Bajo el lema “La salud no puede esperar”, organizaciones sociales, estudiantiles, sindicatos, trabajadores del sector se manifestarán hoy en la Marcha Federal por la Salud. Partirá a las 13 horas desde el Ministerio de Salud de la Nación —ubicado en Avenida 9 de Julio y Moreno, en la Ciudad de Buenos Aires— hacia Plaza de Mayo.

El ministerio de Seguridad de la Nación y la Policía de la Ciudad desplegaran un operativo especial para ordenar el tránsito y preservar la Casa Rosada y las inmediaciones de la cartera de Salud.

La convocatoria, articulada por el Foro por el Derecho a la Salud, responde, según denuncian, al recorte de 63.000 millones de pesos anunciado por el gobierno de Javier Milei en las partidas del área sanitaria.

Reclaman por el corte en las prestaciones y el desfinanciamiento en general del sistema de salud.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, rechazan el encuadre de la protesta. Mencionan “motivaciones políticas” detrás de la protesta. También destacan que la provincia de Buenos Aires fue la única jurisdicción que no participó el lunes 18 de mayo de la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), donde los ministros provinciales acordaron un comunicado conjunto para definir reglas y responsabilidades entre Nación y provincias.

Para La Libertad Avanza detrás de la Marcha Federal por la Salud está el gobernador Axel Kicillof, también apuntan a su ministro de Salud, Nicolás Kreplak; y advierten que funcionarios provinciales oficiaron como “promotores activos” de la movilización en redes sociales, junto a gremios como ATE, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina.

El recorrido de las columnas desde el Ministerio de Salud a Plaza de Mayo será por Avenida de Mayo.

Los motivos de la marcha

El Foro por el Derecho a la Salud por su parte, enumera una serie de medidas que considera regresivas para el sistema sanitario. Entre ellas, el desfinanciamiento y la interrupción del programa RemediAr —que distribuía botiquines con 79 medicamentos gratuitos a los Centros de Atención Primaria de la Salud de todo el país—, el desfinanciamiento del PAMI y la imposición de topes a sus médicos, el desguace del Programa Nacional de Inmunizaciones y el retroceso en políticas de salud mental.

Sobre este último punto, advierten por una reforma de ley impulsada desde el oficialismo que, según denuncian, desplaza el enfoque social del tratamiento en favor del diagnóstico médico individual.

Los datos difundidos por los organizadores de la protesta reflejan el alcance del deterioro: el 80% de las obras sociales no cubre con su recaudación del Programa Médico Obligatorio (PMO), la mitad de quienes se atienden en el sistema público tiene obra social o prepaga —lo que evidencia la presión creciente sobre los hospitales estatales— y uno de cada cuatro jubilados no accede a los medicamentos que necesita. El PAMI, según denuncian, habría perdido el 40% de su presupuesto.

La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud convocó además a un paro nacional en el sector y anunció actos simultáneos en Jujuy, Chaco, Rosario, Córdoba y otras ciudades del interior.

“El financiamiento de los programas del Ministerio de Salud de la Nación está garantizado”, expresó el lunes el titular de la cartera de Salud de la Nación ante el Consejo Federal de Salud.

Junto a sus pares provinciales presentes, Lugones firmó un acta de compromiso para fortalecer el funcionamiento del sistema sanitario federal y garantizar la distribución de vacunas y el acompañamiento en la provisión de medicamentos de alto costo. Durante el encuentro, Nación y las provincias avanzaron en una agenda de trabajo orientada a mejorar la planificación, la eficiencia en las compras y la articulación entre jurisdicciones.

Las autoridades sanitarias analizaron el circuito de compras de medicamentos oncológicos y de alto costo impulsado por la cartera sanitaria nacional. Según la proyección para 2026, se espera brindar asistencia a un 27,3% más de pacientes que el año pasado.

