El Gobierno promueve la multiplicación de los convenios por empresa, incentivados por la reforma laboral, con el objetivo de descentralizar la negociación colectiva y, en el fondo, quitarle al gremialismo la enorme capacidad de presión que brinda el tradicional unicato sindical.

Por eso en las últimas semanas, a partir del interés de grandes compañías y de pymes, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, mantiene reuniones con empresarios para brindarles más información acerca de la posibilidad de “juntarse con sus empleados y fijar las reglas de la relación laboral en la propia empresa”. “El sindicato no entra, no hay que pagarle peaje a nadie”, como lo destacó el funcionario en el Congreso Nacional de Pymes que se realizó en junio.

“Si un empleado ve un sueldo bruto de un millón y cobra 700.000, tiene que saber que a la pyme le cuesta 1.400.000 -les dijo Sturzenegger-. Siéntense con sus empleados, eliminen esos peajes y armen un convenio mutuo que les sirva a ambas partes”.

Entre quienes colaboran con Sturzenegger para esos contactos empresariales figura la diputada nacional Verónica Razzini, hoy en La Libertad Avanza tras haber llegado a su banca por el PRO, que es toda una especialista en darle pelea al gremialismo: fue la fundadora y presidenta del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), donde agrupó a pymes afectadas por protestas sindicales extorsivas y tuvo un papel clave para fallos judiciales que terminaron con procesamientos y detenciones para quienes bloquearon empresas, e incluso para los cambios en la Ley Bases y en la Ley de Modernización Laboral que penalizan los bloqueos.

Una de las claves de la reforma laboral es que antes un convenio de actividad prevalecía sobre uno de empresa o regional, salvo que el inferior fuera más favorable. Ahora, los convenios colectivos de ámbito menor (como los de empresa o región) prevalecen sobre los convenios de actividad, incluso si resultan menos favorables para el trabajador, quitando poder a los sindicatos.

Para la CGT, esa medida apunta a fragmentar la representación gremial y, además, habilita la negociación de convenios “a la baja”, ya que antes la discusión por actividad establecía un piso que podía mejorarse a nivel de cada empresa, pero ahora se convertirá en un techo que les pondrá limitaciones a los trabajadores.

Lo explicitó el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA), cuando en febrero pasado, antes de sancionarse la Ley 27.802, advirtió que “hay temas que no se negocian: la ultraactividad, la prevalencia de convenios por empresa y el techo del aporte solidario”, ya que buscan “romper el modelo sindical argentino” y “erosionar derechos colectivos”.

A partir de las consultas a Sturzenegger, varias empresas están analizando la posibilidad que brinda la nueva legislación laboral en este rubro, aunque hay mucha cautela por la reacción negativa del sindicalismo y por las eventuales trabas judiciales que puedan aparecer.

El dilema para el Gobierno es que aun los convenios de empresa, como los de actividad, tienen que ser firmados por los sindicatos que tienen personería gremial y delegados del establecimiento, por lo que la aspiración de debilitar al poder sindical tradicional no será sencilla.

Aun así, la Ley 27.802 de Modernización Laboral facilita la creación de sindicatos de empresa, algo que la legislación hasta ahora permitía, pero no se expandió por el predominio fomentado de los sindicatos por actividad. La nueva norma permite que un sindicato obtenga la personería si al menos por 6 meses tiene más afiliados cotizantes en esa empresa que el sindicato con personería preexistente, aunque este último sea un sindicato de actividad, una unión o una asociación de otro grado.

Para eso hacen falta, en principio, trabajadores que decidan crear un sindicato de empresa, desafiando a a la organización gremial con personería y, además, consiguiendo ventajas concretas que antes no tenían. Eso implica, al mismo tiempo, que los empresarios acepten darles beneficios a esos trabajadores que resuelvan romper con el sindicato que hoy los representa.

Una de las frases que trascendió de los representantes libertarios para promocionar los convenios por empresa, por ejemplo, es: “Depende mucho de las ganas que tengan los trabajadores porque son ellos los que van a tener el poder. Esto no se trata de quitarles el poder a ellos. Por el contrario, esto es empoderarlos a ellos y al empleador, y correr a las cámaras y a los sindicatos”.

