En Bahía Blanca se abrió una discusión incómoda pero inevitable: el aumento de las tasas municipales, en particular la de Alumbrado, Limpieza y Conservación (ALC). La reacción social fue inmediata. Redes sociales encendidas, bronca, desconfianza y una pregunta que se repite: ¿por qué ahora y por qué así?

El malestar es comprensible. Nadie vive ajeno al contexto económico y nadie recibe con agrado una boleta más alta. Pero reducir la discusión únicamente al impacto inmediato es quedarse corto. La discusión de fondo es otra y exige un poco más de honestidad intelectual: qué ciudad estamos sosteniendo hoy y cuál estamos dispuestos a construir.

Bahía Blanca hace tiempo dejó de ser una ciudad simple. Es un polo regional, con demandas crecientes, infraestructura que necesita inversión constante y servicios que no pueden pensarse con lógica de emergencia permanente. Alumbrado, limpieza, mantenimiento urbano, calles, espacios públicos y ordenamiento no aparecen solos ni se sostienen con buenas intenciones.

Durante años, las tasas quedaron atrasadas frente a los costos reales. Ese atraso se pagó con deterioro, con postergaciones y con parches. En algún punto, la corrección llega. Y cuando llega, duele.

En este contexto, hay un dato político que no debería pasarse por alto: Bahía Blanca hoy tiene conducción. Federico Susbielles no es un improvisado ni alguien ajeno a la complejidad de gestionar una ciudad como esta. Se puede discutir el cómo, los tiempos o los montos, pero también es razonable reconocer que hay un rumbo y una idea de ciudad detrás de las decisiones.

Confiar no significa aplaudir todo.
Confiar significa entender que para transformar una ciudad hacen falta herramientas, recursos y decisiones que no siempre son simpáticas. Significa también exigir resultados, eficiencia y transparencia, porque la confianza se sostiene con hechos, no con discursos.

Comparar con otras ciudades ayuda a poner las cosas en perspectiva: Bahía Blanca no está fuera de escala en términos de tasas. Pero la comparación no alcanza si no se traduce en mejoras visibles. Ahí está el verdadero desafío de la gestión: convertir el esfuerzo del vecino en una ciudad que funcione mejor.

Esta discusión, lejos de debilitar, puede fortalecer. Puede servir para madurar el vínculo entre el Estado municipal y la sociedad. Para discutir en serio cómo se financia una ciudad moderna y qué estamos dispuestos a aportar para vivir en ella.

Bahía Blanca tiene por delante una oportunidad.
Y para aprovecharla, hace falta algo más que enojo: hace falta debate, responsabilidad colectiva y, también, un voto de confianza en quienes hoy tienen la tarea de conducir.

Porque ninguna ciudad se transforma sin decisión política.
Y ninguna transformación se logra sin que la sociedad acompañe.

Los movimientos sociales y organizaciones piqueteras de izquierda resolvieron movilizarse frente al Congreso Nacional durante el mes de febrero. La fecha estipulada será el día en que el Senado trate la reforma laboral, impulsada por el Gobierno. La decisión fue adoptada en rechazo al proyecto de ley de La Libertad Avanza, al que consideran un ataque estructural a los derechos de los trabajadores formales e informales, en paralelo a un escenario de alta tensión política, sindical y parlamentaria.

La convocatoria tendrá como protagonistas a los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), junto a organizaciones piqueteras y sectores de la izquierda, que anticiparon una masiva presencia en las calles pese a algunas concesiones que ya realizó el Poder Ejecutivo. Para estos sectores, los cambios no alteran el corazón del proyecto de ley de “modernización laboral” que, sostienen, profundiza la precarización laboral y debilita el entramado sindical.

El Congreso, epicentro del conflicto

El conflicto se reactivó con fuerza luego de que el presidente Javier Milei convocara a un nuevo período de sesiones extraordinarias del Congreso para febrero, mediante el decreto 24/2026, firmado junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La medida establece que el período se extenderá desde el 2 hasta el 27 de febrero, y ubica a la reforma laboral como uno de los cuatro proyectos centrales de la agenda legislativa del oficialismo.

La Casa Rosada definió un cronograma político acelerado con el objetivo de convertir en ley la reforma laboral antes del inicio de las sesiones ordinarias. En ese marco, el Gobierno prevé llevar el proyecto al recinto de la Cámara alta entre el 10 y el 12 de febrero, con fecha tentativa de tratamiento el 11 de febrero, día en el que se espera la movilización frente al Congreso. Sin embargo, esa fecha está sujeta a modificaciones. Los organizadores entienden que será “un febrero caliente” y de alto voltaje político.

