Luego de los discursos de León XIV en Buenos Aires, Córdoba y Luján, y de las distintas lecturas que hicieron desde la oposición, la Iglesia y sectores del propio oficialismo sobre sus referencias a la pobreza, la discapacidad, las universidades y la economía, el Gobierno salió a fijar una posición sobre el mensaje del Santo Padre y remarcó que la doctrina social católica no contradice el programa de libertad económica que impulsa Javier Milei.

El vocero, Adrián Ravier, aseguró que tanto el Presidente como el canciller Pablo Quirno valoraron la visita y consideraron que las palabras del Pontífice tuvieron un carácter general, por lo que no deberían utilizarse para alimentar discusiones locales.

“El mensaje del Santo Padre es universal, interpela a todas las sociedades y no debe utilizarse para alimentar disputas políticas locales”, sostuvo en su habitual conferencia de prensa.

El funcionario explicó que la Casa Rosada recibió con “respeto y gratitud” el paso de León XIV por el país y afirmó que la actual administración comparte su convocatoria a construir una sociedad mejor y a resolver los problemas estructurales que arrastra la Argentina desde hace décadas.

“Creemos que las ideas de la libertad son compatibles con las ideas católicas. El papa León XIV habló en favor de la propiedad privada, de la iniciativa, del empresario que arriesga capital para tratar de generar puestos de trabajo“, destacó.

Ravier enumeró una serie de puntos en los que la gestión libertaria considera que existe coincidencia con el Papa: ”La defensa de la vida desde la concepción, la familia como célula básica de la sociedad, el valor del trabajo y el esfuerzo, la iniciativa privada, la lucha contra el crimen organizado, la necesidad de limitar el poder político, el rechazo a la corrupción y la idea de gobernar para todos”.

El funcionario también destacó que fue una de las movilizaciones más importantes de la historia del país, y celebró el respeto del pueblo argentino, que se movilizó en paz.

Uno de los tramos más comentados del discurso de León XIV fue su afirmación de que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

Esa frase generó distintas interpretaciones, ya que el Pontífice la vinculó con las familias, el empleo, los jubilados, las personas con discapacidad y quienes tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

Desde la Casa Rosada buscaron encuadrar esa definición dentro de la defensa del programa económico oficial. “Todo lo que ha hecho el Gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023 es poner la economía al servicio de las personas”, afirmó Ravier.

El vocero sostuvo que conceptos como equilibrio fiscal, monetario y cambiario pueden parecer técnicos, pero tienen consecuencias directas sobre la vida cotidiana. “Estamos haciendo que baje la inflación, que es un flagelo que golpea especialmente a los más necesitados”, argumentó.

Ravier señaló que, según los datos que maneja el Gobierno, la pobreza bajó de más del 50% al 32% y la indigencia pasó de cerca del 20% a alrededor del 7%. También destacó la evolución de los indicadores de pobreza infantil y las medidas que impulsa el Ministerio de Capital Humano para sostener la asistencia durante el proceso de estabilización.

“Hay una macro más sólida y, en paralelo, con el Ministerio de Capital Humano, hay un proceso que trata la transición. La Asignación Universal por Hijo se multiplicó al inicio de este Gobierno y se trató de sostener esa suba a lo largo del último tiempo”, planteó.

La respuesta oficial apuntó también a discutir una interpretación que, según Ravier, se instaló durante la visita papal: la idea de que el catolicismo y la doctrina religiosa son compatibles con propuestas más de izquierda.

“No hay una contradicción entre la doctrina social de la Iglesia y la economía de mercado. Se ha hablado en los medios de un Papa peronista, se ha hablado de que la doctrina social de la Iglesia es compatible con las ideas socialistas. Nosotros no lo vemos de esa manera o yo, por lo menos, no lo veo de esa manera”, afirmó.

Para respaldar esa postura, mencionó a académicos y referentes católicos vinculados con las ideas de la libertad, entre ellos el español Jesús Huerta de Soto, Alberto Benegas Lynch hijo, Robert Sirico, fundador del Instituto Acton en los Estados Unidos, y el filósofo argentino Gabriel Zanotti.

Ravier recordó que Zanotti escribió el libro “La economía para sacerdotes”, dedicado a analizar la relación entre los principios de la doctrina social católica y la economía de mercado.

“Hay una gran cantidad de académicos interesados en las ideas de la libertad, la libertad individual, la propiedad privada, la economía de mercado y el gobierno limitado que se han ocupado de buscar esta no contradicción”, explicó.

