Si el Senado convierte en ley la reforma laboral que impulsa Javier Milei, como se prevé que suceda el viernes próximo, no sólo se producirán cambios para los trabajadores sino también modificaciones profundas que impactarán de lleno en el poder sindical.

En el proyecto, que la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este viernes, se eliminó el polémico artículo 44, que reducía al 50% o al 75% el pago de los sueldos durante las licencias por accidentes y enfermedades inculpables, pero quedaron intactos los vinculados con las indemnizaciones, la creación de un mecanismo de banco de horas y las vacaciones, entre otros cambios que afectan los derechos individuales.

Para el poder sindical, el enorme alivio que negoció con el Gobierno fue dejar a salvo el financiamiento de los gremios al mantener las cuotas solidarias (aunque con un tope del 2% de descuento salarial) y, además, eliminar el artículo que reducía de 6% a 5% las contribuciones patronales para las obras sociales, lo que garantiza el actual flujo de fondos para el sistema sindical de salud.

Sin embargo, los dirigentes de la CGT no pudieron atenuar ni quitar de la reforma laboral al menos unos 10 artículos que, tal como están redactados, confirmarán lo que dijo la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, al defender el proyecto: “Cambia de cuajo el modelo sindical argentino”.

El modelo al cual alude la senadora oficialista, ideado por Juan Domingo Perón, tiene al Estado entre sus pilares constitutivos: los sindicatos no son autónomos del Poder Ejecutivo y requieren de su aval para determinar qué organización es la más representativa por rama de actividad y será la que recibirá la personería gremial, una figura que le otorga el “poder de lapicera” para firmar los convenios colectivos y administrar sus propias obras sociales, entre otros derechos exclusivos.

La reforma laboral de Milei debilitará el “unicato” sindical que retiene hoy el poder de manera centralizada, quitándole atribuciones en materia de negociación colectiva, convenios colectivos de trabajo, derecho de huelga, fueros sindicales y asambleas, por ejemplo.

El primer punto del proyecto que será demoledor para el poder sindical es el artículo 98, que reglamenta el derecho de huelga imponiendo servicios mínimos obligatorios (50% y75%) en actividades consideradas “esenciales” y “trascendentales” de un amplio listado que incluye al transporte, la salud y la educación, entre otras, con el fin de evitar la paralización total de los servicios. Ya figuraba en el DNU 70 dictado por Milei apenas asumió su gobierno y luego en el decreto 340, y en ambos casos fueron suspendidos por la Justicia.

La novedad es que, por un lado, se incorporó la recolección de residuos entre las actividades esenciales que deberán garantizar un 75% de servicios mínimos en caso de huelga, y, por otro, se incluyó que las fuerzas de seguridad en ningún caso podrán brindar una cobertura menor al 100% de la prestación normal de su servicio.

El artículo sobre las cuotas solidarias, que establece que no podrán superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores (hoy no tienen tope alguno y existen sindicatos como SMATA que reciben un 4%), también dejó a salvo los aportes, contribuciones y cualquier otro concepto firmados en los convenios en beneficio de entidades empresariales, aunque con un 0,5% de tope.

En su versión anterior, la reforma laboral jaqueaba a las cuotas solidarias al eliminar la obligación de los empleadores de ser agentes de retención de esos aportes y, además, establecer que sólo podía ser retenida en caso de ser pactada por convenio colectivo de empresa y contar con el consentimiento explícito del trabajador.

La reforma laboral también afecta el poder concentrado de los sindicatos a través del artículo 126, que restringe la ultra actividad, principio vigente hasta ahora que otorga continuidad a los convenios colectivos de trabajo tras su fecha de vencimiento hasta tanto no se firme un nuevo acuerdo. En el proyecto, de todas formas, se amplía qué subsiste al vencer el convenio: se añaden “las condiciones y beneficios individuales directos del trabajo y los beneficios otorgados para el trabajador”, no sólo las condiciones de trabajo como figuraba antes.

Las cuotas solidarias, a la vez, quedan protegidas porque el proyecto afirma que “las cláusulas obligacionales mantendrán su vigencia sólo por acuerdo de partes”.

Una modificación clave de la reforma laboral es la que establece la supremacía de los convenios de ámbito menor a los de actividad, incluso si resultan menos favorables para los trabajadores. En la legislación actual, un convenio de actividad prevalece sobre los convenios inferiores (como los acordados a nivel de empresa), salvo que éstos sean más favorables para el trabajador.

