Tal como lo había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de la red social X, el nuevo secretario Legal y Administrativo quedó designado a través de un decreto publicado esta madrugada tras la repentina salida de José García Hamilton.

A partir de hoy, Juan Ignacio Stampalija quien hasta este momento se desempeñaba como suboprocurador del Tesoro de la Nación, reemplazará en el cargo a García Hamilton.

Sin embargo, el funcionario de Gobierno admitió que ya había sido notificado al respecto. “Hace algo más de un mes, José García Hamilton me comunicó que iba a tener que renunciar por razones personales. Quiero agradecerle especialmente por su compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado durante su gestión como Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía”, explicó Caputo mediante un tuit.

A su vez enfatizó: “También por tomarse el tiempo para hacer una transición tranquila, lo que demuestra además su calidad humana. Muchísimas gracias José!! @joseghamilton”, continuó diciendo, y completó el posteo señalando al nuevo titular de la Secretaría Legal y Administrativa que funciona bajo su órbita. “A partir del lunes, @juanistamp, quien hasta ahora se desempeñaba como Subprocurador del Tesoro de la Nación, asumirá esa responsabilidad, aportando toda su experiencia y capacidad profesional. ¡Bienvenido Juan! Estoy seguro de que harás una gran gestión”, adelantó el ministro.

Stampalija llega a Economía con la reputación que le ganó el haber integrado junto a Julio Pablo Comadira y Santiago Castro Videla el trío de espadas jurídicas que desde la Procuración del Tesoro de la Nación diseñaron y sostuvieron la estrategia legal que permitió revertir una condena de USD 16.000 millones en contra del Estado argentino en la justicia de Estados Unidos por la expropiación de YPF.

La cartera que dirige Caputo no cesa de tener movimientos. El último ocurrió hace poco más de un mes, cuando el jefe de Economía “le aceptó la renuncia” (tal fue la versión oficial) a Carlos Frugoni, quien se desempeñaba como secretario de Coordinación de Infraestructura. La escandalosa salida sucedió cuando se supo que tenía propiedades en Miami que no había incluido en su declaración jurada. Este movimiento se dio casi a la par de la investigación contra el jefe de Gobierno, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

En reemplazo de Frugoni, Caputo designó a quien era secretario de Transporte, el arquitecto Fernando Herrmann, y en su lugar nombró a Mariano Ignacio Plencovich.

A su vez, a fines de febrero había renunciado Alejandro Lew al cargo de secretario de Finanzas, lo que obligó a Caputo designar a Federico Furiase, que se desempeñaba como director en el Banco Central. Lew, que había comenzado sus tareas en el puesto en noviembre de 2025, se fue por una propuesta de emitir bono que había sido rechazada por el propio presidente Javier Milei.

En su momento, Lew, quien se había desempeñado previamente como jefe financiero (CFO) de YPF, había llegado al equipo de Caputo en reemplazo de Pablo Quirno, que dejó Economía para pasar a ocupar el puesto de ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina.

Un desprendimiento mucho más significativo y temprano fue la renuncia de Joaquín Cottani, el secretario de Política Económica, con que el equipo económico había iniciado su gestión tras la asunción del presidente Milei. Cottani se fue por diferencias significativas sobre la política económica, en particular sobre la política cambiaria del gobierno y, en línea con el pensamiento cavallista con el que se identifica, porque era partidario de un desmantelamiento más completo del cepo cambiario.

En reemplazo de Cottani fue designado poco después José Luis Daza, economista nacido en la Argentina, pero que también tiene nacionalidad chilena, y a quien Caputo conoce desde sus tiempos de operador en Wall Street. Otra incorporación, más reciente, fue la del economista uruguayo Ernesto Talvi, pero más en la función de asesor externo y gestor ante organismos internacionales, dada su reputación como excanciller y excandidato presidencial de Uruguay y su experiencia como funcionario del Banco interamericano de Desarrollo (BID).

Los senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio y Wado de Pedro, presentaron este domingo 31 de mayo, en el marco del Día Nacional de la Energía Atómica, dos proyectos de ley orientados a darle continuidad a las políticas de desarrollo nuclear argentino frente a lo que la posibilidad de cambios estructurales impulsados por el gobierno actual.

La primera iniciativa, firmada por ambos senadores, apunta a proteger la continuidad del reactor CAREM, el primer reactor nuclear de potencia diseñado íntegramente en la Argentina y uno de los desarrollos tecnológicos más novedosos del mundo en materia de reactores modulares pequeños.

El proyecto establece que cualquier decisión que implique la cancelación del CAREM, la transferencia de la tecnología generada en su marco o su desvinculación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) deberá contar con una mayoría agravada de dos tercios del Congreso nacional. La exigencia apunta a blindar institucionalmente un proyecto que concentra décadas de inversión pública y formación de recursos humanos especializados.

