El escalofriante caso de Jeremías Monzón, el chico de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe, volvió a poner en la agenda política la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad. De los tres menores que estuvieron al momento del crimen, dos tienen 14 años y se encuentran en libertad por no ser punibles.

Ante la crudeza y los detalles del caso, diferentes dirigentes políticos volvieron a poner en debate la necesidad de acelerar en la baja de la edad a partir de la cual se puede juzgar a un menor. En la reforma del Código Penal que elabora el Gobierno se contempla una reducción de 16 a 14 años para poder juzgar menores, aunque en el pasado se ha llegado a proponer que esa tara llegue a los 13 años.

El Gobierno decidió no incluir esta reforma en el llamado a sesiones extraordinarias que el Poder Ejecutivo realizó vía decreto. Incluso, una altísima fuente con acceso al despacho presidencial comentó hoy a Infobae que hay asuntos que se están terminando de elaborar y que su redacción quedaría definitiva para la primera quincena del próximo mes.

Sin embargo, dados los acontecimientos recientes, al menos dos integrantes de la mesa chica del presidente Javier Milei confesaron a Infobae que quieren incluirla para que este asunto se debata cuanto antes. “Yo la quiero impulsar ahora”, marcó una fuente inobjetable en relación a las extraordinarias.

“Hoy lo estuvimos discutiendo. Veremos. Porque las sesiones extraordinarias arrancan el 2 de febrero y, hasta que nosotros votemos las leyes, en la Cámara de Diputados no hay temas. Podría ser un tema importante, que fue relegado, que ya tenía dictamen ahí, que se cayó, pero que lo puede tener inmediatamente”, profundizó otra fuente de la mesa.

Al menos tres dirigentes marcaron a este medio que lo van a someter a debate en la reunión del próximo lunes de la mesa política que se desarrollará en Casa Rosada.

Hay quienes en ese grupo de dirigentes ponen paños fríos a ese asunto y marcan que debe tratarse en su integralidad junto al resto de modificaciones del Código Penal. “La reforma de la baja de imputabilidad está contemplada dentro de la reforma que estamos terminando”, marcó otra importante fuente.

Es decir, considera que el proyecto debe ser prioritario una vez que se inauguren las sesiones ordinarias en marzo y que va a buscar a ser discutido lo antes posible, incluso antes que otras reformas de similar urgencia.

La reforma del Código Penal fue incluida incluso en el temario de extraordinarias de diciembre último, pero nunca se llegó a tratar por falta de consenso y porque la Casa Rosada prefirió priorizar las negociaciones por el Presupuesto 2026 y el avance en las negociaciones del proyecto de Modernización Laboral.

En mayo del año pasado, el oficialismo de La Libertad Avanza había conseguido que la baja de imputabilidad tuviera dictamen en la Cámara de Diputados. Con la finalización de las Ordinarias, ese dictamen ya no existe. En ese momento se trató por separado y se impulsaba bajo la denominación de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.

Además de que se habilite a que un menor sea punible desde los 14 años, el dictamen marcaba que, en los procesos penales seguidos contra niños, niñas o adolescentes, regirán todos los principios, derechos y garantías que surgen del sistema procesal acusatorio, que no se puede interrumpir sus estudios y que se deben implementarse programas de educación.

El texto también establece que el plazo máximo de las penas privativas de la libertad respecto de personas adolescentes será de 15 años. El adolescente, además, deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes.

Pero la idea que prosperó en las mesas políticas y técnicas del Gobierno fue que la iniciativa debía estar cubierta por un paraguas con reformas más amplias e integrales. “Hay todo un régimen penal juvenil, que incluye no solamente la baja de la edad, sino también cuestiones de políticas de Estado, de inserción y asistencia social, tratamiento terapéutico, etcétera. Es decir, son un montón de herramientas para pensar qué hacer con un chico que delinque“, habían explicado a Infobae.

La reforma integral del Código Penal pasó por dos etapas. En primer término, un grupo de penalistas, con integrantes como el juez Mariano Borinsky y el abogado Jorge Boumpadre, entregó una primera versión con un total de 540 artículos que luego se amplió a 912 artículos. Meses después, se inició un extenso período de revisión con una mesa de estilo político, encabezada por el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; la abogada Macarela Alifraco; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; la flamante senadora Patricia Bullrich y el abogado penalista Fernando Soto, del equipo de la exfuncionaria.

La reforma del Código Penal es otro de los proyectos claves para el presidente Javier Milei, que habilitó suspender su tratamiento durante el período de sesiones extraordinarias con la idea de profundizar la escritura del proyecto y dedicarle el tiempo de debate necesario para su aprobación en el año legislativo. Aún en plena redacción, y con varios focos de incendios en la Patagonia, la mesa que define el articulado prevé elevar las penas para delitos vinculados a incendios intencionales, en especial contra bosques y, aunque se resiste, debate internamente la incorporación de la figura de “ecocidio”.