El ministro de Salud de la Nación puso en valor el trabajo realizado para ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. “Quiero dejar en claro que el financiamiento de los programas que impulsa el Ministerio de Salud está garantizado. Esto ha sido posible gracias a un sistema de compras más ordenado, eficiente y libre de intermediarios”, expresó.

En materia de financiamiento a otras jurisdicciones Salud pone como ejemplo el territorio bonaerense: el Estado nacional invierte 1.812 billones de pesos en salud para sus habitantes a través de hospitales nacionales y de gestión compartida, medicamentos oncológicos y de alto costo, vacunas, prótesis, programas de discapacidad y el propio RemediAr, entre otros.

Al mismo tiempo, sostienen que la provincia de Buenos Aires acumula una deuda de 630.635 millones de pesos con los hospitales SAMIC de gestión compartida —entre ellos el Hospital El Cruce, el Hospital René Favaloro y el Hospital Cuenca Alta.

Por su parte, desde el Consejo de Administración del Hospital Garrahan denunciaron que “814 niños esperan, desde el año 2022, prótesis de la provincia de Buenos Aires para poder ser operados” en esa institución.

“El Garrahan sostiene su funcionamiento principalmente con recursos de la Nación y atiende a niños de todo el país, sin embargo, el 70% provienen de la provincia de Buenos Aires. Hoy cientos de familias bonaerenses se encuentran afectadas por demoras administrativas que dependen exclusivamente de su gestión local”, remarcaron las autoridades del hospital pediátrico a través de un comunicado.

La Libertad Avanza intentará hoy darle media sanción en la Cámara de Diputados a una reforma que restringe el acceso al subsidio de gas por Zona Fría, junto con la denominada ley Hojarasca y una decena de tratados internacionales. Sin embargo, avanzar con estos proyectos no será el único objetivo político del oficialismo: en paralelo apuestan a hacer una demostración de fuerza y desarticular el intento opositor de interpelar, y eventualmente remover, al jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito.

La oposición había convocado a una sesión para este miércoles a las 11 con el objetivo de obligar a Adorni a dar explicaciones sobre sus viajes y su patrimonio. Ya lo habían intentado la semana pasada, pero tuvieron que posponer la sesión porque el quórum (129 diputados presentes) no estaba asegurado. La reticencia de los gobernadores a enfrentarse con la Casa Rosada fue determinante para que la convocatoria fuera un fracaso.

A pedido del peronismo, que había quedado excluido del acuerdo para convocar a la primera sesión, decidieron ampliar el temario para sumar proyectos “sociales”. Entonces, además de la interpelación al jefe de Gabinete se pondrían en debate proyectos relacionados con las licencias por paternidad, la restitución del programa Remediar (medicamentos gratuitos), un proyecto para ampliar las prestaciones del PAMI y pedidos de informe a Sandra Pettovello por el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

Sin embargo, La Libertad Avanza convocó a su propia sesión para el mismo día pero una hora antes, a las 10. Según el reglamento, la primera sesión que alcance quórum podrá avanzar con su temario, lo que convertiría en letra muerta la agenda alternativa. Además, el Gobierno podrá exponer una vez más que cuenta con el respaldo de la mayoría de los gobernadores.

El primer proyecto de la orden del día será la denominada ley Hojarasca, una iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Su objetivo es eliminar 70 leyes que, según el Gobierno, generan costos inútiles a los contribuyentes, se volvieron obsoletas o afectan libertades individuales.

“Con un millón de normas es imposible para un ciudadano saber qué norma le aplican. El primer costo es para el ciudadano. Además, habiendo normas que se superponen o dicen cosas distintas, también se generan problemas en la aplicación. Es un costo para la administración pública. Con este proyecto buscamos comenzar a ordenar esto”, había explicado el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, cuando defendió el proyecto en comisión.

