El INDEC divulgó esta semana una serie de datos relevantes sobre actividad económica, ingresos y consumo. Son registros que no deberían ser leídos linealmente, pero que exponen su sentido inquietante para el Gobierno, más allá del discurso. En todo caso, el impacto puede ser advertido en el mensaje informal del oficialismo. “La macro todavía no se siente en la micro”, es una de las fórmulas elegidas a modo de reconocimiento parcial de esa realidad. Una manera de decir que los números “grandes” de la economía están bien encaminados, pero no mejoran el bolsillo de la gente. Aún si el primero de esos términos fuera tomado como cierto en toda su dimensión, sería un modo de recrear la idea del efecto “derrame”, parte central de un imaginario repetido no sólo en el mundo de la economía.

El tema no asoma en estos días como debate de fondo, que tiene archivo de sobra. El punto, ahora, es lo que estaría exponiendo más como necesidad que como concepto cuando la política va entrando de manera visible en el camino electoral. El plan reeleccionista de Javier Milei es la expresión más nítida del oficialismo -ayudado además por el fragmentado panorama opositor- y eso aumenta la demanda sobre la economía, a la par de las negociaciones con gobernadores y espacios dialoguistas para anotar resultados legislativos.

Las estadísticas oficiales conocidas esta semana alimentan esa visión macro-micro en las filas políticas del oficialismo, un modo de asimilar que la economía no “sube” al menos en la velocidad pronosticada por alguna frase presidencial. Los informes del INDEC incluyeron el siempre matizado EMAE -el Estimador Mensual de Actividad Económica-, la marcha de los salarios y cifras de consumo. Todo, sobre mayo. Algunos trabajos privados añadieron pinceladas sobre junio.

El EMAE exhibió la afirmación de ciertas tendencias más a allá de que el promedio resulte positivo o negativo. En mayo, expuso una variación interanual del 0,2% y una caída del 0,5% respecto del mes anterior. Y repitió una foto que ya es película: marcó crecimiento de rubros como la actividad minera (15,6%) y mostró datos para abajo en renglones de mayor ocupación de mano de obra, empezando por la industria (-5,6%) y el comercio (-4,3%).

Por supuesto, Economía buscó hacer una lectura descargada de contradicciones y más bien por la positiva. Frente a las vueltas para interpretar números, entre economistas suelen repetir con acidez que toda estadística puede ser apretada hasta que “confiese” lo que uno quiere. Pero el punto, en lo que hace a la inquietud que se advierte incluso en el oficialismo, es que no se trata de un único registro.

La relación entre evolución de ingresos y marcha de los precios también da para abordajes variados, aunque en ningún caso para interpretaciones cerradas sobre recomposición sostenida, como se difunde desde la vocería presidencial y desde Economía. El informe del INDEC señala que el promedio salarial de mayo anotó un 2,2%, es decir, una décima por encima del índice de precios del mismo mes. Aún tomando ese índice global, el mes a mes muestra que en enero y febrero perdió frente al IPC, en marzo empató y en abril y mayo superó a la inflación. Eso, sin contar pérdidas anteriores.

Existen además por lo menos dos elementos a tener en cuenta. El primero: ese índice total de salarios incluye trabajo registrado (privado y público) e informal, en base a la encuesta del organismo. Y lo que en general mejora el número es el empleo en negro. El segundo: el sector registrado mostró en mayo una variación del 1,8%, por debajo del 2,1% de inflación del mismo mes. En enero, febrero y marzo había ocurrido lo mismo. Y en abril superó al IPC, algo que no marcó un giro de tendencia.

En paralelo, corren los informes oficiales sobre consumo. En mayo, tanto los supermercados como los mayoristas mostraron mejoras respecto del mes anterior (0,9% y 2,3%, en ese orden), pero con resultados negativos en la medición interanual y en el acumulado del año, en torno a los 3 puntos.

Hay dudas entre los privados sobre lo que sigue. Por lo pronto, según Scentia, fue anotada en junio una caída en el consumo masivo. Y los datos que trascienden sobre actividad económica no parecen diferentes respecto de la estadística oficial de los meses previos.