Ante la demanda que levanta la Unión Cívica Radical (UCR), pero también el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, a raíz de la quema de 30.000 hectáreas en toda la provincia producto de un incendio forestal, la administración libertaria promete un incremento en las condenas de aquellos delitos que tengan impacto ambiental, aunque se cuidan de aclarar que las modificaciones “no están enfocadas en delitos ambientales”.

“Está previsto incorporar nuevos delitos para quienes provoquen intencionalmente incendios, lo que incluye a los bosques. También para los que trafiquen bienes culturales y exploten de manera ilegal la minería”, detalló ante Infobae una importante fuente involucrada en la redacción del proyecto.

Si bien la determinación parece estar tomada, aún resta definir la escala de años que se asignarán a quienes cometieran delitos con impacto ambiental que, anticipan, estará por encima de los tres años para evitar que sean excarcelables. “No queremos anticipar las penas, pero van a ser altas”, prometieron a este medio.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, hizo mención al tema a través de sus redes y reveló las incorporaciones al proyecto a través de su cuenta de X. “Prender fuego no es un accidente. Es un delito. En esta Argentina, el que las hace, las paga”, afirmó.

La figura de “ecocidio” supone un debate interno entre los miembros de la mesa que, si bien coinciden en el endurecimiento de las penas, centran su resistencia al término utilizado. “Es muy hippie”, contrapuso una importante voz con acceso al despacho presidencial ante la consulta de este medio.

“No vamos a hablar de ambiente sano y esas formulaciones. No somos ambientalistas, vamos a castigar a todos los que incendien sin discriminación. No solo bosques. Provocas un incendio y vas preso”, aclaró en sintonía otro de los involucrados en el proyecto. Incluso hubo quienes intentaron explicar el sentido del mensaje hecho público por la funcionaria para evitar quedar encasillados dentro de la temática vinculada a la Agenda 2030. “Para todo aumentamos las penas. Incendias algo vas preso. No va a ser solo para bosques”, se escudaron.

Pese a los cuestionamientos, los integrantes del equipo plantearon que la tipificación de la figura es materia de debate y que la posibilidad no está cerrada. Actualmente, existen disposiciones penales en leyes ambientales especiales contempladas en ciertas partes del Código, sin embargo, el ecocidio no se encuentra tipificado como delito en el código.

“La figura está contemplada en el Código Penal, pero no está tipificada. Se debate si se incluye en el nuevo, pero sí hay aumento de penas para todos los incendios, sustancialmente de bosques”, reveló ante este medio una fuente calificada, y aclaró: “Lo que estudiamos es si se deja la figura o si queda abierto para debatir con la oposición su incorporación. Originalmente estaba, quedó subyacente en agravamiento de delitos de daños para bosques vamos a castigar a quienes incendien cosas con penas muy altas”.

Lo cierto es que el proyecto se encuentra en la etapa final, con algunos detalles por ultimar, y bajo la promesa de culminación para la primera quincena de febrero. En su redacción trabajan el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; el asesor presidencial, Santiago Caputo, y su mano derecha, la abogada Macarena Alifraco; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el abogado penalista Fernando Soto, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.

La mesa legal, que tiene exento al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien se encuentra de licencia desde los últimos días de diciembre, se reúne cada jueves para avanzar en el proyecto que se tratará durante el período legislativo regular.

El nuevo Código Penal incluirá más de 900 artículos y persigue la idea de intensificar la política criminal y evitar “arbitrariedades” de los magistrados a la hora de evaluar cada causa. “Hacer que la justicia llegue a tiempo, que las condenas la sociedad no la sienta insuficientes, que haya cumplimiento efectivo de las penas. El que las hace las paga”, supo sintetizar Bullrich al respecto.

La tarea implicó la revisión del articulado actual para endurecer las penas de delitos que revisten gravedad, por lo que, pese a haber sido oficializado como parte del temario de las sesiones extraordinarias en diciembre, el mandatario resolvió que se tratara durante el período ordinario “para que se trabaje bien”. En su lógica, Milei consideró que la lista de proyectos enviada para la prórroga de las sesiones de febrero era extensa de por sí, por lo que evitó sumar un nuevo objetivo.“Es difícil tratar todo junto al mismo tiempo”, se sinceraron ante este medio.

El poder de compra de los salarios de los docentes universitarios argentinos está en su nivel más bajo de los últimos 20 años, luego del ajuste sufrido durante el gobierno de Javier Milei, que profundizó una tendencia previa. Para recuperar el nivel que tenían en 2015, deberían experimentar un incremento del 95%.