A casi 12 años del primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares, el Vaticano será sede del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socio-ambiental Norte-Sur, que reunirá en Roma a representantes sindicales, empresariales, eclesiales, comunitarios y de organismos internacionales. El papa León XIV recibirá a los participantes en una audiencia privada el 12 de septiembre, en el Palacio Apostólico.

La reunión se desarrollará entre el 10 y el 12 de septiembre en la Casa Generalizia de La Salle, sobre la Vía Aurelia 476. La convocatoria propone una agenda de cooperación entre actores del Norte y el Sur del continente americano, con debates sobre inteligencia artificial, empleo, cuidados, adicciones, transición energética y protección de los territorios.

La delegación argentina contará, entre otros dirigentes, con el secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro “Peluca” Gramajo. También participará Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA); secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General del Trabajo (CGT) y miembro titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por el grupo de los trabajadores.

Las “tres T” del papa Francisco

El nuevo encuentro se inscribe en una línea de diálogo que el papa Francisco inició el 28 de octubre de 2014, cuando recibió en el Aula del Sínodo a referentes de movimientos populares de los cinco continentes. Aquella cita puso en el centro la consigna de las tres T: tierra, techo y trabajo. Para Francisco esa no era una consigna más.

• Tierra: el acceso a un territorio para vivir y producir, con especial atención a campesinos, pueblos originarios y comunidades afectadas por el despojo o la degradación ambiental.

• Techo: el derecho a una vivienda digna y a condiciones adecuadas de hábitat, servicios e integración urbana.

• Trabajo: empleo con salario justo, derechos laborales y protección social, como vía para sostener a las familias y participar plenamente en la vida comunitaria.

En septiembre de 2024, durante la conmemoración por el décimo aniversario de ese primer encuentro, Francisco definió esos principios como “derechos sagrados” y sostuvo que los sectores populares tenían un papel central en la construcción comunitaria y en la demanda de justicia social.

El pontífice argentino vinculó esa agenda con la desigualdad, la precarización laboral, el acceso a la vivienda, el endeudamiento, los efectos de la tecnología y la crisis ambiental. También pidió a los movimientos que actuaran dentro de la no violencia y que sostuvieran formas de organización capaces de responder a las necesidades de sus comunidades.

La conmemoración de 2024 incluyó un simposio promovido por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y el Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Allí participaron referentes sociales y eclesiales que repasaron el recorrido iniciado una década antes.

La continuidad de esa agenda quedó expuesta en el V Encuentro Mundial de Movimientos Populares, que se realizó en Roma entre el 21 y el 24 de octubre de 2025. Fue la primera reunión mundial de esas organizaciones con León XIV, luego de la muerte de Francisco el 21 de abril de 2025.

En la audiencia del 23 de octubre, León XIV afirmó que eligió su nombre en referencia a la encíclica Rerum Novarum, de León XIII, —la encíclica se publicó el 15 de mayo de 1891, su título en latín significa “De las cosas nuevas”— y propuso analizar las “cosas nuevas” desde las periferias. Ante los participantes, sostuvo que la tierra, el techo y el trabajo eran derechos por los cuales “vale la pena luchar”.

El Papa también expresó su respaldo a las organizaciones de base y señaló que su tarea no se limita al reclamo, sino que incluye respuestas concretas ante la pobreza, el desempleo, la falta de vivienda y la exclusión. “Estoy dentro, estoy con ustedes”, manifestó ante representantes de distintos continentes.

La declaración final de aquel V Encuentro reclamó el respeto de los derechos vinculados con las tres T y planteó demandas sobre trabajo digno, justicia ecológica, derechos de los migrantes, igualdad de género, paz y soberanía sobre los bienes comunes. El documento también advirtió sobre el impacto de los conflictos armados, la desigualdad económica, la precariedad laboral y la degradación ambiental.

El IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti reunirá a centrales sindicales como la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), la AFL-CIO, el Congreso Canadiense del Trabajo (CLC), el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y la UTEP.

También asistirán representantes de organizaciones empresariales, entre ellas la Organización Internacional de Empleadores (OIE), la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresas (Uniapac).

La lista incluye a la OIT, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), redes eclesiales, universidades, fundaciones y empresas como Microsoft.

Los organizadores, entre ellos la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL), el CELAM, la USCCB y la OEI, buscarán presentar acuerdos y acciones en seis áreas. La agenda contempla inteligencia artificial y dignidad humana, formación para el diálogo socioambiental, organización comunitaria y cuidados, juventudes y adicciones, inteligencia artificial y amistad social, y transición energética con protección de los territorios.

