Las obras sociales sindicales prestan atención médica a 14 millones de personas en la Argentina, pero la CGT advirtió que la crisis que atraviesan es “casi terminal” por la cual existe una “imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos” y señaló que el Gobierno hace un manejo “inequitativo” de los fondos del sistema, que surgen del aporte de los trabajadores.

En un informe del secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), que fue presentado en la última reunión del Consejo Directivo cegetista, se afirmó que “la situación económica financiera general del sistema está viviendo una crisis grave que para muchas organizaciones es casi terminal por imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”, tras lo cual mencionó el caso de obras sociales que fueron dadas de baja (Industria Del Fósforo) otras declaradas en situación de crisis (Dirección Industria Construcción e Industria Pesquera de Mar del Plata) y otras intervenidas como OSPRERA y Ladrilleros.

Por eso la CGT enfatizó que “un sistema de seguridad social como el nuestro, que financia la atención médica con un porcentaje del salario (9%) que presenta una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 30%, sumado al incremento propio de los servicios asistenciales, que superan ampliamente los índices de costo de vida, limita cada vez más la posibilidad de cobertura”.

A continuación, la CGT detalló en números una de las facetas de la crisis de las obras sociales: “Actualmente, el promedio de recaudación de nuestro sistema está en $67.525 por beneficiario, lo que implica que hay más de 9 millones de afiliados que se encuentran por debajo de este promedio, equivalente al 67% de la población de obras sociales nacionales -indicó-. Pero lo que resulta más importante para tener en cuenta es el costo del menú prestacional que estamos obligados a dar, es decir, el costo del PMO (Plan Médico Obligatorio)”.

“De acuerdo con las estimaciones realizadas por el grupo de técnicos y profesionales en la temática de obras sociales de la CGT, que hace años se dedica a esta tarea, el valor del PMO para el mes de marzo de 2026 rondaría los $85.000 per cápita, es decir, una cifra que se encuentra casi un 25% por encima de la recaudación promedio del sistema”, destacó el informe.

Según la CGT, “este último dato implica que más de 11 millones de beneficiarios, es decir el 78,5% del padrón, no aportan lo suficiente para poder financiar el acceso a las prestaciones requeridas por el PMO”.

Se explicó en el informe que, “como consecuencia de esta situación, para poder continuar con la prestación de servicios, la mayor parte de nuestras organizaciones necesitan el auxilio de sus respectivos sindicatos, sin el cual muchas entrarían en cesación de pagos”. Y agregó: “Paralelamente, se resiente la cadena de pagos a prestadores que se refleja en una caída de la calidad en la atención médica, prolongación de los tiempos de espera para acceder a prestaciones y malestar en nuestros afiliados”.

“Otra prueba del deterioro que está sufriendo el sistema de atención se visualiza en la reducción de la capacidad de nuestros afiliados en acceder a los medicamentos ambulatorios de uso habitual -resaltó-. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023 la capacidad de compra de medicamentos se redujo en promedio en el 49%. Esta situación se mantiene hasta la actualidad”.

Uno de los puntos centrales del crudo diagnóstico de la CGT es el de los aportes de los monotributistas al sistema de obras sociales: “A la situación general de nuestros afiliados naturales, debemos soportar el agujero financiero que nos produjo y nos sigue produciendo la incorporación de monotributistas, cuyo aporte al sistema (alrededor de $20.000) es un 290% inferior al costo del PMO. A esto debemos agregar que gran parte de los que ingresan al sistema por esta vía presentan una carga de enfermedad que supera al de nuestros afiliados de la actividad. Es decir que utilizan el régimen de monotributo al solo efecto de tener acceso al sistema de salud a precios irrisorios”.

Además, alertó la CGT, “la situación de los jubilados que permanecen en nuestras obras sociales también resulta ampliamente negativa y discriminatoria”, punto sobre el cual precisó: “Hoy el PAMI nos transfiere $48.269 per cápita, valor que resulta muy inferior a lo que realmente recauda el PAMI ($159.000 aproximadamente) y se agrava si tenemos en cuenta que por esa diferencia no contrapresta ningún servicio”.

Por otra parte, el informe aseguró que “la facturación de los hospitales públicos se ha transformado en otro factor de distorsión” para las obras sociales. “Por un lado, en determinados distritos, como ocurre con los hospitales de CABA, el nomenclador que utilizan para facturar las prestaciones presenta valores muchas veces superiores a los de prestadores privados”.

