El paro nacional docente de este lunes 3 de agosto quedará bajo supervisión del Ministerio de Capital Humano de la República Argentina, que anunció una inspección muestral en escuelas de todo el país para verificar si las entidades gremiales que convocan a la huelga garantizan el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, como establece la Ley 27.802.

Ante la medida de fuerza convocada para ese día, el Gobierno argentino informó que controlará en escuelas de todo el país si los gremios respetan ese piso de prestación y advirtió que, si detecta incumplimientos, activará protocolos para aplicar sanciones, según el comunicado oficial del ministerio.

La cartera indicó que la supervisión se realizará en el marco de las atribuciones de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En un comunicado oficial que difundió este sábado a través de X, señaló: “En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan”.

La medida se realizará a partir del paro nacional docente convocado por CTERA en medio del conflicto con el Gobierno por la paritaria nacional docente y los reclamos salariales. Como informó Infobae, el sueldo mínimo docente quedó en 500 mil pesos durante el último año.

Qué reclaman los gremios docentes

CTERA reclama la convocatoria a la paritaria, aumentos salariales y la restitución y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). También pide una nueva ley de financiamiento educativo y objeta una posible reforma jubilatoria y un proyecto de “Ley de Libertad Educativa”.

El artículo también menciona reclamos por inversión en infraestructura, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos. Además, señala que durante agosto habrá otras medidas para dar visibilidad al reclamo.

Los gremios docentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), en cambio, anunciaron un plan de lucha sin huelgas. Entre las medidas figuran trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa y una movilización cuyo destino se definirá entre el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación.

Según el mismo medio, esos gremios convocaron a una conferencia de prensa para el lunes a las 14:00 en Azopardo 802. Esa actividad se desarrollará el mismo día del paro nacional convocado por CTERA.

La ley invocada por el Gobierno y la discusión judicial

En el comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano recordó que el artículo 101 de la Ley 27.802 declara a la educación servicio esencial. Bajo ese criterio, durante una medida de fuerza los gremios deben asegurar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo.

A la vez, Infobae informó sobre una disputa judicial en torno a esa disposición. Una medida cautelar del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 74 suspendió de forma temporal la declaración de esencialidad mientras avanza una demanda.

El mismo artículo sostuvo que, tras la apelación del Gobierno, el límite vinculado al derecho de huelga sigue vigente hasta que exista una resolución de fondo. Esa tensión entre la cautelar y la posición oficial enmarca la inspección anunciada para el 3 de agosto.

El argumento oficial sobre el derecho a la educación

En su comunicado, el Ministerio sostuvo que la administración de las escuelas corresponde en primer término a las jurisdicciones, pero remarcó el papel del Estado nacional en la garantía del derecho a la educación. “La gestión de las escuelas es una responsabilidad primaria de la jurisdicciones y, a la vez , el gobierno nacional es el garante del derecho a la educación de la ciudadanía, en el marco de las atribuciones que a cada nivel del Estado fija la Constitución”, señaló.

La cartera enmarcó la decisión en la necesidad de resguardar la continuidad educativa y de sostener previsibilidad para las familias argentinas. También exhortó a los actores del sistema a cumplir la normativa vigente sobre la esencialidad de la educación.

En el Gobierno nadie salió a repetir o bancar ayer el pedido de renuncia que le hizo públicamente Diego Santilli a Victoria Villarruel, pero puertas adentro todos coincidían en que dijo lo que muchos piensan y no se animaban a decir en voz alta.

El jefe de Gabinete pidió que la vicepresidenta “dé un paso al costado” si no está de acuerdo con Javier Milei. Y la frase terminó corriendo el eje de la agenda oficial en un día que el Gobierno había diseñado para hablar de otra cosa: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, anunciada por el propio Presidente en cadena nacional, y los anuncios de inversiones de Pampa Energía.

La conversación, en cambio, terminó centrada sobre Villarruel, quizá la principal enemiga política de Milei hoy.

El conflicto con la vice viene de larga data, y no hay marcha atrás desde hace varios capítulos. Pero ayer, con las palabras de Santilli, escaló a un nivel inusual, que no se había planeado.

En Gobierno dicen que el ministro coordinador se mandó solo y que nadie le había pedido ni había autorizado que planteara la renuncia de la vicepresidenta. De hecho —remarcan— si hubiese sido una decisión política, la habrían intentado aplicar mucho antes. “No fue algo planeado, lo dijo porque se lo preguntaron“, reconocieron en Balcarce 50, donde no van a insistir con el planteo o llevarlo a la acción, pero tampoco van a desautorizar a Santilli.

De hecho, deslizaron, el recientemente nombrado jefe de ministros tiene el respaldo tácito de Javier y Karina Milei en esta cruzada. “Ella (por Villarruel) es anti democrática diciendo que el Presidente está loco”, sostuvieron en el entorno del jefe de Estado.