El papa León XIV plantea que la inteligencia artificial debe estar subordinada a la persona, la dignidad humana y el bien común. Sus principales conceptos son los siguientes:

• La inteligencia artificial es una herramienta, no un reemplazo de las personas. Puede colaborar con tareas complejas y aportar beneficios sociales, pero no debe reducir, sustituir ni despojar a las personas de su identidad, sus libertades fundamentales o su trabajo.

• La tecnología no equivale a inteligencia ni a sabiduría. El acceso a enormes volúmenes de datos no reemplaza la capacidad humana de discernir, buscar la verdad, establecer vínculos y dar sentido a la vida.

• La evaluación debe ser integral. León XIV sostiene que el impacto de la inteligencia artificial debe medirse según el desarrollo integral de la persona y de la sociedad: bienestar material, intelectual y espiritual, junto con el respeto por la diversidad cultural de los pueblos.

• La decisión moral no puede automatizarse. Los sistemas pueden simular razonamientos y tomar decisiones técnicas, pero no poseen conciencia, discernimiento ético ni capacidad de construir relaciones auténticas.

• Hace falta regulación local y global. El Pontífice reclama marcos de gobernanza que superen los criterios de utilidad, velocidad o eficiencia, y que se basen en la dignidad inherente y las libertades fundamentales de cada persona.

• Advierte sobre la desigualdad y la concentración de poder. La inteligencia artificial puede favorecer la igualdad, pero también puede utilizarse para beneficios particulares, concentración de riqueza, conflictos y agresiones. La pregunta central es quién controla la tecnología y con qué fines.

• Manifiesta preocupación por niños y jóvenes. León XIV alertó sobre las posibles consecuencias de estas herramientas en el desarrollo intelectual y neurológico de las nuevas generaciones. Considera que deben ayudar a la maduración y a la responsabilidad, no obstaculizarlas.

• Vincula la inteligencia artificial con una nueva revolución industrial. En sus primeras intervenciones como Papa, la ubicó entre los desafíos contemporáneos para la defensa de la dignidad, la justicia y el trabajo, en una referencia directa a la tradición social inaugurada por Rerum Novarum.

La encíclica Rerum Novarum es considerada como uno de los textos fundacionales de la doctrina social de la Iglesia. Abordó las consecuencias de la industrialización sobre los trabajadores, como los bajos salarios, las jornadas extensas, la precariedad y la falta de protección social.

En este texto, León XIII defendió varios principios: el derecho de los trabajadores a organizarse en asociaciones o sindicatos; el derecho a un salario justo; la protección de las familias trabajadoras; la propiedad privada, junto con su función social; la responsabilidad del Estado de proteger a los sectores más vulnerables; y la necesidad de cooperación entre trabajadores y empleadores para evitar los conflictos sociales.

La audiencia del 12 de septiembre cerrará tres días de reuniones en Roma, donde la agenda social de los movimientos populares coincidirá con representantes del trabajo organizado, el sector privado, organismos multilaterales y la Iglesia.

El encuentro tendrá una conferencia de prensa el viernes 11 de septiembre, a las 13 horas, en la Sala Stampa de la Santa Sede. Estarán el cardenal Jaime Spengler, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM); la presidenta de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), Liz Shuler; el vicepresidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), monseñor Daniel Flores; el cardenal Leonardo Steiner y monseñor Reginaldo Andrietta.

A pesar de que un sector de la oposición le pidió no organizar jornadas tan apretadas, con legisladores que saltan de un salón a otro, el oficialismo organizó un Supermiércoles de comisiones para las próximas horas en el Senado, donde se discutirán la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal II -libertarios buscarían dictaminar ambas o, al menos, una-, iniciativas relacionadas con la obra pública, y se reanudará el debate de un texto de radicales sobre beneficios para inversiones por más de USD 12 millones.

En medio de todo esto se realizará -14- la cumbre de Labor Parlamentaria, que comandará la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, para definir una casi segura sesión de cara a mañana. Ayer, la bancada mileísta, que lidera Patricia Bullrich (Capital Federal), mantuvo un encuentro informal con aliados y cerró una agenda que incluye cambios en cortes de biocombustibles y más transferencias de competencias penales de Nación a la Ciudad.

