El Municipio presentó el Plan de Movilidad Sustentable con el que busca impulsar la movilidad ciclista en Bahía Blanca.

Dio a conocer una serie de acciones que tienen como objetivo mejorar la infraestructura de ciclovías existente, ampliar la red y promover el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano.

Durante una conferencia de prensa el intendente Federico Susbielles, el subsecretario de Movilidad Urbana y Transporte Fabián Lliteras, el presidente del Consorcio Gestión del Puerto, Santiago Mandolesi Burgos y el ingeniero Martín De Charras, integrante del equipo de la subsecretaría de Movilidad Urbana y Transporte, brindaron detalles de las principales líneas de trabajo.

“Recuerdo que cuando llegamos a la gestión había lugares de peligro para el uso de bicicletas; nuestra gestión atendió la urgencia, buscando mayor seguridad, tratando de salir de ese concepto del auto compitiendo con la bicicleta”, manifestó el jefe comunal.

Adelantó que en los próximos días será publicado el llamado a licitación para que la ciudad incorpore un sistema de bicicletas públicas.

Las acciones que implementará el Municipio para potenciar la movilidad ciclista

• Construcción de la bicisenda Diagonal al Puerto

Tendrá una extensión de 6.3 km, permitirá vincular el centro de la ciudad con el área portuaria, y el trazado se desarrollará en forma paralela al corredor ferroviario existente, generando una conexión directa, segura y continua.

“Va a estar iluminada y con todos los factores de seguridad necesarios, con cámaras y un esquema de seguridad para ciclistas, que también va a mejorar las condiciones de seguridad en el lugar”, señaló Susbielles.

Por su parte, Mandolesi Burgos agregó que el proyecto se enmarca dentro de la política que el Puerto viene llevando adelante denominada “Bahía al Mar, donde intentamos reconectar al vecino con el estuario”.

• Adecuación de la red de ciclovías

A partir de un estudio y relevamiento integral de la red de ciclovías existente, complementado con un informe técnico elaborado por la UTN Facultad Regional Bahía Blanca, se presentó un proyecto de ordenanza ante el Concejo Deliberante.

La propuesta busca adecuar la red a las condiciones actuales de circulación, mejorar la seguridad de los usuarios y generar recorridos más continuos y funcionales.

Entre las principales intervenciones se encuentran:

• Retiro de ciclovía sobre Casanova (entre Urquiza y Cerrito) y readecuación del recorrido sobre el Arroyo Napostá.
• Traslado de la ciclovía de calle San Andrés a Jacksonville.
• Reubicación de la ciclovía de Azara y Balboa hacia el interior del Parque Independencia.
• Eliminación de la ciclovía de Agustín Álvarez, Primera Junta y Av. Alem, entre Primera Junta y San Juan.
• Readecuación del trazado en Hipólito Yrigoyen, con los ejes Alsina–O’Higgins y Belgrano–Donado como calles de prioridad ciclista.

De Charras resaltó que el mejoramiento de la red se definió a partir de un análisis y un estudio técnico, y se propusieron soluciones para mejorar distintos puntos.

• Bicicletas Públicas para la ciudad

Contempla dos propuestas:

• Bicis gratuitas para recorrer los parques Independencia y de Mayo durante una hora, de manera gratuita. Se podrán usar desde el próximo fin de semana, cada sábado y domingo de 10 a 18, presentando DNI.
• Alternativa de transporte sustentable. El objetivo es sumar un Sistema de Bicicletas Públicas de gestión municipal. El proyecto contempla estaciones vinculadas estratégicamente en distintos puntos de la ciudad, que se podrán unir en bicicletas disponibles para uso de la comunidad.

Entre las localizaciones previstas se encuentran:

• Plaza Rivadavia
• Campus UNS
• UTN Montevideo
• Parque Independencia
• Parque de Mayo
• Parque Boronat

Fuente: Frente al cano.

Falta más de un año para las elecciones presidenciales, pero los procesos de la campaña se aceleraron en las últimas semanas, más de lo usual. Javier Milei viaja este viernes a Bahía Blanca, el distrito más importante de la Sexta Sección, para realzar un anuncio de inversiones bajo el RIGI. Y decidió sumar a la visita un acto partidario, lo cual convierte al evento en el primer desembarco en modo electoral del Presidente en la codiciada Provincia de Buenos Aires.

