El clima está enrarecido. Una vez más. Como tantas otras veces a lo largo del 2025, cuando la interna del peronismo bonaerense tuvo picos de máxima tensión y la fractura expuesta fue cercana y real. Los diálogos abiertos entre el kicillofismo y el cristinismo por la renovación de autoridades en el PJ Bonaerense están cruzados por intereses y movimientos tácticos de ambas partes. Hay ruido.

La posibilidad de que Axel Kicillof sea presidente del partido sigue estando latente. Pero, si se da, no será a cualquier precio. Tiene que haber un acuerdo integral en la conformación de la lista de consejeros, la junta electoral y las secretarías del partido. “Si no salen con nada raro los primos de La Cámpora, la posibilidad de que sea Axel está vigente”, sostuvo un importante dirigente del Movimiento al Futuro (MDF) ante la consulta de Infobae.

En La Plata, donde se concentra el círculo más chico y de mayor confianza del Gobernador, mantienen una postura más refractaria respecto a las negociaciones abiertas, de la que el kicillofismo forma parte. “Axel no puede aceptar ni rechazar algo que nunca pasó. No hubo propuesta y no hay negociación”, sentenciaron bien cerca del mandatario bonaerense.

En la Gobernación consideran que la posibilidad de que Kicillof sea presidente del PJ proviene de “una operación de La Cámpora”. En ese sentido, un funcionario de estrecha relación con el mandatario provincial le planteó a este medio: “Lo único que les interesa es condicionar a Axel y seguir con el barro de la interna para coartar la posibilidad de crecimiento nacional”. En definitiva, creen que la propuesta para que sea presidente del partido es una trampa para llenar de espinas su camino presidencial.

La definición que sale del corazón del kicillofismo es la misma que existía en el esquema político más chico que tiene el Gobernador durante los últimos meses del año pasado. “Una unidad cerrada entre cuatro paredes no le sirve a nadie. El partido tiene órganos que sirven para dirimir esas cuestiones. Ahí se tienen que resolver”, indicaron en el entorno de Kicillof.

Esa afirmación abre la posibilidad de que, finalmente, la situación se dirima en una elección interna, y que el Gobernador siga empujando a Verónica Magario como su principal candidata a reemplazar a Máximo Kirchner en la silla presidencial del partido. Esa posibilidad se terminará de resolver a lo largo de esta semana y, sobre todo, antes del domingo, cuando venza el plazo para presentar las listas de candidatos.

En el MDF hay un concepto general en el que están todos de acuerdo: el presidente del PJ Bonaerense debe ser alguien del MDF que responda directamente al Gobernador. Y también hay dos líneas internas distintas respecto a lo que debe hacer el líder de esa coalición: los que creen que es un error político de Kicillof ser presidente del partido, porque implica quedar encerrado de los deseos del cristinismo; y los que consideran que su desembarco al frente del PJ cierra el conflicto interno y le da un empujón más a su liderazgo nacional, proyectado desde Buenos Aires.

Kicillof no mantuvo ninguna conversación con Cristina o Máximo Kirchner en el último tiempo. Subsiste el silencio. En La Plata aseguran que a la madre y al hijo “no les interesa hablar con Axel”. Es decir, dan cuenta de una relación absolutamente rota, motivo por el que no hay posibilidad de consensuar objetivos comunes. Sin embargo, hay puentes de diálogo abiertos que evitan que la fractura quede a la vista definitivamente.

Así como en el kicillofismo sostienen que no hubo propuesta formal por parte de Máximo Kirchner para que Kicillof agarre la conducción del PJ, en el cristinismo afirman que existió una reunión de la que participaron dos dirigentes (uno cercano a Kirchner y otro a Kicillof) que suelen estar muy inmiscuidos en todas las negociaciones entre ambos sectores, y que en ese encuentro la propuesta del líder de La Cámpora se transmitió con fidelidad.

Este martes hubo una reunión en la que hubo representantes de ambo campamentos peronistas y que tuvo lugar después de una en la que se habló exclusivamente de las tareas de la junta electoral. Hay representantes de ambos lados que están destinados a materializar los puentes de diálogo. Del kicillofismo son Verónica Magario, Gabriel Katopodis, Andrés “Cuervo” Larroque y Mariano Cascallares; y del cristinismo son Federico Otermin, Mariel Fernández, Leonardo Nardini y Facundo Tignanelli. Todos se vieron ayer.

En ese encuentro, que fue una primera aproximación hacia la posible unidad, se empezó a poner sobre la mesa las localidades en las que hay más conflictos para lograr un acuerdo integrador. En el listado aparecen Mar del Plata, Chascomús, Tandil, San Nicolás y Tres de Febrero, entre otras tantas. Son algunas de las ciudades en las que también hubo problemas para lograr la unidad previo a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre del año pasado.