A partir de las 10.30, las comisiones de Economía Nacional e Inversión; y de Presupuesto y Hacienda escucharán las exposiciones del titular y vice del Banco Central, Santiago Bausili y Vladimir Werning, respectivamente, sobre la norma para reformar la Carta Orgánica, que ya fue avalada por Diputados y da marcha atrás con la que empujó el cristinismo en 2012, cuando se ampliaron los mandatos de la institución y se incluyeron cuatro nuevos objetivos: promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Si el Gobierno lograra la sanción en el Senado, el único fin será preservar el valor de la moneda. También se destaca un cambio en los mecanismos para remover al presidente de la entidad y a los integrantes del directorio, para lo cual se necesitará acreditar una “causal grave” y la aprobación con mayoría de dos tercios en ambas Cámaras.

Una hora más tarde -11.30-, la comisión de Infraestructura analizará un combo de propuestas. Allí aparece una del libertario Enzo Fullone (Río Negro) que sigue de cerca Balcarce 50 e impone un Régimen Excepcional para la Regularización de la Obra Pública, para darle un cierre definitivo a contratos de proyectos paralizados desde hace largos años.

Ya por la tarde -15-, las de Presupuesto y Hacienda; Legislación General; y Economías Regionales intentarán avanzar con la iniciativa de radicales que promueve un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a planes desde los USD 12 millones para grandes empresas. Por un lado, la amortización en Ganancias estaría direccionada, “para inversiones en bienes muebles amortizables”, en “dos cuotas anuales, iguales y consecutivas”.

En tanto, en cuanto a obras, será “como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil reducida, al sesenta por ciento (60%) de la estimada”; y en “equipos de riego agrícola y/o equipos de alta eficiencia energética, una cuota”, al igual que en “bienes semovientes amortizables” y “mallas anti granizo”. También se contempla la devolución de créditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La pregunta a hacerse aquí es si guiño a esto ablandaría la resistencia para obtener un despacho relacionado con el RIGI que desea la Casa Rosada, que habla de inversiones -e importantes beneficios, como pago del 15% en Ganancias- por más de USD 1.000 millones en sectores que el Ejecutivo considera “industrias del futuro”. Hasta anoche, nadie visualizaba un sendero de intercambio.

Desde las 17.30, un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y Presupuesto y Hacienda discutirán la ampliación de la Inocencia Fiscal vigente, a partir de la eliminación de los topes de ingresos -$1.000 millones- y patrimonio -$10.000 millones- que, hasta ahora, limitaban el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por ARCA. A través de esto, cualquier contribuyente con residencia fiscal en Argentina podrá adherirse al esquema, que reemplaza la declaración jurada tradicional por un mecanismo de presentación reducida.

La Fiscalía de Paraguay cree que los aparatos electrónicos pueden tener datos sobre las conversaciones entre los acusados y otras personas relacionadas con la investigación por lavado de dinero. A Edgardo Kueider lo allanaron el 5 de diciembre de 2025 en el dúplex del barrio San Vicente de Asunción donde cumplía arresto domiciliario. Allí le incautaron teléfonos y otros dispositivos de interés. Tras el operativo, le rescindieron el contrato de forma anticipada y debió mudarse a Luque.

El estudio informático se concretará el próximo viernes 18 de septiembre a las 9 de la mañana. Buscará establecer las interconexiones entre un grupo de seis personas relacionadas a la causa.

Dos son el ex representante de Entre Ríos en el Senado y su pareja Iara Guinsel. Otro par está integrado por Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat, dueños de la firma paraguaya con la que realizaba las operaciones inmobiliarias el exsenador.

Los cuatro están imputados por la Justicia del país vecino por lavado de activos. Las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez suponen que utilizaban dinero de ilícitos en Argentina para la compra de departamentos en Asunción. Kueider y Guinsel, además, fueron condenados por tentativa de contrabando.

Los restantes son Carlos Alberto Guasti Cabañas y Antonio Azouz Baladí. Guasti Cabañas es un hombre de negocios relacionado al real estate. Es el socio y dueño mayoritario del Grupo Petra. Se trata del conglomerado de bienes raíces más grande de Paraguay. Tiene una presencia dominante en Asunción. Ha erigido más de 20 complejos ya entregados.

El grupo fundado por Guasti Cabañas en 2016 construyó el edificio más alto del país vecino (el Petra Tower, de 44 pisos) y tiene en desarrollo un rascacielos que lo supera: el Petra Imperiale de 73 niveles.

El empresario paraguayo declaró en su momento que Guinsel había querido comprar en efectivo 5 departamentos en sus edificios. El valor estimado era de USD 600 mil.

La idea era ponerlos a nombre de Kueider, afirmó Guasti. Según sus dichos, la pareja del exsenador habría abonado una reserva de dos mil dólares. Pero como no presentó la documentación sobre el origen de los fondos, la operación cayó. Además, se dio intervención a la oficina contra el lavado de Paraguay por ser sospechosa.

