El oficialismo obtuvo el despacho de comisión para tratar hoy, desde las 15, la modificación de la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional con miras a los proyectos que podrían ingresar a través del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI).

Ayer, en el plenario de comisión, el oficialismo presentó a dos gobernadores, varios ministros de minería y funcionarios nacionales de la Secretaría de Minería. Esto generó la mayoría de las quejas de la oposición, que manifestó su desacuerdo porque las presidencias de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales transformaron el plenario en un evento vinculado a la minería y, además, criticaron que el proyecto no haya sido girado a la comisión específica del área, como solicitaron distintos bloques.

Más allá de los cuestionamientos, en La Libertad Avanza sabían que tenían el número necesario para avanzar. “Para obtener el despacho de comisión, LLA necesitaba 18 firmas en Asuntos Constitucionales, que cuenta con 35 miembros, y 16 en Recursos Naturales, integrada por 31 diputados”. Durante el debate y mientras los funcionarios respondían consultas, ya habían sumado 19 y 18 firmas respectivamente.

El desenlace del debate también parece definido. Así lo entienden en LLA, que pidió una sesión especial 24 horas antes de obtener el dictamen, confiando en que disponen del respaldo suficiente para aprobar la reforma esta tarde-noche.

Al analizar el conteo de votos que manejan los jefes del bloque libertario, los números aparecen holgados. Sin aceptar cambios a la norma, que ya cuenta con media sanción del Senado, el oficialismo asegura entre 130 y 134 respaldos propios y de aliados históricos, además del apoyo de varios representantes de provincias mineras.

LLA cuenta con 95 diputados y sus socios habituales —PRO, MID, UCR y bloques provinciales— suman entre 20 y 25 más. A este grupo se sumarían legisladores de las provincias mineras del bloque Innovación Federal, que son 9, junto a los peronistas de Independencia y Elijo Corrientes.

Además, los libertarios calculan respaldos dentro de Unión por la Patria. “Teniendo en cuenta lo sucedido en el Senado, creemos que sumamos a Jorge Chica y Cristian Andino, de San Juan, y Claudia Palladino, de Catamarca”, explicó un diputado libertario que lleva la lista de nombres en su celular. El acompañamiento de estos tres diputados de UP se fundamenta en que los exgobernadores Sergio Uñac y Lucía Corpacci —San Juan y Corrientes respectivamente— votaron a favor de la reforma en la Cámara alta.

Marchas e interpelaciones

El recinto y las calles serán escenario de la jornada. Se prevé que mañana, desde el mediodía, diferentes sectores se concentren frente al Congreso para manifestarse. Como todos los miércoles, los jubilados intentarán rodear el Palacio Legislativo; en simultáneo, la UTT realizará un “verdurazo” y habrá una radio abierta conjunta con jubilados. Para las 17 está prevista una movilización nacional de organizaciones ambientalistas que, en la Ciudad de Buenos Aires, partirá desde Av. de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso.

Dentro del recinto, la oposición buscará avanzar con un pedido de interpelación al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La intención es emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones y Reglamentos —ambas presididas por La Libertad Avanza— para tratar los proyectos de interpelación al funcionario, quien aún no dio explicaciones sobre el aumento de su patrimonio.

La clave para este planteo parece estar en el PRO y sus 12 diputados. Desde el oficialismo confían en que sus socios parlamentarios no acompañarán la solicitud opositora. Desde los bloques que impulsan la interpelación esperan que algunos representantes del PRO “se paren y se vayan, como dice el ‘lilito’ Maximiliano Ferraro, que no sean republicanos intermitentes y apoyen que podamos tener la discusión al menos, sino esto realmente es una escribanía”.

Pasaron dos años desde la última vez en que las organizaciones sociales realizaron cortes en rutas de todo el país. Ayer volvió a suceder. ¿La razón? El Gobierno eliminó el plan “Volver al Trabajo”, una asistencia de 78 mil pesos por mes que cobraban cerca de un millón de personas. En el proceso de “reconvertir el plan en trabajo”, esa cantidad de gente no pudo ingresar al mercado laboral.

El total de la asistencia representa 680 millones de dólares al año. Los cortes de ruta se sintieron —y con fuerza— en Jujuy, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Tucumán y la provincia de Buenos Aires, además de los accesos a la Capital Federal. Para dimensionar el impacto del recorte, en Chaco cobraban ese “salario” 47 mil personas (ayer se abonó el último pago), lo que implica más de 3 mil millones de pesos que saldrán de la economía.

“Ahora nos miran a nosotros, pero ese impacto en la economía lo van a sentir los gobernadores”, argumentó Eduardo Belliboni (Polo Obrero) ante la consulta de Infobae. El ajuste y la caída de la actividad económica son hoy los principales problemas que enfrenta la gestión de Javier Milei, más allá de los ruidos políticos y judiciales de funcionarios clave.

