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Axel Kicillof promulgó la ley que actualiza el Registro de Deudores Alimentarios Morosos

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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, promulgó la Ley 15.520 para fortalecer la autonomía económica de las mujeres y su derecho a exigir el cumplimiento de la cuota alimentaria.

En la Provincia de Buenos Aires, siete de cada 10 mujeres no reciben aportes de parte del progenitor de sus hijos e hijas. Gracias a esta reforma se agilizan los procedimientos judiciales y podrán inscribirlos en el registro como deudores desde el primer incumplimiento.

“Esta ley garantiza equidad, fortalece el derecho de las mujeres y los niños y, como dijo el Gobernador, nos convierte en una provincia más justa”, expresó la Ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz.

“Promulgamos la ley que actualiza el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, un importante avance que es producto del esfuerzo y la articulación de todos los poderes del Estado para abordar una problemática que atenta contra los derechos de las mujeres y los chicos”, aseveró el Gobernador.

Durante el acto, llevado a cabo en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, Kicillof señaló: “La Argentina está atravesando una situación muy difícil: el fracaso del Gobierno nacional llevó a que el FMI tome nuevamente el control de la política económica para impulsar, como ya hemos visto muchas veces, reformas previsionales y laborales”. Y añadió: “Ante esa situación, y aunque soplen vientos hacia otra dirección, en la provincia de Buenos Aires seguimos plantando la bandera de las políticas de cuidado y de lucha contra la desigualdad en todas sus formas”.

Por su parte, Estela Díaz remarcó: “Apuntamos a una provincia donde sea total el cumplimiento de las cuotas alimentarias porque trabajamos sobre el cuidado de los chicos, las chicas, y porque nos importa la independencia económica de las mujeres: cuando mejoran nuestras condiciones de vida y nuestros ingresos, logramos bienestar en las familias y en los ámbitos en los que nos desarrollamos”.

Esta actualización tiene como antecedente la promulgación de la Ley 15.513, en diciembre 2024, que permitió simplificar y agilizar los procedimientos judiciales en el reclamo de alimentos: estableció parámetros para determinar los montos, impulsó la reducción de litigios para lograr una resolución rápida y estipuló multas ante la ausencia sin justificación a audiencias judiciales.

Los cambios

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) tiene como objetivo registrar a todas las personas obligadas al pago de alimentos por sentencia firme o convenio homologado que adeuden un determinado número de cuotas y establece las consecuencias derivadas de tal incumplimiento.

La legislación permitirá inscribir al deudor desde el primer incumplimiento, se trate de los alimentos definitivos o provisorios. Actualmente, solo pueden inscribirse a deudores desde el tercer incumplimiento consecutivo o quinto alternado y no se incluyen los alimentos provisorios.

Otra de las innovaciones incorporadas es que no sólo se podrá inscribir en el RDAM a los progenitores, sino que también serán alcanzados los empleadores o acreedores que hayan sido intimados previamente por orden judicial y sean responsables solidarios del pago como lo dispone el Código Civil y Comercial de la Nación.

Además, se modifican algunas sanciones como la suspensión de trámites de habilitación de comercios y/o industrias contemplando que si el deudor alimentario no tuviese otra fuente de ingresos se le otorgará provisoriamente el permiso bajo la obligación de regularizar la situación. En este punto, se añade el impedimento de inscribirse en el Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

Por último, se incorpora como requisito presentar el certificado de libre deuda expedido por el RDAM para las designaciones de magistrados, funcionarios o empleados bajo cualquier modalidad y categoría en cualquiera de los poderes del Estado provincial y municipal, organismos descentralizados, como así también en las empresas y sociedades estatales y con participación del Estado provincial así como también para la diplomación de los candidatos electos para cualquier cargo provincial o municipal.

Este proyecto continúa la iniciativa presentada en el Poder Legislativo provincial y que fuera sancionada en diciembre de 2024: la ley que simplifica los procesos judiciales para el reclamo de alimentos.