Milei irá al sur de la Provincia acompañado por el muy posiblemente candidato a gobernador bonaerense, Diego Santilli, en su rol como jefe de Gabinete. Y es posible que se sume -aunque no lo confirmaron- el ministro de Economía, Luis Caputo. También estará el principal armador en PBA de Karina Milei, Sebastián Pareja. Y lo que en la previa aparecía como un acto de corte estrictamente económico y de gestión adquirió color político.

De todas formas, en el Gobierno le bajan el tono. “Es principalmente un acto de gestión”, deslizaron en la Jefatura de Gabinete, si bien en LLA confirmaron que la agenda incluye el tramo partidario. En la planta baja no quieren “quemar” la figura de Santilli exponiéndolo demasiado temprano a la clave de campaña.

Los detalles de ese acto todavía se están terminando de definir, pero la elección del escenario fue cuidadosamente medida. Bahía Blanca es un distrito productivo de la Provincia donde a Milei le va especialmente bien en las encuestas, pese al antecedente de la falta de ayuda nacional tras las inundaciones de marzo de 2025 que golpearon a la ciudad.

Es también una plaza con fuerte presencia militar —está la Base Naval Puerto Belgrano, en Punta Alta— donde el oficialismo libertario tiene buenas adhesiones.

La visita llega, además, después de que el Gobierno pisó el acelerador en la disputa con Axel Kicillof, la semana pasada, con eje en la inseguridad, a partir del fallo de la jueza Marta Pascual, lo que suma un condimento adicional a la lectura política del viaje.

La agenda del viaje la maneja el triángulo Pareja-Bambaci-Grippo: Sebastián Pareja, armador territorial de Karina Milei en la provincia; Luz Bambaci, senadora bonaerense bahiense que pasó por el Ministerio de Seguridad y estaba cerca de Patricia Bullrich; y Franca Grippo, coordinadora libertaria de la Sexta. En el propio espacio, a los tres los llaman “el outlet”, por su procedencia de otros partidos antes de sumarse a LLA. Mientras que la relación del principal referente, Liberman, con la conducción de Pareja, tuvo sus avatares en el último tiempo.

Bahía Blanca es la cabecera de la sección electoral y la novena ciudad más poblada del país. El distrito donde el espacio libertario aspira a meter su primer intendente propio en 2027. Estuvo cerca en 2023, con Oscar Liberman, candidato de LLA, obtuvo el 32% y quedó segundo detrás de Federico Susbielles (Unión por la Patria), que se impuso con el 37% y hoy sigue al frente del municipio. El resultado de Liberman se explicó, en gran medida, por el arrastre de la figura de Milei en su flamante campaña presidencial.

El año pasado, en las legislativas provinciales la alianza LLA-PRO volvió a mostrar fuerza en el distrito: en la Sexta sección se impuso con el 41,75% de los votos frente al 34,16% de Fuerza Patria, uno de los pocos resultados favorables al oficialismo nacional en la provincia. Liberman encabezó esa lista de diputados provinciales y terminó ingresando a la Legislatura bonaerense, donde hoy ocupa una banca por el bloque de La Libertad Avanza con mandato hasta 2029.

La visita del viernes funcionará en dos planos, que en el Gobierno intentan no mezclar del todo: el anuncio de inversiones bajo el RIGI, que Milei quiere mostrar como prueba de gestión económica próspera en la previa del año electoral. Y el calentamiento de motores de una campaña bonaerense que no empieza.

El Gobierno nacional aprobó un nuevo estatuto para el personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que incluyó reglas para el ingreso, la carrera profesional, las promociones y las remuneraciones de los agentes. La medida quedó formalizada a través del Decreto N° 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial.

De esta manera, la norma dejó sin efecto el esquema que había sido aprobado en 2003 para la entonces Secretaría de Inteligencia y el personal civil de inteligencia de organismos de las Fuerzas Armadas. Asimismo, las autoridades remarcaron la necesidad de modificar el reglamento, debido a las modificaciones que se dieron en los últimos años.

Así, quedó establecido un marco para los aspectos centrales de la relación laboral de sus agentes. De hecho, el Gobierno sostuvo que la ausencia de un régimen estable dificultaba la elaboración de una carrera profesional y la incorporación de personal especializado.

