Luego de que la Justicia fallara a favor de la reforma laboral, el Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce las contribuciones patronales durante cuatro años para empleadores que contraten trabajadores sin empleo registrado.

La implementación del capítulo se hizo efectiva mediante la publicación del decreto 315/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Sandra Pettovello y Luis Andrés Caputo.

De acuerdo con lo dispuesto, los empleadores comprendidos en este régimen gozarán de ciertos beneficios por cada nueva incorporación de trabajadores. Para ello, los empleados deberán cumplir con una serie de requisitos.

El régimen apunta a cuatro perfiles de trabajadores. El primero es el de quienes no contaban con una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025. El segundo, quienes estuvieron desempleados durante los seis meses previos al alta laboral. Los otros dos perfiles son los ex inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes —monotributistas— que no hayan ejercido actividades en relación de dependencia en el sector privado en los últimos seis meses, y aquellos cuyo último empleo bajo dependencia fue en el sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El decreto aclara que la obtención de ingresos adicionales por parte del trabajador —ya sea bajo el régimen general o como monotributista— luego de iniciada la relación laboral no afecta los beneficios que le correspondan al empleador.

Para quedar comprendidos en el RIFL, los empleadores deben haber adquirido el carácter de inscriptos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a partir del 10 de diciembre de 2025. Las relaciones laborales que habilitan el beneficio son aquellas que se inicien y registren ante ARCA entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, ambas fechas inclusive. La norma fija además un tope: las incorporaciones bajo este régimen no pueden superar el 80 % de la nómina total de trabajadores del empleador.

El beneficio consiste en una reducción de las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses contados desde el mes de alta de cada nueva relación laboral. Las alícuotas diferenciales son dos: 2 % y 3 %, según el subsistema de destino. Las calculadas sobre el 2 % se distribuyen entre el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares, en la misma proporción que hubiera correspondido sin el RIFL. Las calculadas sobre el 3 % tienen destino exclusivo al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), regido por la Ley N° 19.032. ARCA fijará el procedimiento de liquidación e ingreso de ambos componentes.

En caso de que el empleador no cumpla con los requisitos correspondientes, deberá recomponer las contribuciones no abonadas más los intereses y sanciones que correspondan. ARCA tiene a su cargo instrumentar los controles sistémicos para hacer operativas las exclusiones automáticas.

La norma también establece que la contribución mensual al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) sigue siendo obligatoria para las relaciones laborales incluidas en el RIFL, y que la reducción prevista en el artículo 76 de la ley no se aplica mientras el régimen esté vigente para esa relación. Los empleadores deben ejercer la opción de adhesión mediante los mecanismos que determine ARCA; la falta de ese ejercicio impide el goce retroactivo del beneficio por los períodos en que no se hubiera aplicado.

Para la articulación con planes y programas sociales, ARCA deberá coordinar con el Ministerio de Capital Humano los mecanismos de intercambio de información necesarios para garantizar la continuidad de las prestaciones correspondientes. La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y ARCA quedan facultadas para dictar las normas aclaratorias y complementarias que requiera la aplicación del régimen.

Esta reglamentación llega luego de que la Cámara de Apelaciones del Trabajo revocara al cautelar que frenaba la reforma laboral y reestableciera la validez de 83 artículos. Tras esto, la Cámara Contencioso Administrativa Federal resolvió que la demanda impulsada por la CGT debe tramitarse en ese fuero y no en los juzgados del trabajo.

De esta manera, el Gobierno consideró que la legislación está plenamente vigente, por lo que avanzó rapidamente con su implementación.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, continuó hoy el cruce que mantuvo este sábado con la senadora y exministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, que se inició luego del robo a un nene de 12 años ocurrido en la ciudad de La Plata.

Durante una entrevista con la periodista Mariana Contartessi en Radio La Red, el funcionario de Axel Kicillof apuntó contra Bullrich y afirmó que la exministra “está nerviosa porque el gobierno está cayendo mucho en la consideración de la opinión pública”.