Está claro que estos números no saldan por sí solos el contrapunto entre macro y micro, tomado como visión libertaria. Con todo, alcanza para registrar un fenómeno habitual en la medida que se abre el tiempo electoral: el aumento de la demanda política en el interior de los oficialismos. Y a la vez, para evitar expectativas restringidas a la economía, exige protagonismo político.

En eso está el oficialismo, tratando de revertir un cuadro particular. La necesidad de recuperar agenda fue de la mano con el largo deterioro provocado por el caso Adorni, que posiblemente en agosto anote un nuevo capítulo judicial. El Mundial corrió el foco de la política en general y el fin del clima futbolero excluyente vuelve sobre el mismo escenario.

Es llamativo y podría decirse que con los mismos reflejos, el oficialismo retomó la rutina con una nueva foto de “unidad”. El martes, reunió a su “mesa política” y la postal difundida de inmediato mostró sonrisas generalizadas, con Karina Milei, Santiago Caputo y Eduardo “Lule” Menem compartiendo el centro. El recurso, gastado, exhibe en espejo que las disputas domésticas siguen siendo un problema grave, lejos de ser superado o contenido.

Las tensiones surgen a veces de manera sorpresiva. La última fue protagonizada por Adrián Ravier, que produjo fuerte malestar en Economía con sus afirmaciones sobre una posible anotación del dólar entre 1.700 y 1.800 pesos en los próximos meses. Tocó un tema sensible, que no está fuera del radar del mundo económico, pero que no tiene lugar en el discurso del Gobierno.

En la mezcla de política y economía, las conversaciones para tratar proyectos del Ejecutivo en agosto vuelven a anotar a Luis Caputo en lugar destacado. Las tratativas a cargo de Diego Santilli -bajo la mirada de Karina Milei- siguen girando en torno de la reforma electoral -con la eliminación de las PASO a la cabeza- y van añadiendo temas, entre ellos el segundo capítulo de Inocencia Fiscal, reclamado especialmente por Economía. La semana que viene va a agregar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Del mismo modo, operan las idas y vueltas para definir el juego entre la elección nacional y los comicios provinciales. El Gobierno deja trascender listas de provincias con posibles acuerdos entre LLA y los jefes provinciales -básicamente, con la idea de trabajar por la reelección presidencial y las reelecciones locales-, pero a veces modifica ese listado o hace menos llano el terreno. Es parte de la lógica para no “regalar” nada, al menos antes de tiempo. La contracara son los recelos provinciales. Y por eso mismo, parte de lo que se negocia es medido en moneda contante. Lo exponen algunos registros sobre fondos discrecionales o atención de demandas específicas, como las vinculadas a cajas jubilatorias.

El Congreso, en tanto, transita días de vacaciones de invierno. El listado del oficialismo es extenso, sobre todo en el Senado: la postergada inviolabilidad de la propiedad privada, ley Hojarasca, RIGI II, régimen de zonas frías y, por supuesto, reforma electoral. El Gobierno prefirió enviar Inocencia Fiscal II a Diputados, con menos carga previa. De todos modos, realimentó versiones sobre la tensión con Patricia Bullrich. Otra vez, las internas y el arrastre de temas en el Congreso. Todo, camino a ser un clásico violeta.

El Gobierno se mueve. Casi en un intento por contrarrestar el desencuentro tras la Selección contra España en el Mundial 2026, activó una intensa agenda de actividades que incluyó reuniones internas, definiciones legislativas y hasta el contacto con gobernadores. Si bien la actividad política se intensificó, aún no logra traducir ese movimiento en avances concretos.

La dinámica de la semana que pasó desnudó la necesidad del presidente Javier Milei de avanzar con las reformas que diseñó para el segundo tramo de la gestión, donde cobran especial relevancia la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cuyos cambios presentará por cadena nacional a su regreso del viaje a Perú, previsto para el 28 de julio.