“Diego está en su rol de defender al Presidente y Villarruel salió a dudar de su salud mental”, lo justificaron en la Jefatura de Gabinete. “Lo antidemocrático es que la vicepresidenta conspire contra la investidura presidencial. Si hay alguien que no puede hablar de lo democrático es ella… menos con los personajes que la rodean”, agregaron.

En el Gobierno reconocen que la frase de Santilli no estaba en ningún libreto y que la narrativa estaba planeada en torno a instalar la reforma del Banco Central como el primer capítulo de la campaña 2027.

El desvío de agenda fue para varios funcionarios el verdadero costo de las declaraciones de Santilli. Que, si bien expresó un consenso implícito dentro del oficialismo, puesto en palabras de un funcionario de su peso generó una imagen negativa en torno al respeto a la institucionalidad. El histórico problema de Milei es que, como él, Villarruel fue electa por mandato popular. Por lo que la gravedad de pedirle la renuncia equivale a la de pedirle que renuncie al Presidente.

Además, el exabrupto de Santilli le dio a la vicepresidenta algo que hasta ahora no tenía: la marca de víctima. Con Villarruel ya posicionada como una referente opositora para la Casa Rosada de cara a 2027, la posibilidad de que apareciera como blanco de un pedido de renuncia le regaló, sin que nadie lo planificara, el rol de damnificada frente a un Poder Ejecutivo que la ataca. Un lugar que, hasta el jueves, no tenía.

La respuesta de Villarruel llegó horas más tarde, sin mencionar a Santilli por su nombre pero con destinatario inequívoco. “Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria”, escribió en X. Y agregó: “Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular”. El posteo confirmó, en los hechos, el diagnóstico que circulaba puertas adentro del Gobierno horas antes: lejos de retroceder, Villarruel usó el mismo lenguaje que Milei suele reservar para sus adversarios —“casta”, “parásitos”— para devolverle la acusación a quien se la había hecho, y volvió a instalarse en el lugar de la que responde a un ataque, no la que lo provoca.

Con el respaldo de la cúpula, lejos de bajar el tono, ya entrada la noche del viernes Santilli redobló la apuesta. Repitió su frase de la mañana y agregó: “Que arme su partido y compita”.

En la “Santineta”, donde ya no ocultan el entusiasmo por la candidatura bonaerense en 2027, algunos temen que su jefe se ensucie en el barro de la política libertaria y lamentan que tenga que desperfilarse hacia las formas poco sutiles de La Libertad Avanza.

Santilli ya había tenido un aparente gesto de rechazo con Villarruel, que quedó capturado en video en el acto el 9 de julio en Tucumán, durante la vigilia, donde pareció evitar saludarla adrede. En su entorno lo exculparon y aseguraron que no lo había hecho adrede. “Él no haría una cosa así, no es su estilo”, aseguraron.

Esta vez, no hay dudas de que Santilli arremetió con artillería pesada contra la vicepresidenta a conciencia. De hecho, sus declaraciones contrastaron con los habituales cuidados a la hora de referirse a PRO o con la orden que bajó a su equipo de que eviten a toda costa meterse en la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo.

“Milei va a morir con las botas puestas. No hay especulación, va a seguir profundizando el programa económico”, expresó un funcionario ante Infobae para explicar la cadena nacional del Presidente, en la que detalló las modificaciones en la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), mientras las principales preocupaciones económicas de la sociedad pasan por la caída de la actividad, el consumo y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.

El mensaje, que se emitió una hora y media antes del partido que Boca Juniors disputó ante O’Higgins por un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana, tuvo diversas lecturas. “Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importante de los últimos 91 años y poner fin a la estafa de financiar dinero para la alta política”, subrayó el mandatario durante la cadena que duró menos de 20 minutos.

Si bien hay quienes consideran que fue difícil de traducir en un mensaje accesible para el público general, existen coincidencias en la centralidad que la reforma tiene para la segunda etapa de la gestión. “Puede parecer abstracto, pero es muy fuerte desde la institucionalidad económica. Además, es para un público que mueve la economía”, sintetizó un integrante de la mesa política. “Es de importancia y sumamente necesaria, pero va a ser difícil que llegue a la gente”, coincidió otra fuente oficialista.

Los distintos relevamientos coinciden en un mismo diagnóstico: la inflación dejó de ocupar el primer lugar entre las preocupaciones de los argentinos, desplazada por el empleo, la actividad económica y el deterioro de los ingresos. Si bien Milei destacó durante la cadena nacional la baja en el espiral de precios que, según sus cálculos, fue de 12.819.532.788.614.400.000% desde 1935, existe un deterioro acelerado de la capacidad de pago de las familias argentinas, que llevó el endeudamiento en mora a niveles récord.

Según un informe elaborado por Aresco, la consultora de Federico Aurelio, de julio de 2026, el 58% de los argentinos mencionan como principal dificultad un problema económico: el 41% señalan complicaciones laborales o vinculadas a su actividad y, relegado al tercer lugar, el 17% habla de la inflación.