La segunda iniciativa, impulsada por Di Tullio, extiende esa lógica de protección al conjunto de las políticas estratégicas del sector nuclear. La propuesta alcanza a los programas de investigación y desarrollo, la transferencia de tecnología, los acuerdos internacionales de cooperación y otras decisiones estructurales para el sistema nuclear argentino.

Al igual que en el caso del CAREM, la propuesta fija la necesidad de amplios consensos institucionales para avanzar en esas materias. El objetivo declarado es consolidar la energía nuclear como una política de Estado que trascienda los cambios de gobierno.

“No podemos permitir que una política transversal como ésta quede a merced de las decisiones arbitrarias de los gobiernos de turno. Los argentinos y argentinas nos merecemos diseñar y sostener estrategias a largo plazo”, sostuvo Di Tullio al presentar el proyecto.

La senadora también denunció que “todas las propuestas de desarrollo de este gobierno están orientadas a la extracción indiscriminada de nuestros recursos, a la entrega de nuestro patrimonio”, y advirtió: “No podemos permitir que además destruya el sistema de ciencia y tecnología”.

De Pedro, por su parte, puso el acento en la singularidad de la posición argentina a nivel global. “Somos uno de los pocos países del mundo que desarrolló el ciclo completo de la tecnología nuclear con fines pacíficos. Ahí hay décadas de inversión pública, trabajo argentino, formación de recursos humanos y desarrollo científico que forman parte del patrimonio estratégico de la Nación”, afirmó el senador.

Sobre el reactor en cuestión, fue directo: “El CAREM es una muestra de la capacidad que tiene la Argentina para generar tecnología de punta, agregar valor al conocimiento y construir soberanía tecnológica“, y lo definió como “una herramienta clave para el desarrollo autónomo del país”.

Esas definiciones retoman una posición que De Pedro ha sostenido durante años en defensa de la CNEA, INVAP, Nucleoeléctrica Argentina y el propio proyecto CAREM.

En los fundamentos de ambas iniciativas, los legisladores advierten que el sistema nuclear argentino constituye un activo estratégico para el desarrollo nacional, la soberanía energética, la producción de conocimiento y la inserción internacional del país.

También señalan que la paralización de proyectos, la pérdida de capacidades tecnológicas o la discontinuidad de políticas de largo plazo generan daños difíciles de revertir.

La elección de la fecha no fue casual. El 31 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Energía Atómica en la Argentina, una efeméride que recuerda los hitos de un sector que posicionó al país como referencia mundial.

Ante lo que los senadores describen como los desaciertos del gobierno de Javier Milei y el interés oficial en avanzar hacia la privatización de los activos más relevantes del complejo nuclear, las propuestas buscan dotar al sector de mayores resguardos institucionales y garantizar que las decisiones de mayor impacto cuenten con consensos políticos amplios y duraderos.

Argentina apuesta a operar en un mercado global radicalmente distinto al de hace años atrás. El Mercosur cerró esta semana una nueva ronda de negociaciones para un acuerdo de libre comercio con Canadá, mientras avanza con Japón, Singapur y Corea del Sur. Además, ya tiene en vigor el tratado con la Unión Europea (UE), al tiempo que aguarda la ratificación parlamentaria del acuerdo con Estados Unidos. Para el Gobierno, estos movimientos representan el acceso preferencial a mercados que concentran una porción sustancial del consumo y la inversión globales.

El último avance en este sentido se informó este sábado, cuando los gobiernos de Brasil y Paraguay difundieron comunicados sobre la décima ronda negociadora del acuerdo Mercosur–Canadá, celebrada entre el 25 y el 29 de mayo en Toronto, donde se discutió sobre comercio de bienes y servicios, reglas de origen, propiedad intelectual, salvaguardas bilaterales y desarrollo sostenible.

Para Argentina, abriría un mercado de 41 millones de personas con un producto bruto interno de aproximadamente 2,2 billones de dólares e importaciones totales del orden de 541.000 millones de dólares anuales. El acuerdo permitiría que el 80% de las exportaciones industriales del Mercosur ingresen a Canadá con arancel cero. En las negociaciones, Argentina busca cuotas de exportación para queso y leche en polvo, además de condiciones preferenciales para miel, carnes y granos.

Según tres fuentes gubernamentales de Argentina, Brasil y Canadá consultadas por la agencia Reuters en marzo de 2026, la firma podría concretarse entre septiembre y octubre de este año.