De esta manera, la normativa dispuso que la carrera deberá regirse por idoneidad, igualdad de oportunidades, mérito, capacitación permanente y fortalecimiento de competencias. También se determinó que los mecanismos de ingreso y ascenso deben responder a criterios técnicos, éticos y profesionales, con el objetivo de que el cuerpo de personal trascienda los cambios de coyuntura política.

Ahora, la capacitación ocupa un lugar central en el nuevo esquema. En este sentido, las autoridades destacaron que la actualización continua resulta necesaria para desarrollar las aptitudes de quienes integran el sistema y para consolidar una cultura institucional vinculada con las tareas de inteligencia, dentro del marco constitucional y legal.

El estatuto también apunta a establecer una relación proporcional entre los salarios, las responsabilidades, las capacidades técnicas y los grados jerárquicos. Por esto, indicaron que busca evitar diferencias discrecionales en las retribuciones de agentes con funciones, trayectorias y antigüedad equivalentes.

De la misma manera, se definió al personal del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) como servidores públicos especializados y sostiene que los recursos humanos son un componente decisivo para orientar los esfuerzos del área. Por esto, marcó como objetivo lograr un sistema profesional, transparente, autónomo y ágil.

Los derechos, obligaciones y prohibiciones que se impondrán a los agentes de inteligencia

El capítulo de derechos reconoce la estabilidad laboral una vez confirmada la incorporación a la planta permanente, además de la retribución según la categoría, licencias, jubilación, asistencia social y la posibilidad de presentar consultas y reclamos. También contempla cambios de cuadro, ascensos ordinarios, por méritos extraordinarios o póstumos, y distinciones para quienes se destaquen en sus tareas.

En línea con esto, el estatuto dispone que el personal debe recibir trato igualitario y oportunidades de movilidad en la carrera, sin diferenciaciones ajenas a su aptitud y conducta profesional. A la vez, habilita el rechazo de una orden que sea manifiestamente ilegal o que vulnere derechos humanos.

Entre los deberes, se establece la obligación de preservar la confidencialidad sobre datos, documentos y materiales conocidos durante el servicio. Ese deber de secreto se mantendrá aun después del cese de las funciones.

Por este motivo, los agentes deberán cumplir con la dedicación exclusiva, realizar las capacitaciones exigidas y someterse a pruebas de competencia, confiabilidad, idoneidad, contrainteligencia y aptitud psicofísica cuando sean requeridas.

En caso de renuncia, el personal deberá mantenerse en funciones durante 30 días corridos, salvo autorización para dejar el puesto antes de ese plazo. Además, se exigen declaraciones juradas sobre la situación patrimonial y los datos personales, la excusación ante eventuales conflictos de intereses y la denuncia de hechos que puedan perjudicar al organismo, configurar delitos o infringir las reglas internas.

Los agentes deberán pedir autorización anual para dar clases, cursar estudios, publicar artículos, participar como expositores en actividades académicas o desarrollar otras tareas externas, incluido el ejercicio profesional o comercial. También tendrán que informar los viajes a más de 200 kilómetros de la sede laboral con tres días de anticipación y solicitar permiso con al menos diez días de antelación para salir de Argentina.

En el caso de las prohibiciones, se incluyó el aprovechamiento de la información, documentos o recursos obtenidos en el cargo para beneficios propios o de terceros, así como divulgar cualquier antecedente conocido por la función, incluso si no cuenta con una clasificación de seguridad. La restricción también continuará tras la desvinculación de la SIDE.

El régimen impide recibir dádivas o ventajas vinculadas con el puesto y usar bienes patrimoniales para fines ajenos al servicio. Asimismo, prohíbe a los agentes contratar con administraciones públicas o prestar servicios a concesionarias, contratistas, proveedoras y firmas reguladas por ellas.

El personal tampoco podrá trabajar, de forma remunerada o ad honorem, para personas o entidades relacionadas con seguridad, defensa, inteligencia, ciberseguridad, comunicaciones, información comercial, publicidad, periodismo, estudios de mercado, encuestas, vigilancia o investigaciones. También veda el porte y uso de armas de fuego durante el servicio, excepto para quienes tengan condición de legítimos usuarios conforme a la normativa vigente.