“A esta situación se suma el hecho que no solicitan autorización previa para la realización de prácticas programadas -añadió-. En el caso de las internaciones de urgencia, la denuncia de estas es irregular y muchas veces se realiza en forma tardía impidiendo que se pueda hacer la auditoria en el terreno correspondiente. Como corolario de lo expuesto, el sistema de facturación hospitalario emite facturas que se transforman en cosa juzgada, muchas veces judicializándose su cobro”.

Por último, el informe cegetista criticó al Ministerio de Salud de la Nación por la administración de los aportes de los trabajadores para financiar a las obras sociales: “El manejo de los fondos de los subsidios automáticos que distribuye la Superintendencia de Servicios de Salud, que podrían mitigar en parte la situación de crisis del sistema, resulta absolutamente inequitativa”.

Sostuvo que “el ejemplo más ilustrativo es la distribución del SUMA (Subsidio de Mitigación de Asimetrías), que distribuye un monto que actualmente ronda los $2.380 por beneficiario, lo que implica que reciben lo mismo las obras sociales de bajos ingresos que las entidades que más recaudan (por ejemplo, OSDE, Swiss Medical, etc.)“ y dijo que ”en el caso del SUMARTE (Subsidio de Mitigación de Asimetrías para el Trabajo Especial), que hoy distribuye aproximadamente $7.955 por monotributista, y del SUMA 65, que reparte $48.269 por mayores de 65 años, estos recursos surgen de los aportes y contribuciones de los propios trabajadores, por lo cual, si bien mitigan en parte la situación de estos beneficiarios, no resuelven el problema de fondo”.

El informe puntualizó que los pagos de INTEGRACIÓN (Discapacidad), subsidios para el financiamiento de las prestaciones de discapacidad, “se están recibiendo en forma regular”, pero advirtió que “el crecimiento del volumen de pacientes que acceden a estas prestaciones ha ido horadando el Fondo Solidario de Redistribución, consumiendo más del 75 % de sus recursos”.

Para finalizar, la CGT consideró que “el desfinanciamiento del Fondo Solidario de Redistribución también se ha visto seriamente afectado por otra medida antiequitativa que surge del último DNU que reduce 5 puntos (del 20 al 15%) los aportes de los salarios más altos, enrasando todos los aportes en el 15%”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem respaldó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acusó a la oposición de intenta “llevar al Gobierno al barro” y anticipó una sesión “picante” para la presentación del informe de gestión del ministro coordinador:“Compren pochoclos”, afirmó.

El dirigente defendió al jefe de Gabinete, quien enfrenta investigaciones judiciales por su situación patrimonial, y afirmó que la estrategia opositora busca generar desánimo social y equiparar a toda la dirigencia, en vísperas del informe de gestión que Manuel Adorni, presentará el 29 de abril en el Congreso, instancia que está previsto que asista el presidente de la Cámara, Martín Menem. Además, Menem dejó definiciones sobre la Corte Suprema, la agenda legislativa y las alianzas políticas de cara a 2027.

Martín Menem anticipó una sesión “picante” para el informe de gestión que brindará Manuel Adorni en la Cámara de Diputados, defendió al jefe de Gabinete en medio de su delicada situación política y judicial, y cuestionó con dureza a la oposición por intentar “generar desánimo” e “igualar hacia abajo” para arrastrar al oficialismo “al barro”. A la vez, delineó la hoja de ruta política y legislativa del Gobierno en un escenario de tensión creciente hacia las elecciones de 2027.

De acuerdo con la exposición que ofreció en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en la sede de la calle Montevideo, Menem abordó preguntas del público y desarrolló un diagnóstico político integral. Utilizó el espacio para ordenar el discurso oficial en varios frentes: defensa de Adorni, encuadre de la ofensiva opositora, reformas, vínculo con el Poder Judicial y proyecciones electorales.

El eje más inmediato fue la situación de Adorni. El jefe de Gabinete deberá presentarse el próximo 29 de abril ante el Congreso, conforme al mandato constitucional, en un contexto de fuerte presión política y denuncias judiciales por su patrimonio. En esa sesión, está previsto que asista el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien anticipó que la jornada será áspera: “Va a ser picante. Compren pochoclos”, expresó, en una frase que sintetizó tanto el clima que espera en el recinto como la decisión del oficialismo de no eludir la confrontación.

