El Gobierno pasó casi sin escalas de la euforia por la aprobación de leyes como la reforma laboral en el Congreso a la actual preocupación por los fallos judiciales que suspendieron la aplicación de los cambios en la legislación del trabajo que tanto quería Javier Milei.

Que los jueces laborales iban a fallar en contra de la Ley 27.802 de Modernización Laboral era demasiado evidente. El Gobierno apelará el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que frenó la norma tras un planteo de la CGT, pero en el ambiente empresarial, por ejemplo, quedó sobrevolando la sensación de que la estrategia jurídica de los libertarios fue “improvisada y poco adecuada para lo que está en juego”, según opinó ante Infobae el directivo de una importante compañía del sector de servicios.

Los juzgados laborales nacionales son vistos por los empresarios como “enemigos” porque suelen dictar fallos en favor de los trabajadores y son parte de un fuero clave en el que hay muchos magistrados que tienen lazos con el kirchnerismo y con los sindicalistas.

Fuentes oficiales admitieron a Infobae que en la Casa Rosada “había una expectativa clara de que la reforma laboral se iba a judicializar, pero no se preveía que algunos jueces se iban a animar a tanto”, en referencia al titular del Juzgado del Trabajo N° 63, Raúl Horacio Ojeda, que entre 2004 y 2012 se desempeñó como asesor de Carlos Tomada, el ministro de Trabajo de Néstor y Cristina Kirchner en sus 12 años de gestión.

“Ojeda debió haberse excusado porque es parte del kirchnerismo, como alguna vez se excusó otro juez laboral en una causa porque había cobrado honorarios para dar una conferencia en un sindicato”, dijo la fuente.

Esta semana, además, el titular del juzgado del trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet, dictó un fallo que, tras un planteo de la Unión Docentes Argentinos (UDA), suspendió la aplicación del artículo de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial y obliga a los sindicatos del sector a mantener un 75% de prestación normal de la actividad en caso de huelga.

Este magistrado fue el que atormentó a la pyme Lácteos Vidal en su batalla contra el sindicato ATILRA, ya que el año pasado ordenó el embargo por unos $168 millones contra la empresa por haberse negado a reincorporar a 26 empleados despedidos por su participación en violentas protestas y en amenazas contra sus propios compañeros. “El fallo es funcional a la mafia sindical, me quieren fundir”, denunció Alejandra Bada Vázquez, la dueña de Lácteos Vidal, en alusión a Ramonet.

¿El Gobierno pensaba que los jueces del trabajo no iban a fallar contra la Ley 27.802 porque tenían temor de que sus decisiones aceleraran el traspaso del fuero laboral al ámbito porteño y querían cuidarse? Es lo que deslizan en voz baja en algunos despachos oficiales, aunque otros funcionarios lo niegan y aseguran que, en realidad, la Casa Rosada entendió que no había manera de evitar que algún juez laboral suspendiera la ley: “Lo dieron por perdido porque en ese fuero hay una parte muy moderada y otra representa al kirchnerismo puro”.

Ahora, tras la apelación oficial, la revisión del fallo de Ojeda estará a cargo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que tampoco garantiza nada para el Gobierno porque, como dicen en Balcarce 50, “depende de qué sala de la Cámara te toque; algunas son imparciales y otras siguen siendo radicalizadas”.

La estrategia que analizan los expertos jurídicos libertarios es que todo lo vinculado con la Ley 27.802 confluya en el fuero contencioso administrativo, que, tras un planteo del Gobierno, ya tomó la causa en la que la justicia del trabajo suspendió el traspaso del fuero laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

Esa jugada oficial, si sale bien, permitiría que también la presentación judicial de la CGT contra los cambios laborales individuales y colectivos pase a un fuero que “no está contaminado por la ideología y el sectarismo”, como resaltó un referente de la Libertad Avanza.