En la práctica, el proyecto les da más entidad a los convenios que se pactan por región o por empresa, lo que le quita fuerza de negociación a los sindicatos con personería, y permite que se acuerden en condiciones inferiores a los convenios de actividad o nacionales.

Otro artículo que afecta el poder centralizado de los sindicatos es el que facilita el otorgamiento de la personería los sindicatos por empresa. Según la ley vigente, “sólo podrá otorgarse personería a un sindicato de empresa cuando no obrare en la zona de actuación y en la actividad o en la categoría una asociación sindical de primer grado o unión”.

En la reforma laboral, el artículo 136 dice que “podrá otorgarse personería gremial a un sindicato de empresa cuando su cantidad de afiliados cotizantes fuere, durante un período mínimo y continuado de 6 meses anteriores a su presentación, superior a la cantidad de afiliados cotizantes en el ámbito de la misma empresa a la asociación con personería preexistente, cualquiera sea el grado o el ámbito material, territorial y personal de actuación de esta última”.

Por otra parte, el artículo 134 hace un agregado que apunta de manera directa contra los líderes de los sindicatos: al sustituir el artículo 20 ter de la Ley N° 23.551 de Asociaciones Sindicales, considera como una de las infracciones muy graves “provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento”. El agregado de “instar y/u organizar” permitirá que las sanciones previstas por la ley alcancen no sólo a los ejecutores de bloqueos o tomas sino también a los líderes de los sindicatos que hacen esas protestas.

Los conflictos de encuadramiento sindical, que son muy comunes y puso de moda Camioneros por sus reclamos para sacarles afiliados a otros gremios, incorporan dos novedades contempladas en el artículo 144: por un lado, reduce el plazo de resolución de estos diferendos de 60 días a 20 días hábiles, y, por el otro, introduce una dimensión disciplinaria que antes no existía en este artículo: permite a la Secretaría de Trabajo sancionar toda conducta gremial que afecte a terceros. Es decir, si no quiere ser penalizado, Hugo Moyano tendrá que evitar los bloqueos contra empresas en las que tenga reclamos de encuadramiento de los trabajadores.

Para el gremialismo también es inaceptable el artículo que limita las asambleas sindicales adentro o afuera de los lugares de trabajo al exigir que deba pedirse autorización previa al empleador, tanto del horario como el tiempo de su duración, y establecer que “el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la asamblea”. Este punto del proyecto libertario busca impedir que las asambleas se conviertan en medidas de fuerza encubiertas.

La reforma laboral les quita atribuciones a los delegados sindicales. La ley vigente dice que la cantidad de horas retribuidas que puede utilizar un delegado para su actividad gremial se define por convenio colectivo, mientras que el proyecto actual propone que se limiten a 10 horas mensuales, lo que “significa una intervención directa en la negociación colectiva y en la voluntad de las partes con el objetivo de impedir la acción gremial”, según un análisis del Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo CETyD (EIDAES-UNSAM).

En el artículo 139, por otra parte, se introducen cambios en relación con quienes están amparados por la tutela sindical: se elimina la protección a suplentes y congresales, “lo que dificulta la conformación de listas sindicales o de delegados y obstaculiza la generación de nuevos cuadros sindicales en los distintos ámbitos”, según un informe sobre la reforma laboral que hizo el Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma.

El artículo 130 del proyecto oficial, por otra parte, se refiere a la Articulación de los Convenios Colectivos y contempla la posibilidad de que la autoridad administrativa del trabajo pueda “decretar la suspensión de los efectos del acto de homologación cuando se alegare y demostrare sumariamente que su aplicación genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de toda o parte de la población”.

“No me siento si no tengo 38 votos garantizados”, dijo Patricia Bullrich en charlas privadas en la previa de este fin de semana. El Gobierno ya había festejado la sanción de la reforma laboral en Diputados después del traspié por la inclusión en la Cámara alta del muy polémico artículo 44, de licencias médicas, finalmente excluido del proyecto, una idea que, puertas adentro, se le atribuyó a la senadora y al ministro Federico Sturzenegger -la autoría aún sigue en discusión- que no para de sumar detractores.