El vocero remarcó que la posición oficial no buscaba discutir con León XIV, sino destacar aspectos de su mensaje que, a juicio del Gobierno, resultan compatibles con el modelo libertario. “No lo hago con ánimo de pelear, sino de mencionar una literatura que contrasta a veces con lo que uno puede ver en los medios”, señaló.

En esa línea, citó las referencias del Papa a la propiedad privada, la iniciativa empresarial y el valor de quienes arriesgan capital para crear puestos de trabajo.

También vinculó esas definiciones con planteos que, según indicó, ya había formulado Francisco sobre la dignidad del empleo y la necesidad de no reemplazar el trabajo por una dependencia permanente de los planes sociales.

“El Papa León XIV habló en favor de la propiedad privada, de la iniciativa privada y del empresario que arriesga capital para tratar de generar puestos de trabajo. Puso en valor el trabajo, al igual que el papa Francisco”, sostuvo Ravier.

La intervención del vocero buscó cerrar la discusión que se abrió después de la visita del Santo Padre, durante la cual dirigentes de la oposición destacaron sus referencias a la discapacidad, las universidades, los jubilados, el diálogo político y la economía.

El Gobierno, en cambio, insistió en que el mensaje papal no fue una crítica directa a Milei y que varios de sus postulados pueden ser leídos como un respaldo a la estabilidad, el trabajo, la propiedad y el combate contra la corrupción.

A seis meses del inicio del cronograma electoral en Argentina, Axel Kicillof comenzó a desplegar sus alfiles en Chaco, Entre Ríos y Corrientes. El objetivo es doble: consolidar el espacio del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la interna peronista y solventar sus intenciones de pelear por la presidencia contra Javier Milei.

En el transcurso de 10 días, tres referentes del MDF habrán pisado el suelo de las tres provincias del litoral.

El miércoles 4, Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, estuvo en un encuentro en Chaco con colectivos involucrados en la cuestión de género. El paraguas de la reunión fue un plenario del MDF que se realizó en ATSA, el gremio de la sanidad. También firmó acuerdos con Universidades.

El peronismo intentará recuperar esta provincia el año próximo. Jorge Capitanich se corrió de la escena. Una interna abierta será la que defina quién intentará bloquear las intenciones reeleccionistas de Leandro Zdero, un radical aliado de la Casa Rosada.

La ex legisladora porteña Victoria Montenegro llegó como embajadora de Kicillof a Entre Ríos a fines de la semana pasada. Durante dos días, desplegó una serie de actividades que incluyeron contactos con la militancia local, charlas sobre identidad y la presentación del libro donde cuenta su historia como nieta recuperada.

Tiempo atrás, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos “Carli” Blanco, participó de un acto en Entre Ríos con referentes del espacio kicillofista. El PJ perdió la provincia en 2023 después de 20 años. Aún no está definido quien se plantará entre el gobernador Rogelio Frigerio y un segundo mandato.

Daniel Gollan, ex ministro de Salud y actual diputado nacional, inaugurará este jueves la sede del MDF en Corrientes capital. El viernes se redoblará la apuesta: en el Sindicato de Luz y Fuerza se lanzará el espacio para todo el NEA. La provincia eligió al radical Juan Pablo Valdés como gobernador el año pasado. El distrito ha sido siempre difícil para el PJ.

La importancia de las provincias

En conjunto, las tres provincias suman unos tres millones de votos. En los comicios del año próximo, renovarán 11 lugares en la Cámara de Diputados de la Nación. El PJ pondrá en juego cinco bancas en total.

Además, Corrientes tendrá que elegir sus tres representantes en el Senado. Hoy esos lugares están en manos del oficialismo provincial. Se trata de los radicales Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, y de Mauricio “Camau” Espínola, votado por el peronismo pero quien, luego de varias idas y vueltas, terminó reacomodado en el bloque Provincias Unidas, el sello con el que una liga de gobernadores compitió en las legislativas 2025.

Con mayorías tan ajustadas en el Congreso, estas bancas serán claves para cualquier proyecto político a partir de 2027.

Kicillof estuvo en persona en varios de estos distritos en los últimos meses. A Corrientes la visitó en junio. En agosto, en tanto, viajó a Chaco. A esto se suma que durante septiembre arribó a Misiones, otra provincia del litoral.

De abajo hacia arriba

Esta forma de construir candidaturas es tradicional en el peronismo. Desde que el PJ dejó de decidir en congresos partidarios sus fórmulas, aquel que quiere ser candidato envía o designa uno o más referentes en cada provincia. Estas personas tienenn no solo el deber de promocionar su figura, sino también la de sumar adhesiones y, el día de la elección, garantizar movilización y fiscalización en cada mesa.