Completan la lista las leyes de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y de Inocencia Fiscal II, un paquete de proyectos económicos que apuesta a complementar el proceso de desregulación. Y, en particular, la reforma electoral, tan necesaria rumbo a 2027, pero que tantos dolores de cabeza le genera al oficialismo.

“Es un Gobierno con la libido puesta en las reformas. El segundo semestre estará marcado por una lógica legislativa, y en ese plano, están primero las reformas y después las fotos, a diferencia de otros”, resumió ante Infobae un integrante de la mesa política.

El pasado martes, la mesa política se reunió para ajustar las clavijas y ordenar las diferencias existentes entre el equipo encargado de impulsar los proyectos en el Congreso. Sinceradas las partes, la senadora Patricia Bullrich limó asperezas con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y acordó la versión número 16 de la letra de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que intentarán discutir el próximo 6 de agosto en el Senado.

Tras tres intentos fallidos, el receso invernal, que culminará la primera semana de agosto, le otorgó margen de tiempo al oficialismo para intentar reunir los apoyos necesarios para convencer a los gobernadores de respaldar el proyecto y empezar a consolidar “el año más reformista de la historia”, que prometió el libertario.

En Casa Rosada atribuyen la nueva dinámica a los efectos de lo que denominan como “el reseteo” del Gabinete, a raíz del desembarco de Diego Santilli al frente de la coordinación de los ministerios y la designación de Adrián Ravier en la Vocería y de Fabián Fernández en la Secretaría de Comunicación.

En ese escenario, aún detectan resabios de la quietud derivada del caso Adorni, que sumergió a la administración libertaria en un período de inacción, pero prometen acelerar la dinámica de cara a los próximos días. “Venimos de una parálisis de la gestión, pero tenemos una agenda ambiciosa de reformas con el Presidente a la cabeza. A eso se le suma las definiciones político electorales que se vienen y el desafío de amalgamar los intereses del partido con la política de cara a los aliados”, prometió una fuente del campamento karinista.

Hasta ahora, el oficialismo tiene pendiente el tratamiento final de los proyectos con media sanción de Zonas Frías, Super RIGI y la Ley de Hojarasca; el debate por la reforma electoral; y la discusión de nuevos proyectos, como Inocencia Fiscal II y los cambios en la Ley de Salud Mental, además de la postergada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. A eso se suman la propuesta final para modificar la Carta Orgánica del Banco Central y algunos pliegos judiciales pendientes.

“Algunos proyectos habían quedado trabados en Senado por el tema de Manuel (Adorni), en principio, y producto de algunos viajes de los aliados en la última sesión, pero creemos que en el arranque post receso retomamos la dinámica más fluida”, argumentó un alfil legislativo ante Infobae.

Con la salida de Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, los cambios en el equipo de Gobierno permitieron oxigenar la dinámica y le imprimieron una dimensión política que la administración libertaria tanto había denostado durante la primera etapa de la gestión. “Retomamos la actividad de gestión y la conversación política a diferencia del equipo anterior que mantenía una mirada más técnica”, sintetizó una fuente de Casa Rosada.

Tras la renuncia de su ladero, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ganó centralidad en la gestión cotidiana en permanente coordinación con el presidente Javier Milei, que prefiere pasar sus jornadas en la quinta de Olivos. “Karina abre y cierra Casa Rosada”, exageró una vez el mandatario para graficar la tarea de la funcionaria.

El pasado miércoles, activa y secundada por Santilli y un nutrido grupo de legisladores santafesinos de La Libertad Avanza, entre los que estaba la karinista Romina Diez, encabezó la firma del traspaso de obras con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, uno de los aliados más difíciles de encuadrar, cuyo vínculo parece haber repuntado en las últimas semanas.

En Balcarce 50 desmienten que Karina Milei haya tomado la decisión política de levantar el perfil, pese a que por primera vez se distribuyó un material audiovisual en el que se la ve en el centro de escena, y atribuyen su presencia en las actividades de gestión a su rol interno. “Estamos creciendo. No es que ella levante el perfil, es que es la que decide políticamente todos los movimientos”, sintetizó un miembro del reducido círculo que rodea al mandatario.