Además, indicó que los dichos de Bullrich responden a una estrategia política, en un contexto en el que, según él, el gobierno nacional está perdiendo respaldo en la opinión pública y crece la imagen del gobernador Kicillof. Alonso expresó que el discurso de la senadora va en sintonía a una maniobra para desviar la atención de la caída en la consideración social, y no a una preocupación técnica en materia de seguridad.

De acuerdo con Alonso, la actual ministra de Seguridad de la provincia, María Fernanda Monteoliva, cuenta con conocimientos técnicos, pero se encuentra limitada por un gobierno nacional que “no pone un peso” ni impulsa políticas concretas. A su vez, señaló que Monteoliva habría advertido la falta de fundamento en las acusaciones y, por esa razón, la vocera principal terminó siendo Bullrich. “ (Bullrich) está tratando de volver a traer la idea del baño de sangre, la idea de que es un descontrol el conurbano”, remarcó Alonso.

Durante la entrevista, Alonso sostuvo que el año pasado, la provincia de Buenos Aires registró la menor cantidad de crímenes en ocasión de robo desde el retorno de la democracia. “Desde que se contabilizan seriamente los homicidios, el año pasado fue el año con menos homicidios en ocasión de robo”, afirmó. El mandatario provincial reconoció la gravedad de cada hecho puntual y el impacto sobre las víctimas y sus familias, pero remarcó que el trabajo conjunto con los intendentes apunta a mejorar el espacio público y fortalecer los patrullajes.

Al referirse al esfuerzo operativo, Alonso destacó el alcance de los recorridos policiales: “Cada cuatro horas recorremos el setenta y cinco por ciento de las calles”, dijo, y subrayó el gasto sostenido en combustible a pesar del aumento de los precios. Para Alonso, el contraste con la ausencia de inversión nacional evidencia una diferencia de prioridades y compromiso.

El funcionario concluyó que quienes critican la situación de seguridad en la provincia deben actuar con seriedad, abandonar la política del espectáculo y priorizar la gestión. “Tienen que dejar el show, dejar las redes sociales y ponerse a gobernar en serio”, concluyó Alonso.

El violento robo a un niño de doce años ocurrido el jueves en el barrio de Tolosa, en La Plata, generó este sábado un fuerte intercambio en redes sociales entre Bullrich y Alonso. El asalto ocurrió cuando un delincuente encapuchado abordó al menor mientras se dirigía a la escuela, lo tiró al suelo y le robó sus pertenencias, entre ellas un teléfono móvil y un buzo. El episodio fue registrado por una cámara de seguridad y se viralizó en redes sociales.

Tras conocerse el caso, Bullrich utilizó su cuenta en X para cuestionar duramente la gestión del gobernador Axel Kicillof y de Alonso, a quien calificó como “no ministro”. La exministra de Seguridad criticó la respuesta de las autoridades ante el hecho, acusándolos de no actuar frente a la inseguridad y de abandonar a los ciudadanos, y reclamó mayor presencia y acciones concretas para brindar seguridad a los bonaerenses.

Alonso respondió horas después con un mensaje en el que recurrió a una frase de Néstor Kirchner para interpelar a Bullrich y defendió el trabajo realizado por la cartera de Seguridad provincial. Sostuvo que la función del ministerio no es dictar condenas, sino que esa tarea corresponde a la Justicia, y destacó el nivel de esclarecimiento de delitos alcanzado durante la gestión de Axel Kicillof. Además, recordó la colaboración de la provincia en operativos en Rosario y señaló fallas de Bullrich durante su paso por el Ministerio de Seguridad.

Para Alonso, las críticas de Bullrich forman parte de una “campaña sucia” que busca utilizar casos de inseguridad con fines políticos. El ministro cuestionó la instrumentalización de las víctimas y sugirió que estos ataques buscan desviar la atención ante la caída en la imagen del gobierno nacional. Y concluyó pidiendo a la senadora que actúe con dignidad y deje de emplear la inseguridad como herramienta electoral.

