El decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso confirmó lo que se esperaba: el Gobierno apuesta centralmente a la reforma laboral en el Senado y busca evitar sobresaltos en Diputados que alteren la agenda deseada. El oficialismo ya comenzó a moverse con contactos -formales e informales- y en un punto, las dos movidas se cruzan: las negociaciones con gobernadores tienen como objetivo sumar apoyos al proyecto de legislación del trabajo en la Cámara alta y tantear compromisos que permitan bloquear en la Cámara baja cualquier intento opositor para voltear el DNU de los servicios de inteligencia.

La vuelta a la actividad legislativa fue anotada por el Ejecutivo para el 2 de febrero y, en caso de la reforma laboral, con la intención de votar en el Senado diez días después. De hecho, se puso en marcha la Comisión de Trabajo y el oficialismo ratificó su posición. Dice que está dispuesto a negociar algunos aspectos del proyecto, aunque sin tocar el dictamen de comisión. En otras palabras, la intención es ir al recinto con un trato cerrado que no altere el ritmo que pretende Olivos también como dato político. El punto es si eso garantiza un trámite similar en la otra Cámara y sin estribaciones más allá del Congreso.

En ese tablero inicial, el oficialismo anota en estas horas una alerta sindical. En el discurso, tanto Patricia Bullrich como los jefes de la CGT se declaran abiertos al diálogo, pero eso va de la mano con planteos de máxima. Del lado violeta sostienen que no aceptarán cambios sustanciales, mientras que desde el frente sindical advierten sobre una posible judicialización si el texto sale tal como llegó al Congreso.

Jorge Sola, uno de los tres integrantes de la conducción cegetista, acaba de plantearlo sin vueltas. Cuestionó el proyecto en líneas generales -sin precisiones-, y advirtió que sin modificaciones, tiene destino de planteo a la Justica por “inconstitucional”. Está claro que el dirigente del gremio del seguro -de fuerte formación sindical, según destacan algunos de sus pares- no intentó una discusión puntual de los temas que inquietan a la CGT, sino advertir sobre el camino fangoso que debería recorrer la noma sin aval gremial. Es un mensaje también al empresariado.

El panorama en ese terreno no resulta un dato político menor. El clima ya se había agitando antes de fin de año en la justicia nacional del trabajo, porque junto al proyecto circulaban versiones sobre una avanzada que trascendía por mucho el proyecto de traspaso del fuero al ámbito porteño. Y además, en primeros cruces de información con jefes sindicales, expertos en la materia señalaban posibles focos de reclamos judiciales: desde la extensión del criterio de servicios esenciales en caso de medidas de fuerza, hasta la derivación de ingresos del sistema previsional hacia un Fondo de Asistencia Laboral para cubrir indemnizaciones.

Esa advertencia sindical asoma más inquietante que los pasos que anuncia la CGT en espejo con las negociaciones del Gobierno para asegurarse apoyo de los jefes provinciales. En esa línea, descontada la posición del kirchnerismo duro, apuntan a reunirse con gobernadores de diferente color político. Incluyen a peronistas que no responden a UxP (Tucumán, Catamarca, Salta), al núcleo de Provincias Unidas (Santa Fe y Córdoba), y a provinciales (Santa Cruz, Río Negro).

Ese, en rigor, es el terreno en el que el Gobierno se viene manejando con mayor dedicación, como lo expuso la sanción del Presupuesto 2026 a fines de diciembre. Fue una larga negociación. Y todo indica que seguirá siendo así, proyecto por proyecto, en tratativas que combinan el interés de Olivos y los reclamos de los gobernadores: según el caso, ATN, fondos de cajas de jubilaciones, deudas por el pacto fiscal, obras postergadas.

El oficialismo es optimista sobre los apoyos a la reforma laboral. Diego Santilli viene retomando conversaciones: no hubo desatención por el receso legislativo, fuera de algunos días más calmos. Por lo pronto, el ministro suma viajes a provincias. Estuvo a principios de la semana con el salteño Gustavo Sáenz y tiene agendadas visitas al entrerriano Rogelio Frigerio y al neuquino Rolando Figueroa. Antes -por diferentes motivos, que en general no excluyeron el tema legislativo- recorrió buena parte de lo que fue JxC: encuentros con el mendocino Alfredo Cornejo, el chaqueño Leandro Zdero, el chubutense Ignacio Torres y el sanjuanino Marcelo Orrego.

Fuentes legislativas consideran que el punto difundido como central en la agenda con las provincias -la reducción de ingresos por Ganancias- no sería una traba insalvable, porque el cambio en ese impuesto, de fuerte impacto en la coparticipación federal, podría ser gradual. Más atención generarían otros renglones del proyecto, sobre todo en cuanto a potencial litigiosidad.

Las otras iniciativas incluida en la convocatoria a sesiones extraordinarias no proyectan olas. En principio, trasciende consenso sobre el impulso para acelerar la aprobación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El oficialismo espera un trámite razonable para la designación de un embajador. Y la ley de glaciares demandaría tiempos más largos que los de esta etapa, con fecha de finalización para el último viernes de febrero.

