La Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó el Monitor de Actividad del Congreso, una nueva sección de Data CP que reúne y sistematiza información pública de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación para que cualquier persona pueda conocer cómo votó cada legislador, qué proyectos impulsó y cuánto utilizó los pasajes oficiales, entre otros datos.

La plataforma organiza la información en cuatro grandes dimensiones: las votaciones de cada legislador y legisladora, los proyectos que presenta o acompaña, sus intervenciones en el recinto y la utilización de pasajes oficiales. La información abarca distintos períodos legislativos y puede explorarse a través de gráficos, tablas, mapas y visualizaciones interactivas que no requieren conocimientos técnicos especializados para su uso.

Detrás del lanzamiento hay una premisa concreta: si bien los datos del Congreso son públicos, históricamente se encontraron dispersos entre expedientes, actas, versiones taquigráficas y bases de datos de ambas cámaras, en formatos que dificultaban su consulta y comparación. El Monitor apunta, precisamente, a resolver esa dispersión.

Pablo Cerchia, licenciado en Ciencia Política de la UBA y responsable del proyecto, explicó el alcance de la iniciativa: “No alcanza con que la información pública esté disponible: también tiene que ser comprensible, comparable y reutilizable. Queremos que cualquier ciudadano pueda conocer qué hicieron sus representantes, cómo votaron y qué iniciativas impulsaron. El Monitor permite transformar información que antes estaba dispersa en una herramienta concreta para la investigación, el periodismo y el control ciudadano”.

Entre las funciones disponibles, la plataforma permite comparar el comportamiento de los bloques frente a leyes relevantes, analizar la afinidad de voto de los legisladores con el oficialismo y la oposición, identificar coincidencias entre espacios políticos y observar la cohesión interna de cada bloque.

También incorpora mapas de alianzas construidos a partir de la cofirma de proyectos legislativos, rankings de intervenciones en el recinto y herramientas para explorar el vocabulario utilizado por diputados y senadores.

Una de las incorporaciones que distingue al Monitor de otras iniciativas similares es «Armá tu poroteo», un simulador que permite construir escenarios de votación, visualizar posibles resultados en el recinto y exportar imágenes para investigaciones, publicaciones periodísticas y análisis políticos. La herramienta apunta tanto al público general como a periodistas e investigadores que necesitan procesar información legislativa de manera ágil.

En cuanto al acceso a los datos, el Monitor ofrece descargas en CSV, Excel y JSON, y dispone de una API documentada para desarrollar análisis y visualizaciones propias. El acceso es gratuito y no requiere registro, lo que amplía el espectro de usuarios potenciales más allá del ámbito académico o técnico.

Nicolás Zubiria, secretario académico de la Carrera de Ciencia Política de la UBA, encuadró el lanzamiento dentro de una concepción más amplia del rol de la universidad pública: “Desde la Carrera de Ciencia Política de la UBA creemos que la universidad pública tiene un papel fundamental en la producción de conocimiento y en el desarrollo de herramientas que contribuyan a mejorar la calidad del debate público. Con Data CP buscamos que información relevante para comprender el funcionamiento de nuestras instituciones esté al alcance de cualquier persona, no solamente de quienes cuentan con conocimientos técnicos especializados”.

Con esta nueva sección, Data CP amplía sus herramientas de consulta y análisis de información política argentina, sumando la actividad legislativa a su plataforma de datos electorales. El antecedente directo es la sección Elecciones Legislativas 2025, presentada el año anterior, que centraliza y visualiza información electoral y permite a ciudadanos, periodistas, docentes y estudiantes acceder a datos claros y descargables sobre los procesos electorales argentinos.

La plataforma está disponible en datacp.ar/congreso, mientras que el monitor de elecciones puede consultarse en datacp.ar/legislativas2025.

El enfrentamiento entre el sindicalismo y el Gobierno por las obras sociales se pondrá al rojo: unos 50 sindicatos piloteados por Luis Barrionuevo (gastronómicos) harán en las próximas horas una presentación conjunta ante la Justicia en reclamo de que el Ministerio de Economía libere unos 688 mil millones de dólares que tiene retenidos y que los devuelva al sistema sindical de salud.

En el escrito se denunciará al ministro Luis Caputo por incumplimiento de los deberes de funcionario público porque mantiene “pisado” dinero que corresponde a las obras sociales: serían, por un lado, 288 mil millones de pesos en un plazo fijo en el Banco Nación, que corresponden al Fondo Solidario de Redistribución (que paga los reintegros a las obras sociales) y, por otro, unos 400 mil millones de pesos en Fondos FIMA que se acumularon por una deuda que abonó OSDE ante su incumplimiento en los aportes generados por los adherentes voluntarios al sistema de obras sociales.

