Otro detalle que podría contar el proyecto en el que trabaja el bloque libertario es que la toma de créditos de manera digital tenga un doble conforme. Es decir, que quien lo toma tenga que aceptar los términos y condiciones en dos oportunidades antes de acceder al mismo.

Este dato no es menor porque sustenta la idea del oficialismo que alguna vez esgrimió Milei que a nadie “le ponen una pistola en la cabeza” para tomar un crédito y endeudarse.

Desde la estrategia política, con esto La Libertad Avanza primero tiene algo propio para debatir y no solo los proyectos de la oposición. Además, también propone una salida a los socios parlamentarios.

“Si hay sectores que no dan quórum a una sesión porque la pide el kirchnerismo, imagínate que no van a acompañar ningún proyecto. En ese esquema ellos van a tener algo para llevar al recinto y nosotros nada, lo que nos obligaría a tener que discutir solo lo que proponga la oposición. Con esto, tenemos proyecto propio, mostramos que hicimos algo para la gente y, además, le damos una opción a los socios parlamentarios”, agregó una fuente libertaria.

Los socios parlamentarios quedaron bastante molestos con el bloque que conduce Gabriel Bornoroni por la estrategia que aplicó LLA de habilitar la sesión. El bloque libertario ingresó al recinto y, aunque un pequeño grupo de sus diputados se sentó y sumó al quórum, la gran mayoría -incluyendo a las autoridades y sus referentes parlamentarios- se quedó de pie al lado de sus bancas a la espera de que la oposición junte el bloque. El PRO y la UCR definieron esperar fuera del recinto.

“Que explique el oficialismo por qué acordó con la oposición y resignó hablar del costo fiscal de los proyectos”, dijo un legislador de la UCR bastante molesto con el posicionamiento libertario. “Nosotros no habilitamos sesiones que pida el kirchnerismo”, agregó un legislador del PRO marcando una fuerte diferencia con el oficialismo.

La intención libertaria es llegar al martes 15, la primera reunión informativa, con el proyecto ya listo.