Por otro lado, el acuerdo con Singapur es el más avanzado del frente asiático y el que más cerca está de generar beneficios concretos para los exportadores argentinos. El Senado lo aprobó por unanimidad el 14 de mayo y lo remitió a Diputados para su sanción definitiva. Una vez ratificado, el 100% de las exportaciones argentinas ingresarán al mercado singapurense con arancel cero, según precisó el canciller Pablo Quirno al celebrar la media sanción.

El tratado, firmado en diciembre de 2023, ya está en vigor para Paraguay y Uruguay. El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Fernando Brun, lo presentó ante el Senado como una puerta de entrada estratégica al sudeste asiático: “servirá para poder negociar con Japón, Corea y Vietnam, Indonesia, quienes vuelven a mirar el acceso a la energía”, afirmó.

A su vez, el vínculo con Japón dio un salto en los últimos días. Según reportó la agencia Kyodo News el 26 de mayo, confirmado por Reuters y la agencia Jiji Press, el gobierno japonés anunciará formalmente el inicio de negociaciones de un Acuerdo de Asociación Económica (EPA) con el Mercosur en el marco de una cumbre entre la primera ministra Sanae Takaichi y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, al margen de la reunión del G7 en Francia, prevista para mediados de junio.

El anuncio coronaría un proceso que arrancó en diciembre de 2025 con la firma del “Marco de Asociación Estratégica” y tuvo dos reuniones formales en enero y marzo de 2026, la segunda al margen de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Yaundé, Camerún.

Para Argentina, el acuerdo abriría el acceso preferencial a un mercado que hoy recibe principalmente pescados, crustáceos, aluminio, minerales y cereales del país. Tokio, a su vez, apunta a las reservas de litio y minerales críticos argentinos para sus cadenas de producción de vehículos eléctricos. La industria automotriz japonesa impulsa el acuerdo, aunque persiste en Japón la preocupación por una eventual entrada masiva de productos agrícolas, en particular carne vacuna.

El acuerdo con Corea del Sur atraviesa su propio proceso de reactivación. Las negociaciones se lanzaron en 2018, se suspendieron en 2021 —en parte por la resistencia del sector industrial argentino a la apertura— y volvieron a la agenda el 23 de febrero de 2026, tras una cumbre celebrada en Seúl entre el presidente surcoreano Lee Jae-myung y Lula da Silva.

Ambos líderes elevaron la relación bilateral al rango de “asociación estratégica” y firmaron diez memorandos de entendimiento en minerales críticos, inteligencia artificial, defensa y agricultura. Las partes acordaron además constituir grupos técnicos de trabajo con el objetivo de presentar un primer marco negociador antes de fin de año. Corea del Sur no figura aún en la lista de negociaciones activas de la Cancillería argentina.

Dos acuerdos sí ya están en vigor o en aplicación parcial. El Mercosur–UE, firmado el 17 de enero de 2026 tras 27 años de negociaciones, entró en aplicación provisional el 1° de mayo: elimina aranceles para el 92% de las exportaciones del bloque y deja alcanzado al 99% de las exportaciones agrícolas argentinas.

El acuerdo bilateral Argentina–Estados Unidos, firmado el 5 de febrero de 2026, incluye la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos y aguarda ratificación del Congreso argentino para entrar en vigor pleno.

Por fuera de ese acuerdo, el presidente Donald Trump firmó el 6 de febrero una orden ejecutiva que amplió de 20.000 a 100.000 toneladas anuales la cuota de importación de carne vacuna argentina con arancel cero, distribuida en cuatro tramos trimestrales de 20.000 toneladas. La medida aplica específicamente a recortes magros —piezas de bajo contenido graso destinadas principalmente a la elaboración de carne picada y hamburguesas— y tiene vigencia durante 2026. En 2025, Argentina exportó 44.300 toneladas de carne vacuna a Estados Unidos por un valor de 341,5 millones de dólares, según datos del Consorcio ABC.

Con el nuevo esquema, el sector estima ingresos adicionales de más de 700 millones de dólares en divisas durante el año. El sector advierte, no obstante, que la cuota es temporal y que será necesario incorporarla de forma permanente al acuerdo para garantizar su continuidad más allá de 2026.

La agenda no se agota allí. El acuerdo Mercosur–Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), firmado en septiembre de 2025 con Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, aguarda aprobación parlamentaria. Las tratativas con los Emiratos Árabes Unidos acumulan cuatro rondas. Las negociaciones con Vietnam —lanzadas el 20 de diciembre de 2025— y con El Salvador aún no tienen fecha para sus primeras rondas formales. En el plano regional, el bloque mantiene acuerdos vigentes con Chile, Bolivia, Colombia, Perú, la Comunidad Andina, Cuba, Israel, Egipto, India, la Unión Aduanera de África del Sur (SACU) y Panamá.