Además de la iniciativa laboral, el temario incluye el pedido de aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, el proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial y otras iniciativas consideradas estratégicas por la administración libertaria.

Una mayoría esquiva en el Senado

Con una bancada propia minoritaria —aunque mayor que antes de las anteriores elecciones legislativas—, La Libertad Avanza (LLA) necesita reunir al menos 16 o 17 voluntades adicionales para alcanzar el quórum de 37 senadores y avanzar con la votación. En ese escenario, el rol de Patricia Bullrich, jefa del interbloque oficialista y presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, será central para defender el proyecto y articular los acuerdos políticos necesarios.

El oficialismo desplegó una estrategia de negociación múltiple que incluye una comisión técnica, coordinada por la abogada Josefina Tajes, encargada de recopilar y ordenar las propuestas de modificación impulsadas por sectores de la UCR, el PRO y la CGT. La intención del Ejecutivo es evitar cambios de último momento que puedan poner en riesgo la sanción del proyecto.

En paralelo, Bullrich inició una ronda de reuniones con jefes de bloques opositores considerados “dialoguistas”, con especial foco en los senadores radicales, los representantes del PRO y legisladores provinciales alineados con sus gobernadores.

La negociación con las provincias se volvió uno de los puntos más sensibles del debate. El proyecto de Modernización Laboral incluye cambios impositivos que impactan directamente en los recursos coparticipables, en un contexto en el que las provincias ya denuncian una fuerte caída de ingresos durante la gestión actual.

En particular, la iniciativa contempla una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para las empresas, con un tope del 31,5% frente al 35% vigente, lo que implicaría una merma estimada de 1,6 billones de pesos en recaudación, fondos que se distribuyen entre Nación y provincias. Esta situación genera resistencias entre los gobernadores, que evalúan el costo fiscal de acompañar la reforma.

Los movimientos sociales endurecen su postura

Para los movimientos sociales y piqueteros, el escenario es aún más categórico. Desde la UTEP, su secretario general Alejandro Gramajo afirmó que la reforma “está orientada a quitarle derechos a los trabajadores que hoy se mantienen dentro de una relación salarial formal plena de derechos”, y advirtió que el nuevo esquema de indemnizaciones “propone pagar menos, en cuotas y con fondos que hoy pertenecen a los jubilados”.

En la misma línea, Gramajo rechazó el argumento oficial que sostiene que la quita de derechos generará más empleo formal. “Es algo nunca visto: quitarle derechos a unos para supuestamente beneficiar a otros. Si bajan al de arriba, pisan al de abajo”, sostuvo.

Desde una posición aún más confrontativa, el ex secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro, afirmó que “no tiene un solo punto a favor de los trabajadores informales ni de la economía popular”. Para Castro, cualquier avance en derechos para los sectores más postergados solo será posible si la reforma laboral es rechazada en el Congreso.

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) enfrenta un escenario complejo. Si bien mantiene su rechazo al proyecto, la central obrera optó por una estrategia de “reducción de daños”, intentando recortar los artículos más lesivos a través de negociaciones con gobernadores y legisladores, mientras mantiene la presión en la calle.

La CGT ya protagonizó una masiva movilización el 18 de diciembre en Plaza de Mayo y no descarta nuevas medidas de fuerza, incluido un paro nacional, si el Gobierno avanza sin modificar aspectos centrales de la reforma. Entre sus principales críticas figuran la flexibilización de las condiciones de trabajo, la reducción de indemnizaciones, la limitación del derecho de huelga, la ruptura de la negociación colectiva y el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales.

Con el tratamiento previsto para febrero, el conflicto entra en una fase decisiva. El Gobierno apuesta a cerrar acuerdos políticos para sancionar una de sus leyes emblemáticas, mientras que la CGT, los movimientos sociales y las organizaciones piqueteras preparan una respuesta en las calles. La pregunta es: ¿conseguirán masividad para demostrar fuerza contra las políticas libertarias?

El Congreso volverá a ser el escenario donde se cruce la disputa entre el proyecto de transformación laboral del oficialismo y la resistencia del movimiento obrero organizado y los sectores populares. Febrero se perfila así como un mes clave, no solo para el futuro de la reforma laboral, sino para el equilibrio político y social.