En la reunión también se habló de cómo será la distribución del consejo partidario por secciones y de cómo se integrarán las ramas de mujeres, gremios y jóvenes. Hoy es probable que haya un nuevo encuentro para tratar de seguir encaminando la negociación. Algunas voces potentes del MDF aseguran que Kicillof puede aceptar ser candidato si se dan las condiciones. Y sino habrá interna o, eventualmente, el cristinismo tendrá que aceptar a Magario al frente del partido.

En La Plata son mucho más cautos porque consideran que la jugada política de Máximo Kirchner es una encerrona que busca deslegitimar al Gobernador. “No te lo ganaste, yo te lo dí”, fue la definición que utilizaron en el entorno más íntimo del ex ministro de CFK para representar el objetivo de la estrategia del líder camporista. Cerca de Kirchner le bajan la espuma a los idas y vueltas, y advierten que lo que puede terminar complicando el acuerdo son las diferencias internas de la coalición del Gobernador. El partido de los símbolos se juega con pierna fuerte.

Todo está por verse. Hay tironeos internos en el MDF y una decisión clara del sector de los Kirchner de ejercer presión sobre Kicillof para que acepte conducir el PJ Bonaerense. Ese lugar que nunca antes le ofrecieron y que él dejó saber el año pasado que no quería ocupar. No hay sentencias firmes a esta altura de la semana. Sobreviven las pujas internas dentro de la interna. Hay más dudas que certezas.

Mientras aguarda el tratamiento en el Congreso de la nueva ley de Glaciares, el presidente Javier Milei ya tiene pensado hacer un nuevo viaje a los Estados Unidos para hablar frente a cientos de empresarios en busca de inversiones, igual que harán los principales referentes del Gobierno en otros eventos similares.

Tal como anticipó Infobae, el mandatario nacional tiene previsto disertar en el Council the las Americas, un foro de debate con muchísimo prestigio en norteamérica, que reúne a algunos de los más importantes directivos de compañías internacionales.

Será el próximo 10 de febrero, en la ciudad de Miami y en la previa de la Gala Prosperidad Hispana, a la que también fue invitado y que se realizará en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump.

Al menos 150 empresarios locales han adelantado su interés en escuchar a Milei, después de lo que fue su exposición sobre la economía moderna en el Foro de Davos hace algunas semanas.

“Dado el vínculo profundo entre la moral y los mercados libres, estos últimos nos hacen mejores personas. Ya que gracias a los mercados dinámicamente eficientes podemos al mismo tiempo progresar económicamente, defender la propiedad privada, mantener la paz, alcanzar la armonía social y fortalecer aquellas virtudes sociales que son indispensables para una sociedad próspera”, sostuvo en aquella oportunidad.

En paralelo, el canciller, Pablo Quirno, llegó este martes a Washington para asistir a una cumbre sobre minerales críticos convocada por la administración de Trump, en el marco de la cual se reunirá con varios funcionarios republicanos.

Como primera actividad en la capital estadounidense, el ministro de Relaciones Exteriores visitó el Atlantic Council, donde mantuvo un encuentro a puertas cerradas con autoridades de este think tank y con directivos de diferentes empresas que manifestaron interés en invertir en la Argentina.

Este miércoles será el acto central, en el que estarán el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, además de representantes de los países invitados.

La convocatoria fue hecha también a las naciones del G7 (EEUU, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Canadá y Japón), a los que se sumaron, además de la comitiva proveniente de Buenos Aires, Corea del Sur, Australia, México, Nueva Zelanda.

El objetivo de la jornada es debatir sobre los minerales críticos, como son las tierras raras, el litio, el cobre y el níquel, que el gobierno norteamericano considera fundamentales para no perder lugar en medio de la pelea comercial con China.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expondrá en un evento en Arabia Saudita sobre países en vías de desarrollo, donde coincidirá con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

El enviado argentino será uno de los oradores principales de la AlUla Conferencia sobre Mercados de las Economías Emergentes (ACEME, por sus siglas en inglés), que se realizará entre el 8 y 9 de febrero próximos.

El encuentron está dirigido a responsables de políticas, incluidos ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales, así como a académicos, líderes del sector público y privado, instituciones internacionales y regionales, académicos y expertos en economías de mercados emergentes.

Una vez que finalice el evento, Sturzenegger viajará a Miami para acompañar a Milei en la cumbre del Council of the Americas, donde también podría estar Quirno, aunque todavia no se definió esto último.