Kicillof no ha formalizado sus intenciones presidenciales, aunque su candidatura es un hecho y agita las aguas de la interna justicialista desde hace meses. En sus actos repite la frase “cuenten conmigo”, ante la necesidad de generar una alternativa. Es el latiguillo con el que remata lo que considera errores y desaciertos de la gestión del presidente Javier Milei, sobre todo en materia económica.

Andrés “Cuervo” Larroque es una de sus principales espadas. Hace unas semanas, en una entrevista con La Tecla, definió: “Creo que las candidaturas se construyen de abajo hacia arriba. Quizás en el mundo de la superestructura a veces las cosas se ven un tanto alteradas, pero cuando uno va a la base, cuando uno recorre, cuando uno lo ve a Axel caminar y estar entre la gente, me parece que está claro que hay una vocación, una intención, una necesidad que le da sustento a esa posibilidad”.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) fijó el sábado 28 de noviembre de 2026 como fecha para leer su orden sobre las medidas provisionales que solicitó la Argentina para suspender el proyecto petrolero Sea Lion en aguas circundantes a las islas Malvinas. El anuncio lo realizó el presidente del organismo, el camerunés Maurice Kamga, al cierre de la segunda y última jornada de audiencias en Hamburgo, Alemania.

La confirmación de la fecha despeja la incertidumbre sobre los plazos, aunque las autoridades argentinas esperaban una resolución en un plazo más corto, incluso esta misma semana. El plazo fijado por el Tribunal, de esta forma, da al cuerpo de jueces 17 días para deliberar desde el cierre de los alegatos orales.

La segunda ronda de la jornada del miércoles concentró los argumentos más técnicos del debate y puso en evidencia que la disputa no se libra solo sobre el proyecto Sea Lion, sino sobre tres preguntas de fondo que el Tribunal deberá resolver antes de pronunciarse: si tiene competencia para intervenir, si el daño que alega Argentina es real e inminente, y si el tiempo alcanza para que el Tribunal Arbitral del Anexo VII actúe antes de que comiencen las perforaciones.

En sus conclusiones finales, Mario Oyarzábal, agente de la Argentina ante el organismo internacional, sintetizó el pedido de Buenos Aires en cuatro medidas dirigidas al Reino Unido: que suspenda toda nueva perforación de explotación e instalación de infraestructura de producción en la cuenca norte de las Malvinas vinculada al proyecto Sea Lion; que se abstenga de usar la información obtenida en exploración en detrimento de los derechos argentinos; que cese de impedir que Argentina cumpla sus obligaciones de protección del medio marino bajo los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR; y que no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.

“El Reino Unido pretende presentar este procedimiento como un intento de litigar la soberanía territorial bajo la apariencia de una controversia conforme a la Convención. Argentina rechaza esa caracterización”, planteó el delegado.

“El elefante en la sala”

A su vez, a través del profesor Marcelo Kohen, la Argentina insistió en que el Tribunal no necesita expedirse sobre soberanía en las Malvinas para dictar medidas provisionales: basta con que los derechos que Buenos Aires invoca sean plausibles bajo la CONVEMAR. Enumeró siete hechos que el Reino Unido no refutó en ninguna de las dos jornadas -entre ellos, que las Islas siguen en la lista de territorios no autónomos de la ONU y que la Asamblea General instó a no adoptar medidas unilaterales durante el proceso de descolonización- y los presentó como el contexto ineludible para interpretar la Convención.

La abogada británica Amy Sander abrió la réplica del Reino Unido con la tesis contraria: sostuvo que el reclamo argentino sobre la contabilización de emisiones de gases de efecto invernadero de las islas solo tiene sentido si Argentina acepta que es soberana sobre ellas, lo que convertiría esa alegación en una nueva variante del mismo reclamo de soberanía territorial.

Sander también objetó que la tercera medida provisional solicitada por Argentina -que el Reino Unido cese de impedirle cumplir sus obligaciones medioambientales- carece de correlato procesal. “Si Argentina alega que el Reino Unido incumple sus propias obligaciones de la Parte XII, debe decirlo con claridad”, sostuvo.

El punto de tensión central: Argentina afirma que invocar la soberanía explica el contexto del litigio, no su objeto. El Reino Unido sostiene que esa distinción es artificiosa porque todos los argumentos de Buenos Aires colapsan si no se acepta que Argentina es el Estado ribereño, es decir, si no se acepta que las islas son argentinas.