Luego seguirán una serie de tratados internacionales de extradición y asistencia jurídica mutua con Polonia, Costa Rica, Chile, Serbia e Italia, el Convenio de La Haya sobre cobro internacional de alimentos para niños, el Convenio Internacional de Nairobi sobre remoción de restos de naufragio y una condecoración a un veterano de Malvinas.

Pero el plato fuerte de la jornada será la reforma del régimen de subsidios al gas por Zona Fría. En las filas del oficialismo aseguran que tienen las 129 voluntades necesarias para dar inicio al debate pero reconocen que el verdadero desafío será sostener ese número hasta el final para evitar que la sesión se caiga.

La iniciativa del oficialismo apunta a restringir el universo de beneficiarios del régimen de Zona Fría únicamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, mientras que excluye a las provincias que ingresaron en la ampliación de 2021, por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. En esa reforma impulsada por Máximo Kirchner, el Congreso había extendido el criterio de “zona fría” a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red.

Desde la Casa Rosada aseguran que “ninguna persona que la necesite perderá la ayuda estatal” ya que los hogares con ingresos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales podrán registrarse en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para mantener el subsidio. También podrán inscribirse beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), ex combatientes de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad.

Según fuentes oficiales, volver al esquema original representará un ahorro de entre $200 y $460 mil millones. En total, quedarán fuera del régimen 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán.

Fuentes oficiales revelaron ayer que el Gobierno había negociado “compensaciones” con un grupo de provincias “cálidas” a través de subsidios a la energía eléctrica. Las beneficiadas serían Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán. “Varias provincias plantearon que no podía mirarse solamente la lógica de ‘zona fría’, porque en el norte existe un consumo energético altísimo por calor extremo. Ahí aparecieron compensaciones vinculadas a ‘zonas calientes’”, detallaron a Infobae.

Por otro lado, el proyecto permitirá que las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal que se vieron afectadas durante los últimos años por el congelamiento de tarifas puedan aplicar ese crédito para cancelar deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), a condición de que abandonen todos los reclamos judiciales o administrativos vinculados.

En una entrevista, Juan Grabois, diputado nacional de Fuerza Patria, analizó el estancamiento del Congreso, la fragmentación política y la dificultad para construir acuerdos de cara a las elecciones de 2027, en una conversación con Infobae a la Tarde.

En diálogo con el equipo integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo, Grabois describió su paso por el Congreso como una etapa “triste”, marcada por debates “de nivel suela” y una lógica de escribanía: “Llegan proyectos del oficialismo y entre sus diputados y los que transan, aunque hayan entrado por la oposición, tienen los votos para sacar cualquier cosa sin debate”.

El diagnóstico de Grabois sobre la fragmentación y la disciplina partidaria

Al ser consultado sobre el funcionamiento de la Cámara de Diputados, Grabois afirmó: “Me tocó una etapa un poco triste en el Congreso, porque el nivel de los debates es nivel suela”.

Para el diputado, la dinámica política actual impide la discusión de políticas públicas relevantes: “Es una metáfora de la escribanía, llegan proyectos del oficialismo y entre sus diputados y los que transan, aunque hayan entrado por la oposición, tienen los votos para sacar cualquier cosa sin debate. Incluso la posibilidad de introducir alguna pequeña reforma es casi nula”.

Grabois remarcó la dificultad para impulsar proyectos desde la oposición: “Presentamos un proyecto de educación digital integral para mitigar los daños que ya están realizando las redes sociales en los pibes y pibas, y aunque algunos colegas del oficialismo están de acuerdo por lo bajo, después es muy difícil llevar cosas positivas para el pueblo argentino”.

El diputado repasó experiencias previas y comparó: “Durante el gobierno de Macri, que no es santo de mi devoción, se debatían proyectos de ley. El proyecto de ley de barrios populares lo redactamos con diputados del oficialismo y entró con la firma de Negri, Massot y Carrió, que no son precisamente cucas”.