La jugada del Gobierno, en realidad, no puede generalizarse ni aplicarse de manera automática en todas las empresas: se podrá intentar en aquellas compañías que tengan una reducida sindicalización ya que la resistencia del gremio con personería a perder su poder dará lugar a un conflicto prolongado.

Si efectivamente se incrementan los sindicatos de empresa será un duro golpe para la dirigencia que lidera los sindicatos por actividad, que son el corazón del modelo sindical argentino acuñado en 1945 por Juan Domingo Perón porque los más representativos reciben por parte del Estado la personería gremial, esa llave decisiva que les otorga derechos exclusivos como firmar los convenios colectivos y administrar las obras sociales.

De todas formas, un asesor legal de empresas advirtió a Infobae sobre un riesgo de esta apuesta de Sturzenegger: “El Gobierno parte de la premisa de que con sindicatos de empresa se debilitan las grandes concentraciones de poder que tienen los sindicatos nacionales, pero no se dan cuenta que eso también generaría un sobrecosto para las empresas. La conducción de un sindicato de empresa van a ser empleados de la misma empresa y, por ende, toda la conducción, comisión directiva más los delegados que pueden llegar a tener, van a tener tutela sindical en la misma empresa y ante un conflicto de lo que puede llegar a ser lograr la representación de ese sindicato de empresa, el conflicto va a ser dentro de los establecimientos de la empresa, no en la actividad, como pasa hoy con la UOM, por ejemplo”.

En una frecuencia similar, como anticipó Infobae, la reforma laboral derivó en que cámaras empresariales de unas 10 provincias resolvieran “desengancharse” del convenio colectivo de trabajo que rige en el transporte automotor de cargas a nivel nacional y firmar convenios regionales según la realidad económica de cada zona.

Se trata de una rebelión que afecta a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), una de las tres cámaras del sector, y que pondrá en crisis a esta entidad y también al poder centralizado del Sindicato de Camioneros.

En la CGT interpretan que la ofensiva del Gobierno apunta a quebrar el viejo unicato gremial mediante el incentivo a los convenios de empresa y sindicatos de empresa, con una medida complementaria: jaquear el financiamiento sindical a través de los límites a las cuotas solidarias y aportes especiales. Entre los sindicalistas crece cada vez más la sensación de que la reforma laboral desatará una batalla que, por ahora, es de resultado impredecible.

Más de 500 dirigentes políticos y sociales se reunieron este sábado en la “Jornada Patria por la Cultura del Encuentro: de Francisco a León XIV en Tiempos de Polarización”, organizada por la Comisión Pastoral Social Región Buenos Aires. En un guiño hacia la Iglesia, el gobernador bonaerense Axel Kicillof pidió por un “diálogo plural” entre distintos sectores políticos.

La actividad, inspirada en el magisterio del papa Francisco y una posible visita de León XIV, exhortó a la “urgencia del diálogo social” y como “antídoto a la polarización”. Así quedó expresado en el documento final, tras una actividad en la que participaron obispos, intendentes, políticos, empresarios, sindicalistas y académicos, entre otros. El texto convoca a poner “a la política como la forma más alta de caridad”, y la importancia de ponerle freno a la polarización.

En un apartado, se menciona a León XIV, quien en su reciente gira de España cuestionó “la cultura del enfrentamiento” y “la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir”. “Esperamos que, de concretarse su visita a nuestro país, León nos ayude a dejar de lado las verdades simplistas para adentrarnos verdaderamente en los complejos problemas sociales que nos aquejan”, señala el mensaje en relación a Robert Prevost.

En ese marco, Kicillof exhortó: “En un contexto de mucha agresión y discursos vacíos, vengo a sumarme a este llamado para un diálogo plural para poner en el centro de nuestras preocupaciones la hermandad, la comunidad y el trabajo por los que más nos necesitan”.

Bajo el lema “De Francisco a León XIV en tiempos de polarización”, el encuentro se realizó en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Almirante Brown, institución que brinda atención integral a personas con discapacidad. Entre los ejes de debate estuvieron la dignidad humana frente a la innovación tecnológica, la brecha digital, las nuevas desigualdades, la salud mental, la fragmentación social y la cultura del encuentro.

