Los agónicos 120 minutos que necesitó la Selección Argentina para imponerse ante la sorpresiva Cabo Verde alteraron los planes de la administración libertaria que había programado la primera reunión de mesa política con Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete y el desembarco del secretario de Comunicación, Fabián Fernández, para el martes a las 13. Al menos, así lo comunicaban a la prensa desde varios despachos el pasado viernes, en la previa al partido.

Con la clasificación a octavos, los dirigidos por Lionel Scaloni disputarán el paso a cuartos contra Egipto en la misma fecha y hora en la que el reducido círculo discutiría la agenda legislativa, por lo que Karina Milei, quien había convocado a la instancia, resolvió postergar el horario, según confirmaron dos fuentes a Infobae.

“Se canceló por el partido”, reveló uno de sus integrantes para graficar la resolución que conformó a más de uno. Si bien existe la promesa de reeditar el encuentro esta semana, por más corta que sea, incluso hay versiones de concretarla el mismo martes, pero en otro horario, al cierre de esta edición, a última hora del domingo, todavía no había precisiones.

La suspensión fue apenas una consecuencia del calendario deportivo. El verdadero objetivo de la reunión era comenzar a delinear la nueva etapa política que atraviesa el Gobierno. La administración continúa reacomodándose internamente tras la salida de Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, quien durante meses fue la voz de los Milei y uno de los principales exponentes del discurso “anticasta”.

La incorporación de nuevas figuras dota al Gobierno de un estilo político diferente. Tanto Santilli como Fernández y, en particular, Adrián Ravier desde la Vocería Presidencial, buscan imprimir una mayor vocación de diálogo y consolidar un perfil negociador hasta ahora poco habitual en la gestión.

“Los cambios no fueron por convicción sino por la situación de Manuel (Adorni). Una vez ocurrido eso, es como en el fútbol: vos haces cambios en función del plantel que tenes y el esquema se adapta a los jugadores con los que contas”, expresó una fuente libertaria ante este medio.

No obstante, en Balcarce 50 sostienen que los tres flamantes funcionarios son parte del reordenamiento político iniciado con las modificaciones instrumentadas. Este martes a las 10, Ravier volverá a pararse frente a la prensa acreditada con la templanza que lo caracteriza, leerá las respuestas que escribió su equipo y dedicará varios minutos para explicar los principales puntos económicos que el mandatario aspira a resaltar.

En paralelo, Santilli trabaja en los tres ejes prioritarios que estableció desde su nombramiento: el primero consiste en retomar la dinámica de gestión, empantanada a raíz del caso Adorni; el segundo, en recuperar la agenda mediática; y el tercero, en impulsar las reformas que el presidente Javier Milei diseñó. Entre ellas figura la electoral, una de las claves que mencionan en el oficialismo para concretar los deseos reeleccionistas del libertario.

Ante la necesidad de anotarse éxitos legislativos, en Balcarce 50 cambiaron la receta y ensayan una faceta de mayor diálogo y de construcción de puentes con los distintos actores: los aliados legislativos y los gobernadores. De ellos, 13 de los 24 mandatarios estuvieron presentes en la jura del ex legislador del PRO.

“Siendo el cuarto jefe de Gabinete, el Gobierno no podría hacer una apuesta que no fuera segura. Este tiene que ser el último del primer mandato. No había lugar para especular o probar algo extraño. Se fue a la segura”, explicó un alfil violeta luego de una nueva salida en la coordinación ministerial, la tercera tras las forzadas renuncias de Nicolás Posse, Guillermo Francos y Manuel Adorni.

La apuesta de La Libertad Avanza es doble y deberá combinar la necesidad de sancionar las reformas con la chance de consolidar los planes electorales para 2027. Este fin de semana, Karina Milei -que parece haberse reordenado luego de la salida de su ladero- reiteró ante la militancia, en Misiones, que trabaja por otros cuatro años para su hermano.

A la compleja tarea está dedicada la mesa política, pero en particular, el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el propio Santilli, quienes activaron incipientes contactos con los gobernadores. “No hay apuro para sacar la reforma electoral. Tiene que estar antes de diciembre, pero estamos bien de tiempos”, planteó ante Infobae un importante funcionario.

El plazo establecido, con el receso del Congreso incluido, parece ser el mes de agosto, según revelaron al menos tres fuentes del reducido círculo político.

Asimismo, uno de los interlocutores violetas reveló ante este medio que evalúan la posibilidad de condicionar los potenciales acuerdos electorales en función de los apoyos que reciba el Ejecutivo para la sanción de la reforma que aspira a eliminar las elecciones PASO. Aunque, por ahora, todas son ideas en evaluación.

