Finalmente, el peronismo logró destrabar en la Legislatura, la negociación por el endeudamiento que solicitó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Este jueves por la madrugada, la Cámara de Diputados logró los dos tercios de los votos presentes para aprobar una solicitud de deuda de hasta 3.685 millones, que incluyen emisión de Letras del Tesoro y cuatro endeudamientos: uno para la administración central, otro para el ejecutivo, un tercero para la empresa AUBASA y una solicitud para Buenos Aires Energía. Una votación que a las 3:30 am se replicó en el Senado, para convertirse en ley.

Pasadas las 1:30 am se reanudó la sesión en la Cámara baja tras el llamado de dos cuartos intermedios que se necesitaron para estirar la negociación. En Diputados, acompañaron a los 36 integrantes del bloque de Unión por la Patria, los bloques de Unión y Libertad, Nuevos Aires, la Coalición Cívica, la UCR Cambio Federal, Somos Buenos Aires y el PRO, aunque este último optó por acompañar el artículo del proyecto para rollovear la deuda y el fondo para los intendentes; pero rechazó el punto que solicita autorización para tomar deuda por hasta USD 1.045. “No sabemos para qué es esa deuda”, dijo el vicepresidente del bloque amarillo, Agustín Forchieri. Así, con todo se llegó a los dos tercios con los votos. Al momento de la votación había en el recinto 88 diputados presentes de un total de 92. Hubo estratégicas ausencias como la de Ramón Vera del bloque de LLA; Ricardo Lissalde, de Unión por la Patria; Anahí Bilbao del bloque UCR Cambio Federal, y María Laura Richini, del PRO, pero que responde al intendente de Junín, Pablo Petrecca. Esas ausencias le facilitaron al peronismo llegar a los dos tercios de los presentes y avanzar con la sesión.

A cambio del respaldo, el Ejecutivo fue cediendo durante toda la negociación. Puntualmente, amplió el directorio del Banco Provincia. Para eso, por ley, debió modificar la carta orgánica del BAPRO. La integración pasará de ocho directores totales a nueve, que ahora se llamarán vocales. También, crearon un consejo de directores asociados dentro del BAPRO que tendrá tres vocales asociados y dos síndicos.

Kicillof decidió no perder el control del gobierno del banco. Por eso serán cuatro los nombres que se encuadran dentro del Movimiento Derecho al Futuro –Julio Pereyra, Carlos Orsingher, Alejandro Formento y Carlos “Cuto” Moreno-. La Cámpora tendrá presencia con Rodra Rodríguez y Laura González. El masssismo con los intendentes Javier Bordoni -Torquinst- y Javier Osuna -General Las Heras-; los intendentes con la saliente senadora Gabriela De María. Además, habrá directores por la oposición: Matías Ranzini por el PRO, Fernando Rozas por los libertarios “dialoguistas” y otra silla que se mueve en el esquema de la UCR Cambio Federal. Quedaron dentro del directorio Fernando Pérez y Marcelo Daletto. Todos los pliegos se aprobaron con acuerdo del Senado.

La Legislatura bonaerense volverá a debatir este miércoles la ley de Endeudamiento impulsada por el gobernador Axel Kicillof y que tiene como fin tomar deuda por un monto equivalente a 3.600 millones de dólares, aproximadamente.

El objetivo del mandatario es encontrar el respaldo suficiente para obtener los recursos necesarios para afrontar los vencimientos de deuda pública previstos para el año 2025, y no hacer uso de los fondos destinados a Salud o Educación.

La sesión extraordinaria será presidida por Alexis Guerrera, quien hasta el recambio del 10 de diciembre mantendrá la titularidad de la Cámara baja.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el kicillofismo, además de su pelea interna con La Cámpora, también enfrenta dificultades para conseguir el apoyo necesario de la oposición, principalmente de Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA), que condicionó su voto a diferentes exigencias políticas, puestos y reparto de fondos.

El Gobierno provincial anunció el lunes último un fondo de 250.000 millones de pesos, el equivalente al 8% del total de la deuda, para ser distribuido entre los 135 municipios bonaerenses.

