El gobernador bonaerense Axel Kicillof terminó su agenda en Nueva York, en la que la centralidad la tuvieron las reuniones orientadas a brindar previsibilidad a los mercados y a los acreedores de la Provincia de Buenos Aires. El mandatario evitó referencias a eventuales candidaturas y concentró sus intervenciones en la situación financiera provincial y nacional.

La escala central del viaje fue un encuentro con fondos de inversión que poseen bonos de la Provincia de Buenos Aires, un grupo con peso propio dentro del sistema financiero por su exposición a la deuda bonaerense. También mantuvo una reunión con representantes de 20 compañías que operan en Argentina.

Según pudo saber Infobae, Kicillof transmitió que la administración provincial cumplirá con los compromisos asumidos. El mensaje estuvo dirigido a despejar dudas sobre los próximos vencimientos y a potenciar el perfil de Kicillof en el escenario internacional con una eventual candidatura nacional. “Igualmente, no le preguntaron qué iba a ser en caso de ser presidente”, confió un testigo de las sucesivas reuniones.

Según pudo reconstruir este medio, los administradores de fondos sí buscaron conocer la mirada del gobernador sobre la situación nacional y sus perspectivas económicas del país. Kicillof respondió con números de la Provincia y remarcó que el distrito que gobierna reúne al 40% de la población argentina. El escenario que trazó fue, de mínima, acuciante.

En las reuniones también surgió una inquietud, aunque sin planteos taxativos, por el calendario de vencimientos de deuda nacional de 2027. De acuerdo con estimaciones de GMA Capital, consultora financiera argentina, ese año los pagos en dólares, que incluyen compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), bancos internacionales y deuda soberana, suman USD 23.621 millones. A ese monto se agregan vencimientos en pesos por $117 billones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó en junio que los vencimientos hasta el cierre del mandato de Javier Milei estaban cubiertos. Días antes, el viceministro José Luis Daza había señalado que el equipo económico trabajaba para llegar a 2027 con un margen financiero suficiente. Ese contraste formó parte de las dudas que los fondos buscaron despejar durante las conversaciones con Kicillof.

Ante los tenedores de bonos, el mandatario bonaerense sostuvo que en lo que a él respecta, la Provincia no caerá en incumplimiento y que afrontará sus obligaciones a tiempo y según lo acordado. La definición buscó dar certezas sobre el perfil de pagos de Buenos Aires, en un contexto en el que los inversores siguen de cerca la capacidad de la Argentina y de los distritos subnacionales para atender sus deudas.

Con excepción de BlackRock, los fondos que participaron del encuentro habían ingresado en la reestructuración de la deuda bonaerense. Ese proceso concluyó en 2025, tras una negociación que se extendió durante varios años.

“Los tenedores de deuda entienden que la Provincia funciona, si no, no habrían entrado en el canje”, planteó uno de los participantes de la reunión entre Kicillof y los fondos.

La exposición del gobernador apuntó a ratificar que Buenos Aires cumplirá con las obligaciones que asumió. Entre las firmas que participaron de las reuniones estuvieron Eaton Vance, Vanguard, GoldenTree y Mesarete, además de BlackRock.

Kicillof también planteó que su visión económica no supone medidas de ruptura con la propiedad privada. De acuerdo con fuentes al tanto de las conversaciones, dejó entrever, con un matiz de ironía, que no habrá expropiaciones “ni nada por el estilo”.

El recinto del Senado volverá a activarse en las próximas horas para que el pleno trate un proyecto que sería modificado y otro que genera tensión, pero que igual se intentará sancionar: la Cámara alta buscará retocar la ley que reforma la Carta Orgánica Banco Central ya aprobada por Diputados, por lo que regresaría allí en segunda revisión, e intentará dar luz verde al recorte de subsidios para las denominadas “zonas frías”.

La sesión fue convocada para el mediodía y, como el segundo tema está “atado con alambres” -así reconocen libertarios y un sector no menor de la oposición, más las clásicas operaciones de voceros extra oficiales-, será importante sumar el quorum para iniciar el encuentro. Más aún, mantenerlo una vez consumada la discusión sobre el Banco Central. La Cámara alta ya dio algunas sorpresas este año y no puede perderse de vista eso.

