La primera semana de agosto termina como arrancó: con alta intensidad política. Se sucedieron hechos variados, desde la escalada presidencial contra Lula da Silva -y el consiguiente deterioro de las relaciones con Brasil- hasta la confirmación del viaje del papa León XIV a la Argentina. También, un paro nacional de docentes y una suba de los índices de pobreza. En esa sucesión vertiginosa, sobresalieron dos daños autogenerados por el oficialismo: el desgaste sufrido para aprobar en el Senado lo que quedó del proyecto sobre propiedad privada y el inédito conflicto que paralizó los puertos de todo el país durante cuatro días. Fue, otra vez, una mezcla de mala praxis y cerrazón ideológica. Puro microclima del poder.

La racha de costos que se provoca a sí mismo el oficialismo registra también las internas, densas. Algunas son renovadas aunque por ahora contendidas, entre los bandos de Karina Milei y Santiago Caputo. Y añaden, según el tema, tensiones con Patricia Bullrich y últimamente, malestar con Federico Sturzenegger. El punto máximo lo escribe la relación sin retorno con Victoria Villarruel, cuya renuncia fue reclamada por Diego Santilli y Pablo Quirno. Con todo, los dos renglones señalados en primer lugar son los de mayor impacto. Tanto, que desde el oficialismo ya se dejan trascender correcciones para la tarea legislativa de LLA, junto a la reducción de lo que había sido anunciado como una ola de proyectos “reformistas”.

El recorte significativo del texto original de inviolabilidad de la propiedad privada, obra de Sturzenegger con amplio aval del Presidente, no fue un hecho de un par de días, un espasmo. En rigor, comenzó a poco de que el proyecto ingresara al Senado y reprodujo, entre aliados, socios y dialoguistas recelos repetidos, y desatendidos, por la amplitud de la iniciativa. Es cierto que el caso Adorni perjudicó el intento inicial de hacer rodar el tema, pero lo ocurrido esta semana indica un problema más profundo.

El oficialismo, como suele ocurrir en estos casos, hizo circular explicaciones referidas sólo a elementos externos. Ninguna incluyó algo parecido a un cuestionamiento sobre su papel y, en todo caso, se trató de facturas domésticas. Patricia Bullrich dijo que el larguísimo caso de Manuel Adorni -que este mes sumaría novedades en la Justicia- impidió avanzar con el proyecto. Y conjeturó que habría sido votado entonces sin rechazos como los que fueron agudizándose en las últimas semanas.

En la misma línea, fue alimentada la idea según la cual el efecto Mundial también complicó los planes del Gobierno. En otras palabras, se aventuró que el clima social -especialmente, a partir del partido con Inglaterra y la bandera por Malvinas- giró fuertemente y profundizó el rechazo al capítulo que buscaba modificar la ley de tierras. Eso -es decir, la afirmación del concepto de “extranjerización”– fue considerado elemento central del cálculo político de senadores dialoguistas. Los “tibios” en versión de Joaquín Benegas Lynch, que agravó el enojo ya extendido en espacios de buen trato con LLA.

La cronología indica que el problema con este proyecto había comenzado mucho antes. En mayo, fue dado de baja el artículo que buscaba eliminar de hecho el Registro Nacional de Barrios Populares. Fue el primer síntoma de los problemas que podría enfrenar el oficialismo con un texto que modificaba varias leyes sensibles. Entre el martes y el miércoles último, el oficialismo negoció finalmente excluir el capítulo sobre la ley de tierras. Y el jueves bien entrada la noche, ya en el recinto, cayó el tramo que pretendía cambiar la ley sobre manejo del fuego.

La aprobación de lo que quedó del proyecto -básicamente, aceleración de desalojos y cambios sobre expropiaciones de bienes por parte del Estado- dejó sabor de derrota en el Gobierno. Para entonces, el oficialismo había registrado rechazos –señales de diferenciación, al menos– de parte de la UCR y de gobernadores de buen diálogo con los operadores de la Casa Rosada (Tucumán, Catamarca, Salta, Misiones, Corrientes, Chubut, Neuquén), además de malestar en una franja del PRO.