Tras el bombardeo de leyes libertarias en el Senado, el oficialismo comenzó con el peinado fino de algunos textos y deslizó, en los últimos días, indicios de concesiones a sus aliados para acercar posiciones. Pica en punta la iniciativa relacionada con el blindaje a la “propiedad privada”, mientras que la reforma electoral -dinamitar las PASO, más otros tantos jugueteos- y la “renovada” norma sobre discapacidad -sin cumplir la insistencia del Congreso, sancionada con dos tercios- continúan paralizadas, ni siquiera, con un debate en comisiones.

Para lo primero, un capítulo se aproxima a borrarse: el referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Es decir, la regularización de barrios populares que en su momento fomentó la exministra macrista Carolina Stanley y referentes piqueteros, como el actual diputado cristinista Juan Grabois. Fue votada con amplísimo apoyo de los espacios políticos de esa época y operadores de distintas esferas suelen vanagloriarla como el ejemplo de “consenso”. En el Senado se prometería -risas de fondo- analizar algo por separado y a futuro.

A pesar de haber integrado la administración del confeti amarillo, el actual ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defenestró el Renabap el 8 de abril pasado, cuando disertó en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General de la Cámara alta, que presiden -el a veces despistado- Agustín Coto (Tierra del Fuego) y Nadia Márquez (Neuquén), de La Libertad Avanza (LLA).

Sturzenegger sentenció: “En 10 años se ha resuelto el 0,08% de los casos sobre la superficie total. Necesitaríamos 12.500 años para terminar el proceso. Ley que fracasó en su objetivo”. Y sumó: “Pretender que iba a solucionar un funcionario sentado en Maipú y avenida Libertador en todo el territorio nacional era una imposibilidad. Bloqueó cualquier posibilidad de solución y sacó de la cancha a todos los instrumentos para resolver estos problemas”, sostuvo. Lo que de verdad se esconde, detrás de esto, son millonadas.

Es curiosa la oposición a este punto. El Gobierno pretende trasladar la posta a las provincias y municipios -quienes se encuentran “en el territorio” 24/7-, sin precisiones sobre los fastuosos fondos. A diferencia de lo que ocurrió con la ley de glaciares y el lema “los recursos son de los distritos” -avalado por la Constitución, en el artículo 124-, los dialoguistas ahora sugieren que una decisión -que implica estar “in situ”- continúe en Nación.

Otro que hizo uso de la palabra en el plenario fue el Arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Oscar Carrara, quien sugirió no aplicar modificaciones en el ReNaBaP. “Son 6.467 villas o barrios populares, con cinco millones de personas”, remarcó.

Carrara además mencionó impuestos pegados años atrás a este sistema, como el PAIS y el de grandes riquezas -que detesta la Casa Rosada-, y recordó el amplio “consenso” entre bancadas. No olvidó mencionar al Papa Francisco y su lema de “tierra, techo y trabajo”.

En cuanto a la potestad de los distritos, sería aún más llamativa la postura que prima en algunos partidos para destrabar la puja por venta de tierras a manos extranjeras: como no hay acuerdo sobre porcentaje o número, quedaría a cargo de cada gobernador.

Algunos mandatarios locales suelen creerse los más rápidos del condado: cuando quema la papa, que la agarre Nación. Si hay algo más jugoso, defensa irrestricta de los derechos de los distritos. Esto fue bien marcado en la gestión macrista y, ahora, en la mileísta. Amplio silencio durante las kirchneristas. Explica, en parte, el hastío de algunos votantes. Y, con el ajuste brutal del Gobierno, todo se hace más evidente.

En modo siesta aguardan las leyes electoral y de discapacidad. Con más posibilidad de entendimiento se asoma la de salud mental. La oposición pidió más expositores para lo último, y libertarios quieren apurar el despacho sobre propiedad privada. Prevén una sesión -no confirmada aún- para el 14 de mayo. No obstante, ya están disponibles otras órdenes del día para armar dicho convite.