El titular de Diputados detalló que ya se acumularon más de 4.800 preguntas de los distintos bloques y vinculó ese volumen con una estrategia opositora que, según su análisis, no apunta a discutir políticas públicas sino a desgastar al Gobierno. “Todos tienen un solo objetivo: generar desánimo y llevar a todos al barro”, sostuvo.

Ese diagnóstico fue uno de los núcleos de su intervención. Menem señaló que la oposición enfrenta un problema estructural: la falta de una gestión que pueda exhibir como alternativa. Frente a eso, sostuvo que recurre a dos herramientas principales. La primera es instalar un clima de desánimo social, con la idea de que “está todo mal” y que el Gobierno fracasa. La segunda es “igualar hacia abajo”, es decir, buscar que el oficialismo sea percibido como parte del mismo sistema político que critica.

En ese punto, el respaldo a Adorni adquirió un carácter político más profundo. Menem no solo defendió al jefe de Gabinete, sino que inscribió las acusaciones en su contra en la lógica de confrontación y deslegitimación. La presión judicial, en su visión, se articula con una estrategia política más amplia orientada a erosionar al Gobierno.

El planteo se proyectó también sobre el escenario electoral. Menem afirmó que la disputa hacia 2027 se estructurará en torno a esa misma tensión entre un oficialismo que busca consolidar un espacio propio y una oposición que, según su perspectiva, no logra construir una alternativa consistente. En este contexto, anticipó que La Libertad Avanza buscará articular una coalición amplia con sectores no peronistas, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

El antecedente que utilizó para fundamentar esa estrategia fue la elección de 2015, cuando María Eugenia Vidal obtuvo la gobernación con un 37% de los votos en un escenario de fragmentación del peronismo. Menem sugirió que un esquema similar podría repetirse si el oficialismo logra unificar a los distintos actores opositores al peronismo bajo un liderazgo libertario.

Avances legislativos y participación pública

En paralelo, Menem defendió los avances legislativos del Gobierno, haciendo especial hincapié en la reforma de la ley de glaciares, aprobada recientemente. Explicó que la iniciativa buscó dotar de previsibilidad jurídica a la actividad productiva, particularmente en la delimitación de zonas periglaciares y geoformas. Destacó el proceso de participación pública, que según detalló, recibió más de 105.000 inscripciones, lo que obligó a adaptar el mecanismo de audiencias para evitar la paralización del tratamiento.

En materia electoral, Menem resaltó la implementación de la boleta única de papel como uno de los principales logros del oficialismo. Afirmó que el sistema permitió reducir prácticas irregulares, como el voto cadena o la manipulación de boletas, y agilizar el escrutinio. Además, anticipó que el Gobierno buscará su adopción en todas las provincias y planteó la posible eliminación o suspensión de las PASO para reducir costos.

Agenda institucional y relación con la Corte Suprema

Otro de los ejes principales de la exposición fue la agenda institucional. Menem abordó la discusión sobre la Corte Suprema y dejó una definición concreta: considera que el número actual de integrantes es insuficiente. “Tres miembros es poco”, sostuvo, y sugirió que un número más razonable sería cinco o siete jueces. No obstante, aclaró que cualquier intento de reforma requiere mayorías legislativas que hoy no están disponibles y que, en consecuencia, es un debate que debería postergarse al menos hasta 2027.

En esa línea, explicó que la ampliación de la Corte requiere al menos 48 votos en el Senado, un umbral actualmente inalcanzable para el oficialismo. Por eso, validó la discusión en términos conceptuales pero descartó que avance en el corto plazo.

El vínculo con el Poder Judicial fue otro punto relevante. Menem advirtió que la principal urgencia no es la reforma estructural, sino la cobertura de vacantes. Estimó que existen entre 200 y 300 cargos sin cubrir en todo el sistema judicial, lo que genera demoras, acumulación de causas y un funcionamiento ineficiente. En ese contexto, subrayó la necesidad de avanzar con los pliegos en el Senado y acelerar los procesos de designación.

También se manifestó a favor del juicio por jurados, al que definió como una deuda pendiente desde la Constitución de 1853, y mencionó la necesidad de revisar la composición del Consejo de la Magistratura, al que consideró sobredimensionado.