Baladí Azouz es un empresario que también está ligado al mercado inmobiliario. Es el gerente general de Innova, una empresa en la que el exsenador y Guinsel intentaron invertir. En su declaración como testigo en la causa, consignó que Torales Benegas lo contactó en diciembre de 2024, a días del arresto de Kueider.

Fachadas

Torales Benegas y Cousirat aparecen como dueños de la empresa Golsur. Ambos adquirieron la firma meses antes de que el exsenador argentino cayera en la frontera con USD 200 mil sin declarar . Guinsel tenía un poder plenipotenciario sobre la empresa. Eso hace que se sospeche de que Torales Benegas y Cousirat eran testaferros.

La pareja de Kueider declaró en su momento que los USD 200 mil que tenían cuando los interceptaron en diciembre de 2024 pertenecían a Golsur.

Pero además Torales Benegas y Cousirat aparecen como accionistas de otra firma: Desarrolladora Exclusiva PY. La sociedad está registrada baja el esquema EAS (empresa por acciones simplificadas), similar a las SAS de Argentina. Se trata de una figura creada para agilizar el proceso de formación de unidades de negocios.

Exclusiva PY e Innova SA acordaron comercializar departamentos en forma conjunta en abril de 2024. En junio, Guinsel habría adquirido seis con sus respectivas cocheras. El desembolso se estimó en unos USD 460 mil. Los pagos se hicieron en seis cuotas entre el 19 de junio y el 17 de julio de ese año. Pero en septiembre el negocio se desarmó e Innova reintegró el dinero.

La Fiscalía paraguaya evaluó que Golsur se usó como “estructura de fachada”. Su función era la “recepción, administración e introducción al sistema económico de fondos de presunto origen ilícito”. Este dinero pertenecería en un principio “a los imputados extranjeros” Kueider y Guinsel. Pero se colocaron a nombre de la firma “con el fin de ocultar su verdadera propiedad y trazabilidad”, señalaron las fiscales intervinientes.

El mecanismo no sería una novedad. Para la Justicia argentina, el exlegislador entrerriano seguía un mismo modus operandi en nuestro país. El mascarón de proa sería Betail SA. A nombre de esta firma figuran departamentos de lujo en un edificio exclusivo de Paraná. La sociedad funcionó bajo la dirección de personas que para la investigación son prestanombres.

Daniel «Gonzalito» o «Pajarito» González, empleado del Senado y afectado al despacho de Kueider y el albañil Javier Rubel, primo del exsenador, se sucedieron en forma recíproca como presidentes de Betail. Pero las expensas y demás gastos de las propiedades llegaban a nombre de Guinsel. Y la compra la hizo Kueider con dinero en efectivo, según indicaron testigos de la firma desarrolladora.

Una de las investigaciones por lavado contra el exsenador se lleva adelante en el Juzgado Federal de San Isidro. En el expediente, tanto el fiscal Fernando Domínguez como la jueza Sandra Arroyo Salgado entendieron que Betail fue una «fachada» usada por Kueider para blanquear dinero de origen espurio.

Qué se analizará

La pericia buscará, recuperará y extraerá conversaciones que involucren a Kueider, Guinsel, Torales Benegas, Cousirat, Guasti Cabañas y Azouz Baladi.

Pondrán bajo la lupa los mensajes y llamadas del teléfono, SMS, WhatsApp, Instagram y cualquier otra aplicación de mensajería.

La investigación también intentará recuperar archivos de datos existentes y borrados, videos, audios y fotos. El lapso de tiempo que se tomará como parámetro irá desde enero de 2024 a diciembre de 2025.

En la lista de dispositivos a registrar están los secuestrados a Edgardo Kueider e Iara Guinsel en el allanamiento en San Vicente. Se trata de: cuatro iPhone (uno plateado, otro rosado, el tercero negro y el restante blanco), un celular marca Honor de color verde, un pendrive negro, un iPad gris plateado y una notebook negra.

Se suman los encontrados durante el procedimiento realizado en paralelo en el domicilio de José Fernando Cousirat. La lista incluye una notebook marca Acer y dos celulares, un Xiaomi negro y un Huawei azul oscuro.

Por último, se evaluarán los hallados en la residencia de Torales Benegas en la misma fecha. La requisa secuestró una notebook Gigabyte negra, tres celulares Samsung (Galaxy S24, Z Flip 5 y un J1) y un Motorola plateado. A esto se suman ocho pendrives, una tarjeta de memoria y un disco duro externo.