A la activa participación de Karina Milei, quien hasta entonces se movía por las sombras, y que encontró voz pública en Fabián Fernández, se sumó el impulso del “Día de la Unidad”, una idea que algunos le adjudican al cineasta Santiago Oria, aunque él la desmiente, y que busca bajar un mensaje ordenador a la interna de cara a la pelea por la reelección de Milei en 2027.

Como continuidad de un mensaje en X que la titular de La Libertad Avanza publicó en 2025, en el que habilitó acuerdos con sectores aliados para las elecciones legislativas bonaerenses, el oficialismo apuesta a ordenar a propios y socios de cara al objetivo de retener el poder por otros cuatro años.

“Bajó línea el Presidente del partido y marcó valores, disciplina, lealtad, unidad y que tenemos que apuntar todos para el mismo lado. Quedó marcado ese día: es una bajada de línea y un mensaje para que se dejen de joder los rebeldes”, afirmó un alfil violeta. “Acá el único que puede ganar y seguir teniendo éxitos es Javier Milei. Todos deberíamos encolumnarnos detrás suyo”, coincidieron desde Casa Rosada.

No obstante, hay quienes detectan un cálculo político detrás de la exposición de la secretaria general de la Presidencia, que -según precisan- busca mostrarse como conductora para atribuirse la iniciativa de eventuales acuerdos amplios con gobernadores de cara a 2027. Una idea que abrió debates internos en el espacio en las elecciones legislativas de 2025.

Lo cierto es que Javier Milei resolvió que, al menos, el período electoral será con todos adentro. Bajo esa premisa es que Karina Milei se esfuerza en retomar el vínculo con Patricia Bullrich, a quien, sostienen desde su entorno, respeta políticamente, aunque el vínculo se resintió a raíz del caso Adorni, y también con el asesor presidencial Santiago Caputo, al que le reconoce la capacidad de “decodificar la narrativa libertaria”.

El tiempo dirá cuánto durarán los esfuerzos por sostener una unidad todavía frágil, aunque el verdadero desafío será convertir el movimiento en resultados: si el Gobierno logra anotarse los hitos legislativos que busca y relanzar la gestión, podrá convertir ese proceso en su principal campaña rumbo a 2027. Pero, como advirtió Borges, el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer.

A pesar de que la iniciativa no avanza desde que se impulsó y no hay consensos al respecto, el Gobierno insiste con la propuesta de que las universidades públicas comiencen a cobrarles una cuota a los estudiantes extranjeros, pero las instituciones se niegan a implementar la medida y dudan de su eventual efectividad.

El debate sobre si aquellos alumnos que no tienen la ciudadanía argentina deben acceder o no de manera gratuita a la educación superior se reavivó en los últimos días, a partir de un proyecto que presentó el libertario Agustín Romo en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Tal como detalló Infobae, esta propuesta se presentó justo cuando el tema estaba en auge debido a la polémica que se generó en el marco del Mundial, por los comentarios, principalmente en las redes sociales, de usuarios de otros países cuestionando a la Argentina y acusando a sus habitantes de racistas y xenófobos.

No obstante, de aprobarse el texto elaborado por Romo, el pago aplicaría solamente para el ámbito bonaerense y, eventualmente, también porteño, donde La Libertad Avanza daría la misma batalla.

En el plano nacional, en tanto, las autoridades nacionales insisten en que esta medida ya se puede aplicar libremente, gracias a un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Javier Milei el año pasado.

“Tras muchas consultas, aclaramos: está vigente el DNU 366/2025 sobre la autorización a todas las universidades nacionales para cobrar a estudiantes extranjeros. Los rectores están legalmente autorizados desde el día 28/5/2025”, escribió en su cuenta de X Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias.

La defensa llegó porque a finales de junio pasado la Cámara Nacional Electoral lo anuló al considerar inconstitucional algunos de sus artículos.

Es que, además de este punto, el decreto en cuestión también había transferido a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina, una competencia que históricamente ejercieron los jueces federales.