Ambas iniciativas fueron redactadas en el marco de la Mesa de Trabajo sobre Obligación Alimentaria, creada tras la presentación del informe “Incumplimiento de la obligación alimentaria en la provincia de Buenos Aires: Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género” del año 2022, tomando también iniciativas de la senadora Sofía Vannelli y la diputada Lucía Iáñez. (DIB) ACR

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Aliados en duda y presión opositora: el Gobierno entró en la recta final para destrabar una ley clave

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El jueves de la semana que viene el Senado de la Nación retomará el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin embargo, a pocos días de que termine el receso invernal, el oficialismo todavía no cuenta con los votos para asegurar la media sanción, principalmente por el rechazo de los aliados al capítulo del proyecto que propone eliminar los límites para la venta de tierras a extranjeros.

Si bien el amplio proyecto que diseñó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, también contempla mecanismos para agilizar los desalojos, cambios en la ley de manejo del fuego y modificaciones a la ley de expropiaciones, el principal escollo gira en torno a la venta de tierras. Justamente por diferencias en torno a la redacción de este capítulo es que la jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich tuvo que pedir un cuarto intermedio en la sesión que naufragó al día siguiente de la victoria de la Selección Nacional contra Inglaterra en el Mundial, en medio del fervor que despertó la bandera que desplegaron los jugadores reivindicando la soberanía de las Islas Malvinas.

El gobierno de Milei pretende modificar la Ley de Tierras vigente desde 2011, que limita la tenencia extranjera al 15% de la superficie nacional y a 1.000 hectáreas por titular. Así apuestan a facilitar el ingreso de capitales extranjeros al mercado rural.

El borrador del proyecto fue objeto de intensas negociaciones durante el debate en comisión y se llegaron a redactar 15 borradores. En la última versión, a la que tuvo acceso Infobae, se estipulaba en el artículo 25 que “cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites y ejercen el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus respectivos territorios de conformidad con los arts. 121 y 124 de la Constitución Nacional”. Y a pedido de las provincias se aclaraba también que “en ejercicio de sus competencias, cada provincia podrá establecer el régimen jurídico aplicable a tal efecto”.

Esta redacción no había dejado satisfecho al ministro Sturzenegger pero la semana pasada, en una reunión de más de una hora, este habría aceptado los términos que Bullrich negoció con las provincias.
Los libertarios tienen 21 votos propios y cuentan con 3 del PRO, otros 4 aliados como Carlos Espínola (Provincias Unidas), Flavia Royón (Salta), Julieta Corroza (Neuquén) y Beatriz Ávila (Tucumán).
Hasta el momento generan incertidumbre los votos de los dos misioneros del Frente Renovador de la Concordia, que están afectados por la pelea interna entre el gobernador Hugo Passalacqua y su ex jefe político Carlos Rovira; la dupla de senadores de Santa Cruz; y el radicalismo, que se alza con 10 votos determinantes.
El bonaerense Maximiliano Abad ya dio señales de rechazo a la ley mientras que el catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger juegan al misterio.

Otra muestra de las tensiones internas que atraviesa el radicalismo fue el comunicado que difundieron desde el Comité Nacional del partido, que lidera Leonel Chiarella, en contra de la iniciativa oficialista y de los propios gobernadores radicales que juegan como aliados de Milei.

La Unión Cívica Radical rechaza la modificación de la Ley de Tierras que el gobierno promueve en el Senado de la Nación por considerar que se trata de eliminar limitaciones razonables, comprometiendo así la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país”, plantearon.

Y agregaron: “Para la UCR defender la soberanía es hacer cumplir la ley vigente porque hoy en Argentina hay 13 millones de hectáreas extranjerizadas, equivalente al 5% del país y ya existen más de 30 zonas que ya pasaron el límite permitido del 15%. Todos los países que buscan promover el desarrollo promueven una protección responsable de sus recursos estratégicos. Estados Unidos, Canadá, Francia, Austria. Nueva Zelanda, entre otros, regulan la compra de tierras por extranjeros”.

Sin al menos 9 votos radicales, el oficialismo podría verse en problemas en las sesión del jueves 6 de agosto para llegar a los 37. A esto se suma la presión de la oposición, que ante la impotencia legislativa apuesta por la presión popular y convocó a una movilización a la plaza del Congreso el día de la sesión.