Para el primer texto, en el Senado advirtieron los severos errores que generó Diputados, integrada por 257 parlamentarios. “Resulta que, para cambiar esta misma ley, precisarías menos votos que los 2/3 que metieron de ambas Cámaras para remover a un director. Delirante que haya pasado los filtros técnicos y políticos de allá”, reconoció ayer a Infobae un jefe de bloque.

En caso de activarse la discusión en el recinto, con seguridad habrá legisladores que reclamarán, siempre con la cobertura de un falso “federalismo”, lugares para el interior del país en la mesa central de toma de decisiones. No pareció tener asidero esta postura, aunque nadie asegura el articulado final del texto. Lejos de lo ideal, aunque lo posible para un Gobierno que continúa en fricciones con sus potenciales aliados. Antes de todo esto, habría -de nuevo- un denso sector de cuestiones de privilegio que suele estar injustificado o, incluso, que se piden por cualquier cosa.

Banco Central

El proyecto apunta a garantizar la independencia del mismo a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de las distintas administraciones centrales. Tampoco comprar de forma directa títulos públicos en el mercado primario.

La iniciativa impulsada desde Balcarce 50 da marcha atrás con la reforma de la Carta Orgánica que había hecho el cristinismo, en 2012, cuando se ampliaron los mandatos de la institución y se incluyeron cuatro nuevos objetivos: promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Si el Gobierno lograra la sanción en la Cámara alta, el único fin será preservar el valor de la moneda.

Por otro lado, se prohíbe la transferencia al Tesoro de ganancias contables o por diferencia de cambio. Los resultados del BCRA deberán destinarse de forma prioritaria a absorber pérdidas acumuladas, recomponer el patrimonio o cancelar deuda pública. Además, dispone la eliminación de instrumentos de deuda como las Letras Intransferibles y se actualizan las reglas relativas a la administración y resguardo de las reservas internacionales.

Entre las modificaciones también se destacaba una variación en los mecanismos para remover al presidente de la entidad y a los integrantes del directorio, para lo cual se necesitará acreditar una “causal grave” y la aprobación con mayoría de dos tercios en el Senado y Diputados. Esto último es lo que decidieron repensar ayer en Labor Parlamentaria y, por ende, la iniciativa regresaría en segunda revisión a la Cámara baja, que podrá insistir con la versión original o aceptar las observaciones.

Bajo este escenario, será clave si el texto consiguiera hoy, con la nueva idea, los dos tercios a la hora de ser aprobado, ya que quedaría bastante blindada la dicha opción. En resumen: se quitarán los 2/3 para la remoción de autoridades por ambas Cámaras, para que reste la mayoría absoluta sólo en la alta -hoy es simple- y no intervendrá Diputados. Un detalle que, según la época, pareció desapercibido: la ley consagra condonaciones multimillonarias a compañías nacionales y provinciales -lupa hacia gobernadores- por deudas en compra energía, con todo el contexto y consecuencias a considerar.

Otro ítem a contemplar y a reformular por el pleno en las próximas horas: cada pliego que se envíe de una autoridad del Central -designado en comisión- tendrá vigencia de un período legislativo, tal como ocurre cuando se envía una propuesta para la Corte Suprema. Con ello, se estimulará el tratamiento de los mismos en comisión y en el recinto de la Cámara alta.

Zona fría

La extensa -y ahora criticada- ampliación que empujó el kirchnerismo, durante la gestión de Alberto Fernández, se retrotraería y sólo quedaría vigente por cuestiones sociales y de ingresos. Por caso, que una familia no sobrepase las tres canastas básicas, poco más de $4,5 millones. Mismo sentido para personas con discapacidad y veteranos de Malvinas.

Los beneficios sí se sostienen para las zonas originales -Patagonia, Malargüe y la Puna-, con un sistema distinto que implicará aumentos, ya sean de este grupo o el anterior: el subsidio se aplicará sobre la generación de gas y no sobre la distribución, que se lleva la porción más grande del costo final en una factura. La gran incógnita es cómo impactará esto el próximo invierno, en medio de una segura salvaje campaña electoral en Nación y provincias.

Desde la Cámara alta y, luego de meses de idas y vueltas, el cierre de las voluntades para sacar la ley quedó en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli. La Casa Rosada anunció desde junio y en decenas de ocasiones sobre votos que, en realidad, nunca estaban confirmados.