El Gobierno postergó otros proyectos, densos y que generan dudas sobre su redacción final, como la reforma tributaria. Con todo, asoma un punto de inquietud que supera el manejo propio del oficialismo. Se trata del DNU que reforma la estructura de la SIDE y dispone cambios alarmantes en las atribuciones de los servicios de inteligencia.

En este caso, no importa si el Congreso está en período ordinario, extraordinario o de receso. El DNU puede ser tratado en cualquier momento cumplido el plazo formal. Pero, naturalmente, depende de la oposición en sus distintas vertientes conseguir número para dar la batalla. No está claro por ahora el panorama, especialmente en el Senado. Y los operadores violetas trabajan para bloquear una movida opositora en la Cámara baja. Lo hacen a la par de la búsqueda de apoyos para la reforma laboral. El costo de los tratos también puede ser mayor.

El Gobierno -como las anteriores gestiones desde la época de Néstor Kirchner– cuenta con una ventaja: el rechazo vale si lo votan las dos cámaras del Congreso. Herencia de CFK, creadora de la ley que así lo dispone para blindar el poder.

En Bahía Blanca se abrió una discusión incómoda pero inevitable: el aumento de las tasas municipales, en particular la de Alumbrado, Limpieza y Conservación (ALC). La reacción social fue inmediata. Redes sociales encendidas, bronca, desconfianza y una pregunta que se repite: ¿por qué ahora y por qué así?

El malestar es comprensible. Nadie vive ajeno al contexto económico y nadie recibe con agrado una boleta más alta. Pero reducir la discusión únicamente al impacto inmediato es quedarse corto. La discusión de fondo es otra y exige un poco más de honestidad intelectual: qué ciudad estamos sosteniendo hoy y cuál estamos dispuestos a construir.

Bahía Blanca hace tiempo dejó de ser una ciudad simple. Es un polo regional, con demandas crecientes, infraestructura que necesita inversión constante y servicios que no pueden pensarse con lógica de emergencia permanente. Alumbrado, limpieza, mantenimiento urbano, calles, espacios públicos y ordenamiento no aparecen solos ni se sostienen con buenas intenciones.

Durante años, las tasas quedaron atrasadas frente a los costos reales. Ese atraso se pagó con deterioro, con postergaciones y con parches. En algún punto, la corrección llega. Y cuando llega, duele.

En este contexto, hay un dato político que no debería pasarse por alto: Bahía Blanca hoy tiene conducción. Federico Susbielles no es un improvisado ni alguien ajeno a la complejidad de gestionar una ciudad como esta. Se puede discutir el cómo, los tiempos o los montos, pero también es razonable reconocer que hay un rumbo y una idea de ciudad detrás de las decisiones.

Confiar no significa aplaudir todo.
Confiar significa entender que para transformar una ciudad hacen falta herramientas, recursos y decisiones que no siempre son simpáticas. Significa también exigir resultados, eficiencia y transparencia, porque la confianza se sostiene con hechos, no con discursos.

Comparar con otras ciudades ayuda a poner las cosas en perspectiva: Bahía Blanca no está fuera de escala en términos de tasas. Pero la comparación no alcanza si no se traduce en mejoras visibles. Ahí está el verdadero desafío de la gestión: convertir el esfuerzo del vecino en una ciudad que funcione mejor.

Esta discusión, lejos de debilitar, puede fortalecer. Puede servir para madurar el vínculo entre el Estado municipal y la sociedad. Para discutir en serio cómo se financia una ciudad moderna y qué estamos dispuestos a aportar para vivir en ella.

Bahía Blanca tiene por delante una oportunidad.
Y para aprovecharla, hace falta algo más que enojo: hace falta debate, responsabilidad colectiva y, también, un voto de confianza en quienes hoy tienen la tarea de conducir.

Porque ninguna ciudad se transforma sin decisión política.
Y ninguna transformación se logra sin que la sociedad acompañe.

Los movimientos sociales y organizaciones piqueteras de izquierda resolvieron movilizarse frente al Congreso Nacional durante el mes de febrero. La fecha estipulada será el día en que el Senado trate la reforma laboral, impulsada por el Gobierno. La decisión fue adoptada en rechazo al proyecto de ley de La Libertad Avanza, al que consideran un ataque estructural a los derechos de los trabajadores formales e informales, en paralelo a un escenario de alta tensión política, sindical y parlamentaria.

La convocatoria tendrá como protagonistas a los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), junto a organizaciones piqueteras y sectores de la izquierda, que anticiparon una masiva presencia en las calles pese a algunas concesiones que ya realizó el Poder Ejecutivo. Para estos sectores, los cambios no alteran el corazón del proyecto de ley de “modernización laboral” que, sostienen, profundiza la precarización laboral y debilita el entramado sindical.