Hubo, sin dudas, un fracaso en el terreno comunicacional, especialmente sobre la venta de tierras a personas y empresas extranjeras. También podría anotarse una ironía sobre el debut del giro “nacionalista” en el discurso libertario. Parte del mismo intento de recuperar iniciativa, arrancó con problemas la idea de poner en marcha el Congreso con iniciativas propias. En Diputados, comenzó a caminar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con puntos a negociar, y la segunda entrega de Inocencia Fiscal, que genera de entrada un choque con la oposición por la situación de funcionarios que puedan adherir a este régimen. Algo así como una estribación de la serie de Adorni.

Pero más de fondo, asoman al menos dos problemas de arrastre. Uno es de “mala praxis” en continuado: la intención de impulsar “grandes reformas” entendidas como proyectos que afectan muchas otras leyes. Ocurrió en su momento con la Ley Bases, podada en sucesivas negociaciones para lograr su aprobación. Y en los últimos días, con la iniciativa sobre propiedad privada. El oficialismo busca adhesiones -la contracara son los tratos con jefes provinciales-, en lugar de plantear debate sobre proyectos individuales para cada reforma a leyes de peso. Es algo que le han señalado algunos legisladores dialoguistas.

El otro tema es la cerrazón ideológica o, si se prefiere, la visión de poder. Existe, en el fondo, un estrato de origen más que presidencialista, que supone que el Ejecutivo nacional está por encima de los otros poderes. Y que el resultado de una elección debe ser interpretado sólo como alineamiento acrítico con el ganador. En algunos casos de manera expresa, el disgusto con el Congreso -cuando fracasa un proyecto o es podado para su aprobación- va acompañada por la idea de forzar las cosas por decreto.

No siempre funciona, porque, como suele decirse, juegan también otros actores. La demostración más cercana fue expuesta por el conflicto con los prácticos, que paralizó la actividad portuaria en todo el país y terminó por donde debería haber empezado: el armado de mesa de negociación. Y para avanzar, dejó sin efecto el decreto. Tampoco en este caso resultó posible una discusión de fondo, sin dudas necesaria.

Fue una experiencia costosa, en todo sentido, al igual que el capítulo del Senado. Se verá cómo impacta semejante sucesión de hechos en Olivos, necesitado de acuerdos para coronar los proyectos considerados prioritarios para su plan releccionista. Y también, aunque suene contradictorio, atado a la idea de fabricar o sostener un “enemigo” como forma de construcción política en blanco y negro.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, busca darle impulso a los cambios a la ley que limita las reelecciones indefinidas para intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares —que dejaría a más de 80 jefes comunales sin chances de ir por un próximo mandato en las elecciones del año que viene— y quiere tratar el tema “cuanto antes”. Sin embargo, el escenario no es tan sencillo porque la discusión está atravesada con la interna del peronismo, además de los ajustados números en la Legislatura bonaerense. En los últimos días hubo señales al respecto y la semana que viene se reunirá la comisión de Legislación General, en la que descansa la iniciativa impulsada por la senadora kicillofista Ayelén Durán.

Aunque en principio en la reunión de comisión no se resolvería sobre el expediente de la legisladora oriunda de Bahía Blanca, el encuentro sí serviría de puntapié para avisar que el tema se moverá. La comisión está presidida por Germán Lago, un senador oficialista que responde políticamente a la vicegobernadora, Verónica Magario, quien a su vez es la presidenta de la Cámara alta. El sector de Kicillof pulseó por el control de esa comisión estratégica, ya que definió empujar desde allí los cambios a la ley que limita las reelecciones indefinidas.