Los agentes deberán vivir a menos de 200 kilómetros de su lugar de trabajo

El estatuto también fija reglas sobre domicilios y comunicaciones oficiales. Por esto, el personal deberá constituir un domicilio físico dentro de un radio de 200 kilómetros del lugar donde presta servicios. Podrá establecerlo en otra localidad si garantiza el cumplimiento de sus obligaciones y se ajusta a las condiciones que defina la Secretaría en normas complementarias.

Además, cada agente tendrá que informar un domicilio electrónico especial externo, que consistirá en una dirección de correo electrónico destinada a recibir notificaciones de la SIDE. La Secretaría podrá exigir el uso de otras aplicaciones o sistemas con el mismo fin.

El ingreso a la SIDE incluirá un curso obligatorio y hasta un año de planta condicional

Según establece el nuevo estatuto, la Secretaría de Inteligencia de Estado realizará una convocatoria anual para el Curso Básico de Ingreso de la Escuela Nacional de Inteligencia. Aprobar esa instancia será un requisito para incorporarse a la carrera profesional.

Entre los requisitos para inscribirse, se indicó que los aspirantes deberán ser argentinos, mayores de edad, acreditar al menos estudios secundarios, reunir las condiciones psicofísicas exigidas y superar los controles de contrainteligencia, incluido el examen socioambiental, además de los mecanismos de selección que fije el organismo.

En este sentido, se impide el ingreso de personas condenadas o con procesamiento firme por delitos incompatibles con la función pública, inhabilitadas para ejercer cargos estatales o que hayan sido destituidas de la administración pública, las Fuerzas Armadas o las fuerzas de seguridad. También excluye a quienes mantengan acciones judiciales, reclamos administrativos o litigios pendientes contra la SIDE mientras persista esa situación.

El recorrido previsto contempla tres etapas. La postulación no crea vínculo laboral; quienes sean admitidos al curso podrán pasar a la planta condicional si lo aprueban, con un contrato de hasta un año.

Al finalizar ese período, la Secretaría deberá resolver si mantiene o finaliza la relación. El acceso posterior a la planta permanente dependerá de una confirmación y de requisitos adicionales que se definirán por normas complementarias, sin que el cumplimiento de las condiciones otorgue un derecho automático.

La carrera dividirá al personal en tres cuadros y exigirá evaluaciones para ascender

Por otro lado, la carrera se organizará en los cuadros A, B y C, de acuerdo con la formación o antecedentes de cada agente. El cuadro A requerirá título universitario o superior, aunque también podrá incluir a oficiales retirados de las Fuerzas Armadas y a determinados integrantes retirados de fuerzas de seguridad.

Mientras que el B estará destinado a quienes cuenten con estudios terciarios o formación universitaria intermedia, así como a suboficiales retirados, señalaron que la categoría C solo exigirá secundario completo.

Los ascensos ordinarios dependerán del tiempo mínimo de permanencia en cada categoría, la aptitud psicofísica, la aprobación de la capacitación obligatoria y una calificación favorable de desempeño. Además, las evaluaciones serán anuales y alcanzarán, como mínimo, a quienes acumulen más de seis meses de antigüedad.

Sin embargo, destacaron que el estatuto prevé ascensos extraordinarios, incluso póstumos, para agentes que realicen actos de arrojo con riesgo real y consecuencias de relevancia durante funciones específicas.

En línea con esto, la Escuela Nacional de Inteligencia tendrá a su cargo la formación común obligatoria para todo el personal y las instancias específicas según las tareas de cada área. Podrá suscribir acuerdos con universidades e instituciones públicas o privadas. La capacitación y los títulos reconocidos podrán otorgar puntaje para anticipar los plazos de permanencia, aunque ese beneficio no implicará un ascenso ni una recategorización automática.

Además de la planta permanente y condicional, el régimen contempla personal de conducción jerárquica, de gabinete, en comisión, en adscripción y para proyectos especiales. Esta última modalidad, destinada a contrataciones autónomas vinculadas con programas o proyectos del organismo, tendrá un límite de 5% de la planta de personal. El estatuto también habilita la incorporación de retirados del sistema de inteligencia, las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, y fija condiciones para las reincorporaciones.

Las disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2027. Antes de esa fecha, la SIDE deberá aprobar un régimen de transición para computar los servicios previos, reconocer antecedentes de formación y resolver las situaciones de los agentes que tengan trámites de ingreso, confirmación, ascenso o cambio de cuadro en curso.