La decisión de ir a la Justicia se tomó anteayer en un encuentro que Barrionuevo mantuvo con gremios de su sector en la sede del Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA), a los que sumó la UOM Capital, que lidera Roberto Bonetti. La denuncia judicial también cuenta con el aval del Sindicato de Comercio, encabezado por Armando Cavalieri, que maneja OSECAC, la obra social más numerosa del país (1.200.000 afiliados).

Pero, en los hechos, la presentación judicial se convertirá en un desafío a la CGT, que sigue analizando qué hacer ante la aguda crisis financiera de las obras sociales, pero hasta ahora no adoptó “ninguna medida concreta”, como cuestionan en el barrionuevismo, pese a 3 reuniones infructuosas de sus dirigentes con el ministro de Salud, Mario Lugones, como anticipó Infobae.

Barrionuevo, además, rechazará el paro parcial de 2 o 4 horas que impulsa la CGT tras la visita del Papa León XIV e insistirá en realizar un paro general de 36 horas, con movilización, para exteriorizar su oposición a las políticas del gobierno de Javier Milei. Al mismo tiempo, su gremio, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), hará el 16 de noviembre un paro nacional y una movilización ante el Ministerio de Capital Humano en demanda de que la Secretaría de Trabajo le firme la certificación de autoridades por su triunfo electoral de diciembre pasado y que le homologue su último aumento salarial.

Un grupo de abogados está finalizando la redacción del escrito, en el que, además de la devolución de los fondos que tiene retenidos Economía, se reclamará al Gobierno que actualice el valor del nomenclador por el cual el Estado paga los medicamentos, congelado desde hace unos tres años, con lo cual las obras sociales están recuperando un 10% de lo que abonan en ese rubro.

El origen de los 288 mil millones de pesos que debe hoy el Estado al sistema de obras sociales surge de una partida adicional de casi 148 mil millones de pesos que el ex ministro de Economía Sergio Massa, a pedido de la CGT, incorporó en 2023 en el Presupuesto Nacional, destinada al financiamiento de prestaciones críticas como discapacidad en el sistema sindical de salud.

Ese dinero fue restituido parcialmente desde entonces a las obras sociales y su monto se incrementó porque está depositado en un plazo fijo en el Banco Nación.

Los 400 mil millones de pesos restantes que el Gobierno tendría retenidos provienen del Fondo de Emergencia y Asistencia de los Agentes del Seguro de Salud, bajo disposición de la Superintendencia de Servicios de Salud, que fue creado en 2016 y es donde se destinaron los millonarios recursos del acuerdo de pago con OSDE.

Esta prepaga fue denunciada en enero de 2017 por Swiss Medical, su principal competidora, por no haber ingresado al Fondo Solidario de Redistribución los aportes correspondientes a sus afiliados voluntarios, reclamo que derivó en una denuncia de la UFISES (Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social).

Finalmente, en septiembre de 2017 se llegó a un acuerdo por el que se aceptó el ofrecimiento de pago de OSDE por unos 8 mil millones de pesos, fondos que se destinaron esos recursos inicialmente al fideicomiso de la Cobertura Universal de Salud (CUS). Y en 2019, mediante el decreto 251, se trasladaron los fondos disponibles de ese acuerdo al Fondo de Emergencia y Asistencia para financiar el auxilio a las obras sociales.

Desde ese momento, con los fondos retenidos por el Estado y por la conjunción de varios factores, se acentuó la crisis financiara de las obras sociales con cortes de prestaciones y problemas de pago que obligan a la estructura gremial a derivar millonarios recursos para mantener el sistema de salud, pero de esa forma se está complicando el funcionamiento de los sindicatos.

En un intento por lograr alguna solución, la CGT mantuvo tres reuniones reservadas con el ministro Lugones en la sede de la UOCRA, aunque los sindicalistas se quejan de que el ministro sigue sin responder a las propuestas que le efectuaron para superar la crisis de las obras sociales que los expertos califican de “casi terminal”.

Tras el último de esos encuentros, que tuvo lugar a fines de septiembre, el panorama empeoró: según fuentes de la CGT, alrededor de un 90% de la plata del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte de trabajadores y empresarios para pagar los reintegros a las obras sociales, se destina hoy a las prestaciones por discapacidad, que demandan un gasto cercano al millón de pesos por afiliado en promedio y que representan unos 160 mil millones de pesos por mes, lo que deja muy poco margen para reintegrar a las obras sociales el dinero de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos más costosos.

