Mientras el oficialismo intenta encauzar la discusión parlamentaria sobre el sistema de discapacidad, el Gobierno recibió este lunes a representantes de la Iglesia para conversar sobre la continuidad de las prestaciones en las instituciones y organismos sociales que trabajan con esa población y en las que ambas partes están involucradas.

El encuentro, que fue la continuidad de otros que se dieron en el pasado, pero no se comunicaron, comenzó a las 11:00 en la sede del Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones, ubicada sobre la Avenida 9 de Julio, y duró poco más de una hora.

Por parte del sector religioso participaron integrantes de la Pastoral Social y del Área de Discapacidad de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), así como también su secretario general, Raúl Pizarro.

En tanto, de la mencionada cartera asistieron Roberto Olivieri, titular de la Unidad Gabinete de Asesores; Rodrigo Sbarra, secretario de Gestión Administrativa; y Roberto Moro, secretario de la SEDRONAR.

Durante el encuentro, los invitados presentaron un documento con distintas inquietudes y propuestas vinculadas al sector, que fue recibido por las autoridades del Ministerio para su análisis.

“La preocupación de la Iglesia son las personas y las familias. Los aportes económicos que pueda hacer el Gobierno son siempre para las familias. Fuimos a hablar de los organismos, que no todos dependen completamente de nosotros y hay muchos formatos diferentes de funcionamiento”, explicó a Infobae la CEA.

En este sentido, remarcaron que la reunión de este lunes “se dio en el marco del diálogo que se viene dando desde hace tiempo para fortalecer las atenciones” en esos centros de asistencia y que se acordó “seguir conversando como hasta ahora”.

“Nos invitaron a dialogar, se habló de las obras en general y sus necesidades. Mencionamos los aportes que puede dar la Iglesia a la situación del sector, como muchos que se han hecho y otros que vendrán. También sirvió para presentar a las autoridades el Area de Discapacidad que funciona en la Pastoral Social”, agregaron.

La Iglesia viene siendo muy crítica de las políticas sociales del Gobierno: en junio, el presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, advirtió sobre un clima de “deshumanización” y cuestionó los “malos tratos” y los “ninguneos institucionales” frente a situaciones que afectan a sectores vulnerables.

El titular del Episcopado mencionó entonces la situación de los jubilados y las dificultades para acceder a turnos médicos, y sostuvo que existen personas en condiciones precarias. De todos modos, aclaró que su planteo no estaba dirigido únicamente a las autoridades nacionales, sino también a las oposiciones y a otros actores sociales que, según señaló, pueden desentenderse de esos problemas.

Recientemente, el Papa León XIV recibió en el Vaticano a Cristian Jerónimo, cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), quien a su regreso advirtió que podrían convocar a una medida de fuerza si el Gobierno no abre el diálogo.

La conversación se produjo después de las tensiones que generó el capítulo vinculado a este sector de la sociedad e incluido originalmente en el proyecto de Presupuesto 2027. Esa propuesta había puesto en discusión el sistema de prestaciones, las pensiones no contributivas y el mecanismo de actualización de los aranceles, lo que derivó en cuestionamientos de los bloques aliados y de distintas entidades.

Ante ese escenario, los referentes de la Iglesia plantearon la necesidad de preservar la atención y garantizar la continuidad de los servicios que brindan las instituciones involucradas. También se pusieron a disposición del Gobierno para colaborar en aquello que puedan aportar desde su trabajo territorial y social.

Las partes acordaron volver a reunirse para continuar el debate y avanzar sobre los temas que quedaron pendientes. El objetivo es mantener abierto un canal de diálogo mientras el Congreso define el futuro de la ley.

La Libertad Avanza había retrocedido con el esquema inicial que figuraba en el Presupuesto y presentó una propuesta específica sobre ese tema en la Cámara de Diputados, para así conseguir el consenso de la mayor cantidad posible de partidos.

El texto, que consiguió dictamen de mayoría con el acompañamiento del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y otros bloques cercanos a la Casa Rosada, busca reemplazar la emergencia por un régimen permanente.

La iniciativa oficial ratifica el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, dos de los puntos que habían generado mayor preocupación entre las familias y los prestadores.

La nueva norma también sostiene la actualización mensual por inflación de las pensiones no contributivas, garantiza el acceso a cobertura de salud y habilita la compatibilidad de la pensión con un empleo registrado, bajo determinados límites de ingresos.

Sin embargo, la discusión está lejos de cerrarse. La oposición convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 15 de octubre, en la que intentará avanzar con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, además de otros temas como el DNU 70/2023 y los proyectos sobre endeudamiento familiar.

El oficialismo confía en que el dictamen que consiguió recientemente logre los votos necesarios para evitar que prospere esta otra medida, pero algunos aliados que acompañaron el texto dejaron observaciones y reclaman precisiones sobre la redacción de ciertos artículos y la garantía efectiva de las partidas previstas.

Aunque faltan tan solo unas semanas para el evento, durante la reunión de este lunes no se abordó la visita a la Argentina del Papa León XIV, prevista para noviembre y para la cual hay otros encuentros que se vienen realizando en la Casa Rosada.

Tampoco se habló de la actividad que el Sumo Pontífice tiene confirmada en el Cottolengo de Claypole, una de las instituciones vinculadas con la atención y el acompañamiento de personas con discapacidad que el líder religioso visitará durante su estadía en el país.