En el plano económico e internacional, Menem se refirió al posible ingreso de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Señaló que el avance es “inevitable”, pero advirtió que las condiciones deberán ser objeto de negociación con Estados Unidos. Explicó que el acuerdo ya cuenta con media sanción del Senado desde 1998 y que su eventual aprobación en Diputados podría convertirlo rápidamente en ley, siempre que no se introduzcan modificaciones.

El tema se inscribe en una negociación más amplia que involucra a Cancillería y al Ministerio de Economía, en un contexto en el que el Gobierno busca profundizar su alineamiento internacional y atraer inversiones. Menem consideró que el acuerdo podría avanzar, aunque con reservas o condiciones específicas para resguardar intereses locales.

Otro capítulo estuvo dedicado al funcionamiento de la Cámara de Diputados. Menem reconoció las dificultades para ordenar el debate y cuestionó el uso sistemático de las cuestiones de privilegio como herramienta política. Explicó que el reglamento actual no prevé sanciones efectivas y que la presidencia carece de herramientas para disciplinar a los legisladores sin mayorías agravadas.

“Es como ser un árbitro sin tarjeta roja”, graficó. En ese contexto, planteó la necesidad de reformar el reglamento, reducir la cantidad de comisiones y limitar el uso de mecanismos que, según su visión, desvirtúan el debate legislativo.

Menem repasó la agenda de proyectos en carpeta. Mencionó la llamada ley Hojarasca, orientada a derogar normas obsoletas, la reforma del sistema de discapacidad, la revisión del financiamiento universitario, cambios en el Código Penal, una reforma impositiva y modificaciones en la ley de salud mental. En todos los casos, vinculó las iniciativas con el objetivo central del Gobierno: preservar el equilibrio fiscal.

Ese punto apareció de manera recurrente en su intervención. Menem insistió en que muchas propuestas impulsadas por la oposición, especialmente en materia social, implican riesgos para la estabilidad fiscal y pueden derivar en emisión, endeudamiento o aumento de impuestos.

En ese marco, reforzó la idea de que el oficialismo enfrenta no solo una disputa política, sino también una tensión conceptual sobre el rumbo económico del país.

El tramo final de la exposición retomó el eje inicial: la sesión del 29 de abril y la situación de Adorni. Menem no buscó moderar el escenario ni bajar el tono. Por el contrario, asumió la confrontación como inevitable y la anticipó en términos explícitos.

La frase “compren pochoclos” sintetizó ese enfoque. No solo describió el clima que espera en el recinto, sino que también dejó en claro que el oficialismo se prepara para dar esa batalla en el terreno político, incluso en un contexto adverso para uno de sus principales funcionarios.

La ex concejal del peronismo, Gisela Ghigliani, expresó a través de sus redes sociales su preocupación por el desmantelamiento del programa “REMEDIAR” por parte de Nación. 

Se trata de un programa nacional de más de 20 años de trayectoria, que se encarga de distribuir mensualmente medicamentos esenciales en botiquines a más de 7800 Centros de Salud de todo el país, que dan respuesta al 80% de las consultas del Primer Nivel de Atención, garantizando la cobertura de medicamentos a 19 millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud.

Desde Region Sanitaria le confiaron a esta redacción que en los botiquines se otorgan medicamentos como analgésicos, antiácidos, antianémicos, antiasmáticos, antibióticos, anticonvulsivos, antiespasmódicos, antihistamínicos, antiinflamatorios, broncodilatadores, cardiovasculares, corticoides, ginecológicos, hipoglucemiantes orales, productos oftalmológicos, sales de rehidratación oral y vitaminas.

“Son más de 8000 botiquines con medicación esencial que se repartían en los centros de salud y permitían que quienes allí se atendían accedieran al tratamiento farmacológico indicado en tiempo y forma tanto para cuadros agudos como enfermedades crónicas. Y así fue hasta que llegaron estos cretinos y comenzaron a desmantelarlo”, expresó la ex edil en su posteo. 

“Ni en mis peores pesadillas imaginé este retroceso y absoluto desprecio por la vida. Nos gobierna una manga de atorrantes”, afirmó. 

Cabe mencionar que desde el área de salud de la Municipalidad indicaron esta mañana que, si bien no hay una información oficial, se había adelantado que a partir de abril iba a disminuir la cantidad de botiquines y medicamentos a entregar.