Durante la apertura, Kicillof subrayó la importancia de “generar espacios de diálogo y reflexión para los diferentes sectores de nuestra comunidad”. “Para nosotros es muy importante compartir este ámbito con quienes todos los días sostienen a nuestras comunidades con esfuerzo y solidaridad, llevando adelante trabajos en situaciones complejas y manteniendo vivo el legado del Papa Francisco”, agregó el mandatario.

“Es fundamental que en la Argentina volvamos a organizar a nuestra sociedad en torno a la producción, al trabajo y al fortalecimiento de los lazos comunitarios”, sostuvo el gobernador.

La jornada contó con la asistencia de la vicegobernadora Verónica Magario, la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Mariano Cascallares, y el intendente local, Juan José Fabiani, junto con varios intendentes de la provincia.

Entre los intendentes y jefes políticos del conurbano, asistieron Fernando Espinoza, Jorge Ferraresi —en uso de licencia—, Ariel Sujarchuk, Alberto Descalzo y Mariel Fernández.

También dijeron “presente” altos funcionarios judiciales como el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Skolar y el procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, entre muchos otros fiscales y magistrados.

En representación de las universidades, participaron Jaime Perczik (UNAHUR); Jorge Calzoni (UNDAV); representantes de la UNLa; Carlos Greco (San Martín); Pablo Domenichini (UNAB); M. Alejandra Zinni (Quilmes); Carlos Rodríguez (UNIPE) y Walter Panezzi (UNLujan).

También participaron los obispos Carlos José Tissera, Oscar Ojeda, Maximiliano Margni, Juan José Chaparro, Pedro Cannavo y Eduardo García.

Además, estuvieron presentes representantes de la CGT, ATE (estatales), UTEP (trabajadores de la economía popular), y las entidades empresarias FEBA y CAME; el presidente de la UCR La Plata, Pablo Nicoletti, organizaciones comunitarias, movimientos populares y cooperativas.

“Es una buena noticia que dirigentes de distintos sectores políticos nos acompañemos en este compromiso: necesitamos reconstruir una sociedad que contenga y abrace a todos, priorizando siempre la defensa de los derechos de nuestro pueblo”, sostuvo Kicillof sobre las heterogeneidad de la convocatoria.

Durante la actividad, el ministro bonaerense de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, resaltó la articulación entre Iglesia, Estado y las organizaciones sociales para enfrentar la situación de crisis. El funcionario sostuvo que el encuentro da continuidad a una reunión mantenida en mayo con el presidente del Episcopado Argentino, Marcelo Colombo, y tiene como objetivo “abrazar, acompañar y hacer menos duro este tiempo para nuestra gente”.

“Queremos que la visita de León XIV renueve ese compromiso y fortalezca a quienes todos los días trabajan por una Argentina con más dignidad, más trabajo y más justicia social”, concluyó Katopodis.

El documento final

Al término de la jornada, el documento esbozó como conclusión un “profundo proceso de polarización” que afecta tanto a la región metropolitana como al país en su conjunto, lo que dificulta la construcción de una identidad común y favorece el predominio de intereses sectoriales. Según el texto, esta situación ha generado “una sociedad fragmentada y dividida”.

Ante este escenario, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que depende de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), planteó que es necesario “poner a la política como la forma más alta de caridad”, en línea con las enseñanzas del papa Francisco, y recuperar su función de servicio del bien común en lugar de responder a grupos de poder”. Se cita la encíclica Fratelli Tutti, que advierte: “la política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia”. Y alerta que “el desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas que los utilizan demagógicamente, o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos”.

Como conclusión, el documento reafirma “la urgencia del diálogo social como herramienta para encontrar soluciones compartidas y como antídoto a la polarización”, y llama a construir un proyecto provincial y nacional que apunte a la justicia social en el área metropolitana.

“Que el poder escucharnos, el compartir reflexiones y saberes, el debate fecundo y la necesidad de organizar la esperanza nos impulsen a dejar de lado la politiquería barata, alejada muchas veces de las necesidades reales de nuestro pueblo, y nos permitan construir vínculos que nos hagan ‘poner la patria al hombro’“, concluyen en el texto.