“El que no quiere reelecciones indefinidas es porque quiere perder la elección”, repiten en el Ejecutivo bonaerense. El mensaje tiene destinatarios internos y externos. Creen que la posibilidad de que los intendentes puedan ir por otro mandato en sus distritos allanará el camino para el peronismo en la provincia de Buenos Aires y, en los intereses del MDF si Kicillof es candidato, a nivel nacional.

“La prioridad es que el Presidente reelija”, aseguró ante Infobae un funcionario técnico que rara vez se expide sobre cuestiones electorales. La definición sintetiza uno de los pocos acuerdos que hoy atraviesan a las distintas tribus del oficialismo. Mientras el Gobierno concentra sus esfuerzos en el objetivo electoral e intenta dejar atrás una serie de reveses en la gestión, Javier Milei se refugia en la arena internacional para reforzar su protagonismo.

A la espera de la definición del calendario electoral y en medio del incipiente diálogo con los gobernadores aliados, La Libertad Avanza diseña la estrategia que desplegará rumbo a los comicios presidenciales de 2027, que deberá determinar antes de fin de año.

Con la decisión de presentar candidatos propios en las provincias peronistas, el oficialismo se inclina por acordar listas conjuntas o establecer criterios de competencia con los mandatarios provinciales de buena sintonía. “Todo se va definiendo en función del calendario, pero la discusión será provincia por provincia”, plantearon ante este medio.

La fragmentación que atraviesa al peronismo parece beneficiar los cálculos electorales que sobrevuelan en Casa Rosada, que descuenta que, con Cristina Kirchner presa e impedida para competir, el mejor escenario sería que el candidato sea el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Lo central es que esté en las antípodas del modelo que quiere Milei”, argumentaron.

A la ecuación se le suma la fervorosa necesidad de los libertarios de eliminar o suspender las PASO, algo que en la actualidad parece lejano, para evitar que la oposición logre ordenarse. “Si no logramos eliminarlas, le prendemos velas a Kicillof, el que más mide de ellos, porque la gente no vota para atrás”, plantearon desde el oficialismo.

Con Tucumán como única provincia con fecha de votación establecida, en las filas libertarias se debaten alternativas para encarar el proceso de la mejor manera. Mientras algunos plantean que les conviene que los distritos adversos adelanten las elecciones y las desdoblen respecto de las nacionales para aislar el costo político de una eventual derrota, desde el armado consideran que la figura de Milei arrastrará más que la del candidato a gobernador, aunque aclaran que la determinación la toman los representantes provinciales.

Si bien son pocos los que se atreven a vaticinar resultados y muchos menos los que creen que podrán consolidar un gobernador violeta en el interior, las provincias de Tierra del Fuego, Mendoza y Salta alimentan las expectativas de los más optimistas. En cuarto lugar aparece Buenos Aires, un desafío mayor.

En Balcarce 50 sostienen que una de las posibilidades de arrebatarle el bastión histórico al justicialismo, con los libertarios encolumnados detrás de Diego Santilli, es que el peronismo mantenga la división que impera entre el actual gobernador y el espacio que lidera la titular del PJ.

“La única posibilidad es ganar como ganó (María Eugenia) Vidal, con el peronismo dividido. Ellos tienen un quilombo bárbaro y nosotros lo estamos desaprovechando”, planteó un legislador violeta ante este medio. “Soy optimista. Estamos competitivos en la provincia. El colorado mide bien”, destacaron desde el espacio.

El propósito central, sin embargo, es claro: la reelección de Milei. “Mi gran objetivo es empezar a construir el camino para que el presidente, mi hermano, sea reelecto en 2027”, planteó Karina Milei, la dueña de la lapicera, ante la militancia a principios de julio en el marco de su visita a la provincia de Misiones. El campamento que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo, también trabaja con ese objetivo.

“La discusión es Javier 2027. La reelección lo es todo porque si sucede el país cambia de verdad. Caso contrario, el botón de reseteo está a la vuelta de la esquina”, sintetizó un alfil caputista.