El Congreso, epicentro del conflicto

El conflicto se reactivó con fuerza luego de que el presidente Javier Milei convocara a un nuevo período de sesiones extraordinarias del Congreso para febrero, mediante el decreto 24/2026, firmado junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La medida establece que el período se extenderá desde el 2 hasta el 27 de febrero, y ubica a la reforma laboral como uno de los cuatro proyectos centrales de la agenda legislativa del oficialismo.

La Casa Rosada definió un cronograma político acelerado con el objetivo de convertir en ley la reforma laboral antes del inicio de las sesiones ordinarias. En ese marco, el Gobierno prevé llevar el proyecto al recinto de la Cámara alta entre el 10 y el 12 de febrero, con fecha tentativa de tratamiento el 11 de febrero, día en el que se espera la movilización frente al Congreso. Sin embargo, esa fecha está sujeta a modificaciones. Los organizadores entienden que será “un febrero caliente” y de alto voltaje político.

Además de la iniciativa laboral, el temario incluye el pedido de aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, el proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial y otras iniciativas consideradas estratégicas por la administración libertaria.

Una mayoría esquiva en el Senado

Con una bancada propia minoritaria —aunque mayor que antes de las anteriores elecciones legislativas—, La Libertad Avanza (LLA) necesita reunir al menos 16 o 17 voluntades adicionales para alcanzar el quórum de 37 senadores y avanzar con la votación. En ese escenario, el rol de Patricia Bullrich, jefa del interbloque oficialista y presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, será central para defender el proyecto y articular los acuerdos políticos necesarios.

El oficialismo desplegó una estrategia de negociación múltiple que incluye una comisión técnica, coordinada por la abogada Josefina Tajes, encargada de recopilar y ordenar las propuestas de modificación impulsadas por sectores de la UCR, el PRO y la CGT. La intención del Ejecutivo es evitar cambios de último momento que puedan poner en riesgo la sanción del proyecto.

En paralelo, Bullrich inició una ronda de reuniones con jefes de bloques opositores considerados “dialoguistas”, con especial foco en los senadores radicales, los representantes del PRO y legisladores provinciales alineados con sus gobernadores.

La negociación con las provincias se volvió uno de los puntos más sensibles del debate. El proyecto de Modernización Laboral incluye cambios impositivos que impactan directamente en los recursos coparticipables, en un contexto en el que las provincias ya denuncian una fuerte caída de ingresos durante la gestión actual.

En particular, la iniciativa contempla una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para las empresas, con un tope del 31,5% frente al 35% vigente, lo que implicaría una merma estimada de 1,6 billones de pesos en recaudación, fondos que se distribuyen entre Nación y provincias. Esta situación genera resistencias entre los gobernadores, que evalúan el costo fiscal de acompañar la reforma.

Los movimientos sociales endurecen su postura

Para los movimientos sociales y piqueteros, el escenario es aún más categórico. Desde la UTEP, su secretario general Alejandro Gramajo afirmó que la reforma “está orientada a quitarle derechos a los trabajadores que hoy se mantienen dentro de una relación salarial formal plena de derechos”, y advirtió que el nuevo esquema de indemnizaciones “propone pagar menos, en cuotas y con fondos que hoy pertenecen a los jubilados”.

En la misma línea, Gramajo rechazó el argumento oficial que sostiene que la quita de derechos generará más empleo formal. “Es algo nunca visto: quitarle derechos a unos para supuestamente beneficiar a otros. Si bajan al de arriba, pisan al de abajo”, sostuvo.

Desde una posición aún más confrontativa, el ex secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro, afirmó que “no tiene un solo punto a favor de los trabajadores informales ni de la economía popular”. Para Castro, cualquier avance en derechos para los sectores más postergados solo será posible si la reforma laboral es rechazada en el Congreso.

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) enfrenta un escenario complejo. Si bien mantiene su rechazo al proyecto, la central obrera optó por una estrategia de “reducción de daños”, intentando recortar los artículos más lesivos a través de negociaciones con gobernadores y legisladores, mientras mantiene la presión en la calle.

La CGT ya protagonizó una masiva movilización el 18 de diciembre en Plaza de Mayo y no descarta nuevas medidas de fuerza, incluido un paro nacional, si el Gobierno avanza sin modificar aspectos centrales de la reforma. Entre sus principales críticas figuran la flexibilización de las condiciones de trabajo, la reducción de indemnizaciones, la limitación del derecho de huelga, la ruptura de la negociación colectiva y el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales.

Con el tratamiento previsto para febrero, el conflicto entra en una fase decisiva. El Gobierno apuesta a cerrar acuerdos políticos para sancionar una de sus leyes emblemáticas, mientras que la CGT, los movimientos sociales y las organizaciones piqueteras preparan una respuesta en las calles. La pregunta es: ¿conseguirán masividad para demostrar fuerza contra las políticas libertarias?

El Congreso volverá a ser el escenario donde se cruce la disputa entre el proyecto de transformación laboral del oficialismo y la resistencia del movimiento obrero organizado y los sectores populares. Febrero se perfila así como un mes clave, no solo para el futuro de la reforma laboral, sino para el equilibrio político y social.