El terremoto que sacudió Venezuela a fines de junio reabrió un canal de diálogo diplomático con Argentina que permanecía congelado desde 2024, cuando Caracas expulsó a los representantes argentinos tras el rechazo de Buenos Aires a los resultados electorales de julio de ese año. La catástrofe produjo un movimiento que la política bilateral no había logrado en casi dos años: el despliegue de un equipo consular y ayuda humanitaria argentina en un territorio devastado por dos terremotos que agudizó la crisis social.

El pasado miércoles, el canciller Pablo Quirno explicó el tono de ese vínculo actual entre Buenos Aires y Caracas, y habló de la apertura de “un espacio de diálogo” con la esperanza de que “termine en un entendimiento mejor”. Sin embargo, desde La Libertad Avanza (LLA) advierten que la ayuda humanitaria no equivale a reconocimiento político al gobierno de Delcy Rodríguez.

“Como ustedes saben, no tenemos hoy una representación consular fija en Venezuela y Venezuela ha accedido a que tengamos ese equipo consular ahí. Y obviamente esto abre un espacio de diálogo que esperemos que termine en un entendimiento mejor al que teníamos antes de esta tragedia”, afirmó Quirno el miércoles, cuando ofreció una conferencia de prensa tras reunirse con su par alemán, Johann Wadephul. Hasta los terremotos, el diálogo era nulo. Es más, la Argentina reclamó en todos los foros internacionales la liberación de los presos políticos, situación en la que se encuentra el abogado Germán Giuliani.

Sobre el terreno, la misión consular ya opera. “Compuesta por funcionarios diplomáticos, se encuentra presente en el terreno y, aun en las difíciles circunstancias imperantes, está llevando a cabo acciones de asistencia y acompañamiento a los damnificados y sus familiares, así como también tareas de gestión documental”, remarcó el canciller en X. La respuesta argentina movilizó recursos del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, Aerolíneas Argentinas e YPF, con brigadas y perros de rescate que ya realizaron hallazgos entre los escombros.

Hasta el momento, Argentina reportó seis ciudadanos muertos y tres desaparecidos. El balance oficial de la Cancillería registra además siete personas en situación de especial vulnerabilidad —cuatro grupos familiares con niños, dos individuos, un menor no acompañado y un ciudadano hospitalizado— y 12 gestiones documentales completadas hasta el 29 de junio, entre pasaportes de emergencia, autorizaciones de viaje para ciudadanos indocumentados y tramitaciones para connacionales que perdieron sus documentos durante el desastre.

Por otro lado, la diputada nacional por LLA Silvana Giudici, presidenta del recién constituido Grupo Parlamentario de Amistad (GPA) con Venezuela, trazó una línea clara frente a esa lectura. “El régimen de Delcy Rodríguez para nosotros no es un gobierno democrático”, sostuvo a Infobae, y aclaró que cualquier restablecimiento de vínculos debe ir acompañado de una transición política y la convocatoria a nuevas elecciones. “Podemos llegar a restablecer algún vínculo por la catástrofe, pero lo que estamos pidiendo como país es la transición democrática de Venezuela”, precisó.

Giudici también reclamó la liberación de Giuliani. “No vamos a dejar de pedir”, sostuvo, y remarcó que el gendarme Nahuel Gallo, que estuvo más de un año preso en Venezuela por disposición del régimen chavista, ya inició acciones legales contra el Estado venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. Para la legisladora, los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los años del régimen no pueden quedar sepultados bajo la emergencia: “Todo lo demás no se borra con el codo”, dijo.

El sismo doble del 24 de junio —con magnitudes de 7,2 y 7,5 según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS)— dejó hasta el momento más de 1.700 muertos y 5.034 heridos, según el balance oficial venezolano. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó los daños entre 4.700 y 8.700 millones de dólares, equivalentes al 4 y 8% del producto interno bruto (PBI) de Venezuela.

En distintos puntos del país se pusieron en marcha colectas solidarias. Casa Venezuela informó haber reunido una tonelada de insumos médicos en su sede de Combate de los Pozos 1055, en Buenos Aires. Voluntarios clasificaron el cargamento y el lunes enviaron dos camiones con cajas enumeradas, fechadas y clasificadas por categoría y fecha de vencimiento hacia el centro de acopio de la Asociación de Enfermeros de Argentina (ASOENVEAR), en Avenida Las Heras 2416. Esta semana partirá en un avión humanitario el primer lote, con un total superior a la tonelada en insumos y medicamentos.

Otra iniciativa, liderada por la Fundación Pastoral San Lucas, la Pastoral Universitaria y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), recaudó 21 millones de pesos para insumos médicos destinados principalmente a hospitales de La Guaira, la zona costera al norte de Caracas donde colapsaron más de 100 edificios. Los fondos serán transferidos a Cáritas Venezuela con una auditoría internacional a cargo de PricewaterhouseCoopers (PwC).

