Los libertarios festejaron en la madrugada del viernes la aprobación de la reforma laboral en Diputados y no perdieron el tiempo: antes del mediodía ya habían conseguido el dictamen para darle sanción definitiva en el Senado con apenas un cambio la semana que viene.

El oficialismo viene de cosechar resonantes victorias en las sesiones extraordinarias del Congreso y busca mantener la buena racha: antes de que la oposición pueda salir de su desconcierto planean sancionar el proyecto de modernización laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil, ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, avanzar con una propuesta para el financiamiento para las universidades, modificar la ley de Glaciares y validar legislativamente el acuerdo comercial con Estados Unidos.

La nueva configuración de la mesa política libertaria mejoró notablemente la performance del oficialismo en el Congreso. Patricia Bullrich al mando de las negociaciones en el Senado le aportó al Gobierno más flexibilidad a la hora de negociar los proyectos. Por ejemplo, no dudó en eliminar el capítulo de Ganancias para que los gobernadores apoyen la reforma laboral en la Cámara alta y tampoco tuvo pruritos para retirar el artículo sobre las licencias médicas por accidentes y enfermedades.

En tándem, el ministro del Interior Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem consolidaron un canal de diálogo con los gobernadores -aceitado con Aportes del Tesoro Nacional y transferencias de obras- que le permitió al oficialismo ampliar su base de aliados. Las provincias jugaron un rol clave para asegurar el quórum de la reforma laboral, incluso las que después votaron en contra del proyecto, como Catamarca, y colaboraron para bajar la edad de imputabilidad a 14 años y ratificar el acuerdo Mercosur-UE.

El “principio de revelación” le abrió paso a la “rosca” tradicional y los resultados fueron rotundos. Un antes y un después si se compara con el escenario legislativo hostil que enfrentó el Gobierno en la segunda mitad del año pasado, cuando se vio obligado a recurrir tres veces al veto presidencial para luego perder ante las insistencias del Congreso.

Ahora los libertarios se encaminan a cumplir dos de sus objetivos inmediatos: ser el primer país del Mercosur en ratificar legislativamente el acuerdo con la UE y aprobar la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad antes de que termine febrero, lo que permitirá que el presidente Javier Milei incluya estos logros en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias el 1 de marzo.

Sin embargo, el oficialismo no planea dormirse en los laureles y apuesta a aprovechar al máximo la falta de respuesta opositora. La semana que viene comenzará en el Senado otro debate que traerá polémica: la reforma de la Ley de Glaciares.

Este proyecto fue prenda de negociación con las provincias como San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy y Salta, que venían reclamando por esa iniciativa para potenciar los emprendimientos mineros, especialmente las exportaciones de cobre.

La ley actual define a los glaciares como bienes de carácter público y extiende la protección al ambiente periglacial, es decir, a las áreas de suelos congelados que regulan los recursos hídricos. Dado que prohíbe expresamente actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares, como la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de infraestructura ajena a la investigación científica, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y la instalación de industrias, muchas provincias plantean que interfiere con la explotación de sus recursos naturales.

Según el Gobierno, el nuevo proyecto ordenará el marco normativo, eliminará interpretaciones arbitrarias y fortalecerá el federalismo ambiental, permitiendo que las provincias asuman mayor protagonismo en la gestión de sus recursos.

Es decir, cuando un glaciar o ambiente periglacial esté incluido en el Inventario Nacional de Glaciares, se presumirá que forma parte del objeto protegido por la Ley de Glaciares, pero si una provincia determina que no cumple con funciones hídricas, dejará de estar protegido por la norma y se eliminará del Inventario, lo que habilitará la explotación productiva en el lugar.

Por otro lado, la Casa Rosada ya envió y espera aprobar en las primeras semanas de marzo un nueva ley de financiamiento universitario, que apunta a reformular la ley 27.795. Ese proyecto fue vetado por Milei pero luego la oposición consiguió insistir con su sanción en el Congreso. Sin embargo, nunca se aplicó completamente porque desde la Casa Rosada argumentaron que no estaba contemplado de dónde saldrían esas partidas presupuestarias.