El juez Alexandre de Moraes rechazó este sábado una solicitud presentada por los abogados de Jair Bolsonaro para permitir la visita de Javier Milei en el domicilio donde el expresidente brasileño cumple prisión. La negativa se suma a las restricciones legales vigentes tras la condena impuesta a Bolsonaro por su papel al frente de una trama golpista.

La defensa de Bolsonaro había pedido una autorización especial para que el presidente argentino pudiera encontrarse con el exmandatario, quien cumple una pena de 27 años de prisión bajo régimen domiciliario. Sin embargo, la Corte Suprema de Brasil resolvió no hacer lugar a la petición.

Este viernes, el tribunal había impuesto nuevas restricciones al régimen de prisión domiciliaria de Bolsonaro, incluyendo el impedimento de recibir visitas sociales, electorales o políticas hasta la finalización de las elecciones legislativas, regionales y presidenciales previstas para octubre.

La Corte Suprema de Brasil, bajo la dirección del magistrado Alexandre de Moraes, endureció las condiciones para el ex presidente brasileño, quien cumple condena en su residencia en Brasilia por intento de golpe de Estado. Según la resolución firmada este viernes, solo los profesionales médicos, fisioterapeutas y abogados pueden ingresar al domicilio de Bolsonaro durante los próximos treinta días. Cualquier visita con fines políticos, como la que planeaba Milei, queda prohibida hasta la conclusión del proceso electoral.

La razón de la medida fue el incumplimiento de una cautelar por parte de Bolsonaro, al difundir una carta de apoyo a la precandidatura de su hijo Flávio Bolsonaro, lo que violó la prohibición de contacto externo con fines electorales. Las autoridades judiciales consideraron que la infracción no justificaba el retorno inmediato de Bolsonaro a prisión cerrada, pero sí la necesidad de reforzar el aislamiento para evitar cualquier interferencia en la contienda política.

Milei había confirmado días atrás que viajará a Brasil el 25 de julio para asistir al acto en el que Flávio Bolsonaro sería proclamado candidato presidencial y dijo que se haría un tiempo para saludar personalmente a Jair Bolsonaro. Esta escala, presentada como un desafío diplomático para Luiz Inácio Lula da Silva, generó tensiones en el escenario político regional.

“El 25 viajo a Brasil, que lo ungen candidato a Flavio Bolsonaro, y voy a estar en San Pablo. Después voy a hacer un paso por Brasilia para ver a Jair Bolsonaro”, expresó Milei días atrás en declaraciones a radio Now Now 97.9.

La prohibición alcanza a cualquier tipo de encuentro con fines electorales o políticos, extendiéndose hasta la finalización de las elecciones legislativas, regionales y presidenciales programadas para octubre.

Milei deberá conformarse con asistir al evento en San Pablo y continuar con el resto de su gira internacional sin la visita a Bolsonaro. El mandatario argentino había vinculado su viaje a Brasil con la búsqueda de inversiones y la profundización de la política exterior, pero la imposibilidad de ver al ex presidente brasileño obliga a modificar la hoja de ruta prevista.

Las restricciones judiciales que enfrenta Bolsonaro no solo afectan el plano personal y familiar —su hijo Flávio tiene suspendidas las visitas durante noventa días— sino que también repercuten en sus relaciones políticas internacionales. El equipo legal de Bolsonaro calificó la situación como “incomunicabilidad” y anticipó presentaciones judiciales para revertir la medida, aunque por el momento no hay margen para una excepción que permita la visita de Milei.

Las razones de la decisión judicial

La decisión judicial brasileña responde a la preocupación por evitar cualquier tipo de injerencia externa o mensaje político de Bolsonaro durante el proceso electoral. De Moraes consideró insuficientes los argumentos de la defensa, que alegaron desconocimiento sobre la difusión de la carta de apoyo a Flávio Bolsonaro.

Para Milei, la gira internacional era parte de una estrategia de apertura económica y diplomática, que incluía visitas a Perú, Colombia y Ecuador además de Brasil. El presidente argentino había defendido la utilidad de sus viajes para atraer inversiones y fortalecer vínculos con líderes afines, pero la coyuntura judicial brasileña establece un límite a sus planes de agenda política.