Giudici advirtió que el ingreso de ayuda a Venezuela está sujeto a fuertes restricciones, lo que hace inviable el envío por vías informales. “Si no lo hacemos a través de Cancillería, por la vía oficial, todo lo que los venezolanos están juntando acá se perdería”, señaló. El Grupo de Amistad Parlamentaria, advirtió, tiene prevista una segunda reunión para la semana próxima, con mayor participación de organizaciones venezolanas, iglesias y comunidades religiosas.

La reunión constitutiva del GPA, celebrada en la Cámara de Diputados de la Nación, contó con la presencia del presidente de la Cámara, Martín Menem, quien expresó su respaldo al pueblo venezolano: “Cuenten con la ayuda no solo de este Gobierno, sino también de todo el pueblo argentino que se está organizando para poder colaborar con ustedes”. También participaron representantes de la diáspora —Richard Blanco, Adriana Flores y Elisa Trotta— quienes pidieron mecanismos concretos para garantizar que la asistencia llegue a destino.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez —quien asumió tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses en enero de 2026—, enfrenta cuestionamientos por la lentitud de la respuesta estatal ante la catástrofe. Analistas consultados por Al Jazeera describieron la gestión gubernamental como “totalmente inexistente” o “completamente inadecuada”, en un país cuya infraestructura de emergencias quedó deteriorada por años de crisis económica y corrupción.

El PJ Federal prepara un nuevo acto del esquema político en el norte del país. Después de la presentación en sociedad en Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, y un segundo paso en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el tercer eslabón de la recorrida será en unas de las provincias del norte grande. Los dos lugares que están en agenda son Jujuy y La Rioja.

En principio, la provincia mas apuntada es Jujuy, donde gobierna el radicalismo. El objetivo es acompañar el proceso de ordenamiento de los PJ del norte. Especialmente los de Salta y Jujuy, que están atravesados por una intervención judicial y que ya tienen fecha para elecciones partidarias. En Salta serán el 2 de agosto y en Jujuy el 30 del mismo mes.

Los federales acompañan la reorganización partidaria, que dejó atrás la intervención política impuesta por Cristina Kirchner, y hoy está en manos de intervenciones judiciales. Ambos interventores son muy cercanos al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lo que agrietó, aún más, la discusión interna del partido en las provincias. Lo cierto es que en el esquema que lideran Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos y Federico Achával, respaldan el proceso de reordenamiento de los PJ provinciales. Lo ven como un paso clave para su esquema gane peso en el territorio.

En las dos provincias, el kirchnerismo ha perdido peso específico, lo que le da lugar al esquema federal para pisar el suelo norteño y acompañar el proceso electoral como parte de la construcción de un “peronismo normal”, como definió uno de sus integrantes, respecto a la necesidad de empezar a diluir las múltiples internas políticas y avanzar en la articulación de una propuesta nacional. En ese movimiento, aunque no esté expresado públicamente, hay menos kirchnerismo y más peronismo del interior.

“La construcción de la unidad es necesaria para enfrentar este experimento libertario de Javier Milei, pero esa unidad tiene que estar fundada en las ideas y no en las personas”, dijo Tolosa Paz durante una recorrida por Santiago del Estero en los últimos días. La diputada bonaerense trabaja en el tejido territorial del esquema político. Mantiene reuniones con intendentes, concejales, dirigentes de base y legisladores provinciales. Junta voluntades por el interior.

La afirmación de la legisladora define la identidad que el PJ Federal tiene en esta instancia de la construcción nacional. Hay una unidad respecto al programa económico que están armando, pero aún no hay un candidato a presidente que identifique el espacio. A priori, el nombre que más se emparenta con las ideas y la propuesta de esta estructura política es Sergio Uñac, aunque el sanjuanino ha decidido lanzarse a una caminata solitaria.

Un puñado de días atrás Tolosa Paz estuvo en Córdoba durante el Congreso Arquidiocesano de la Pastoral de Adicciones. Allí se encontró y compartió una charla con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien envió a los dos encuentros del PJ Federal al Secretario de Integración Territorial de la provincia, Nadir Nifury. Entre los federales consideran necesario reconstruir el vínculo con el peronismo cordobés, que se alejó del peronismo K después de la pelea con el campo en el 2008.

Aunque no lo exprese públicamente, Llaryora apuesta al crecimiento de un peronismo no kirchnerista a nivel nacional. Y el sector de los federales puede terminar siendo la base de un armado con esa tónica, en el caso de que las conflictivas relaciones cruzadas en el kirchnerismo, terminen por detonar la coalición justicialista. “Martín es un hombre de diálogo y habla con todos los sectores”, sostienen en la gobernación cordobesa. El puente está hecho y las conversaciones existen.