“Lo de ahora es un punto medio entre lo que reclamaban los rectores y lo que quería el Gobierno, es algo mucho más lógico”, dijo a Infobae un integrante de la mesa política.

En concreto, el proyecto propone actualizar los gastos de funcionamiento según la inflación observada (IPC-INDEC) por encima del 14,3%, que es “el valor promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2026”. Es decir, si la inflación efectiva supera ese 14,3%, el crédito para las actividades 14 (Funcionamiento), 15 (Hospitales Universitarios) y 16 (Ciencia y Técnica en Universidades) del Programa 26 se ajustará para preservar el incremento real.

Respecto a las remuneraciones, el artículo 5° fija una recomposición 2025 paga en 2026 para docentes y no docentes, con tres incrementos del 4,1% cada uno (marzo, julio y septiembre), calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025—en total, 12,3%—y ordena al Ejecutivo convocar paritarias obligatorias al mes de sancionada la ley, con periodicidad no mayor a tres meses. “Dicha convocatoria deberá ser abarcativa del personal docente y no docente”, expresa la norma.

Finalmente, el Gobierno trabaja contrarreloj para enviar a Diputados el acuerdo comercial con Estados Unidos, lo cual conlleva dificultades extra porque se deberán modificar varias leyes para poder cumplir con lo pactado.

En las filas libertarias confían en que los gobernadores volverán a garantizar la ratificación del acuerdo porque, al igual que con el tratado Mercosur-UE, tendrán como prioridad abrir nuevos mercados para sus economías regionales y atraer inversiones para desarrollar proyectos productivos que generen empleo. De hecho, el acuerdo con la UE obtuvo el respaldo de cerca de la mitad del bloque Unión por la Patria, donde primaron los intereses provinciales.

En la apertura de sesiones del 1 de marzo, el presidente Milei podrá exhibir resultados concretos en al menos dos temas históricamente postergados, como la modernización laboral y la baja de la edad de imputabilidad. Ambas cuestiones fueron parte de la agenda de distintos partidos durante décadas, pero fueron los libertarios los que consiguieron destrabar los acuerdos necesarios para convertirlas en ley.

Las sesiones extraordinarias no solo significaron para el Ejecutivo nacional la posibilidad de contar con las leyes que venía impulsando. En una perspectiva más amplia, las votaciones desarrolladas en la Cámara de Diputados y en el Senado despejaron una incertidumbre que sobrevoló el mundo libertario desde el 10 de diciembre de 2023.

Aunque en las últimas horas el debate se centró en la ley de Reforma Laboral, que todo indica será aprobada por el oficialismo en la Cámara alta el próximo viernes, los resultados obtenidos desde diciembre hasta hoy muestran un fortalecimiento de La Libertad Avanza en el Parlamento.

En Diputados, de las cinco votaciones que afrontó en el recinto, LLA ganó todas con números holgados. Con un bloque de 95 legisladores propios, atravesó una serie de sesiones definitorias. La primera fue la del Presupuesto 2026, y al finalizar la votación, el tablero mostró que el oficialismo se imponía con 132 votos afirmativos contra 97 negativos. El segundo desafío fue la ley de Inocencia Fiscal, una especie de blanqueo constante hasta 100.000 dólares, que tuvo una votación más ajustada, pero el oficialismo consiguió imponerse con 130 votos frente a 107 en contra.

El margen de acompañamiento se amplió en la siguiente tanda de proyectos, donde logró media sanción al Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con 149 votos positivos y 100 negativos. Un caso especial fue el acuerdo Unión Europea-Mercosur, donde obtuvo 203 votos a favor contra 42 en contra, provocando una ruptura en el bloque del peronismo.

Por último, enfrentó una de las discusiones más complejas en la Cámara baja, la Ley de Reforma Laboral. Aunque dejó un artículo fuera del dictamen —el 44, vinculado al pago de licencias laborales—, consiguió que el pleno lo respaldara y obtuvo 135 votos afirmativos frente a 115 negativos.