El sanitarista Luis Scervino, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, director de la obra social de Obras Sanitarias y asesor de la CGT, dijo a Infobae: “Estamos en una encerrona. La Argentina financia la atención médica esencialmente a través de un modelo de seguridad social, es decir, con aportes y contribuciones, pero la caída del poder adquisitivo del salario, a la que se suma un aumento exponencial del gasto médico, obliga a las obras sociales a cubrirlo, y cuando no se puede por el alto costo, termina judicializándose. Esto es una olla a presión”.

Axel Kicillof pone el foco en el interior del país en el tramo final del año parado sobre una lógica de construcción territorial que sostenga su candidatura presidencial en el 2027. En ese contexto se inscribe si visita a Jujuy de este viernes, con una parada institucional con el gobernador Carlos Sadir, y la organización de su viaje a Santa Fe, que fue uno de los temas que se trató en la reunión que tuvo el miércoles con algunos dirigentes del justicialismo santafesino.

El gobernador bonaerense mantiene el ritmo de sus visitas a otras provincias y, de esa forma, pasa por encima de los conflictivos internos que sobreviven en el peronismo y que mantienen una tensión incesante en la convivencia que se da durante este proceso de reorganización nacional que atraviesa la fuerza política.

A media mañana Kicillof va a poner un pie en San Salvador de Jujuy donde firmará una serie de convenios de cooperación entre las provincias de Buenos Aires y Jujuy con el gobernador Sadir. Serán convenios en materia de empleo, deportes, minería, seguridad y desarrollo agrario. Habrá fotos y una muestra implícita de que tiene la flexibilidad necesaria para negociar con todos los sectores de la política, desde las corrientes internas del peronismo hasta el radicalismo.

A la tarde visitará el Centro De Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (CIDMEJu) y se reunirá con el intendente de Palpalá, Rubén Rivarola. Allí también habrá una firma de convenios. El pico de la rosca política llegará al atardecer, cuando Kicillof hable en Club Altos Hornos Zapla y vuelva dejar en claro su voluntad de competir el año que viene. “Cuenten conmigo”, es la frase que más entidad tiene en su boca por estos tiempos preelectorales.

Rivarola padre, que es uno de los referentes históricos del peronismo jujeño, jugó fuerte por el gobernador bonaerense antes de su llegada a la provincia. Durante una entrevista con una radio local, aseguró que Kicillof es la “alternativa que el país demanda” y afirmó: “Axel será el próximo presidente de la Argentina ya que representa una figura esperanzadora frente a la crisis actual”.

Antes de la visita a Jujuy, Kicillof, y sus ministros como Andrés “Cuervo” Larroque, Carlos Bianco, Javier Rodríguez, Javier Alonso y Walter Correa, estuvieron reunidos con algunos dirigentes del peronismo de Santa Fe, provincia en la que quiere desembarcar antes de fin de año y que está en pleno proceso de ordenamiento para lograr una síntesis de unidad el año que viene.

En el encuentro, que se llevó a cabo en la sede del Banco Provincia en la Ciudad de Buenos Aires, estuvo con Lucila De Ponti y Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita; Juan Monteverde, de Ciudad Futura; y el intendente de Funes, Roly Santacroce, junto a otros jefes comunales; y Leandro “Kiko” Busatto, de Comunidad, tuvo como objetivo concretar un acercamiento de Kicilof con algunas de las vertientes del diverso mundo del peronismo santafesino.

Se habló de la realidad de la provincia y cómo perfil un proceso de construcción de Santa Fe. Ahí los dirigentes plantearon como ven ellos la etapa electoral en una provincia donde no hay un liderazgo único, existe la voluntad de encontrar un acuerdo de unidad mayoritario, pero las discusiones aún están muy verdes.

Kicillof no va a meterse en la interna del peronismo santafesino. Tal es así que uno de los temas que estuvo presente en la conversación es el respeto a las identidades territoriales para evitar cualquier tipo de roce y seguir sumando adhesiones en el interior del país. Además, es una forma concreta de mostrarle a los dirigentes provinciales que la voluntad y la convicción de ser candidato se mantienen inquebrantables.

La intención de esquema político del mandatario bonaerense es avanzar en los armados provinciales y que eso ayude a consolidar una construcción nacional. Poco a poco, pero hacia adelante. En definitiva, el gobernador bonaerense se diferencia de cualquier discusión interna del peronismo y se mantiene en la línea de su estrategia, anclada en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que sigue una lógica distinta a la de otras vertientes justicialistas.