La incorporación de ese controvertido artículo sorprendió incluso a Martín Menem, que hace dos viernes, en una reunión a solas con Cristian Ritondo, se reconoció desconcertado. “Si te balean en un robo y quedás incapacitado para laburar, ¿el Estado no te cuida y encima le vas a descontar el sueldo?“, ejemplificó el jefe del bloque del PRO en Diputados. Ese fin de semana se activaron las alarmas en Casa Rosada, más aún después de que Sturzenegger reconociera públicamente que una lesión en un partido de fútbol con amigos, una práctica muy popular en este país, podía terminar con descuentos en el salario de los trabajadores.

Los senadores del PRO y la UCR que acompañaron el proyecto en el Senado admitieron en privado que se conocía el artículo, que se enteraron recién sobre la medianoche, antes de la votación en general, y que no pudieron propiciar el rechazo por la modalidad de la votación en particular, por capítulos. Suena a excusa si se tiene en cuenta que el círculo rojo empresario conocía ese mismo mediodía, al inicio de la sesión en la Cámara alta, el contenido del artículo -los industriales habían planteado, durante las discusiones en el Consejo de Mayo, un esquema salarial sin descuentos pero no remunerativo en caso de lesiones o enfermedades-.

Una vez reconocido el error -hay sectores que todavía dudan en torno a la veracidad del traspié-, y después de que el propio jefe de bloque del PRO anunciara públicamente que su bloque no acompañaría ese artículo -cuando Ritondo publicó la decisión en su cuenta de X a las 16.24 del martes, un día antes de la reunión del plenario de comisiones, en La Libertad Avanza ya le habían garantizado que excluirían ese pasaje del texto-, la Casa Rosada activó un operativo con gobernadores aliados para blindar dos de los capítulos más cuestionados por esos mismos aliados: la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que desfinancia a la seguridad social, y la derogación de una serie de estatutos, incluido el de los periodistas. Fuentes oficiales reconocieron en estas horas que hubo momentos de incertidumbre en torno a este último título.

Ley por ley, proyecto por proyecto -aún cuando en el oficialismo se sigue insistiendo con la acumulación de errores no forzados como la polémica por las licencias médicas-, Javier Milei hizo valer otra vez el resultado de las elecciones de octubre pasado y la nueva reconfiguración del mapa legislativo con la colaboración por goteo, pero persistente, de gobernadores afines como los de Salta, Tucumán, Catamarca, Misiones, Santa Cruz, San Juan y hasta Córdoba, que promovió la ausencia de tres diputados. Todos recibieron beneficios. Al menos, alguna promesa. Algo similar ocurrió con la CGT, que negoció aspectos vinculados con la caja de los gremios y que, por la polémica en torno al eliminado artículo 44, no tuvo más remedio que convocar a un paro general.

El Gobierno impone sus condiciones, aún cuando la negociación en Diputados es bastante menos homogénea que en el Senado. En ese contexto, el oficialismo ya se garantizó un triunfo el próximo viernes. Incluso la insistencia del PRO con la incorporación en la ley de las billeteras virtuales como opción para el pago del salario de los trabajadores formales, o la eliminación del FAL, como reclamaron especialmente desde el bloque de Provincias Unidas, no tuvieron, en la supuesta captación de adhesiones, la misma vehemencia en la praxis parlamentaria que en el discurso público. El artículo de billeteras virtuales -que tuvo una presión fenomenal de los gobernadores para preservar el funcionamiento de los bancos provinciales- fue, según fuentes partidarias, uno de los pocos aspectos por el que telefoneó Mauricio Macri a algunos legisladores, por el reclamo de un banquero amigo. El jefe del PRO estuvo asesorado por un viejo e íntimo amigo, que lo acompañó hasta en su travesía por Boca Juniors: Juan José Etala, “El Negro”, presidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA). En la cúpula partidaria olvidaron rápidamente el acuerdo entre el Gobierno, el peronismo y gobernadores aliados por la AGN que dejó afuera a Jorge Triaca: Ritondo se aseguró un sillón en el directorio de YPF y otros tantos que le tiene reservados el ministro Diego Santilli.

