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Aumentan las tarifas eléctricas un 9 %

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El Gobierno va a aplicar un aumento del 9 % a las tarifas de energía eléctrica hogareña, en lo que será el primero de dos aumentos a lo largo de este año, según informaron

La decisión se tomó luego de una reunión entre el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Martín Guzmán y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero. El encuentro terminó además con el pedido de renuncia a Federico Basualdo, el subsecretario de energía Eléctrica, en medio de una dura interna entre partidarios de pisar las tarifas, por un lado, y conceder aumentos para limitar el gasto en subsidios, por el otro.

Junto con la decisión de salir del congelamiento de tarifas en el sector eléctrico, dijeron fuentes oficiales, empieza además una etapa de trabajo de segmentación que estaba visiblemente retrasado para que los subsidios dejen de ser planos, iguales para todo el mundo.

“Basualdo se va por incompetencia. Se le pidieron escenarios de costos que nunca presentó. Tampoco avanzo con un eje fundamental de la gestión, que es la segmentación de tarifas. Ese pedido se hizo en diciembre de 2019″, contaron en el portal Infobae.

Fue una decisión del Presidente sin importante que fue puesto por Cristina Fernández de Kirchner. “No funcionaba”, argumentaron en la Casa Rosada, en clara referencia a las criticas del la vicepresidenta sobre algunos ministros del gabinete en diciembre de 2020, a los que se refirió como “funcionarios que no funcionan”.

La posición fiscalista de Guzmán salió como ganadora luego del laudo presidencial entre dos facciones: una que tenía la mirada puesta en proteger el salario real en lo inmediato y otra que hacía hincapié en moderar el costo de los subsidios, por el riesgo futuro de un desequilibrio fiscal y monetario.

Economía tenía que decidir en estos días si aceptaba la propuesta de incremento de boletas del gas que propuso el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que estableció que por el transporte y la distribución de ese fluido haya desde mayo un incremento de entre 6 y 7 por ciento para usuarios residenciales y de alrededor de 4 % para pequeñas y medianas empresas.

El aumento, finalmente, estará incluso por encima de esa recomendación. En línea con las aspiraciones de Guzmán de que los gastos del Tesoro en materia de subsidios se mantengan estables durante este año, en términos de su tamaño en comparación con el producto bruto.

Luego de que la balanza se inclinara en contra de los sectores más cercanos a la vicepresidenta, partidarios de limitar todo lo posible los aumentos de tarifas, el mercado recibió con sorpresa la novedad.

Pasados casi cinco meses del año el Gobierno aún no definió a ciencia cierta cómo serán los incrementos de tarifas tras el congelamiento que se mantiene desde 2019.

Y en lo que va del año las cuentas públicas ya lo sienten: en los primeros tres meses del año el Estado gastó $ 185.000 millones en subsidios económicos, un incremento de 73 % medido en forma nominal en relación con los $1 07.000 millones que se habían erogado en el primer trimestre del año pasado, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda.

Para el objetivo de Guzmán de cerrar el año con un déficit primario del orden de 4,5 puntos del producto es vital actualizar, entre otras variables, los subsidios a la energía y otros rubros.

Atrás de ese objetivo de limitar la diferencia entre ingresos y gastos a ese nivel determinado en la Ley de Presupuesto 2021 está en juego la estrategia con la que espera recuperar cierta estabilidad cambiaria y monetaria: un resultado peor al previsto no tiene otra forma de ser financiado que con más emisión monetaria, que puede echar más nafta al fuego de la inflación y poner en riesgo la estabilidad de la brecha cambiaria.

(Infobae y La Nueva.)

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Sienta precedente: declaran inconstitucional la designación de García-Mansilla y Lijo para la Corte

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El juez Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del decreto presidencial que había dispuesto el nombramiento en comisión como jueces de la Corte Suprema de Manuel García-Mansilla y de Ariel Lijo.

De esta manera, el magistrado a cargo del Juzgado Federal Número 2 de La Plata, dictó sentencia definitiva en el amparo iniciado por distintas organizaciones que solicitaban declarar la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto N°137/2025. Pese a que García-Mansilla renunció tras estar 40 días en el cargo y Lijo nunca asumió, el fallo busca sentar un precedente para evitar otras maniobras similares del Ejecutivo en un futuro.

“La Corte Suprema sostuvo que puede funcionar adecuadamente con tres miembros e indicó el mecanismo específico para su integración con conjueces en los casos excepcionales donde no se lograra el acuerdo necesario para tomar una decisión”, argumentó Ramos Padilla. Y sostuvo que “el nombramiento en comisión del García-Mansilla resulta más perjudicial para el sistema de administración de justicia, la división de poderes y la independencia judicial que acudir a la designación de conjueces”.

