La CGT, las dos CTA y los movimientos sociales responsabilizaron a Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, por los “20 millones de endeudados” que existen en la Argentina y reclamaron una solución urgente al Gobierno que “se hace el distraído cuando tiene que armar un programa que pueda refinanciar” las deudas contraídas.

Las tres centrales obreras y el gremio de los movimientos sociales confirmaron este miércoles la marcha de mañana, a las 14, ante el Ministerio de Economía para protestar por la falta de respuestas oficiales que, señalaron, empuja a millones de personas hacia una exclusión financiera cada vez más profunda.

En una conferencia de prensa realizada en la sede de Azopardo 802, el cotitular cegetista Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) dijo que “este modelo político y económico nos sigue llevando a la miseria y agudiza y profundiza la insensibilidad que tiene este gobierno ante el conjunto de nuestra población”, al tiempo que advirtió que “este plan de acción va a continuar hasta que podamos cambiar el rumbo de nuestro país”.

“Está claro que este gobierno tiene una velocidad para sacar leyes como el RIGi y el SÚPER RIGI, que son beneficiosas para los sectores más concentrados de la economía y se hace el distraído cuando tiene que armar un programa que pueda refinanciar”, destacó. Y agregó: “Nadie está diciendo que no quiere pagar sus compromisos sino que se está pidiendo cómo refinanciar su deuda, pero el Gobierno sale a decir que es un problema entre privados”.

Jerónimo afirmó que hay 20 millones de endeudados en la Argentina, que 6 millones de personas atraviesan una situación crítica y que el 60% está “a punto de entrar en categoría 4 del Veraz”, una condición que, según explicó, “prácticamente los saca del sistema financiero”.

El dirigente planteó que el problema no se limita a quienes quedaron afuera del mercado laboral formal sino también a los trabajadores registrados que no sólo no llegan a fin de mes sino tampoco “al día 15″.

Además, el cotitular de la CGT extendió el reclamo más allá de la Casa Rosada y pidió que haya alguna reacción del sistema político. “La responsabilidad también es de construir una oposición seria que se ponga al frente y se haga cargo de resolverle los problemas estructurales que tiene el pueblo argentino”, afirmó.

Jerónimo remarcó que el movimiento obrero viene expresando su rechazo al programa económico de Milei desde el inicio de la actual gestión. Recordó que la primera medida de fuerza se tomó a los 15 días de comenzado el gobierno y que, desde entonces, hubo “miles de movilizaciones y 4 paros generales”.

Por su parte, el cotitular de la CGT Octavio Argüello (Camioneros) explicó que la movilización a Economía no estará limitada a las tres centrales obreras y que prevé la participación de organizaciones sociales y de otros sectores de la sociedad. Esa amplitud, dijo, responde a un cuadro que definió como “desesperante”.

Para el dirigente sindical, el efecto del actual escenario no se limita al presente: “No es el problema que está pasando ahora, sino que lo que nos va a dejar (el Gobierno) va a ser peor de lo que está sucediendo”. Por eso pidió “poner un freno a este gobierno totalmente insensible y que no tiene en vista políticas que sean favorables a los sectores más necesitados”.

Por su parte, el titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), consideró que “cuando más de la mitad de los argentinos tiene algún problema con las deudas y la totalidad de una nación está sujeta a los ajustes que son para pagar el endeudamiento externo, esto deja de ser un problema individual para convertirse en un problema de la propia nación”.

“Esta convocatoria que hace el sindicalismo argentino y los movimientos sociales tiene como objeto denunciar que la famosa dimensión moral que esgrime el Gobierno es de absoluta falsedad -dijo-. Es inmoral no tener ningún tipo de sensibilidad sobre gente de nuestro pueblo que se ha endeudado. Es de una inmoralidad absoluta”.

En su intervención, Norma Morales, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), se preguntó: “¿Quién cuida a las que nos endeudamos para sostener la vida de nuestras comunidades en los barrios populares? ¿Quién nos cuida a las que nos endeudamos para comprar comida?”. Y luego sostuvo: “La deuda no es un tema individual, es una deuda colectiva. Un pueblo endeudado es consecuencia de las políticas de gobierno que defienden a los poderosos que no pierden nunca”.