La misma fuente reveló a Infobae que la Procuración del Tesoro de la Nación, dirigida por Sebastián Amerio y que agrupa al cuerpo de abogados del Estado, “está estudiando pedir directamente un per saltum para saltear esas instancias judiciales previas y llegar por la vía rápida a una sentencia definitiva de la Corte”.

Todo este escenario, más allá de su componente de incertidumbre sobre la decisión final, implica que la reforma laboral estará atrapada en el laberinto judicial durante un tiempo que nadie puede prever.

Aun así, en medio de este complejo cuadro, abogados experimentados interpretan que la ley está vigente pese a los fallos contrarios ya que fue sancionada por el Congreso Nacional y que los jueces a lo sumo pueden analizar si algún artículo es inconstitucional, pero lo que dictamine regirá únicamente en su jurisdicción.

Conclusión: la flamante ley provocará una acentuada litigiosidad, que es, paradójicamente, lo que buscaba evitarse cuando sus impulsores la elaboraron. Milei apuntó varias veces contra “la industria del juicio” y sus beneficiarios, pero ahora quizás deba resignarse a la multiplicación de presentaciones judiciales vinculadas con la legitimidad de los artículos de la Ley 27.802.

Sin embargo, en algunos sectores del Gobierno imaginan que los recientes fallos de la justicia laboral pueden terminar beneficiando al Presidente: “La sociedad va viendo lo que pasa cuando aparece un juez más fanático que los sindicatos tomando una decisión desmadrada, como suspender de un plumazo más de 80 artículos de una ley votada por mayoría en el Congreso”.

¿Será realmente beneficioso para Milei? Se suponía que la reforma laboral iba a generar más fuentes de trabajo. Hasta ahora, sólo le está dando más trabajo a los abogados que representan al Gobierno y al sindicalismo.

El peronismo dio este fin de semana una muestra de acercamiento entre los distintos sectores cuando gobernadores, legisladores e intendentes de distintos puntos del país coincidieron en la provincia de Tierra del Fuego para participar de los actos por el Día de Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas. Fue un primer paso para una construcción en vistas al 2027 que por el momento tiene más interrogantes que certezas.

Como contó Infobae un grupo de diputados busca traccionar la construcción de un frente anti Milei de carácter federal. En esa idea también está embarcado el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Tras las actividades en Tierra del Fuego desde su entorno se encargaron de remarcar su rol activo “en la construcción de consensos”. Quintela estuvo acompañado por la vicegobernadora, Teresita Madera y la senadora nacional por La Rioja, Florencia López.

Las actividades en Tierra del Fuego dejaron varias fotos. Por un lado la comitiva de La Cámpora que se reunió en la tarde noche del miércoles en Ushuaia mientras Kicillof junto a Quintela y un grupo de legisladores nacionales se preparaban para participar de la vigilia en Río Grande. Ese grupo estuvo con el gobernador fueguino Gustavo Melella. Entre actividad y actividad. Hubo conversaciones sobre la coyuntura y el plan 2027. Kicillof aprovechó para empezar a tejer lazos con los intendentes. Se mostró con los tres jefes comunales de Tierra del Fuego, Martín Pérez de Río Grande; Walter Vuoto de Ushuaia y Daniel Harrington de Tolhuin. Pérez y Vuoto mantienen sus diferencias con el mandatario provincial, Gustavo Melella. De hecho, el camporista Vuoto recurrirá a la justicia por el recorte de fondos al municipio de parte de la administración fueguina.

La construcción de Kicillof por fuera de Buenos Aires está atravesada por diferentes factores y dinámicas territoriales que el mandatario deberá abordar más allá de la discusión interna que mantiene con el kirchnerismo en la provincia que gobierna. Además de Melella, Quintela, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, Kicillof también fue recibido por el intendente de La Quiaca, Dante Velázquez.

