A través del Decreto 95/2026, el Gobierno dispuso que desde este lunes el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, tenga la potestad de firmar acuerdos para transferir la Justicia del Trabajo desde el ámbito nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta medida se da a poco más de un mes y medio de haberse logrado un dictamen de mayoría que avala el proyecto de reforma laboral y que la discusión en el Senado ingresara en una semana definitoria, con una sesión convocada para el miércoles próximo, a partir de las 11.

Este lunes, Patricia Bullrich se reunió en la Cámara alta con sus pares dialoguistas, quienes son los dueños de las adhesiones que inclinarán la balanza hacia una victoria o una derrota. Asimismo, la mesa política del Gobierno volverá a reunirse este martes para terminar de decidir qué hacer con el capítulo fiscal del proyecto, que es cuestionado por algunos gobernadores y sectores de la oposición.

Allí, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibirá en sus oficinas a Patricia Bullrich; Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el ministro de Economía, Luis Caputo. Según supo este medio, la asistencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con actividades durante la jornada, está en duda.

El Gobierno es optimista con que el proyecto salga y, por eso, facultaron a Adorni para transferir la Justicia Laboral a CABA.

Con esto, a partir de ahora será tarea de Manuel Adorni negociar y cerrar el traspaso de competencias laborales con las autoridades de CABA. El decreto establece además la posibilidad de que, una vez firmado el acuerdo principal, puedan sumarse adendas o convenios complementarios sin necesidad de un nuevo acto presidencial.

El conflicto trasciende la letra de este decreto. Se trata de quién ejerce el poder real sobre los tribunales laborales con sede en la Ciudad. El debate se arrastra desde la reforma constitucional de 1994, cuando la Ciudad de Buenos Aires adquirió el estatus de autonomía y la facultad de organizar su propio Poder Judicial.

Hasta el momento, el funcionamiento de la Justicia del Trabajo estuvo bajo control nacional, con jueces y cámaras de apelaciones designados por el Estado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos como “Corrales” y luego en “Bazán”, remarcó que esta situación debería ser solo temporaria y recordó que “el carácter nacional de los tribunales ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es meramente transitorio”.

Al respecto la Corte, alegó que mantener el actual esquema significa, en palabras del Tribunal, “un inmovilismo” que va contra la autonomía porteña y debilita la fuerza de la Constitución Nacional. El texto remarca que existen “graves consecuencias de distinta índole” si esa transferencia no se concreta.

La disputa tomó impulso en años recientes, cuando se sancionaron en la Legislatura porteña la Ley 6.789, que reestructura la justicia laboral local, y la ley 6790, que establece un nuevo Código Procesal para el fuero del trabajo. A partir de estas normas, la ciudad creó una nueva Cámara de Apelaciones del Trabajo con seis jueces y diez juzgados de primera instancia. Todo el sistema quedaba listo para comenzar a funcionar, pero surgieron obstáculos.

En respuesta, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional promovió una acción judicial contra la puesta en marcha de las leyes locales. Consideraban que la Ciudad no podía avanzar unilateralmente sin cerrar primero un acuerdo institucional con la Nación. La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal les dio la razón y dictó una medida preventiva: mientras no haya acuerdo entre ambas jurisdicciones, las leyes porteñas no pueden aplicarse.

La sentencia de la Cámara sostiene que debe existir un traspaso “racional” y acordado, cumpliendo con la ley nacional 24.588 y respetando el artículo 129 de la Constitución Nacional. “La aplicación de las leyes locales queda suspendida hasta que se firmen los acuerdos institucionales exigidos”, indica el fallo, cuya vigencia podría extenderse hasta una sentencia definitiva o el cierre formal del convenio.

Desde la Presidencia de la Nación justificaron el decreto de hoy citando esas mismas sentencias. Sostienen que falta un acuerdo concreto con la Ciudad y que el paso indispensable es habilitar al jefe de Gabinete para representarlos en la negociación. Cuando finalmente se logre el entendimiento, ese texto deberá pasar por el Congreso de la Nación para su aprobación final.

En la fundamentación, el Poder Ejecutivo afirma que la medida está dentro de sus atribuciones constitucionales y recuerda que el presidente tiene la facultad de delegar tareas en el jefe de Gabinete.

El documento publicado hoy no implica que la Justicia Laboral pase bajo control porteño en forma automática. Fija las reglas para que el proceso de discusión y transferencia pueda iniciarse de manera institucional y con respaldo político.