El tribunal concluyó que esa modificación avanzó sobre una materia expresamente vedada por la Constitución para el Poder Ejecutivo que, además, no acreditó la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran evitar el trámite legislativo ordinario para aprobar las modificaciones en el Congreso.

En el entorno de Álvarez aseguran que solamente ese punto está en conflicto, porque fue expresamente denunciado, pero que no hay ninguna queja respecto del cobro a los extranjeros.

Asimismo, remarcan que la medida “es completamente constitucional”, ya que la Carta Magna garantiza la gratuidad de la educación básica y superior solamente para los argentinos y todos aquellos que quieran “habitar” el suelo patrio.

Aquí radica el argumento central del Gobierno, que considera que aquellos que no tengan la residencia permanente no tienen derecho de acceder a ese beneficio.

Para inscribirse a una universidad pública, actualmente la persona interesada solamente debe contar con un Documento Nacional de Identidad (DNI), al cual puede acceder incluso si se encuentra en una situación migratoria precaria.

El Estado le puede dar a un extranjero un DNI local no solo cuando tiene una residencia permanente, sino también cuando posee una Temporaria, la cual es de mediano plazo y se otorga por hasta tres años, con la posibilidad de solicitar una prórroga.

Sin embargo, más allá de este debate, la decisión de si cobrar o no una cuota a los alumnos que no sean de este país recae en última instancia en cada universidad, las cuales se niegan a aplicarla.

“A mí me parece que se están aprovechando de toda esta ola contra la Argentina y de discriminación para instalar esto de nuevo, no tengo ninguna duda”, cuestionó ante este medio el rector de una importante casa de estudio, que prefirió que no se lo cite “para no seguir dándole entidad al asunto”.

El referente del sector explicó que, si bien es cierto que para acceder a la matrícula es necesario tener un DNI y muchos de los documentos son precarios, “por un acuerdo vigente del Mercosur, a los 2 años de permanencia en el territorio ya se puede conseguir automáticamente la residencia permanente“.

“No lo vamos a hacer. No le vamos a cobrar a nadie. Sí se han hecho cosas, como poner niveles de español más altos para poder ingresar. No es que cualquiera puede venir acá hablando portugués y le tenemos que dar clases en su idioma. Hay cosas que está bien plantearlas, pero esto en particular, no”, opino.

Para el rector, los ingresos que podrían tener si implementan este pago “es marginal a nivel presupuestario y terminaría perjudicando a la economía local, porque es más lo que cada alumno deja viviendo acá, que lo que se les puede pedir de cuota en última instancia”.

“Ya hoy en día bajó mucho el fenómeno de los estudiantes extranjeros, porque dejó de ser atractivo el país. En mi provincia hace 5 o 10 años había empresas que se dedicaban al turismo académico y ahora cerraron todas. Estás quitando los incentivos para que vengan”, lamentó una persona que conduce una institución de educación superior del interior.

Por otra parte, los rectores coinciden en que “el decreto es de dudosa legitimidad, porque modifica dos leyes vigentes, la de Educación y la de Migración, que son las que garantizan que no le puedas cobrar a nadie”.

“Si se llegara a hacer, cualquiera que vaya a la Justicia para protestar te lo gana, porque un DNU no está por encima de ley. Después está la discusión más de fondo, yo soy hijo de inmigrantes, primera generación, y no sé si estoy de acuerdo con que para otros haya criterios que este país no aplicó para mi familia. Lo que quiere el Gobierno es generarles incomodidad a la universidades y sumar un elemento más para desprestigiarnos”, cerró.

En cuanto a la potestad para que Migraciones se haga cargo de los trámites para la ciudadanía también hay debate, ya que un sector del Ejecutivo considera que todo el DNU sigue rigiendo, porque no tiene sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia.

“Lo único que puedo decir es que los pedidos que nos están llegando a nosotros los seguimos tomando y están teniendo su curso habitual. Por lo que hagan otros organismos no puedo responder”, remarcó una fuente de la Cámara Nacional Electoral, que es la que históricamente revisó los casos de personas a las que se les rechaza en primera instancia la ciudadanía.