Como contó Infobae, también se plantearon alternativas sobre la mesa como las llamadas “colectoras”, o “adhesiones” como contraponen algunos gobernadores, que les permita al menos suspender las primarias.

Pese al incierto panorama, el optimismo reina entre los alfiles negociadores y en el oficialismo creen que la estrategia desplegada, que en 2025 enfrentó a los dos sectores de la interna, es compartida. “Los votos están, falta algún que otro gobernador, pero será cuestión de entendernos”, garantizaban desde el karinismo. “Los mismos que antes se negaban a los acuerdos reconocen que ahora hay que evaluar distinto. Si hacemos las cosas de manera razonable, no hay razón para que no estemos todos tirando para el mismo lado”, aseveraron por su parte desde el caputismo.

Con las energías recuperadas, o al menos con la intención de demostrarlo, el Presidente -que suspendió su viaje a Estados Unidos- visitará la provincia de Tucumán el próximo miércoles para conmemorar un nuevo aniversario de la independencia argentina, y lo hará escoltado por Santilli, pero también por varios miembros del Gabinete. Milei será recibido por el gobernador local, Osvaldo Jaldo, uno de los más reticentes a la eliminación de las PASO, y no se descarta la presencia de otros mandatarios provinciales.

La batalla entre el Gobierno y la CGT se sigue intensificando: la administración libertaria apelará el fallo judicial que suspendió la aplicación de artículos de la reforma laboral que afectan la caja del Sindicato de Camioneros, mientras el martes próximo se reunirá por primera vez la comisión cegetista que organizará los paros “a la francesa” que se realizarían en agosto.

En la central obrera se vivió como un triunfo la sentencia del juez laboral Herman Mendel que ordenó la suspensión inmediata de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y de los artículos 5, 6 y 7 del Decreto 407 que reglamentó esa norma en el convenio colectivo 40/89 del Sindicato de Camioneros.

Los puntos suspendidos por Mendel tienen que ver con la “caja sindical”, es decir, aquellos incluidos en el convenio colectivo firmado por Hugo Moyano que quedaron limitados por la reforma laboral: el seguro de sepelio, el subsidio mensual a favor de la viuda, la extensión de la cobertura de obra social, programas de capacitación profesional, actividades sociales y culturales, ayudas asistenciales y prestaciones extraordinarias acordadas en las negociaciones colectivas.

Mendel fue titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 30 hasta el martes pasado, día en que firmó el fallo que favoreció al gremio de Hugo Moyano, y al día siguiente, 1° de julio, efectivizó su renuncia al cargo, como anticipó Infobae, que había sido aceptada por el Poder Ejecutivo el 22 de mayo último.

En la Casa Rosada volvió a estallar la bronca contra la justicia laboral luego del fallo de Mendel, el mismo magistrado que en marzo pasado frenó el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, incluido en la Ley de Modernización Laboral, al hacer lugar a una demanda presentada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que encabeza Julio Piumato.

Pero Mendel no fue el único que en las últimas semanas dejó a salvo de la reforma laboral varios artículos del convenio colectivo de un gremio: el 17 de junio pasado, el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 24, Leonardo Gabriel Bloise, hizo lugar a un pedido del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina (SEIVARA), que lidera Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT, y ordenó a las cámaras empresarias del sector que sigan cumpliendo con los aportes sociales y solidarios previstos en el convenio, pese a las restricciones contempladas en la Ley de Modernización Laboral.

El magistrado sostuvo que los pagos a obras sociales y fondos de capacitación “benefician indirectamente a la comunidad de trabajadores” y no pueden suspenderse de forma unilateral por parte de las empresas.

El eje de la disputa es la vigencia de las contribuciones solidarias y los fondos para capacitación fijados en los artículos 64 y 65 del convenio colectivo de trabajo 683/2014: el sindicato denunció que la Cámara Argentina de Fabricantes de Vidrio, la Cámara del Vidrio Plano y sus Manufacturas y la Cámara Argentina de Industrias Ópticas y Afines buscaban dejar de realizar esos aportes alegando que la Ley 27.802 había cambiado las reglas para los convenios vencidos.

Las entidades empresariales, según consta en el expediente, podrían considerar que esas cláusulas “han perdido vigencia como consecuencia del vencimiento del plazo previsto por el CCT 683/2014”, y que sólo subsisten las condiciones individuales de trabajo, como salarios y vacaciones, y el juez Bloise enfatizó que esa interpretación dejaría a los trabajadores sin los recursos para prestaciones sociales, ayuda escolar, becas y otros beneficios colectivos.