Las dos CTA ya convocaron formalmente a participar de la marcha. También se sumarán el peronismo, partidos de izquierda, organizaciones sociales y distintas agrupaciones ambientales.

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Un estudio afirma que el peronismo retiene a más votantes jóvenes que La Libertad Avanza en barrios populares

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El peronismo retiene más votantes jóvenes que La Libertad Avanza en los barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires, según una encuesta del Instituto Universitario CIAS realizada entre mayo y junio de 2026 sobre 964 jóvenes de 16 a 24 años.

El estudio, denominado Encuesta a Jóvenes de Barrios Populares 2026, midió intención de voto, percepción económica y comportamiento de consumo en 13 puntos focales distribuidos en barrios populares del AMBA, con criterios de sexo y edad ajustados según información del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Los resultados muestran una brecha pronunciada entre la capacidad de retención electoral de ambas fuerzas entre el electorado joven de estos territorios.

Entre quienes votaron a Sergio Massa en las elecciones presidenciales de 2023, el 76% volvería a optar por el peronismo si los comicios fueran hoy. Solo el 6% migró hacia la izquierda, el 3% hacia La Libertad Avanza (LLA) y el 2% al PRO. El 24% restante se distribuye entre quienes no saben a quién votar, no concurrirían a las urnas o lo harían en blanco.

El panorama es distinto entre los votantes de Javier Milei en 2023. Según el informe del CIAS, el 58% de ese segmento volvería a elegir a LLA, pero el 42% restante no repetiría esa elección: el 16% se inclinaría por el peronismo, el 7% no sabe a quién votar, el 11% no iría a votar, el 3% lo haría en blanco y un 3% adicional se volcó a la izquierda.

Cuando se proyecta la intención de voto total entre los jóvenes encuestados, el peronismo concentra el 67% de quienes declaran que votarían, frente al 25% que se inclinaría por alguna expresión de LLA. La izquierda obtendría el 6% y el PRO, el 2%.

El informe también registra un clivaje de género en la composición del voto. El 63% de los votantes de LLA son varones, mientras que el 37% son mujeres. En el peronismo, la relación se invierte: el 57% son mujeres y el 43%, varones.

La situación económica de los hogares aparece como una variable asociada al comportamiento electoral. Entre los jóvenes que residen en hogares que debieron ajustar su consumo, la intención de voto a LLA alcanza el 20%. Entre quienes no atravesaron ese ajuste, la cifra trepa al 34%, una diferencia de 14 puntos porcentuales. El peronismo, en cambio, se mantiene como la fuerza mayoritaria en ambos grupos.

Esa misma variable incide en la retención del voto a LLA. Entre los votantes de Milei en 2023 que residen en hogares sin ajuste económico, el 64% volvería a votar a LLA. Entre quienes sí debieron recortar gastos, esa proporción cae al 53%.

El contexto económico que enmarca el estudio es el de una recuperación desigual. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) citados en el informe, el desempleo entre jóvenes menores de 29 años aumentó del 13,2% al 16,6% en el caso de las mujeres y del 11,3% al 16% entre los varones entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025. Al cierre de ese año, el 57,6% de los ocupados jóvenes tenía un empleo informal.

El 75% de los encuestados percibe que la economía empeoró en los últimos 12 meses y apenas el 8% considera que mejoró. El 60% declaró que su hogar redujo el consumo en algún rubro durante lo que va del año: el 40% recortó en alimentos, el 18% en ropa o calzado, el 17% en recreación y el 14% en servicios como luz, gas o telefonía.

El endeudamiento también se extendió entre estos hogares. El 57% de los jóvenes señaló que en su hogar debieron pedir dinero prestado o tomar un crédito para afrontar gastos cotidianos. El canal predominante fue el informal: el 68% recurrió a familiares o amigos y el 39% a prestamistas del barrio. Las billeteras virtuales y las tarjetas de crédito fueron utilizadas por el 21% y el 18%, respectivamente. Entre los hogares que ajustaron su consumo, el 66% también tomó deuda, frente al 41% de los que no realizaron recortes.