Los datos muestran que los problemas vinculados al trabajo duplican las menciones a la inflación, lo que sugiere que la sociedad centra su atención en generar ingresos, mantener el trabajo y sostener la actividad más que en la evolución de los precios. El relevamiento remarca que el impacto se profundiza en los sectores socioeconómicos bajos.

En sintonía, Casa Tres, la consultora liderada por Mora Jozami, aportó que la incidencia de la inflación cayó en las encuestas. Si bien en enero de 2024 encabezaba el ranking de temas, con el 27% de las menciones, en las mediciones de junio de este año cayó al puesto número 12, con solo el 2%.

Otro indicador del momento económico lo arroja el Instituto Argentina Grande, que detectó que, a julio de 2026, 3,6 millones de argentinos son considerados deudores “irrecuperables”, personas que tienen al menos una línea de crédito con más de un año de atraso en los pagos, cifra que duplicó la registrada doce meses antes y que representa el 17,2% del total de deudores del sistema.

Con el Congreso en receso y a la espera de reactivar la agenda legislativa, la semana fue compleja para el Gobierno. Estuvo marcada por la escalada de tensión con Brasil, luego de que el mandatario se cruzara con Lula da Silva, y por una agenda internacional que ocupó gran parte de los días del Presidente. Además, se sumó la caída en el Índice de Confianza en el Gobierno que realiza todos los meses la Universidad Di Tella y que registró un descenso del 6,5% respecto a junio.

Pese a los indicadores, en Casa Rosada aseguraron que la serie de anuncios económicos, que comenzó con la reforma del BCRA y se profundizó con el Super RIGI de Pampa Energía, reflejó que la administración libertaria “retomó la iniciativa política”. Sin embargo, aclararon que el destinatario de los mensajes es el círculo rojo y no el ciudadano de a pie.

“No es para la opinión pública. No es demagógico ni propagandístico, porque no está pensado para eso. Es estructural. Apunta a consolidar la baja del riesgo país y mejorar la evaluación de las calificadoras. Eso permite financiarse a un costo mucho más barato, cubrir los intereses de la deuda y necesitar menos superávit para hacer frente a esas obligaciones. Es menos esfuerzo fiscal, menos restricciones económicas y más plata en la calle”, enfatizaron.

Al respecto, desde la mesa chica de Milei defendieron su estilo, y relativizaron la falta de respuesta al bolsillo castigado al sostener que se trata de una medida que apuesta a intensificar el combate contra la inflación. “No es indiferente a los deseos de la sociedad porque implica un recambio en la política económica. Es una forma de blindar la baja de la inflación. Una cosa no invalida a la otra”, justificaron. “Parte de la mejora de poder adquisitivo pasa también por la reforma del Banco Central”, coincidió un alfil oficialista.

Un importante funcionario sostiene que el proyecto, en el que el mandatario invirtió horas, y que presentó junto a su equipo económico y parte de la mesa política, no fue concebido en función de lo que arrojan las encuestas sino que forma parte del programa económico que diseñó el libertario. “Son cosas centrales para la economía, más allá de la situación del poder adquisitivo”, subrayó ante este medio.

“Que la inflación no sea el tema uno de preocupación no significa que no siga siendo un tema. La reforma puede generar una mayor baja en el riesgo país y una revalorización de la moneda y eso ayuda a la inversión y crecimiento económico”, vaticinó un legislador en tema.

Para el Ejecutivo, el crecimiento es heterogéneo y la reforma del BCRA configura una de las “pocas políticas de Estado” que la administración estableció desde sus inicios. Esa reivindicación contrasta con la promesa original de campaña, que era aún más ambiciosa, e implicaba el cierre definitivo del organismo que finalmente decidieron modificar. “Es un virtual cierre”, se escudó un alfil. “Dennos tiempo”, pidió otra voz violeta. “El Presidente es pragmático”, explicó una tercera voz consultada.

El impacto de la cadena nacional

A contramano de los esfuerzos del Gobierno por instalar la reforma del Banco Central, la consultora Monitor Digital detectó que el oficialismo perdió casi el 80% de su atractivo en la conversación digital respecto de la primera cadena nacional, emitida el 20 de diciembre de 2023. Aquella intervención había generado 291.000 menciones.

Con 58.900 menciones —el volumen más bajo registrado desde el inicio del mandato—, la cadena nacional sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central quedó relegada en la conversación digital. En cambio, la discusión pública se concentró en el decreto que restringe el ingreso al país de extranjeros que hayan agraviado a la Argentina. La nube de palabras estuvo dominada por términos como “odio”, “insulten”, “violencia”, “inciten” y “agravien”.

El contraste expone el principal desafío de la Casa Rosada. Mientras Milei intenta instalar una discusión de largo plazo sobre las reglas de la economía, buena parte de la sociedad se concentra en las urgencias del presente. El Gobierno apuesta a que los resultados de las reformas terminen por reordenar esas prioridades de cara a la reelección de 2027. La incógnita es si el electorado está dispuesto a esperar.