Mientras el kirchnerismo pide discutir temas como la reforma laboral con la que el Gobierno busca avanzar en el Congreso en las próximas semanas y toma distancia de la posibilidad de ir a una interna en la renovación de autoridades en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, en el espacio del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aceleran. Lo cierto es que esta semana seguirán las novedades en la vida interna del peronismo en la provincia de mayor peso electoral del país: se reunirá la junta electoral partidaria y empezará la exhibición de los padrones durante cinco días.

En el último encuentro se acordó que —si hay elecciones— podrán votar quienes cumplan con 180 días de antigüedad como mínimo de afiliaciones y cuya carga al padrón se haya realizado tanto de manera virtual como física hasta el 30 de diciembre del 2025, y que lo que se va a tener como válido para su inclusión es la afiliación física. La resolución puso un filtro al operativo de afiliaciones que apuró el espacio del gobernador. La semana pasada, la vicegobernadora Verónica Magario recepcionó en el Senado bonaerense las afiliaciones físicas de distintos distritos bonaerenses, en lo que fue leído como una avanzada de la titular de la Cámara alta a su intención de conducir el PJ provincial a partir del 15 de marzo.

La junta electoral —que Magario integra— había resuelto el 9 de diciembre que en el nuevo padrón —que sería entregado ante la Justicia Electoral— se incluyan “todas las fichas presentadas en la mesa de entradas de dicho Juzgado, hasta el día 30 de diciembre de 2025 inclusive, con la antigüedad de 180 días, conforme el artículo 13 inc a) de la Carta Orgánica, para la cual se solicita que se considere como fecha de afiliación, la fecha de aceptación partidaria que consta en la ficha papel”. Por eso, en el kirchnerismo, cuando se enteraron de que el MDF estaba recepcionando afiliaciones, encendieron alarmas y rápidamente salieron a recordar quiénes estaban en condiciones de votar. “Si ya se definió qué afiliaciones son válidas, no se entiende mucho lo que quiso hacer la vicegobernadora”, consideró un dirigente cercano a Máximo Kirchner.

Políticamente, la línea la bajó la diputada nacional Teresa García. La dirigente, que además es secretaria general del PJ nacional y ocupa un lugar en el consejo del partido en el orden provincial, planteó que desde el cristinismo “no estamos instruyendo a intendentes o referentes a que armen lista propia”. También remarcó —en declaraciones al sitio Provincia Noticia— que “a los compañeros del MDF los vemos muy apurados”, en la discusión electoral interna.

El kirchnerismo buscará una lista de unidad y un proceso de rasgos similares a lo que fue la conformación de las listas para las elecciones del 7 de septiembre del año pasado. En el MDF hay voces que quieren ir a fondo y disputar una interna. En las últimas horas, un grupo de intendentes que apuesta por la candidatura de Magario aseguró que Kirchner busca proponer al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. En La Cámpora se desligan de esa idea. Otermín, en tanto, podría ser una figura para consensuar. Un escenario que incluya a Magario y al jefe comunal de Lomas de Zamora en la conducción del principal partido de oposición al gobierno nacional en la provincia de mayor volumen no es descabellado.

Pero el espacio que responde a Kicillof sigue en su avanzada para hacerse de la conducción del PJ provincial. En la reunión que sucedió la semana pasada en Villa Gesell, el gobernador pidió a los intendentes y dirigentes territoriales que dinamicen la junta de avales. Es que la posibilidad de presentar una candidatura propia —que podría ser la de Magario o la de Alak— requiere de un acompañamiento de avales que la respalden. En los últimos días se empezó a mover con intensidad esta “tarea para la casa”, como la describió Kicillof antes de clausurar el encuentro con los jefes comunales del futurismo en la localidad costera.

La exhibición de padrones en el PJ bonaerense será desde el jueves 22 de enero hasta el martes 27 del mismo mes. Ese día también es el vencimiento de las observaciones y tachas al padrón electoral; mientras que el martes 3 de febrero, vence el plazo para la presentación de avales. El domingo 8 de febrero será el día D. Es el vencimiento del plazo para la presentación de candidatos. Ahí se sabrá si finalmente hay una interna para definir la sucesión de la actual conducción a manos de Máximo Kirchner o se alcanza un consenso; un escenario posible más por urgencia que por necesidad.