En su diagnóstico, la disciplina partidaria se ha vuelto un obstáculo para el debate real: “En el Congreso, la disciplina partidaria es muy marcada. El bloque vota en un sentido, vota en ese sentido, y eso impide que avancen proyectos incluso cuando hay acuerdo en lo sustancial”.

Críticas a la gestión actual y el impacto en las instituciones

Grabois sostuvo que el gobierno de Javier Milei profundizó la deshumanización del debate público y la destrucción de políticas sociales: “El Gobierno lo que ha hecho es desprestigiar todo lo que implica algún elemento de justicia social, que para ellos es una aberración y para nosotros es un imperativo categórico”.

En ese sentido, advirtió: “Creo que es un gobierno destructivo. Hoy hay una disputa que no es izquierda o derecha, es rehumanizar o deshumanizar”.

Consultado por el desempeño del Ministerio de Capital Humano, fue contundente: “Destruyeron miles de cooperativas que funcionaban bien para eliminar algunas decenas que funcionaban mal. Capital Humano hizo un programa que se llama Volver al trabajo y prometía insertar a personas en empresas privadas. ¿Sabés cuántas ingresaron de casi un millón y medio? No llegan a 600. Fue una impostura”.

El diputado defendió la importancia del trabajo comunitario: “Los proyectos productivos comunitarios implicaban una carga horaria real. Sin ese complemento, muchas cooperativas quedan inviables. Destruyeron miles de cooperativas que funcionaban muy bien con el argumento de que algunas decenas funcionaban mal”.

Sobre la situación de las instituciones públicas, Grabois respondió a la crítica de que el kirchnerismo las habría destruido: “Es muy injusto plantear que yo no hice críticas, me la pasé haciendo críticas durante el gobierno de Alberto Fernández. Pero la universidad pública no fue destruida. La Universidad de Buenos Aires sigue siendo muy prestigiosa, aún con salarios bajos. Lo mismo el CONICET”.

Insistió en que el deterioro institucional se agravó con el actual oficialismo: “El sector atómico, el sector aeroespacial, el CONICET, están bajo una ofensiva brutal. La situación de la clase trabajadora y de los excluidos sigue siendo el principal problema”.

El futuro del peronismo, los frentes opositores y la agenda programática

Grabois valoró la necesidad de construir una propuesta opositora con base programática: “No es cuestión de poner cualquier cosa en la oposición. Si ponés una taza, Milei pierde. Pero el desafío es que esa taza tenga contenido programático”.

Al describir la situación interna del peronismo y Fuerza Patria, enfatizó: “Hoy hay una situación muy polarizada entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza. La elección se va a polarizar. Hay un sector que plantea que la justicia social es un pecado capital y que hay que destruir el Estado. Y otros que creemos que lo público hay que reforzarlo”.

Sobre la posibilidad de consensos, Grabois fue autocrítico: “Nos cuesta mucho debatir el programa. Hay coincidencias ideológicas, pero no hay un debate profundo. Para ir a internas, tenemos que tener al menos cinco puntos de acuerdo programático”.

El diputado enumeró sus prioridades: “Nosotros tenemos nuestra listita de diez reformas: habitacional, industrial vinculada a la cuarta revolución industrial, fiscal, política exterior, judicial, educativa, agraria, seguridad y defensa, sanitaria y ambiental. Si no hay acuerdo, no se puede ni siquiera ir a internas”.

En relación a Cristina Kirchner, Grabois dijo: “La indultaría sin ninguna duda. Que Cristina no pueda ser parte del juego democrático deslegitima a la democracia”.

Sobre su propio rol, reconoció: “A veces a la noche me pongo a pensar si hice bien en ingresar al Congreso. Es muy triste no poder impulsar algo tan sencillo como un proyecto para mitigar los daños digitales en chicos y chicas”.

Grabois cerró la entrevista defendiendo la planificación estratégica y la necesidad de consensos de largo plazo: “La planificación de un gobierno debería ser quinquenal. Los chinos van por el plan número 15. En algunas cosas tan mal no les va”.