El debate arrastra además consecuencias prácticas para trabajadores, empresas y abogados. Un traspaso de competencias modificaría el fuero donde se tramitan los conflictos laborales en la ciudad y obligaría a definir qué expedientes siguen en Nación y cuáles pasan a Capital. El Gobierno porteño avanzó en la designación de jueces y la estructura organizativa. Incluso, a través del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abrieron concursos para cubrir cargos en el fuero del trabajo.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, aseguró en una entrevista con Infobae en vivo que la reforma tributaria “es igual de importante que la reforma laboral”. El mandatario provincial subrayó la necesidad de modificar el sistema impositivo del país y planteó que el debate no debe limitarse a una sola de las grandes transformaciones en discusión: “Quiero tener una discusión de reforma impositiva integral de la Argentina, que creo que nos la debemos. Yo arrancaría por los impuestos distorsivos que tiene la Argentina, que son horribles”.

Durante el primer programa de Infobae al Regreso, Frigerio diferenció el capítulo fiscal del proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo nacional, al calificarlo de “apéndice” y señalar que carece de vinculación directa con la modernización de las normas laborales. Para el exministro del Interior, el núcleo del problema radica en la estructura tributaria: “En las provincias tenemos ingresos brutos, sellos, los municipios muchas veces cobran tasas que son impuestos, y el gobierno nacional tiene dos impuestos tremendamente distorsivos que no se cobran en ningún lugar del mundo, prácticamente, que son las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque”.

Según detalló el gobernador entrerriano, su gestión en la provincia de Entre Ríos se propuso reducir la carga impositiva y avanzar hacia el equilibrio fiscal. “En Entre Ríos yo bajé los impuestos, mis impuestos cayeron todos en términos reales, estoy bajando todo lo que puedo y, a la par, pasé del déficit que encontré al equilibrio fiscal, bajé la deuda en términos de ingresos y logré también llevar adelante una suerte de RIGI provincial, un RINI, Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones, donde todas las inversiones nuevas no pagan ningún impuesto, ni provincial ni municipal, durante quince años”, remarcó el gobernador.

El gobernador puso énfasis en la presión fiscal que enfrentan quienes tributan en el país: “Para el que paga impuestos, que no son todos, la presión impositiva es altísima”. Su propuesta es que la reducción de impuestos se aborde de manera coordinada entre nación, provincias y municipios, bajo el espíritu del último pacto fiscal que lideró como funcionario nacional.

Al referirse a la reforma laboral, Frigerio la calificó como “un antes y un después para la Argentina”, pero insistió en que el capítulo fiscal no debe ensombrecer el objetivo principal: “Lo importante de la reforma laboral no es este último capítulo. Este es un capítulo que suma, que se podría discutir perfectamente en una reforma impositiva integral, que yo apoyo esa discusión, que además tiene que venir acompañada de un acuerdo fiscal de los tres niveles de gobierno”.

En tanto, el mandatario provincial describió la situación de las provincias tras el proceso de descentralización fiscal y la magnitud de sus responsabilidades en salud, educación, seguridad y justicia. “La verdad que de un día para el otro, las provincias tuvieron que hacerse cargo de la gran mayoría del gasto público”, relató. “Ahora se está atacando, pero el déficit fiscal es la madre de todos los problemas macroeconómicos de la Argentina. No pongamos nunca en duda eso, nunca más, y privilegiemos el equilibrio fiscal por encima de cualquier cosa. Pero además, bajemos los impuestos”.

En cuanto al impacto de la reducción del impuesto a las ganancias, Frigerio aclaró que la medida afecta a todos los niveles de gobierno: “El impuesto a las ganancias baja los ingresos de todos los niveles de gobierno. De la nación, de las provincias y de los municipios”.

El dirigente subrayó que el país necesita una discusión amplia sobre su esquema fiscal: “La Argentina tiene que reducir su presión impositiva y, a mi juicio, tiene que arrancar con los impuestos distorsivos, los más distorsivos que tiene Argentina, que son: impuesto al cheque, retenciones a las exportaciones y, en el caso de las provincias, ingresos brutos y secundarios”.

Durante el diálogo, el exministro también abordó la problemática de la “industria del juicio”, a la que atribuyó la desaparición de numerosas pymes. “Es tremendo el tema de la industria del juicio. Tremendo. La cantidad de pymes que han desaparecido por la industria del juicio es dramático”, enfatizó.

Sobre la gestión del gobierno nacional, Frigerio evitó las críticas frontales y manifestó su deseo de que a la administración de Javier Milei le vaya bien. “Tengo muchas ganas de que este gobierno le vaya bien porque le va a ir bien a los argentinos, le va a ir bien a los entrerrianos. Y estoy trabajando desde hace dos años con esa idea y con esa lógica, más allá de la especulación personal, partidaria, electoral”.

A lo largo del diálogo, el gobernador de Entre Ríos insistió en la necesidad de que los principales temas de la agenda pública sean debatidos en el Congreso y celebró el giro hacia la discusión de reformas estructurales. A su entender, “modernizar las normas laborales que en la Argentina están estancadas de hace décadas” constituye un paso relevante para el país. Además, expuso que el régimen de incentivos provincial ya permitió comprometer inversiones por doscientos millones de dólares y la generación de casi dos mil puestos de trabajo nuevos.