En representación de la CTA de los Trabajadores, su secretario adjunto, Roberto Baradel (SUTEBA), remarcó que “el tema del endeudamiento tiene varios aspectos, como el endeudamiento del país y también tiene el problema del endeudamiento de las familias de diferentes sectores, inclusive del pequeño y mediano empresariado, de las familias, de trabajadores que están endeudados con los bancos o con las billeteras virtuales o el endeudamiento de aquellas familias que menos tienen y que recurren a usureros y cuando no lo pueden pagar, además, eso implica que reclutan en barrios populares con muchas carencias para el narcomenudeo”.

“Milei es responsable y tiene la culpa. No es verdad que no se les pone una pistola en la cabeza a las familias para endeudarse -señaló-. Cuando una familia tiene que endeudarse para llevar el sustento diario porque están desocupados o el sueldo no les alcanza, eso es una pistola en la cabeza. Las políticas económicas son una pistola en la cabeza para el tema del endeudamiento. Por eso Caputo y Milei son responsables y mañana vamos a ir al Ministerio de Economía a reclamárselo”.

Hugo “Cachorro” Godoy (ATE), secretario ceneral de la CTA Autónoma, hizo hincapié en que el plan de lucha del sindicalismo “no solamente apunta a denunciar los más atroces desastres de la política económica de Milei y Caputo sino en cómo impacta en nuestro pueblo con el aplastamiento de los salarios, ya son 340.000 puestos de trabajo formales que se han destruido y cerca de 30.000 empresas que se siguen cerrando”.

El presidente Javier Milei diseñó una agenda especialmente cargada para esta semana, en la previa de sus próximos viajes al exterior y después de las versiones que circularon en las últimas dos semanas sobre supuestos problemas de salud, derivados de la ausencia total de actividad pública.

La imagen de hiperactividad institucional de ahora se contrapone con la desaparición del radar del mandatario durante nueve días, desde su regreso de la gira en países de la región. Javier Milei permaneció la semana pasada y parte de la anterior recluido en la Quinta de Olivos, sin agenda pública ni entrevistas. Y desde ayer, luego de las dudas que expresaron dirigentes críticos, inició un rally de apariciones que continuarán hasta la semana que viene, antes de iniciar una nueva seguidilla de viajes internacionales.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, respondió directamente a esas versiones con la frase: “El Presidente está muy bien”. En su conferencia de prensa en Casa Rosada atribuyó las especulaciones a un clima electoral adelantado. “Son especulaciones absurdas”, dijo.

Buscó desligar la falta de eventos oficiales de cualquier lectura sobre el estado de ánimo presidencial: “Cuando se dispone de la agenda, se la comunica”, planteó.

La agenda del jefe de Estado es opuesta a la de la semana pasada. Anteayer encabezó, con un discurso incluido, el acto por el Paso a la Inmortalidad de San Martín, en Plaza San Martín, con todo el Gabinete presente y transmisión por cadena nacional.

El jueves tiene planeado exponer en el Council de las Américas, en el Hotel Alvear, ante empresarios y gobernadores. Y el viernes, en el cierre de la semana, viajará a Rosario para hablar, una vez más, en el acto por el aniversario de la Bolsa de Comercio local.

A esa agenda excepcionalmente cargada, Milei sumó ayer la confirmación de su participación en un encuentro de la Fundación Libertad y Progreso con Federico Sturzenegger -a quien por segunda vez en pocos días buscará respaldar tras las críticas internas post-fracaso de la ley de Tierras y del Manejo del Fuego- y Luis Caputo, nueva figura de la pre-campaña electoral.

Todo el Gobierno inició una serie de actividades, entre mesas políticas, reuniones con gobernadores, y recorridas al estilo electoral.

Lo que no hará el Presidente, en cambio, es asistir personalmente al Congreso para presentar el proyecto de Presupuesto 2027. En el Ejecutivo, no dan motivos puntuales para esa decisión, aunque puertas adentro reconocen que se trata de un contraste el año pasado, cuando sí encabezó la presentación ante los legisladores.

En el oficialismo están convencidos de que esa ausencia no incidirá en forma negativa en la discusión sobre la suspensión de las PASO que necesitan los Milei para mejorar sus chances de reelegir el año que viene. “Si los gobernadores, diputados y senadores quisieran un gesto del Presidente le hubieran pedido una reunión. Pero saben perfectamente que no le interesan los temas de la política y que los lleva Karina”, dijeron.