Con una oposición fragmentada, un peronismo impotente y un grupo de aliados dispuestos a negociar, el Presidente se encamina a presentarse en el Congreso el próximo domingo, para la inauguración de las sesiones ordinarias, con la aprobación definitiva de la reforma laboral, del régimen penal juvenil y del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y para anunciar, probablemente, que buscará un mandato “reformista” con el impulso a otros proyectos centrales como la Ley de Glaciares, que le da mayor potestad, y recursos, a las provincias para propiciar la actividad minera, un sector con potencial que el Ejecutivo sigue con especial interés. Desde el bloque de LLA en el Senado dicen tener ya los 38 votos necesarios para ese proyecto, aunque podrían ser más por algunos radicales que están en duda. Según un informe de la consultora Invecq, las exportaciones mineras podrían duplicarse para el 2030, con condiciones favorables, en más de USD15.000 millones anuales con el cobre como principal impulsor. Solo el proyecto Vicuña, aprobado en el RIGI, prevé desembolsar unos USD5.000 millones en San Juan por los próximos cinco años. Es la carta de presentación con la que media docena de gobernadores se presentarán entre el 1 y el 4 de marzo en Toronto, Canadá, para la cumbre anual minera, el evento más relevante del sector que el año pasado contó con la participación de Karina Milei, esta vez en duda por el viaje posterior del presidente a Nueva York, una gira que prevé encuentros con empresarios y fondos de inversión.

En la cúpula del Gobierno se entusiasman con la dinamización de sectores como la minería o la energía, aunque en los últimos meses empezaron a prenderse cada vez más luces de alerta por la lentísima reactivación del consumo, la disparidad en el crecimiento de la actividad económica y los riesgos de un modelo de dólar atrasado y apertura de importaciones que quedó expuesto con el cierre de Fate de esta semana. La exposición de una crisis multicausal que tiene su mayor vidriera en el Gran Buenos Aires.

Conurbano en alerta, enojos exacerbados. En la UIA sabían con 48 horas de anticipación que Javier Madanes Quintanilla bajaría la persiana de la fábrica de neumáticos Fate de San Fernando el día anterior a que Diputados discutiera la reforma laboral. No hizo falta que el informe del INDEC, del 12 de febrero pasado, expusiera la crisis de la industria manufacturera a través de la utilización de la capacidad instalada, en torno al 33,4% en diciembre del 2025 en el sector del caucho y el plástico -aún por debajo del 42% de diciembre del 2024 y del 53,8% del nivel general de todos los rubros-, o la avalancha de importaciones -el último informe de la consultora PXQ, de Emmanuel Álvarez Agis, titulado “La apertura baja los precios (y el empleo), evidenció, por ejemplo, que el modelo libertario alcanzó en febrero del año pasado el volumen de importaciones de noviembre del 2017, durante la administración de Macri, cuando llegó a su pico máximo-: para Milei, concentrado en su programa de ajuste fiscal antiinflacionario, la decisión de Madanes Quintanilla fue premeditada para generar zozobra social y desestabilizar justo 24 horas del debate en Diputados y en las puertas de un paro general convocado por la CGT.

Milei enfureció en Olivos contra el empresario, que en su última visita oficial a la Casa Rosada, a las 4 de la tarde del lunes 25 de noviembre del 2024, frente al entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos -ahora aspira a una gobernación-, en su carácter de presidente de Aluar, pidió precisiones, en una extensa y muy cordial reunión, para incluir la construcción de un parque eólico en el RIGI, un proyecto del que al final desistió por cuestiones impositivas. El Presidente maldijo en la quinta presidencial, autorizó a que la secretaría de Trabajo dictara la conciliación obligatoria y reposteó en sus redes decenas de comentarios agresivos contra el empresario industrial. Una situación similar padeció Paolo Rocca, del holding Techint, cuya subisidiaria Tenaris acaba de perder una licitación privada para la provisión de tubos para un gasoducto en Vaca Muerta frente a una empresa india que se provee de acero chino subsidiado. “Don Chatarrín”, lo desautorizó Milei públicamente. Rocca se sintió destratado, herido en su ego, y peor aún: por primera vez no tuvo reacción ni contactos formales e informales para moderar las críticas o que le tiendan la mano en alguna oficina oficial. En el círculo rojo en general, y en la empresa en particular, pusieron el foco en Sturzenegger, “El Coloso”, que engrosó su lista de detractores en el último tiempo, tanto interna como externamente. Un grupo de aliados lo bautizó en el Senado con el apodo “Fe”, no por las iniciales de su nombre: “Todo lo que propone es cuestión de fe”, explicó jocoso un senador todavía inquieto por haber apoyado el polémico artículo 44 hace dos semanas.

