Luego de varias idas y vueltas, el Gobierno finalmente quitó de la reforma laboral el artículo referido a las licencias médicas, el cual había generado críticas por parte de distintos sectores de la oposición, y el proyecto quedó a un paso de ser aprobado en el Congreso, aunque continúa el ruido interno por la decisión de haber sumado en un principio ese apartado.

Cuando se inició la polémica, las autoridades nacionales primero salieron públicamente a defender la medida que se había incorporado al texto original 48 horas antes de su votación en el Senado.

Uno de los referentes del Gabinete que lo hizo fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien justificó la reducción del salario al 50% por parte de los privados en determinadas situaciónes, al argumentar que “si te lastimaste jugando al fútbol, la empresa no tuvo nada que ver” y, por lo tanto, no debe afrontar toda la carga que demanda tener un empleado menos durante su recuperación.

Sin embargo, en los pasillos de la Casa Rosada reconocían que se trató de un error por parte del oficialismo y al poco tiempo anticiparon que esa iniciativa iba a ser eliminada antes del debate en la Cámara de Diputados, lo que efectivamente sucedió.

Incluso, en los pasillos de la Casa Rosada responsabilizaron directamente a Sturzenegger, al considerar que con esas declaraciones “se mandó una de más, como siempre”, porque esos dichos habrían provocado el malestar contra las modificaciones en las licencias médicas.

En tanto, consultados por Infobae sobre esta interna, en el entorno del funcionario aseguraron que estaban “tranquilos” y que iban a continuar trabajando en todos los temas que están en agenda.

Además, aseguraron que la inclusión de este artículo la reforma laboral no fue un pedido de esta cartera: “No estaba en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo. Por ende, está claro aue no es algo que se impulso desde el Gobierno o el Ministerio”, señalaron.

Lo cierto es que la medida fue sumada poco antes de que el texto recibiera media sanción del Senado, y establecía que, “en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración”, siempre que esa condición “fuera producto de una actividad voluntaria y consciente”

Asimismo, se remarcaba que, “si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración”.

Ante la presión de los bloques aliados y de algunos gobernadores, La Libertad Avanza optó por quitar todo este apartado antes de que la medida fuera votada en Diputados, lo que obligó a que el texto volviera al Senado, que lo tratará el viernes que viene, por lo que se demoró su sanción definitiva.

“No pedimos nada de ese artículo. Es más, la UIA (Unión Industrial Argentina) ya manifestó que ellos tenían propuestas sobre ese tema y la decisión consensuada era la de no hacer cambios sobre el proyecto enviado. No vino de nosotros”, insisten desde el lado de Sturzenegger.

En una entrevista en Infobae en vivo, el presidente de esa entidad, Martín Rappallini, lamentó que se haya retirado esa iniciativa y opinó que “es un tema muy complejo, porque hay muchas variables”.

Efectivamente, el empresario contó que la cuestión fue analizada durante las reuniones del Consejo de Mayo, mesa de trabajo impulsada por el Ejecutivo y en la que comparte un lugar junto al ministro.

“Nosotros habíamos planteado en algún momento que fuera el 100% no remunerativo, sin cargas, para que el Estado se hiciera cargo”, detalló.

Por su parte, tras la interna, Sturzenegger se encuentra ahora abocado a otras tareas que tenía en agenda, como la preparación de las normas que se tienen que implementar para que pueda comenzar a regir el acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos.

La administración libertaria se comprometió en ese tratado a adaptar la legislación local y también adoptar una serie de puntos para facilitar el intercambio de bienes y servicios con Washington.

De acuerdo con lo que precisaron a este medio fuentes de la cartera de Desregulación, “no todas estas medidas son leyes”, sino que en algunas ocasiones “solo implica cambios normativos de menor nivel”.

En esos casos, las modificaciones necesarias podrían hacerse “a través de Decretos o incluso Resoluciones”, en los cuales ya está trabajando el funcionario desde la firma del acuerdo.

De todas formas, el convenio tiene todavía que ser aprobado en el Congreso, pero su debate se demoraría hasta el mes próximo. Esta semana será la última semana de las sesiones extraordinarias y los diputados y senadores tienen varios temas en agenda.

Luego de la aprobación de la reforma laboral del jueves pasado, el proyecto terminará de ser discutido en la Cámara alta el viernes próximo, junto con el nuevo régimen penal juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

El inicio del ciclo lectivo 2026 está en peligro: la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) decidió este viernes un paro nacional docente para el 2 de marzo, como parte de un plan de acción que incluirá movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país, en reclamo de la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y de un aumento salarial que supere la inflación.

Por su parte, los sindicatos educativos de la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias” y destacaron “la grave situación presupuestaria que atraviesa la educación pública”.

En el caso de CTERA, el paro fue resuelto en un congreso extraordinario de la entidad, que lidera Sonia Alesso, donde, además del reclamo salarial, se exigió una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento urgente del presupuesto educativo.

Además, durante el congreso de CTERA se reiteró “el rechazo a toda reforma laboral regresiva y al avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación”, en tanto demandó “condiciones dignas de trabajo, infraestructura adecuada, recursos pedagógicos, conectividad para el dictado de clases y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes”.

Durante el encuentro también se insistió en el rechazo de la organización al proyecto de Ley de Libertad Educativa que impulsa el gobierno de Javier Milei y por eso se decidió impulsar acciones durante todo el mes de marzo para “informar y esclarecer a la comunidad sobre el verdadero significado de este proyecto y las consecuencias que implicaría para la educación pública”.