Fuentes de la Casa Rosada explicaron que, lejos de tener un problema de salud, el Presidente utilizó ese lapso para trabajar de manera más concentrada, sin las interrupciones propias de la rutina en Balcarce 50.

Milei suele decir que prefiere trabajar desde Olivos para que no lo interrumpan con reuniones o actividades oficiales que “no le interesan”, y dejó saber que la semana pasada estaba escribiendo dos discursos para sus próximas presentaciones, además de terminar un libro.

En el entorno presidencial reconocieron que la sucesión de actos, reuniones y discursos de esta semana no responde únicamente al calendario institucional, sino a la necesidad política de mostrar a un Presidente activo, en plena forma y con la agenda 2027 como horizonte, después de casi diez días en los que su ausencia dejó más preguntas que respuestas puertas adentro del propio Gobierno.

La Justicia federal habilitó el trámite de un amparo colectivo que exige al Estado nacional reactivar las obras y el mantenimiento de la red vial en la provincia de Buenos Aires, financiados con fondos del fideicomiso creado por el decreto 976/01, conocido como fideicomiso SIT. El fallo, firmado por el juez federal Ernesto Kreplak del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata, ordenó notificar a las partes demandadas y solicitó informes urgentes a tres organismos del Estado.

La causa, identificada bajo el número 35671/2026, fue promovida por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz contra el Ministerio de Economía de la Nación, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Banco de la Nación Argentina. La acción busca que esos organismos adopten “de manera inmediata y coordinada todas las medidas necesarias” para cumplir con las obligaciones contractuales ya asumidas en materia de infraestructura vial dentro del territorio bonaerense.

El amparo no apunta a un tramo específico de ruta ni a una obra puntual, sino al conjunto de la red vial nacional en la provincia. El colectivo de afectados que la presentación pretende proteger abarca a los usuarios efectivos y potenciales de esas vías, lo que le otorga al caso una dimensión que trasciende a cualquier damnificado individual y lo encuadra como un proceso de alcance general.

Kreplak dispuso, como primer paso procesal, la inscripción de la causa en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como lo exige la Acordada 12/2016. La consulta previa a ese registro arrojó resultado negativo, lo que habilitó al magistrado a avanzar con el trámite sin que exista superposición con otro expediente de igual naturaleza.

En paralelo, el juez requirió a la DNV y al Ministerio de Economía que presenten, en el plazo de tres días, el informe previsto en el artículo 4, inciso 1, de la ley 26.854, que regula las medidas cautelares en causas en las que el Estado es parte. Por igual término, extendió ese requerimiento al Banco Nación, en atención a las particularidades del expediente. A los tres organismos también les fijó un plazo de diez días para responder el informe del artículo 8 de la ley 16.986, que rige el procedimiento de amparo.

El sustento de la denuncia radica en la administración de los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), que se nutre del impuesto a los combustibles líquidos. Tolosa Paz sostuvo públicamente que tres de cada cuatro pesos del fondo habrían sido derivados a instrumentos financieros —bonos, títulos y acciones— en lugar de aplicarse a obras viales. La legisladora cifró en $1,5 billones el monto que, según su presentación, debería haberse destinado al mantenimiento y la construcción de rutas en la provincia.

“El Gobierno cobra un impuesto a los combustibles para mantener nuestras rutas y, en lugar de destinarlos a obras, tres de cada cuatro pesos del SISVIAL fueron a la timba financiera”, explicó la legisladora peronista en sus redes sociales.

La diputada acompañó la acción judicial con una denuncia contra los funcionarios responsables de esa administración. En su comunicación pública al respecto, afirmó: “Para este Gobierno, la plata de los argentinos es negocio financiero”, al tiempo que reclamó que esos fondos se orienten hacia “trabajo, producción y un Estado que cuide”.

El expediente quedó radicado en la Secretaría N° 5 del Juzgado Federal de La Plata. Kreplak instruyó a la parte actora para que acompañe los proyectos de oficio dirigidos a cada uno de los organismos demandados, a fin de que Secretaría los confronte antes de su libramiento formal. La causa aguarda ahora las respuestas de Economía, Vialidad y el Banco Nación dentro de los plazos fijados por el magistrado.