En la industria existe una creciente preocupación por la política de apertura de importaciones y la falta de competitividad en los bienes transables en el mercado interno y externo. Fue el punto principal del encuentro que Martín Rapallini, el presidente de la UIA, mantuvo hace dos viernes con Luis Caputo, “Toto”, en el Ministerio de Economía. Fuentes cercanas a Rapallini aseguran que el ministro reconoció la preocupación y habló de la posibilidad de explorar algún programa que alivie la situación.

Es que, más allá del discurso público, en oficinas del Gobierno son conscientes de que la “reconversión industrial” que pregona Milei lleva aparejados efectos negativos sobre el empleo. La transición de un modelo a otro. Incluso el FMI pidió la semana pasada “mitigar los costos” de la transición.

Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en base a información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre del 2023 y el mismo mes del 2025 la cantidad de empleadores se redujo en 21.938 casos. Es decir, 30 empresas menos por día. Del informe mensual de febrero de la UIA bonaerense (UIPBA), con datos de octubre pasado, se desprende que el empleo cayó en términos intermensuales, con un descenso de 8.075 puestos de trabajo, la caída más pronunciada desde abril del 2024. Se registró, sin embargo, un leve repunte de la actividad en diversos sectores.

El dilema del Gobierno es hasta qué punto el programa antiinflacionario, que hasta ahora fue evidentemente exitoso, y la mutación de un modelo de protección de la industria a uno liberal apoyado en dos pilares centrales como la defensa del superávit fiscal como condición de estabilidad macroeconómica, y de apertura y desregulación, se sostiene en un sendero triunfalista, mientras empiezan a aparecer señales de alerta en la actividad y, en particular, en el empleo. Un reciente estudio de la consultora Casa Tres, de Mora Jozami, da cuenta que la preocupación por el “desempleo” escaló al tercer lugar en enero, con el 11%. Dos eneros atrás, esa inquietud se ubicaba en el séptimo puesto, con el 5%.

Hay sectores de la economía que enfocan esa preocupación en la política de expansión comercial de China, en disputa geopolítica con Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, acaba de recibir un fallo determinante por parte de la Corte norteamericana en uno de sus principales instrumentos de política económica: la imposición de aranceles a las importaciones a ese país. El presidente republicano redobló la apuesta, anunció que instrumentaría más aranceles, incluso a aquellos socios, como la Argentina, que acordaron tratados de libre comercio con la excusa de una mayor apertura de mercados para los productos argentinos en ese país. En las últimas horas, el Gobierno dejó trascender que enviaría de todos modos al Parlamento los aspectos técnicos del acuerdo, aunque aclararon que apareció una señal de alerta respecto a la sostenibilidad del mismo.

La decisión de la Corte estadounidense agrega mayor incertidumbre a la disputa comercial entre la principal potencia mundial y China, y las consecuencias respecto al comercio internacional. Hace dos lunes, en Mar del Plata, en la casa de un empresario local en la que se reunieron para la cena hombres de negocios de la ciudad y dirigentes políticos, el embajador chino aseguró que es necesario que Estados Unidos entienda a su país, y que ellos creen en el “comercio”. Puertas adentro de LLA empezaron incluso a mirar con otros ojos a la potencia asiática: “Tuvimos que frenar a los diputados que volvieron de China en la visita que hicieron en el verano, volvieron maravillados”, reconoció una fuente libertaria. Hasta Sturzenegger viajó a ese país de vacaciones. Según el último dato del INDEC de la balanza comercial, la Argentina importó USD1.436 millones de China, y exportó a ese país USD414 millones.

Ese contexto presenta mayores inquietudes para el sistema político e industrial en el corazón de la provincia de Buenos Aires, el territorio que gobierna Axel Kicillof. Para la industria, el desafío es aún más cuesta arriba en ese distrito porque un número considerable de intendentes definieron aplicar mayores tributos. Cuando los hombres de la industria presentan esa queja a los jefes comunales, estos se excusan en que el gobernador no les baja plata; cuando el planteo se realiza en la gobernación, la respuesta es que la Casa Rosada es la que cortó el giro de fondos. Esa cadena poco virtuosa colaboró en los últimos tiempos a una mayor asfixia a la industria. De hecho, hay una empresa del rubro de las bebidas que prevé frenar próximamente la producción.