La decisión de Milei, acompañado por sus ministros, de impulsar mediante un decreto la designación de jueces en comisión “es violatoria de la forma republicana de gobierno, de la división de poderes, de la independencia del Poder Judicial y de la garantía del juez imparcial”, remarcó el juez federal en el fallo.

En ese sentido, defendió el procedimiento vigente al señalar que, tanto la necesidad de contar con un adecuado sistema de nombramiento de jueces que garantice la independencia judicial” como la aprobación de los pliegos a través “de una mayoría agravada en el Senado”, acompaña la jurisprudencia de la Corte Suprema “dictada con posterioridad a la reforma constitucional de 1994 y con distintos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

A fines de febrero, Milei decidió avanzar con la firma de un decreto para nombrar en comisión a Lijo y García-Mansilla, pese a no contar con el apoyo del Senado. Entre los fundamentos esgrimidos, indicó que la Constitución faculta al mandatario nacional a “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

El decreto finalmente llegó al Senado el 3 de abril. En una sesión especial, los nombramientos propuestos no lograron alcanzar las dos terceras partes de los votos necesarios y fueron rechazados. Días después, García-Mansilla presentó su renuncia, y ahora, tras dos semanas, el juez le dio un nuevo revés al Ejecutivo. (DIB)

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Tras los anuncios sobre reducción de organismos públicos, desde ATE advierten: “Los vamos a echar a ellos”

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Tras los anuncios del presidente Javier Milei sobre la inminente eliminación de organismos públicos, el secretario general de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, advirtió que el Gobierno está perdiendo popularidad y que “está cada día más cerca el momento” en que la sociedad “echará” a los actuales funcionarios.

Si bien reconoció que al principio la administración libertaria tuvo apoyo popular para avanzar sobre el Estado, explicó que “un año y medio después ellos están cada vez peor y a nosotros nos valoran más”.

“Está cada día mas cerca el momento en que los echemos a ellos. Van a quedar en la calle, van a sentir en carne propia el sentimiento que con tanta crueldad nos han generado”, sostuvo el dirigente de la CTA en diálogo con “Sin Corbata”, el programa que conduce Antonio Llorente por Radio Splendid AM 990.

En esta línea, Aguiar sostuvo que en este “momento particular” con un gobierno que “pierde consenso social”, los movimientos sociales, políticos y sindicales no deben “darle tregua”.

“Esas expectativas de buena parte de la población empiezan a desaparecer y mucho ha tenido que ver la lucha en la calle y la disputa de sentido que hemos levado adelante”, consideró.

“Estamos en un momento particular, un momento en el que el gobierno pierde consenso social, por eso no le tenemos que dar tregua y desde ATE dijimos que el 23 de este mes (habrá) protesta simultánea en todos los organismos públicos”, remarcó.

Para el líder del gremio estatal, “nunca fue tan evidente el recorte de salarios en el sector público”.

“El Gobierno celebra que ahorró con las cesantías masivas ilegales que se llevó adelante hasta ahora 1350 millones de dólares. Nadie nos dice a donde van a parar los ahorros que ejecutan en el Estado”, indicó.

“Contrariamente es un Gobierno que no construyó ni 10 metros de asfalto ni cambio una lamparita de un alambrado público”, cuestionó.

Según Aguiar, “nos gobiernan CEOs fracasados que nos están saliendo muy caro a todas las argentinos y argentinas”.

En otro orden, cuestionó fuertemente a UPCN, el sindicato estatal que se sienta en el paritaria con el Gobierno a acordar salarios y que rivaliza con ATE en el sector.

“El viernes a la mañana firmaron un 1% y a la tarde se difundió un 4% de inflación. Ahí anda el sindicato que firmó como arrepentido numero uno diciendo que le abran las paritarias”, lamentó.

Aguiar cuestionó el nuevo programa económico del Gobierno y advirtió sobre una aceleración de la inflación.

Por estas horas ha existido una remarcación generalizada de todos los precios de la economía que golpean los deteriorados salarios y jubilaciones”, alertó.

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Diputados debatirán un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

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La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles en comisión un dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de poder condenar a los menores que cometen delitos graves.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitó ayer que avancen con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.

Francos recordó que el Gobierno envió al Congreso de la Nación ese proyecto en junio del año pasado y señaló al defender esa propuesta que “quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto; por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años”.

Tras ser suspendido la semana pasada por la sesión sobre el criptogate, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodrigo Machado, convocó para el próximo miércoles a las 17.30 para deliberar en conjunto con las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.

La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsadas por legisladores de diferentes espacios políticos.

La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.

La estrategia del oficialismo es tener el miércoles firmado el despacho de mayoría para tratarlo en la primera quincena de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.

Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que, si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

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