Tanto la presentación judicial de Camioneros como la de Empleados del Vidrio sintonizan con la estrategia de la CGT, anunciada la semana pasada, de que cada sindicato impugne en los tribunales las restricciones que prevé la Ley 27.802 sobre la ultraactividad, el principio jurídico que hasta esa norma sostenía la vigencia de un convenio colectivo de trabajo aun después de haber vencido, hasta que sea reemplazado por uno nuevo.

En la práctica, de esa forma se evitaba que los trabajadores perdieran derechos adquiridos si las negociaciones se estancaban, y era considerada por los gremios una garantía clave de estabilidad laboral.

La nueva ley, en realidad, respeta la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas” que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las cláusulas “obligacionales” (cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y los sindicatos) se caen cuando vence el convenio colectivo.

Los recientes fallos de la justicia laboral dejan a salvo justamente las cláusulas de los convenios colectivos de trabajo que afectan la “caja sindical” y que, de manera obligatoria, implican un descuento en los salarios de los trabajadores, sean afiliados o no, que va de manera directa a las arcas de los gremios.

La limitación de las cuotas solidarias es una vieja obsesión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que calificó esos aportes como “peajes sindicales” y por eso defendió la incorporación en la reforma laboral de un artículo (idéntico al del DNU 70) que condicionaba el pago de esos montos al consentimiento explícito de los trabajadores, algo que rechazaba la CGT porque complicaba los fondos destinados al financiamiento de los sindicatos.

Por presión sindical, y para que la reforma laboral pudiera ser sancionada, el ala política del Gobierno (Martín y Lule Menem, más Santiago Caputo, con el apoyo del secretario de Trabajo, Julio Cordero) accedió finalmente a eliminar la obligación del “consentimiento explícito” y propuso dejar intactas las cuotas solidarias, aunque con una vigencia de 2 años y un tope del 2% de los salarios, que se incluyó en la versión aprobada por el Congreso.

Mientras celebra los últimos fallos de la justicia laboral, la CGT avanzará esta semana con la organización del esquema de paros “a la francesa” que fue aprobado para retomar el plan de lucha contra el Gobierno.

Este martes, en la sede de Azopardo 802, tendrá lugar la primera reunión de la comisión creada por la central obrera para definir cómo se desplegarán las medidas de fuerza sectoriales y rotativas en un período extenso, que concluiría con un nuevo paro general, el quinto que se realizará desde el 10 de diciembre de 2023.

La mesa organizativa estará integrada por uno o dos miembros de las confederaciones sindicales (industria, transporte, energía, alimentación y comunicaciones), más dirigentes de la CGT y de las dos CTA.

¿En qué consiste el “modelo francés” de protestas? Está inspirado en el que se aplicó en 2023 contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron: en lugar de detener todo el país durante semanas, los sindicatos coordinaban paros por sectores y en forma secuenciada.

Es decir, una semana se paralizaron los trenes, el sector de energía y las refinerías, por ejemplo; la siguiente, la recolección de residuos, la educación y el transporte urbano, y así se alternaron cada 7 días otras actividades en la paralización de tareas, complementadas con movilizaciones diarias, hasta llegar a una medida general que abarcó a todos los gremios.

Ese sistema es el que estrenará la CGT para seguir su ofensiva contra el Gobierno y para llevarlo adelante se buscará la opinión de las regionales cegetistas de todo el país y de otros sectores, como el de las pymes, los jubilados y la educación. De allí surgirán los detalles de las medidas y la fecha en que comenzarán, aunque será después del Mundial de Fútbol, que finaliza el 19 de julio, y todo apunta a que el mes clave será agosto.

Mientras el oficialismo senatorial, que comanda Patricia Bullrich, busca con ansiedad algún sendero que destrabe la pesada mochila de leyes que envió el Ejecutivo desde hace ya varios meses, la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, tomó una determinación para frenar una lesión poco visible en el día a día, pero que puso en riesgo la labor en el Congreso: salvo casos de extrema necesidad, frenará los cambios de último momento de legisladores en las comisiones, una situación que derivó en realidades descontroladas.