Hasta ahora, el desafío de compatibilizar la estrategia legislativa con el frente electoral se presenta complejo y ya derivó en varios traspiés en el Congreso. El último episodio tuvo lugar el pasado jueves, con la media sanción en el Senado de la desguazada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo articulado tuvo más de 16 versiones y requirió cuatro intentos para ser tratada.

El senador opositor José Mayans sintetizó la victoria pírrica del Gobierno con una ironía al llamar “Invio” a la normativa luego de la quita de los capítulos de tierras y el del manejo del fuego por falta de apoyos. “Presidente, de 6 capítulos quedan 2 y el de formas. Queda la palabra invio y lo demás se perdió. ¿Por qué no retiran el proyecto? Se les cayó todo”, expresó entrada la madrugada.

Desde la bancada violeta admitieron el revés, e incluso la senadora Patricia Bullrich sostuvo que la dilación de los tiempos, producto del Mundial 2026 y el caso de Manuel Adorni, complicó el escenario. “Tuvimos muchos errores. No tuvimos un buen vocero, se mezclaron discusiones. Cambiamos hasta el nombre y la pasamos a llamar Ley de Tierras, con lo que implica la propiedad privada para nosotros”, arremetió, por su parte, un legislador violeta.

Con la aprobación de una versión reducida del proyecto y ante un temario legislativo que se presenta complejo y ambicioso, en particular con la reforma electoral -clave para la reelección de Milei-, hay quienes piden empezar a cerrar los entendimientos electorales para avanzar con los objetivos que tiene en carpeta.

“Hay una especie de desgaste. Se nos acumulan los proyectos. Algunas cosas no salieron como las habíamos pensado, pero vamos a tener que empezar a ordenarnos porque cuanto más tiempo pase, más cerca de la elección vamos a estar”, admitió una fuente del oficialismo.

No obstante, ante el reclamo, un funcionario cercano a Karina Milei planteó que son debates que se dan en paralelo y que el Poder Ejecutivo “no debe sobregirarse” por una ley. “Se votaron 57 desde que está Milei. Entre ellas la Ley Bases y la Reforma Laboral. Una golondrina no hace verano”, se expidió.

Las últimas semanas también dejaron algunos datos adversos para la administración. Entre ellos, la caída en el Índice de Confianza en el Gobierno, que arrojó una merma del 6,5% en julio respecto de junio, y el deterioro de los indicadores sociales: según las estimaciones del ODSA de la UCA, la pobreza alcanzó al 30% en el primer trimestre del año y la indigencia, al 6,5%.

En medio del desgaste interno, el Presidente eligió volcarse al terreno internacional y concentrar sus esfuerzos en reforzar su liderazgo regional en su intento por transformarse en uno de los principales interlocutores de América Latina ante Donald Trump. Para eso, reiteró sus críticas contra su par de Brasil, Lula da Silva, lo que provocó el retiro del embajador brasileño, Julio Bitelli, del país y dio lugar a una nueva escalada de tensión que se tradujo en un mayor deterioro de las relaciones diplomáticas.

Con las elecciones en Brasil previstas para el próximo 4 de octubre, Milei respalda a Flávio Bolsonaro y aspira a terminar de “teñir de azul” —el color con el que se identifica a la derecha— el continente. Bajo ese objetivo pasa sus días: luego de asistir a la asunción de Keiko Fujimori en Perú, viajó a Ecuador a reunirse con Daniel Noboa y esta madrugada cerró su visita a Colombia tras participar de la ceremonia de toma de posesión de Abelardo de la Espriella.

“Este es el primer paso”, le anticipó el libertario a de la Espriella durante su fugaz viaje. Como parte del plan, el oficialismo trabaja en la organización de una cumbre de mandatarios regionales de derecha en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para antes de fin de año. “Milei está claramente en una posición de liderazgo en la región porque él es un defensor global de las ideas de la libertad”, destacó Quirno.