Asimismo, el Presidente también estará en Nueva York a mediados de marzo para encabezar el “Argentina week”, una feria en la que se promoverán las posibilidades de negocio en el país.

El debate en el Congreso

Todos estos viajes en busca de inversiones se llevan a cabo mientras en el Senado está pendiente el tratamiento de la nueva ley de Glaciares, que beneficia las explotaciones mineras y es parte del temario para estas sesiones extraordinarias.

La iniciativa del Gobierno para modificar la actual normativa plantea transferir facultades clave a las provincias, otorgándoles mayor control sobre el aprovechamiento de los recursos naturales en su territorio.

El proyecto establece limitar el alcance de la protección nacional sobre los glaciares y los ambientes periglaciares, focalizando la potestad en manos provinciales, bajo el amparo del artículo 124 de la Constitución Nacional.

Esta medida es respaldada principalmente por los distritos que componen la denominada Mesa de Litio (Catamarca, Jujuy y Salta), así como también los de la Mesa de Cobre (Mendoza y San Juan).

En una nota que enviaron a la Nación, estas jurisdicciones sostuvieron que “la Ley de Glaciares, en su redacción actual, ha provocado controversias sobre su alcance e interpretación, lo que termina por obstaculizar el logro de su finalidad última: promover el desarrollo económico sostenible de nuestras Provincias y de la Nación, sin comprometer a las generaciones futuras”.

El punto central del proyecto reside en la relectura del artículo 6 de la legislación sancionada en 2010, que hasta ahora prohíbe actividades mineras, hidrocarburíferas e industriales en ambientes protegidos al considerarlos reservas de agua dulce.

La ley también define de manera precisa qué se considera “glaciar” y “ambiente periglaciar”: en el primer caso, es “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente… cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación”, mientras que la segunda caracterización abarca áreas con suelos congelados que regulan los recursos hídricos.

En la nueva propuesta, el Gobierno sostiene que las restricciones actuales “han conspirado gravemente contra el pleno ejercicio de las legítimas prerrogativas provinciales referidas a la explotación racional de sus recursos naturales”.

Así, la iniciativa recoge —en el artículo 1— un nuevo criterio de interpretación: “La protección de los glaciares y del ambiente periglaciar deberá interpretarse de un modo compatible” con el texto constitucional, al mismo tiempo que otorga peso decisorio a las autoridades “que determine cada jurisdicción”.

El cambio sustancial radica en el procedimiento de autorización de actividades en estas zonas, ya que serían ahora las autoridades provinciales las encargadas de identificar, tras una evaluación de impacto ambiental, “qué actividades proyectadas implican una alteración relevante”, así como determinar “cuáles glaciares y qué ambiente periglaciar cumplen con alguna de las funciones hídricas previstas”.

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad a través del Decreto 84/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, tras un fallo judicial que ordenó su entrada en vigencia inmediata y la aplicación del nuevo régimen de pensiones.

La medida, firmada por Javier Milei, responde a la sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que en diciembre de 2025 declaró inválida la suspensión de la ley y le puso al Gobierno como fecha límite el 4 de febrero para que la normativa se implemente plenamente.

El conflicto surgió cuando el Ejecutivo intentó impedir la aplicación de la ley, sancionada por el Congreso en septiembre de 2025, mediante un veto fundamentado en la falta de fondos para costear las nuevas prestaciones. La Cámara de Diputados insistió en la promulgación, que se concretó pese a la resistencia del Gobierno. Aunque la ley fue promulgada formalmente, suspendieron su aplicación hasta que la Cámara Baja determinara la fuente de financiamiento.

La disputa judicial se activó tras el amparo colectivo presentado por O. G. J. en representación de sus hijos. El juez de Campana falló a favor de los reclamantes y anuló la suspensión. En su resolución, ordenó la inmediata aplicación de la Ley N.° 27.793. El Ministerio de Salud y otras áreas oficiales presentaron recursos en contra, alegando la imposibilidad de implementar la norma sin antes resolver el presupuesto. Aunque estos interrogantes aún no han sido resueltos, el juez fijo un plazo máximo de 30 días para que el Gobierno reglamente la ley.

Finalmente, la reglamentación llegó sobre la fecha límite del plazo, mediante la publicación del decreto 84/2026. Así, el Gobierno establece los criterios para el nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, definiendo los requisitos de acceso, los procedimientos para evaluar las condiciones socioeconómicas y las incompatibilidades con otras prestaciones. Sostiene que la implementación de la ley necesita una reglamentación formal para definir procedimientos y controles, tarea que queda bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad, ahora dependiente del Ministerio de Salud.