Esto también se repite en el Senado, donde LLA cuenta con un bloque de 21 senadores, pero logró acuerdos firmes con diferentes socios. Tanto es así que el Presupuesto 2026 se aprobó con 46 votos a favor, más del doble que los miembros de su propio bloque y quedando solo a dos de alcanzar los dos tercios. Un número similar obtuvo en la primera votación de la Reforma Laboral, donde se impuso por 42 votos contra 30. De nuevo, a pocos senadores de los dos tercios.

En este esquema, el oficialismo demostró que en Diputados cuenta con un piso de 130 votos, uno más que el quórum, y en el Senado de 40, cuatro más que el mínimo necesario para abrir el recinto.

Esta estrategia de acuerdos parlamentarios, sumada a pactos con gobernadores de diferentes fuerzas, se complementa con el reparto de las comisiones centrales, donde LLA o sus socios del PRO y la UCR se quedaron con las presidencias y generaron una ventaja competitiva frente al resto a la hora de definir la agenda de temas a debatir.

“En términos globales, el año pasado dejó un resultado de 11 leyes sancionadas por el Congreso durante el período ordinario”, explicó un diputado. En ese número hay tres acuerdos internacionales y ocho leyes impulsadas por la oposición: la declaración de emergencia en Bahía Blanca, dos aumentos para jubilaciones, la Emergencia en Discapacidad, la modificación a los aportes del Tesoro de la Nación a las provincias, el financiamiento de universidades nacionales, la Emergencia en Salud Pediátrica y la Ley Nicolás. No hubo proyectos del oficialismo convertidos en ley y, entre sus principales logros, LLA solo exhibe el blindaje al DNU por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que consiguió 129 votos favorables y 108 en contra.

Con el cambio en la composición del Congreso a partir del pasado 10 de diciembre, que hizo crecer a los bloques de La Libertad Avanza mediante el voto en las elecciones de medio término y la suma de legisladores de otros espacios, junto a los acuerdos con gobernadores del peronismo no kirchnerista, del PRO, de Juntos por el Cambio y de partidos provinciales, el oficialismo encuentra hoy en el Palacio Legislativo un escenario mucho más favorable que en los primeros dos años de gestión, algo que ya está comenzando a capitalizar.

El peronismo volvió a atravesar una semana complicada en el Congreso. Esta vez la derrota fue en la Cámara de Diputados, donde, como suele ocurrir cuando los proyectos se encaminan a su aprobación, la oposición se quedó con los discursos, los reproches y los enojos, mientras que el oficialismo obtuvo los votos y el triunfo. Eso ocurrió al límite entre jueves y viernes en la Cámara baja, cuando el gobierno nacional aprobó la reforma laboral y celebró la impotencia de su rival.

La unidad de la oposición más firme alcanzó 115 votos, en medio de una sucesión de gritos, cruces y maniobras en el barro legislativo. El bloque de Unión por la Patria (UP) estuvo cerca de hacer caer la sesión por un descuido de La Libertad Avanza (LLA) que, entrada la noche y tras varias horas de debate, dejó sin quórum la sesión. Un error de principiante que sigue mostrando las falencias en la gestión de recursos parlamentarios del espacio libertario. Al oficialismo lo salvaron la experiencia de Luis Petri y Silvana Giudici, que lograron ganar tiempo para que los propios regresaran al recinto.

El bloque peronista intentó por todos los medios frenar la reforma laboral, pero chocó con sus propios límites. Al igual que en el Senado, volvió a pesar el pasado: la derrota electoral del año anterior. Menos votos en las urnas, menos manos en el Congreso. La lógica es directa. Además, se sumó el apoyo de gobernadores del propio espacio político que están cada vez más distanciados del bloque mayoritario del peronismo, como los catamarqueños y tucumanos que responden a Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, respectivamente.

El respaldo, ya sea por el quórum o por los votos afirmativos, de esos mandatarios, junto a los de Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), le dio al Gobierno la posibilidad de consolidar su estrategia y aprobar la ley. “De eso no se vuelve. Van a tener que explicar en sus provincias lo que avalaron. Ahora o más adelante, pero lo van a tener que explicar”, advirtió un diputado peronista sobre la postura de los gobernadores.