Los federales esquivan la interna bonaerense a como dé lugar. Creen que esa pelea intestina solo daña al conjunto del peronismo y lo aleja de la gente. En los últimos días Michel definió esa postura durante una entrevista en Radio 10 : “El peronismo no puede discutir todos los días la interna del conurbano bonaerense. Hay que volver a hablarle a la gente”.

El legislador entrerriano dijo que “los problemas que le importan a la gente son que llega al día quince del mes, pagó los gastos fijos, la luz, el gas y llenó un tanque de nafta, y no le queda plata para consumir”. En esa misma línea agregó que la gente está “endeuda y asfixiada financieramente”, motivo por el que los dirigentes del peronismo deben “dejar de hablar de la interna y ponerse a trabajar”.

En esas expresiones Michel planteó una disociación clara entre las prioridades de una parte de la dirigencia política del peronismo y las respuestas que necesita y busca la gente por parte de la política. Lejos de meterse en la interna, los federales abren en su espacio el paraguas protector de esa pelea anclada en el conurbano pero con alcance nacional, con el objetivo de abrazar a los dirigentes que están espantados por la conflictividad inncesante en el barro de Buenos Aires

“Esto va a terminar en una interna feroz por el metro cuadrado del kirchnerismo. Y alguien le tiene que hablar al resto del peronismo. Ahí aparecemos nosotros. ¿Quién quiere ir a un espacio donde Axel y Cristina se matan a cielo abierto?“, reflexionó uno de los principales dirigentes del esquema político.

Al igual que en otras terminales del peronismo, en el esquema federal visualizan un problema importante para la oposición si el Gobierno logra derrumbar las PASO. ¿Cómo se va a ordenar el justicialismo sin esa herramienta electoral? Surge en ese espacio la versión de un escenario de fragmentación similar al del 2003. Una hipótesis que empieza a tomar forma también en el kicillofismo y en el cristinismo, como consecuencia del agrietamiento en la relación entre ambos sectores.

En el camino de la construcción, este sector le abre la puerta a los heridos de las múltiplas internas que el kirchnerismo y los peronismos provinciales tienen en distintas localidades del interior. Aseguran que no hay candidato a presidente todavía, porque el peronismo está en una lógica caníbal y se deglute a esos nombres propios con facilidad. Cada paso es medido y calculado. Es criticado por los de afuera y valorado por los de adentro. Hoy cada cual atiende su juego, pero mira lo que sucede en la baldosa ajena.

En los hechos, el nombre de ese candidato no está. Pero tampoco fue buscado antes de la creación del espacio. En ese sector siempre entendieron que la única forma de aglutinar voluntades en esta instancia era si se abría un proceso de debate interno, previo a la militancia de una candidatura particular, que iba a imponer límites y condiciones desde el minuto uno.

Después del desembarco en el norte, el PJ Federal organizará dos actos más. En septiembre es muy probable que vayan a Mendoza. Una segunda opción podría ser San Luis. Mientras que en noviembre, como cierre de las recorridas en el año, viajarán a alguna provincia patagónica. Pica en punta Santa Cruz. Un paso atrás aparece Chubut. Para el final del año los federales esperan tener una estructura más sólida que la actual y un nombre propio, con proyección de candidato, para asomar al terreno electoral. Todo está por verse.

El Gobierno colocó al Congreso en el centro de la movida que, imagina, debería ir dando vuelta la página del caso de Manuel Adorni, a pesar de que suma novedades que refuerzan el pronóstico de un llamado a indagatoria. En esa línea, la instrucción que recibieron los legisladores del oficialismo fue precisa: avanzar con un puñado de proyectos entre los que asoma, como dato central, el trabado proyecto de reforma electoral. Esa iniciativa, y en especial el interno de eliminar las elecciones primarias, constituye la primera pieza del plan reeleccionista de Javier Milei. La prueba inicial está planteada en el Senado y demanda negociaciones, en especial con los gobernadores.

La indicación específica para los senadores y diputados de LLA fue expuesta en la reunión organizada por Karina Milei tras la salida de Adorni y realizada apenas 24 horas después de la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete. Algunas imágenes del acto, junto a la convocatoria de los bloques violetas, provocaron lecturas de fuerte sentido interno. La secretaria General dejó en claro su lugar en el máximo escalón del Gobierno, con proyección en el Congreso -señal particular para Patricia Bullrich– y su línea para las tratativas con los jefes provinciales, tarea del nuevo jefe de los ministros.