En el acto oficial el mismo 2 de abril, hubo presencia de todos los sectores del peronismo. El Frente Renovador de Sergio Massa estuvo representado por la diputada nacional Cecilia Moreau; La Cámpora, además de Vuoto, también se hizo presente con Mayra Mendoza, una de las voces de CFK y apuesta del cristinismo para la sucesión bonaerense de Kicillof en 2027. A la intendenta en uso de licencia de Quilmes también la escoltó la secretaria general de la organización, Lucía Cámpora; el Subsecretario de Relaciones Municipales durante la presidencia de Alberto Fernández, Pablo “Tato” Giles, entre otros, como el diputado nacional por Santa Cruz, Juan Carlos Molina.

Mientras sucedía el acto en Ushuaia, en el barrio porteño de La Paternal, el jefe de La Cámpora encabezaba una actividad por Malvinas. Fue la inauguración de un mural en homenaje a los soldados. Allí, sin embargo, dejó una lectura sobre el futuro inmediata del peronismo. “Muchas veces buscan dividirnos bajo falsos antagonismos y lo que tenemos que tener muy en claro de aquí en adelante, es que el parteaguas no es un nombre ni un apellido, sino si se defiende la patria o si no se la defiende”, planteó.

Por el momento, hay una matriz de coincidencia discursiva del peronismo; al menos en la consideración del gobierno de Javier Milei. Lo que aún es incipiente es definir cuál es la mejor estrategia para abordar el proceso electoral. Lo que dejó las elecciones del 2025 aún es materia de debate al interior del peronismo y con énfasis por lo sucedido en Buenos Aires, en donde Kicillof definió desdoblar la elección, ganando con holgura la elección provincial, aunque sin sostener la victoria en la elección a diputados nacionales.

Tampoco hay acuerdos de hasta dónde expandir la construcción de ese frente. Por ejemplo, un sector del radicalismo bonaerense envía señales subterráneas a algunos dirigentes del Ejecutivo bonaerense. “Si Axel decide dar el paso, seguramente vamos a estar”, admite un dirigente del radicalismo bonaerense que se para en la vereda de enfrente del senador nacional por la UCR, Maximilano Abad. Dar el paso significa romper con el kirchnerismo.

Pero eso no sucederá. Aunque la relación entre el gobernador bonaerense y la expresidenta actualmente sea nula; no está en sus planes correr a los ministros provinciales que reportan políticamente a CFK. Pero Kicillof sí busca expandir. La reunión que días atrás mantuvo su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, con el exdiputado nacional Emilio Monzó fue en esa sintonía. Fue un acercamiento.

“Estamos de vuelta en el mismo problema que tuvimos antes del 2025″, dijo Kicillof este lunes cuando en conferencia de prensa se le consultó por la reforma electoral anunciada por el gobierno nacional, que plantea, por ejemplo, la eliminación de las PASO. “Es difícil plantear el calendario electoral en la provincia de Buenos Aires sin conocer qué va a hacer Nación en ese y en varios aspectos más. Con lo cual creo que tiene que ser una discusión que está bien que se lleve adelante, pero es concurrente o simultánea con la discusión nacional”, agregó.

Es que una de las posibilidades es que Buenos Aires también desdoble la elección como suelen hacer el resto de las provincias. Lo que defina Kicillof cobra vital importancia para todo el proceso electoral, ya que Buenos Aires reúne más de 13 millones de personas en condición de votar: el distrito -por lejos- de mayor peso electoral. Buenos Aires también podría abordar temas como boleta única en papel para la elección provincial y allí será Kicillof quien defina la fecha de los comicios bonaerenses. Por el momento todo es cálculo y posibles escenarios.

Desde que llegó al Gobierno, el presidente Javier Milei cumplió con una de las promesas de su campaña: tener un fuerte alineamiento geopolítico con los Estados Unidos y con Israel, lo cual se mantiene incluso en el contexto de la guerra en Medio Oriente, que inició después de que él llegara al poder.