El otro punto importante es que, para que avanzara en Diputados, el Ejecutivo se comprometió ante algunos gobernadores norteños incorporar -promesa a futuro que genera temor- “zonas cálidas” y subsidios en electricidad para ciertos distritos. Sumado al articulado original, esto quiebra la unidad de las bancadas más numerosas, lo cual lleva a colegas en guerra por esta cuestión y pocas ganas de exponerse en el recinto.

A través de un comunicado que intenta hacer prevalecer su soberanía sobre las Islas Malvinas, el Reino Unido le respondió al duro discurso que pronunció Javier Milei en Nueva York ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que criticó al organismo por “mirar para otro lado” ante el reclamo argentino, al que calificó como “una causa nacional”. Asimismo, los británicos afirmaron tener el derecho de explotar los recursos naturales del territorio en disputa.

“El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las Islas Malvinas y Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur, y las zonas marítimas circundantes de ambos territorios”, comienza el hilo de respuestas al jefe de Estado dentro del texto, en el que a las Malvinas se las menciona como Falkland.

Asimismo, en el texto compartido a través de una cuenta de redes sociales de los representantes británicos ante la ONU, el Reino Unido sostiene “firmemente su apoyo al derecho de autodeterminación de los isleños”.

“Este derecho se establece en la Carta de las Naciones Unidas y está consagrado en el artículo 1 de los dos Pactos de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. Los isleños tienen tanto derecho a determinar su condición política y a procurar libremente su desarrollo económico, social y cultural como cualquier otro pueblo”, resaltaron.

Si bien tomaron nota de que “Argentina se refiere regularmente a resoluciones de las Naciones Unidas y a declaraciones diplomáticas regionales que exhortan a celebrar negociaciones sobre la soberanía de las Islas”, advirtieron que “estas no modifican ni diluyen la obligación de las naciones de respetar el derecho jurídicamente vinculante de autodeterminación”.

“La relación del Reino Unido con las Islas Malvinas y todos sus Territorios de Ultramar es moderna y se basa en la asociación, los valores compartidos y el derecho de los habitantes de cada territorio a determinar su propio futuro. Argentina sigue negando que este derecho humano fundamental se aplique a los habitantes de las Islas Malvinas y busca activamente oportunidades en foros internacionales para hacer valer su reivindicación de soberanía. Este comportamiento es totalmente incompatible con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y no es el comportamiento que esperamos de una democracia”, acusaron en el documento.

La publicación recuerda que “en 2013, los isleños celebraron un referéndum sobre el futuro de las Islas”. “El resultado del referéndum fue que, con una participación del 92%, el 99,8% votó por mantener el estatus actual de las Islas como territorio autónomo del Reino Unido. El referéndum fue supervisado por observadores independientes de Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Uruguay, Chile y Brasil”, resaltaron.

“Los isleños han dejado claro su deseo abrumador de que las Islas Malvinas sigan siendo un Territorio de Ultramar del Reino Unido. No puede haber diálogo sobre soberanía a menos que los isleños de las Malvinas así lo deseen”, indicaron.

Es en ese contexto y tras esa introducción que aparece en el comunicado el tema específico de la explotación de los recursos naturales de las Islas Malvinas.

“El Gobierno del Reino Unido apoya sistemáticamente el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales. Esto es una parte integral de su derecho de autodeterminación. El desarrollo de los recursos de hidrocarburos de las Islas Malvinas es una actividad comercial legítima regulada por la legislación del Gobierno de las Islas, en estricta conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La legislación interna argentina no se aplica a las Islas Malvinas”, manifestaron.

Según el documento, “la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas no prohíbe el desarrollo económico ni desplaza el derecho de autodeterminación de los isleños. Asimismo, la Resolución 31/49 no limita ni elimina los derechos de los isleños a determinar libremente su condición política y a procurar libremente su desarrollo económico, social y cultural”.

“Los esfuerzos continuos para obstaculizar y hostigar a las empresas internacionales involucradas en los hidrocarburos de las Islas Malvinas, y de hecho en otras industrias de las Islas Malvinas, constituyen un intento totalmente inaceptable de ejercer jurisdicción extraterritorial y no tienen justificación alguna en el derecho internacional. Además, obstaculizan los negocios globales y son incompatibles con el libre comercio”, concluye el comunicado.