El CIAS es un instituto universitario de los jesuitas fundado en 1956, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, dedicado a la investigación social y la formación en políticas públicas. El presente estudio se enmarca en una serie de trabajos previos sobre dinámica socioeconómica en barrios populares, entre los que se cuentan la Encuesta a Familias de Barrios Populares (2023) y la Encuesta sobre Oportunidades de Integración, Representaciones y Participación social de Jóvenes de Barrios Populares del AMBA (2024).

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La caída de la imagen preocupa al Gobierno y busca comenzar a “ganar la discusión sobre la reactivación”

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La Universidad Di Tella registró en julio una nueva caída en el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), uno de los registros más mirados por círculos de influencia para medir el termómetro de la paciencia social. Se trata de un descenso respecto de la medición de junio, la cual había marcado la primera variación positiva del año. Así, la administración nacional que comanda Javier Milei tuvo seis de los siete meses del año con cifras en negativo.

El ICG realizado entre la Di Tella y la consultora Poliarquía retrocedió 6,5% frente a junio, se ubicó en 1,94 puntos y volvió a la tendencia descendente de 2026, con un deterioro interanual del 21%, según el informe difundido por la casa de estudios.

En la Casa Rosada no se muestran ajenos a esto. “Claramente es algo que preocupa. No creemos que lo que diga el ICG sea la realidad absoluta. En todo caso, es un síntoma más de un estado de situación del que somos conscientes”, afirmó una fuente inobjetable del oficialismo.

Quien dio su opinión oficial al respecto de esta cuestión fue el vocero presidencial, Adrián Ravier. Esta mañana encabezó una conferencia de prensa en la Casa Rosada y, al ser consultado, marcó: “A veces la confianza de la gente se mueve. Hay que mirar tendencias y tener una perspectiva más de mediano y largo plazo. Yo creo que el presidente Milei tiene una imagen muy alta para un gobierno que lleva dos años y medio de gestión. Nosotros competimos con nosotros mismos”.

La baja se produjo después del repunte de 3,9% que el indicador había mostrado en junio, la primera suba del año. La serie mensual de 2026 quedó así marcada por variaciones negativas en enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%), mayo (-1,6%) y julio (-6,5%), con una contracción acumulada de 21,5% desde el cierre de 2025.

Entre los estrategas políticos del oficialismo perciben que no están pudiendo ganar “la discusión de la reactivación económica” y que eso se traslada a una mayor imprevisibilidad. “Hay una buena perspectiva sobre la evolución de la inflación y la gente sabe que los fundamentos macroeconómicos no se van a tocar. Pero las mediciones que miramos nos indican que la sensación de mejora no se está percibiendo en los grandes conurbanos. Es esa la discusión que tenemos que enfocarnos”, afirman en un importante despacho.

En otro sector del oficialismo reconocen la baja, pero mantienen una mirada más escéptica. Comparan la medición que había a esa altura del Gobierno de Alberto Fernández y dicen que Milei “se encuentra 73% por encima”. “Es el mismo indicador que el año pasado mostraba el nivel de confianza con el que el Gobierno llegó a la elección. En septiembre de 2025 registraba ese nivel de confianza y, un mes después, en octubre, ganó la elección con 42 puntos”, afirman.

Quienes analizaron el informe miran con atención una cuestión. Y es que el registro del ICG igualó a la marca a la que ya se había llegado en septiembre del 2025, pero que en ese entonces existía la posibilidad de un revulsivo: el resultado de las elecciones nacionales del mes siguiente, el cual se caracterizó por una victoria amplia respecto al segundo y con una alta capilaridad en las provincias.

“Ahora no tenemos un driver claro que permita pensar que en los meses próximos pueda haber un crecimiento acelerado”, agrega uno de los funcionarios libertarios. Luego del 1,94 que se había medido el año pasado, en octubre y en noviembre hubo aumentos de 8,1% y 17,5%, respectivamente.