El riesgo ambiental

El asesor Nico Schrijver, de la defensa argentina, presentó cuatro fuentes de riesgo acumulativo que diferencian la explotación de la exploración ya realizada: la duración del proyecto (hasta 30 años y 11.000 días de operación), las nuevas fuentes de contaminación (26 pozos, 60 kilómetros de líneas de flujo submarinas, un buque de producción anclado), la dificultad de respuesta ante derrames en condiciones meteorológicas extremas, y la falta de experiencia del operador Navitas Petroleum en campos en producción. Citó datos del propio operador: probabilidad superior al 90% de que un derrame mayor alcance aguas internacionales, con residuos a hasta 220 kilómetros al norte del campo.

El abogado británico Guglielmo Verdirame KC opuso la declaración de impacto ambiental del proyecto: el riesgo de pérdida catastrófica del buque de producción fue calificado de “muy improbable”, sin precedentes en más de 20 años de operaciones globales de ese tipo, y el riesgo de reventón durante la perforación de desarrollo se estimó en uno cada 20.834 pozos.

El Tribunal deberá decidir cuál de los dos enfoques responde a lo que exige el artículo 290 de la CONVEMAR: si el daño sería grave en caso de ocurrir, o si es probable que ocurra. Verdirame defendió además las cifras de pérdidas económicas presentadas en la primera jornada: USD 1.000 millones de pérdida estimada para Rockhopper Exploration, respaldada en USD 865 millones de capital ya recaudado según la declaración del director ejecutivo Samuel Moody.

Advirtió también que la propia Argentina había desplazado el umbral de su reclamo entre el lunes y el miércoles: la solicitud original pedía suspender la “explotación de recursos”, que no comenzaría antes de 2028; la nueva versión pedía detener también las perforaciones preparatorias previstas para marzo de 2027. “Una parte que invoca el procedimiento excepcional del artículo 290 no debería presentarse sin tener una idea clara del riesgo real e inminente de perjuicio irreparable que dice enfrentar”, dijo.

Urgencia y plazos

El eje más disputado fue si el Tribunal Arbitral del Anexo VII de la CONVEMAR estaría en condiciones de intervenir antes del 21 de marzo de 2027, fecha de inicio de las perforaciones. Argentina, con Schrijver, presentó una cronología de seis casos históricos que muestra que ese proceso tarda entre 3,8 y nueve meses: en cinco de los seis precedentes, el tribunal arbitral no habría estado listo a tiempo.

Michael Wood, que tomó el podio en el tramo final de los alegatos británicos, objetó que esa comparación es inválida porque en ninguno de esos seis casos existía una solicitud urgente de medidas provisionales pendiente desde el primer día de constitución del tribunal. Citó el caso Arctic Sunrise: el 11 de diciembre de 2015, Italia presentó una solicitud de ese tipo ante un tribunal del Anexo VII que aún no había celebrado su primera reunión procesal, y ese cuerpo actuó con celeridad pese al período de feriados de por medio.

Argentina respondió que incluso en el caso más rápido de los seis precedentes, el tribunal arbitral estaría operativo el 6 de marzo, apenas quince días antes del inicio de las perforaciones, con una solicitud todavía pendiente de audiencia y de decisión. “En cuestión de días es una afirmación, no un cronograma”, sostuvo Schrijver, quien cerró su exposición con una advertencia directa a los jueces: “Una vez perforado el primer pozo de desarrollo, no quedará statu quo que preservar. Ningún tribunal del Anexo VII podrá actuar antes de eso. Este Tribunal sí puede. Si no es ahora, nunca será”.

La agente del Reino Unido ante el TIDM, Sally Langridge, leyó las conclusiones finales de Londres: invitó al Tribunal a “rechazar la totalidad de las solicitudes de la República Argentina para que se dicten medidas provisionales”. Resumió la posición británica en cuatro puntos: que el reclamo argentino presupone en todos sus aspectos ser el Estado ribereño y, por lo tanto, equivale a una demanda de soberanía fuera de la competencia del TIDM; que Argentina no demostró ningún derecho plausible que emane de la propia CONVEMAR; que no acreditó urgencia dado que el Tribunal del Anexo VII podrá constituirse antes de la fecha de perforación; y que el perjuicio real lo sufrirían los isleños y las empresas inversoras, no Argentina.

La orden del Tribunal del Mar, prevista para el 28 de noviembre, determinará si el proyecto Sea Lion puede avanzar según su cronograma o si debe paralizarse mientras se constituye el Tribunal Arbitral del Anexo VII que deberá resolver el fondo del caso.