Recientemente, esta postura incluso se intensificó, primero con la decisión de declarar “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria Islámica y, posteriormente, con la orden para que el encargado de negocios de Irán abandone el país, dos medidas que se tomaron en menos de 72 horas.

Previamente, la administración libertaria ya había puesto en la lista de amenazas a otras agrupaciones similares, como Hamás, responsable de los ataques del 7 de octubre del 2023, que iniciaron en la Franja de Gaza.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el próximo paso en este sentido será el de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, en lo que será un importante gesto simbólico a nivel internacional y una muestra de respaldo definitivo hacia Israel.

“Estamos buscando la fecha para concretarlo”, precisó a este medio un integrante de la cúpula nacional, que ratificó además que la iniciativa se mantiene firme, incluso con las tensiones en esa región.

En junio del año pasado, el propio Milei había anticipado su determinación de mudar durante el 2026 la sede diplomática hasta esa histórica ciudad, lo que representa reconocer a esa zona, en disputa desde hace siglos por ser el centro de varias religiones, como la capital del Estado hebreo.

Fur durante su discurso en el Knesset (el parlamento de ese país), donde también habló el primer ministro local, Benjamin Netanyahu, quien agradeció el respaldo desde Buenos Aires y remarcó que el líder de la Casa Rosada “ha defendido la verdad frente a la falsedad, comprendiendo que esta es una guerra de justicia sin precedentes”.

“Durante los últimos 20 meses, hemos estado luchando contra los monstruos humanos que secuestraron, agredieron y decapitaron el 7 de octubre. Ante esta agresión brutal y sin precedentes, usted habló con absoluta claridad: Estamos con usted en la batalla contra las fuerzas de la oscuridad”, agregó.

Por su parte, el titular del órgano legislativo, Amir Ohana, calificó la decisión como un “momento histórico en la historia de las relaciones entre Israel y Argentina” y elogió a Milei por “elegir la verdad por encima de la conveniencia, la fe por encima de las modas y la brújula moral por encima de la conformidad automática”.

Hasta el momento, los únicos gobierno que concretaron el traslado de sus embajadas a Jerusalén fueron los de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Paraguay.

Más acá en el tiempo, después de que el Gobierno ordenara que el encargado de negocios de Irán, Mohsen Soltani Tehrani, abandone la Argentina en 48 horas, fue el canciller israelí, Gideon Sa´ar, quien agradeció públicamente.

“El régimen terrorista iraní es letal tanto para sus propios ciudadanos como para sus vecinos, y constituye la principal amenaza para el orden y la seguridad mundial. No es legítimo. Punto”, escribió Sa´ar en su cuenta de X.

Hace algunos días, el Presidente participó de un nuevo aniversario del atentado a la embajada de Israel, durante el cual calificó a la república islámica como “una tiranía que no sólo mantiene cautiva a su propia población, sino que se ha dedicado a sembrar el terror durante décadas alrededor del mundo”.

“Hoy, la Argentina es socia de Israel en la defensa de estos valores de libertad y combate al terrorismo, que intentó, mediante el miedo y las amenazas, alejarnos de una nación hermana que comparte los mismos valores que la nuestra, valores que forman parte indisoluble de la tradición occidental, la cual toma sus raíces en la herencia judeocristiana”, sostuvo en ese acto.

Por otra parte, el mandatario tiene en carpeta un nuevo viaje a Tel Aviv para el 21 de abril próximo, ya que fue invitado por Netanyahu a participar de los actos por el Día de la Independencia de ese país (Yom Ha’atzmaut, en hebreo), por lo que ambos volverían a encontrarse.

Las autoridades nacionales confían en que para ese momento el conflicto en la región haya disminuído y, de hecho, fuentes diplomáticas confirmaron a Infobae que, por lo menos hasta ahora, el gobierno argentino no solicitó ninguna medida de seguridad especial para esta visita.