Aún así, marcan: “Lo que es seguro es que no vamos a ver un repunto como en esa ocasión. Pero eso no implica que no pueda haber una fase de estabilidad o una suerte de comportamiento en modo serrucho (con subas y bajas alternadas) y que dé tiempo a una reactivación”.

Hay quienes ven en esto una cuestión estacional. En septiembre de 2024 también se presentó la baja más significativa de la administración Milei hasta ese entonces. Los analistas lo atribuían al veto de la movilidad jubilatoria que implementó la Casa Rosada. El oficialismo de La Libertad Avanza logró que el Congreso no vulnerara ese rechazo al lograr un escudo legislativo de diputados aliados que permitieron que la oposición no lograra los dos tercios.

Las perspectivas económicas volvieron a mostrar una relación directa con el nivel de confianza. Quienes esperan que la situación mejore en un año alcanzaron 4,15 puntos, con una suba de 1,8%; quienes creen que seguirá igual marcaron 2,46 puntos, con una variación de 0,1%; y quienes prevén un empeoramiento cayeron 11,1% hasta apenas 0,33 puntos.

Entre los cinco componentes del índice, cuatro mostraron retrocesos. El mayor deterioro se observó en Eficiencia, que cayó 15,4% hasta 1,79 puntos; luego aparecieron Capacidad, con una baja de 7,3% hasta 2,28 puntos, y Preocupación por el interés general, que descendió 6,9% hasta 1,51 puntos.

La Evaluación general del gobierno también retrocedió, con una caída de 2,5% hasta 1,64 puntos. La única variable sin descenso relevante fue Honestidad, que quedó en 2,45 puntos con una variación de -0,4% respecto del mes anterior.

Por edad, el descenso más pronunciado se registró entre los jóvenes de 18 a 29 años, con una baja del 23% hasta 1,68 puntos. El grupo de 30 a 49 años casi no mostró cambios, con 1,75 puntos y una variación de -0,7%, mientras que los mayores de 50 años retrocedieron 7,1% hasta 2,07 puntos.

En el plano geográfico, el Gran Buenos Aires concentró la contracción más intensa del mes, con una caída de 10,9% hasta 1,63 puntos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el índice bajó 5,6% hasta 1,92 puntos y en el interior del país descendió 4,7% hasta 2,09 puntos, el nivel más alto entre las regiones relevadas.

Por nivel educativo, la caída más abrupta se dio entre quienes tienen instrucción primaria, con un descenso de 24,7% hasta 1,29 puntos. Los encuestados con secundaria completa se mantuvieron estables en 1,90 puntos, mientras que quienes cuentan con formación terciaria o universitaria retrocedieron 7,5% hasta 2,03 puntos, aunque conservaron el valor más alto dentro de esa variable.

El core [núcleo] de quienes más se vieron afectados en el último mes son los jóvenes sin estudios y que viven del Conurbano. Son los que se están viendo afectados por esta transición del modelo macroeconómico y que están a la espera de la reactivación a nivel general”, marcó una fuente gubernamental.

En la comparación histórica, el promedio del ICG durante la gestión de Javier Milei descendió a 2,37 puntos, su nivel más bajo desde el inicio del mandato. En el mismo tramo de gobierno, Mauricio Macri había promediado 2,27 puntos y Alberto Fernández, 1,69.

La comparación del mes 31 de cada presidencia muestra que el 1,94 de julio quedó por debajo del valor de Macri en ese momento, que fue de 2,01 puntos, y también del registrado bajo Néstor Kirchner, que había alcanzado 2,26 puntos. El nivel actual, en cambio, supera el de Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato, con 1,87 puntos, el de su primer mandato, con 1,69, y el de Fernández, con 1,12.

El estudio de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella se elabora desde noviembre de 2001 y mide la confianza en el Poder Ejecutivo en una escala de cero a cinco.

La encuesta fue realizada por Poliarquía Consultores entre el 1 y el 16 de julio de 2026 sobre una muestra de 1.000 casos en 39 localidades de más de 10.000 habitantes de todo el país. El margen de error estándar informado para el total del índice fue de ±0,06 puntos.

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