Kicillof enfatizó que no se trata de “tomar nuevas deudas para obras faraónicas” sino de “refinanciar” compromisos ya existentes y garantizar la sostenibilidad fiscal de la provincia.

Asimismo, el mandatario informó que los vencimientos que devengan de la deuda provendrían de Rentas Generales y que la ley busca “garantizar” estos pagos mediante la toma de nuevo financiamiento.

La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado presentó hoy el informe final con una batería de 20 recomendaciones para prevenir crisis sanitarias como la acontecida y fortalecer los controles estatales y la trazabilidad de medicamentos adulterados.

El encuentro fue presidido por la titular de la comisión, la diputada santafesina Mónica Fein (Encuentro Federal), acompañada por la vicepresidenta Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) y Silvana Giudici (La Libertad Avanza), quienes presentaron el documento de 1537 fojas.

Fein explicó que las 20 recomendaciones “tienen relación con lo detectado en la investigación como medidas que buscan prevenir futuros casos”.

Entre las sugerencias, a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas (NA), se destaca la de “establecer criterios de idoneidad y antecedentes para los titulares y responsables técnicos de los laboratorios de producción de derivados de opioides y/o fentanilo”, como también “la declaración del origen de los fondos o aportes patrimoniales destinados a la inversión, constitución o ampliación del establecimiento”-

También se recomienda “implementar un esquema de auditorías en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)” e “instaurar un sistema de monitoreo digital que obligue a los laboratorios la carga en tiempo real de los registros de lote con carácter previo a la producción de derivados del fentanilo”.

A su vez, se insta a “crear un sistema de trazabilidad inalterable que contemple las etapas desde la adquisición de opioides / estupefacientes / medicamentos críticos con trazabilidad regulada para la elaboración de fármacos y la entrega a droguerías y efectores”.

Otro punto importante es el que sugiere “implementar un sistema nacional de trazabilidad para inyectables y opioides / estupefacientes / medicamentos críticos con trazabilidad regulada asegurando su registro desde el ingreso al establecimiento de salud, su dispensación en farmacia hospitalaria, la cadena de custodia y su administración final al paciente”.

Además, se planteó “disponer la actualización y fortalecimiento de los mecanismos de control, fiscalización y sanción para los efectores de salud —tanto públicos como privados— que omitan o incumplan la obligación de notificación en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA)”.

En tanto, se sugiere “requerir a la ANMAT realice las modificaciones necesarias del Manual de Buenas Prácticas de Fiscalización que determine plazos específicos y acotados, y medidas que deban tomarse en función de la gravedad y el riesgo de los incumplimientos constatados”.

Asimismo se recomienda “mejorar los mecanismos de alerta sanitaria” y de los “Procedimientos para el Retiro de Productos Farmacéutico”, de manera tal que “ante el incumplimiento en la obligación de recupero de productos (recall) por parte de la empresa (laboratorio y/o droguerías), lo realizará la autoridad de aplicación con cargo a la empresa quien deberá solventar las erogaciones”.

“Homologar y fortalecer el control de los sistemas de comercialización de medicamentos y la distribución que dispensan las provincias al sector público”, es otra de las sugerencias mencionadas en el informe final.

Por último, se pide “garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley N° 27.372 y de todos los derechos de las personas víctimas de delitos, en particular la asistencia integral física, psicológica y social, dotando al Centro de Asistencia a las Víctimas (CENAVID) de todas las herramientas y recursos a esos fines”.

Luego de leer las 20 sugerencias, Fein reclamó que “haya un antes y un después, que cambie el sistema de producción de medicamentos, de control sobre los medicamentos y la fabricación, el control sobre la calidad de las clínicas y sanatorios, el acompañamiento a las víctimas, el rol del Estado para evitar esto”.

Por su parte, Tolosa Paz valoró la participación y exposición del juez federal Ernesto Kreplak, interviniente en la causa judicial, cuyas consideraciones “fueron tomadas para sumar a las recomendaciones finales del informe”.

A su turno, Giudici advirtió que “los mecanismos de control de organismos reguladores y los procedimientos de distribución y comercialización en todo el país y los mecanismos de asistencia a la víctima fallaron todos”.