La advertencia sobre el futuro no es casualidad. El peronismo de UP está dispuesto a mantener en el centro de sus cuestionamientos internos lo que los legisladores de esos sectores votaron. “Atacaron la base de nuestra fuerza política que son los trabajadores. Cruzaron un límite”, reflexionó una senadora nacional que fue de las más vehementes al criticar el proyecto. La dirigencia peronista apunta a los propios mientras intenta comprender por qué las mayorías, entre ellos muchos trabajadores asalariados, dejaron de acompañarlos.

Las tensiones actuales tendrán impacto en el corto plazo, cuando las distintas tribus del peronismo busquen construir una alternativa nacional. En la oposición prevén que la mayoría de los gobernadores desdoblarán los comicios, por lo que cada elección provincial será una batalla particular para el PJ, que enfrenta un panorama adverso para recuperar poder territorial.

El kirchnerismo activó rápidamente una cacería de brujas en el peronismo del interior. Busca separar, con el argumento del apoyo a Milei, a quienes consideran que traicionaron los valores de la oposición y a quienes, por haber avalado reformas profundas como la laboral, no pueden ser parte de un futuro armado. “Después se quejan de que CFK les interviene el partido, pero votan todo a favor de Milei, cuando entraron al Congreso en representación del peronismo”, afirmaron cerca de la ex presidenta.

Más explícita fue la diputada santafesina Florencia Carignano, quien aseguró que “Cristina Kirchner nunca traicionó a los laburantes” y advirtió que si hubiese hecho “lo que hizo Jalil”, entonces “no estaría presa, porque lo más fácil es entregarse al poder”. El kirchnerismo volvió a señalar a los gobernadores de Tucumán y Catamarca como traidores, y trazó una línea clara entre ellos y los peronistas que apoyaron a Milei.

El sector más duro del peronismo dejó varias advertencias durante la semana. Durante la sesión de labor parlamentaria en el Senado, la riojana Florencia López se dirigió a Patricia Bullrich y, a las pocas horas de sancionada la reforma laboral, le dijo: “El pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como hicieron antes”. Pensando en el futuro, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, planteó que si el peronismo regresa al poder en 2027, lo primero será “derogar y eliminar esa ley”.

Por momentos, la división interna cambió de eje. La disputa dejó de ser entre el kirchnerismo y Kicillof, para pasar a estar entre el sector de los kirchner y los gobernadores del interior. El mandatario bonaerense no intervino en esa disputa. Tampoco lo hizo nadie de su espacio. No pretende dar esa pelea interna. Prefiere posicionarse como principal opositor, lo que dirige la atención hacia su figura.

En simultáneo a la crisis legislativa, el peronismo bonaerense cerró un acuerdo de unidad en las listas del PJ de la provincia. Se oficializaron los consejeros y autoridades que tendrá el partido bajo la conducción de Kicillof. Un punto de encuentro que disipó algunas tensiones y marcó un pacto de no agresión por unos días.

Los consejeros por rama quedaron equilibrados entre el kicillofismo y el cristinismo. Una forma de evitar una escalada de tensión. Ingresaron nombres vinculados al Gobernador como Verónica Magario, Fernando Espinoza, Mariano Cascallares, Walter Correa, Alberto Descalzo, Gustavo Barrera y Mauro Poletti; y otros de la línea de CFK como Federico Otermín, Marisa Fassi, Karina Menéndez, Santiago Révora, Mayra Mendoza y Fernanda Raverta.

La tregua en la construcción del nuevo PJ fue la única noticia positiva para el peronismo en la última semana. En la práctica, implica algunos días de calma y el ordenamiento del partido y los principales espacios de poder detrás de la conducción política de Kicillof. Una pelea interna menos para afrontar. Quedan otras pendientes, como la definición de tres cargos clave en el Senado provincial: la vicepresidencia primera, la secretaría administrativa y la jefatura del bloque justicialista.

El peronismo atraviesa días difíciles, en los que percibe la falta de poder y, al mismo tiempo, no encuentra el camino para construir un nuevo espacio político. Mientras tanto, el tiempo avanza y Milei afianza la gestión política de su gobierno, hoy menos conflictiva que el año pasado.