El Presidente expuso largamente en el inicio del encuentro y, en concreto, anticipó que enviará un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Dijo que están trabajando en el tema los equipos de dos ministerios – Economía y Desregulación-, pero no dio fecha para el envío del texto al Congreso. Después, Karina Milei resumió los objetivos inmediatos: destrabar la reforma electoral y avanzar con el proyecto que recorta subsidios al consuma de gas en zonas frías. Los dos textos están frenados en el Senado y el segundo, cuenta desde hace tiempo con aprobación de Diputados. En cambio, aún se espera la propuesta sobre modificaciones al mecanismo de “inocencia fiscal”, que también fue apuntado en la breve lista de iniciativas violetas.

La reunión con los legisladores fue continuada con un primer movimiento público del nuevo jefe de Gabinete, que se hizo una escapada al Senado para reunirse, junto a Patricia Bullrich, con representantes de los espacios dialoguistas. Fue un gesto, antes que nada, y formalmente apuntó a mostrar voluntad negociadora en el tema de zonas frías. No resulta un tema fácil, por los reparos de algunos gobernadores -en especial del Sur, aunque también de Cuyo-, que podrían derivar en “correcciones” y, si fuera así, marcaría el camino de regreso a la Cámara baja. Para más adelante quedó realizar un encuentro sobre la reforma electoral.

Ese proyecto político es, sin embargo, crucial para el oficialismo. Y es impulsado como primera pieza concreta para allanar el camino al plan reeleccionista. La intención de eliminar las PASO está vestida con el argumento del alto costo que representa el sistema de primarias vigente, aunque según se reconoce en medios libertarios, el punto central es otro: restarles juego a posibles frentes opositores.

El oficialismo parte de un presupuesto que hoy es realista: la candidatura de Milei para un segundo mandato alinea a todos en LLA y no estaría en discusión en la perspectiva de una alianza con sus actuales socios, nacionales -el PRO, en primer lugar- y provinciales. En cambio, el mecanismo de las PASO sería útil para dirimir la disputa en un armado opositor y evitar la competencia dividida en la elección general. Todo, por ahora, en el terreno de las especulaciones.

Existe además una cuestión vinculada al manejo de los tiempos. El tema electoral no es sencillo, no se limita al punto de las PASO y demanda negociaciones más amplias. Por el momento, no parece razonable a la vista de aliados y dialoguistas dejarse llevar por el apuro del oficialismo, que busca modificar el temario público después de más de cien días dominado por el caso Adorni.

Esa negociación, en especial con los jefes provinciales, supera la discusión sobre las primarias. Surgen variantes como la suspensión o la no obligatoriedad. Pero antes, entran en juego cuestiones de plata y asistencia a las provincias y, también, primeros sondeos sobre las apuestas electorales en cada distrito, es decir, si LLA dará pelea por el poder local a los gobernadores que busca sostener como aliados permanentes.

En materia de fondos, además, el panorama es complejo. La recaudación de mayo -positiva después de nueve meses de caída- aparecía en el mensaje del poder central como una señal de alivio y cambio de tendencia que permitiría mejorar las finanzas provinciales. Pero junio marcó una fuerte caída, con impacto en la coparticipación federal y restricciones en el flujo de partidas discrecionales. Santilli deberá lidiar en ese terreno, en el que, está visto, opera Karina Milei y también pesa Luis Caputo.

El referido tema de los tiempos está asociado además, y no de manera secundaria, al caso Adorni. Se combinan dos interrogantes: qué nuevos capítulos son difundidos y cómo termina de procesar todo el oficialismo. Es evidente la intención del Gobierno de dar por cerrada la historia, pero crecen o se mantienen las expectativas sobre los pasos judiciales -en primer lugar, la posible citación al ex jefe de Gabinete para que declare en Comodoro Py- y la actitud presidencial, que al menos en público volvió a defenderlo.

Milei armó una foto que generó desconcierto entre ministros y legisladores que venían esperando en silencio un paso al costado de Adorni y respiraron con alivio frente al desenlace del fin de semana. En la jura de Santilli, el Presidente llamó al ex jefe de Gabinete para compartir el abrazo con su sucesor. La postal de ese abrazo de los tres pareció un límite al despeque individual. Un gesto hacia la interna, con trascendencia pública.

El mensaje, que algunos entendieron como prólogo al encuentro con los legisladores, fue sostenido en momentos en que siguen apareciendo elementos que desnudan un “modus operandi” penoso del ex funcionario, más allá del volumen de las operaciones. No se trata ya de los montos en refacciones o las hipotecas que asoman por lo menos dudosas, sino de los gastos camuflados con tarjetas ajenas o facturas que no fueron hechas a su nombre.

Por lo pronto, en cuanto a los tiempos, nada indica que pueda haber definiciones rápidas en el terreno legislativo. El foco está puesto en el Senado. Y allí es inocultable la tensión entre Patricia Bullrich y Karina Milei, que además acaba de exponer -también frente al recambio en el gabinete- su lugar de poder interno.