Ante esa caída fiscal, el ministro del Interior, Diego Santilli, se apresuró a llamar a gobernadores aliados para adelantar fondos y permitirles cerrar sus cuentas. Los frentes salariales están abiertos en prácticamente todas las provincias. Según el registro del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en 18 provincias aún no hubo acuerdo en paritarias de planta permanente. Además, otras 17 no cerraron paritaria docente, 15 tampoco con el sector de la salud y 10 con las fuerzas de seguridad.

Las transferencias automáticas cayeron un 8,1% y el consumo no encuentra piso. Un ejemplo ilustra la situación: un empresario gastronómico de la zona norte del conurbano bonaerense relató a este cronista que tiene dos restaurantes bajo la misma marca, uno en una zona de clase media ajustada y otro en una de clase media alta. “El primero cayó un 40% interanual y perdí plata por primera vez en 20 años, sin contar la pandemia. El segundo no da abasto por reservas realizadas”. Dos países que conviven.

El martes, mientras los mandatarios provinciales se sacaban la foto en Casa Rosada con Santilli para llevarse fondos frescos, en despachos cercanos se seguía el minuto a minuto del escándalo de Manuel Adorni. Además de nuevos préstamos que aparecieron en las últimas horas —los detalles, ya que lo general sí fue mencionado en su declaración jurada—, esta mañana se presentará ante el fiscal Gerardo Pollicita la escribana Adriana Mónica Nechevenko.

Según pudo saber Infobae, esta mujer, que conoce a Adorni desde hace más de 25 años, lo hará con documentos para certificar que su trabajo fue realizado correctamente. También presentará los préstamos de quienes le vendieron las propiedades al ahora funcionario. La pregunta clave será conocer los plazos establecidos para la devolución de 200 mil dólares y si estos son acordes al flujo de ingresos del jefe de Gabinete.

El jueves deberán presentarse Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, las jubiladas que le vendieron el departamento de Caballito en el que vive Adorni y le prestaron 200.000 dólares. Para el lunes fueron citadas Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, quienes le facilitaron 85.000 y 15.000 dólares, respectivamente.

También resulta interesante observar el accionar judicial. El juez que lleva esta causa es Ariel Lijo. Otra investigación sensible para el Poder Ejecutivo, la de los créditos del Banco Nación a funcionarios, también recayó en Lijo. Dos meses atrás, el 11 de febrero, tras un año de subrogancia, el juez Sebastián Casanello dejó la investigación por ANDIS. La causa pasó a manos de… Ariel Lijo. El juez federal tiene mucho por hacer.

El problema político que se suma es la falta de un vocero sólido para defender al Gobierno en un momento de tensión social. Manuel Adorni sabía hacerlo como ningún otro. Controlaba lo discursivo en medio del desorden. Eso ya es pasado. Por eso, algunos intentan convencer —hasta ahora sin éxito— a Karina Milei de que es momento de soltarlo.

“Estamos perdiendo tiempo. No salimos de esa agenda y se suman otros temas que nos obligan a estar a la defensiva. Ni hablar de la imposibilidad de dar entrevistas. ¿Qué hacemos cuando lo imputen?”, planteó un funcionario con despacho en Casa Rosada.

Balcarce 50 es hoy el epicentro de las noticias y de las internas, más allá del acto de censura al quitar acreditaciones a periodistas. Al igual que en 2012, cuando Jorge Lanata impulsó la campaña “Queremos preguntar”, 14 años después la consigna vuelve a resonar.

Esa sucesión de malas noticias llevó al Presidente a redoblar la apuesta y afirmar que “no odiamos suficiente a los periodistas”. Para llevar esa idea a la acción, el informe sobre supuestos pagos de la inteligencia rusa a periodistas para desprestigiar a su Gobierno fue tomado como una oportunidad por el oficialismo, que pasó a denunciar “traición a la patria” por parte de algunos medios de comunicación.

Los concejales de la Libertad Avanza, Fernando Compagnoni y Marcos Streitenberger presentaron un proyecto de ordenanza en las últimas horas para imponer multas a los sindicalistas que realicen bloqueos. 

El proyecto fue presentado luego de los incidentes que se generaron el pasado viernes en la puerta del Shopping, donde integrantes del Sindicato de Empleados de Comercio bloquearon el ingreso argumentando que había trabajadores que fueron obligados a ir a trabajar. 

La ordenanza “antibloqueros” propone que aquellos que bloqueen serán multados hasta $30.000.000 de pesos y si el bloqueo califica como supuesto agravado, $60.000.000.

Streitemberger sostuvo que las multas serian para quienes -ante una manifestación- bloqueen comercios o corten calles que “impidan la libre circulación”.

Por su parte, Compagnoni indicó que con el proyecto piensan en una ciudad para el futuro. “No nos alcanza con denunciar, trabajamos en herramientas para que no ocurra más”, afirmó.