El embrollo, muy alejado de las lágrimas republicanas que se suelen actuar, complica una cuestión trascendental que, al parecer, sólo interesa a quienes de verdad adoptan con profesionalismo la labor en el Congreso. Es decir, el trámite para que una ley salga lo mejor posible. Para ello, las comisiones representan la base del trámite parlamentario. De hecho, los senadores se matan por integrar las que mueven hilos de poder, como la de Acuerdos -pliegos judiciales y militares, más ascensos diplomáticos-, Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, Legislación General, etcétera. Ni hablar de las jugosas, como las bicamerales que “supervisan” a los organismos de inteligencia -tiene fondos reservados y ahí se “grita” el presente-, o la siempre pícara y juguetona de la Biblioteca.

En las primeras, los temas que se debaten y analizan son, muchas veces, delicados. En el primer semestre de 2026 y, según un relevamiento realizado por Infobae -en base a anuncios realizados al inicio de cada cónclave, de fácil supervisión en versiones taquigráficas-, las modificaciones se convirtieron en moneda corriente. Muchas, a último minuto. Entonces, lo que queda vigente es que políticos con supuesta experiencia en una cierta cantidad de comisiones participan de un puñado de encuentros y, a la hora de firmar dictamen, aparece otro colega.

Hay algo peor: son los asesores de los legisladores quienes, con el correr de las semanas, pincelan idas y vueltas para acordar un despacho que, al final, es rubricado por otro compañero de bloque. Como siempre, el reglamento de la Cámara alta suele despejar dudas y permite, de una forma más ordenada, acercar la lupa. Por caso, el artículo 93 plantea: “Los miembros de las comisiones permanentes duran en ellas hasta la próxima renovación del Senado, de no mediar su renuncia. Los de las comisiones especiales e investigadoras, hasta el cumplimiento del plazo establecido en la resolución de su creación o del fijado en la prórroga que hubiere otorgado el cuerpo, en su caso, salvo que la comisión haya cumplido con su objeto antes del plazo establecido”.

Veamos, ahora, los artículos 101 y 102. El primero expresa: “Si en alguna comisión no se alcanza quorum luego de dos citaciones, cualquiera de sus miembros puede ponerlo en conocimiento de la Presidencia”. Y agrega: “Verificado este trámite y subsistiendo la falta de quorum, la comisión puede sesionar y dictaminar con la presencia de un tercio de sus miembros”. El otro, en tanto, señala: “Para el caso de inasistencia injustificada de un senador a dos reuniones de comisión, corresponde el apercibimiento de la Cámara. La inasistencia injustificada a cuatro reuniones consecutivas de comisión, significará un descuento en su dieta. Es obligación del presidente de cada comisión informar al presidente de la Cámara lo relativo a las inasistencias mencionadas, la que dará cuenta en la primera sesión, a fin de que se someta lo informado a consideración del pleno, el cual resolverá sobre la aplicación de la sanción”.

Para evitar dolores de cabeza, los enroques siempre fueron una herramienta a utilizar. No obstante, las personas más memoriosas no recuerdan una aceleración tan grande de estas jugadas, ni siquiera, en comparación con la época de Gabriela Michetti durante la era Cambiemos. Los más perjudicados son quienes ofician de secretarios de las comisiones, obligados a hacer malabares mientras cuentan los presentes para chequear el quorum ante modificaciones repentinas sobre las que, para estar seguros, deben verificarse y validarse con su decreto correspondiente. Todo, de manera exprés, como si se tratara de filetear -en unos pocos segundos- cien gramos de fiambre. La pequeña diferencia es que se refiere al armado de leyes que implicarán consecuencias para la ciudadanía.

La gota que rebalsó el vaso fue una ley de ecocidio, con penas de hasta 25 años de prisión -dictaminada a inicios de junio- que generó una fuerte polémica. Tras el despacho, libertarios tuvieron que desdecirse en relación con lo que habían rubricado a las apuradas y generó un fuerte malestar en Balcarce 50, que en paralelo promociona el RIGI -ya vigente- y el súper RIGI para proyectos mineros y energéticos, entre otros.

Además de la advertencia y eventual freno de esta mecánica, Villarruel impuso esta semana su criterio y pospuso una reunión de Labor Parlamentaria que apuraba Bullrich para sesionar. Ni siquiera los aliados acompañaron a la porteña. La titular de la Cámara alta también recibió al sindicalista ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero. El platinado gremialista -referenciado en la izquierda socialista- se sacó fotos ese mismo día, un piso arriba de la oficina de la vicepresidenta, nada menos que con el interbloque cristinista, que maneja José Mayans. El formoseño mantiene una relación muy cordial con la líder del Senado y compañera de fórmula del jefe primer mandatario, el libertario Javier Milei.