El mandatario provincial concluyó su intervención destacando que la salida del populismo y la recuperación del crédito dependen tanto del equilibrio de las cuentas públicas como de la capacidad para avanzar en reformas institucionales y tributarias profundas, en línea con los desafíos que enfrentan la economía y la sociedad argentinas.

El Gobierno encara una semana clave, en la que buscará los primeros triunfos legislativos del 2026 a través de las medias sanciones del nuevo régimen penal juvenil y de la reforma laboral, por los que viene negociando con la oposición dialoguista desde comienzos de año.

Ambos proyectos serán tratados durante estos días, cada uno en una Cámara diferente, por lo que las últimas conversaciones que llevarán adelante los referentes del oficialismo se darán prácticamente en simultáneo en el Senado y en Diputados.

En el primero de esos recintos, el miércoles se debatirá la iniciativa que busca modernizar las leyes de trabajo, la cual generó una fuerte resistencia por parte de algunos sectores, especialmente el de los gremios, que si bien no consiguió el consenso para convocar a un paro, sí anunció una movilización.

Aunque son críticos de esta norma que impulsa la administración del presidente Javier Milei, los sindicatos todavía esperan una oportunidad para poder acordar cambios en algunos de los artículos que los perjudican, como las modificaciones en las cuotas solidarias y los fondos de las obras sociales.

Por su parte, las provincias también elevaron una queja puntual: pidieron algún tipo de compensación por la caída en las recaudaciones que significaría la baja de las alícuotas de Ganancias para las sociedades.

Aunque en un momento el Poder Ejecutivo prometió que iba a tomar algunas recomendaciones; recientemente, la cúpula libertaria habría decidido no hacer ningún retoque sobre el texto que ya tiene dictamen.

En tanto, el jueves la batalla será en Diputados, donde el escenario, en principio, estaría más claro, ya que el régimen penal juvenil contaría con el respaldo de varios bloques, y no solo de los aliados, como el PRO y el MID, sino también de otros que habitualmente están más alejados de La Libertad Avanza (LLA), como Encuentro Federal, de Miguel Ángel Pichetto.

De todas formas, el oficialismo buscará que no haya sorpresas de último minuto, como sucedió en otras sesiones importantes en el pasado, e intentará asegurarse los votos antes de cada elección.

Para esto, según pudo saber Infobae, desde el martes, los principales enviados del Gobierno prácticamente se instalarán en el Congreso para seguir de cerca las negociaciones finales.

Hasta allí irán el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, en representación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien por sus compromisos de gestión tendrá menos tiempo para dedicarle a este asunto.

Todos ellos estarán exclusivamente abocados a ayudar al titular de la Cámara baja, Martín Menem, y con la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, a sostener los votos para los proyectos que se van a discutir.

El más complejo, como se mencionó, era el de la reforma laboral, que no contaba, por ejemplo, con el respaldo de los gobernadores que integran el grupo de Provincias Unidas, Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz)

“Ellos no apoyan el desfinanciamiento a las provincias. Menos en este contexto de caída de coparticipación y recaudación a nivel local. Ya hicieron el ajuste las provincias. Esa es la postura del espacio”, aseguró una persona con diálogo fluido con uno de ellos.

Sin embargo, a pesar de los cuestionamientos, Llaryora y Pullaro suspendieron una reunión que iban a tener con dirigentes de la CGT, en un gesto de no querer romper el vínculo con la Casa Rosada.

Por su parte, Torres aparece como un jugador clave, con influencia no solo sobre Andrea Cristina, del Frente PRO, sino también sobre Edith Terenzi, del monobloque Despierta Chubut.

Asimismo, por un pedido de Santilli a varios de los protagonistas, el Ejecutivo logró suspender un encuentro que los mandatarios tenían previsto encabezar la semana pasada en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para analizar la reforma y acordar una postura en común.

Por otra parte, todavía Adorni no convocó a una nueva cumbre de la mesa política nacional, que integra junto a Santilli, Bullrich, Devitt, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor, Santiago Caputo.

El grupo se volvería a ver esta semana para terminar de delinear la estrategia legislativa y pensar cómo avanzar con el resto de los asuntos que están en agenda, como la ley de glaciares y los acuerdos comerciales con los Estados Unidos y entre el Mercosur y la Unión Europea.

Por otro lado, y tal como anticipó este medio, la cúpula libertaria evalúa extender un día las sesiones extraordinarias para aprobar la reforma laboral antes del 1 de marzo, ya que con los plazos actuales se complican los tiempos para que sea sancionada antes de esa fecha.

Todos estos puntos debe resolver la Casa Rosada en estos días en los que, finalmente, el Presidente estará en el país, tras haber cancelado el viaje a Miami por cuestiones de agenda y para consentrarse, justamente, en los conflictos locales.