La normativa obliga a la Secretaría a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los parámetros de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas en un plazo máximo de 30 días. También establece la articulación entre organismos oficiales y de la sociedad civil, incluyendo al Observatorio de la Discapacidad y el Comité Asesor, para garantizar la participación federal y de las organizaciones vinculadas al sector.

El decreto admite la preocupación fiscal y presupuestaria, por lo que establece que las acciones acordadas con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ajustarse a los recursos disponibles y a las competencias asignadas.

Entre los puntos más complejos figura la conversión automática de las pensiones no contributivas previas al nuevo sistema, ahora denominadas Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. La Secretaría deberá identificar y verificar miles de prestaciones para llevar adelante esa transición, con el objetivo de asegurar una aplicación coherente del sistema.

En cuanto a la estructura institucional, el decreto centraliza la política de discapacidad en el Ministerio de Salud, con el apoyo permanente del Consejo Federal de Discapacidad en la evaluación, implementación y control de la ley. Este consejo, creado en 1996, integra funcionarios nacionales, provinciales y organizaciones de la sociedad civil.

A su vez, la norma dispone que es necesario prevenir lasuperposición con otros beneficios previsionales, la coordinación con políticas de inclusión laboral y la realización de auditorías periódicas. Tanto la Secretaría como el Consejo Federal serán responsables de la fiscalización.

El decreto, rubricado por Javier Milei, Manuel Adorni y Federico Sturzenegger, aclara que su dictado no implica aceptar los fundamentos del fallo judicial ni ceder en la disputa legal. El texto sostiene: “Sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad con sus fundamentos, se propicia el dictado del decreto reglamentario”. La norma entró en vigencia con su publicación.

Designaron a tres nuevos funcionarios en el área de discapacidad

Tras la reglamentación de la ley, el Gobierno formalizó la designación de tres nuevos funcionarios clave en el área de discapacidad, estructura central del Ministerio de Salud. La decisión fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El cargo más alto recayó en el doctor Alejandro Alberto Vilches, quien asumirá como secretario Nacional de Discapacidad. Esta secretaría funciona dentro del Ministerio de Salud y tiene a su cargo la coordinación de políticas públicas sobre personas con discapacidad, desde la regulación de certificados hasta el diseño de apoyos específicos.

Como subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos fue nombrado el licenciado Gianfranco Scigliano. Su área se ocupa de la implementación de normativas, validación de certificaciones y puesta en marcha de proyectos relacionados con el sector. Esto implica supervisar cómo se otorgan los certificados de discapacidad y garantizar que los procesos tengan respaldo legal y técnico.

El abogado Esteban Rafael Giler será el responsable de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos. En esta posición, tendrá como principal función facilitar el acceso a herramientas de apoyo social, laboral y educativo para personas con discapacidad. La subsecretaría articula con organismos públicos y privados, y se dedica a eliminar barreras en ámbitos esenciales como la salud, la educación y el transporte.

Alejandro Vilches, el flamante secretario Nacional de Discapacidad, había sido designado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025. El Gobierno designó tras la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por los sobreprecios.

La tarea inicial de Vilches fue la realización de una auditoría profunda del área, con el propósito de depurar el sistema y garantizar que los beneficios se otorguen con criterios estrictos de Justicia.

En cuanto a la trayectoria de Vilches, su perfil combina experiencia en gestión sanitaria, docencia y dirección dentro del sistema solidario de salud. Se desempeñó como secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud y fue responsable de la supervisión del reciente examen unificado para el ingreso a residencias médicas. Aquella instancia le valió visibilidad pública tras detectar irregularidades en los puntajes, con un inusual aumento de calificaciones altas, lo que dio lugar a una convocatoria extraordinaria para más de 200 postulantes y la implementación de procedimientos de control más rigurosos.

Egresado de la Universidad del Salvador, Vilches cursó estudios de especialización tanto en gestión de sistemas de salud públicos como privados. En el ámbito estatal, fue asesor en la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, subgerente en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (I.O.S.F.A.), y ocupó jefaturas en áreas técnicas de la Armada Argentina. Sumó experiencia como director general de evaluación de calidad en la Ciudad de Buenos Aires y como asesor en comisiones de salud de la Legislatura porteña y la Cámara de Diputados de la Nación.

En el sistema solidario, dirigió equipos médicos en obras sociales tan diversas como las del personal de las industrias Químicas y Petroquímicas Zárate-Campana, la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y la de la Industria del Cuero. También cumplió funciones de intervención federal en la obra social del sector de las comunicaciones. A nivel académico, desarrolló actividad docente de posgrado en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), dictando cursos de auditoría médica y participando en la maestría en gestión de salud, así como en la especialización en estudios sociales de la discapacidad.