Por su parte, en un comunicado de prensa, la UDA, que lidera Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), dirigida por Fabián Felman, advirtieron al Gobierno Nacional que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si no convocas a paritarias”.

Los dos sindicatos subrayaron que “si no se concreta una convocatoria urgente a paritarias, el conflicto con el sector docente podría profundizarse y prolongarse, lo que afectará —por imposición de las actuales circunstancias generadas por el Gobierno— el normal funcionamiento del ciclo lectivo”.

Además, destacaron la grave situación presupuestaria que atraviesa el sector: “La educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión del Estado Nacional de retirarse de sus obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en Argentina”.

UDA y CEA señalaron que “se derogó la normativa que obligaba a garantizar la inversión en el sistema educativo y el presupuesto destinado a la educación técnico profesional”, lo que “genera un gran impacto negativo en la calidad educativa, en la desigualdad y en el futuro de cientos de miles de alumnos y alumnas”.

Por esa razón, insistieron en que “el Gobierno debe convocar a paritaria, ya que es una herramienta de paz y de diálogo para la resolución de conflictos”, al tiempo que reiteraron que “el salario mínimo docente actualmente se encuentra en niveles de indigencia”.

Ante la circulación de un borrador sobre un nuevo proyecto de reforma educativa, además, los gremios que integran la CGT adelantaron su rechazo: “Anticipamos nuestro rechazo al proyecto de Libertad Educativa, que detonará el sistema educativo argentino”.

Finalmente, tanto UDA como CEA remarcaron que “los docentes advertimos que las situaciones que se generan en el sistema educativo nos imponen defender la educación y los derechos salariales y colectivos de todos los trabajadores de la educación”, y concluyeron: “El Gobierno Nacional debe convocar a paritaria docente en el marco del artículo 10 de la Ley 26.075 para tratar condiciones laborales, carrera docente y salario mínimo”.

Como anticipó el Ministerio de Capital Humano, los equipos técnicos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a cargo de Julio Cordero, definen por estas horas la cifra que aplicarán para multar monetariamente a los gremios de trenes y colectivos que se plegaron al paro del pasado jueves contra la reforma laboral. Lo cierto es que la medida fue adoptada a raíz del incumplimiento de las conciliaciones obligatorias vigentes en los conflictos de la UTA y la Fraternidad, luego de que se plegaran a la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Si bien hubo intenciones de avanzar con la quita de la personería gremial, el Gobierno Nacional redefinió la estrategia y se inclinó aplicar una multa monetaria tras incumplir el instrumento jurídico. “No hablamos de revancha ni venganza, lo que buscamos es dejar el mensaje de que incumplir con una conciliación es grave. Tienen que cumplir con la ley. Ellos están acostumbrados a hacer lo que quieren sin que nadie haga nada”, sostuvo una fuente inobjetable ante Infobae.

En la previa al paro del jueves, la Secretaría de Trabajo se anticipó y alertó a las organizaciones sindicales que cualquier acción directa representaría un incumplimiento de la instancia de conciliación. “La adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia”, remarcaron.

Hasta entonces, la cartera que lidera Sandra Pettovello, una de las ministras más elogiadas por el presidente Javier Milei, trabaja en las cifras que aplicarán contra los gremios. El número surge de un cálculo técnico por sobre la cantidad de empleados que cesaron sus tareas durante la jornada del pasado jueves en rechazo al tratamiento del proyecto de reforma laboral que se discutía en la Cámara de Diputados y que finalmente obtuvo media sanción.

“Una multa va a doler más. La idea es que sea alta y justa, de acuerdo al daño que produjeron”, sostuvieron por los pasillos de Balcarce 50 para explicar el cambio de estrategia.

La determinación se tomó a raíz de la violación al procedimiento de Conciliación Laboral Obligatoria en curso que compromente a ambos gremios. En el caso de la UTA, se dictó el 10 de febrero pasado y rige hasta el 26 del mes, a partir del anuncio del gremio de colectivos de hacer paros en el interior del país en el marco de un reclamo salarial. Mientras que en el caso de La Fraternidad tuvo lugar el 4 de este mes, por el mismo plazo, y venció el pasado jueves.

Si bien inicialmente la idea era quitarles la personería jurídica, en la administración libertaria plantean que se trata de un trámite extenso, que podría suponer trabas judiciales, por lo que avanzaron en un redireccionamiento del accionar a pedido de la Secretaria de Transporte. De esta forma, esperan darle además una “nueva oportunidad” para los gremios que, en caso de que desconozcan el pago, la administración libertaria retomará la idea de aplicar la pena máxima y avanzará con la quita de la personería gremial.

Con la media sanción de la reforma laboral obtenida en la Cámara de Diputados, y a la espera de la revalidación en el Senado luego de la eliminación del artículo 44 relativo a las licencias médicas, en Balcarce 50 festejaron el bajo acatamiento del paro convocado por la CGT. “Fue un paro muy tranquilo”, se vanaglorió una importante fuente con acceso al despacho presidencial que atribuyó la ausencia de una movilización masiva al impedimento de la central para convocar a las bases.

“Diría que entienden el momento histórico, pero la verdad es que no pueden juntar gente”, planteó un interlocutor violeta que supo tener buen diálogo con el sector y que se prepara para hacer frente a la judicialización que prometieron los gremios.