“Puede ser que este año el problema sea el empleo”, admitió un industrial. También reconoció que la presión impositiva impuesta por los intendentes es una espada sobre la cabeza, y que algunos aspectos de la reforma laboral, como la derogación de la ultraactividad, pueden traer beneficios. En particular, en el “control” de las fábricas: en especial, frente a aquellas organizaciones sindicales de la izquierda más extrema.

Para Kicillof, la situación social se le presenta como una situación incómoda, que se suma a la puja política que mantiene abierta con el kirchnerismo, y que se palpa con mayor precisión en el Senado bonaerense, en el que Verónica Magario, aliada del gobernador, se mantiene en alerta.

Esa guerra abierta dejó heridas sin cicatrizar en el peronismo bonaerense, crisis de liderazgos y una afrenta a la conducción de Cristina Kirchner, a la que se sumaron gobernadores del interior del país. La crisis del peronismo K quedó expuesta en la sesión de Diputados de este jueves, y en la impotencia del bloque de UxP. “Esta reforma laboral la tendríamos que haber impulsado antes nosotros”, le admitió un importante legislador K a un hombre de la industria durante las conversaciones de los meses previos a la discusión del proyecto. Según fuentes del PJ, Sergio Massa tenía en carpeta una propuesta alusiva si llegaba a la Presidencia.

“Basta de tibios”. Florencia Carignano, la diputada de La Cámpora que fue filmada por colegas de LLA mientras desconectaba el micrófono y el dispositivo de audio de los taquígrafos en la sesión del jueves, recibió cientos de mensajes de apoyo de militantes, colegas y desconocidos: “Basta de tibios”, “estamos hartos”, “tendrías que haber apagado todo”, fueron algunos de los comentarios que recibió en sus redes sociales. Desde el bloque incluso confirmaron que algunos diputados del oficialismo, que como bancada pidió impulsar una denuncia penal y la suspensión preventiva de la ex directora de Migraciones, le enviaron señales solidarias en privado a la legisladora.

Es muy difícil que LLA consiga el número para avanzar con una eventual suspensión de Carignano, pero las postales de la sesión de este jueves evidencia que la política entró en su fase más extrema y que las buenas formas -algo de lo que no se suele jactar el Presidente- empiezan a escasear en el sistema político. “Los quiero gritándome, puteando, nada de algo pacífico”, había dicho Martín Menem en marzo del año pasado, mientras se discutía en el recinto de Diputados el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Meses después hubo desde trompadas hasta agua revoleada entre algunas diputadas vinculadas con LLA.

“Era un contexto de violencia, no nos querían dejar hablar”, se justificaron en estas horas desde el bloque de Unión por la Patria tras la sesión de la Cámara baja, que blanqueó el nuevo reparto de poder del Congreso y la incapacidad del kirchnerismo de oponerse a un espacio, como el oficialista, que tiene previsto capitalizar, junto a sus aliados, el resultado de octubre pasado.

En línea con un movimiento global, enfrascados en una intensa batalla cultural que dicen promover contra “el progresismo”, Milei y sus dirigentes inauguraron cuando LLA llegó al poder una nueva forma de hacer política basada en una agresiva campaña de comunicación permanente en la que vale todo. Sectores del kirchnerismo parecen haber entrado en ese juego o, al menos, es una estrategia en revisión. ¿Una nueva demanda social?

“Milei puede irse, pero las formas de la política cambiaron, no hay más buenos modales. Los nuestros piden más acción, ¿cuánto representa eso? No lo sabemos”, planteó un dirigente cercano a Cristina Kirchner, que cumplió 73 años el jueves en el que se sancionó en Diputados la reforma laboral. Ese mismo dirigente agregó, fastidiado: “Al menos hicimos más nosotros que la CGT por esta ley”.

Los libertarios festejaron en la madrugada del viernes la aprobación de la reforma laboral en Diputados y no perdieron el tiempo: antes del mediodía ya habían conseguido el dictamen para darle sanción definitiva en el Senado con apenas un cambio la semana que viene.

El oficialismo viene de cosechar resonantes victorias en las sesiones extraordinarias del Congreso y busca mantener la buena racha: antes de que la oposición pueda salir de su desconcierto planean sancionar el proyecto de modernización laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil, ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, avanzar con una propuesta para el financiamiento para las universidades, modificar la ley de Glaciares y validar legislativamente el acuerdo comercial con Estados Unidos.

La nueva configuración de la mesa política libertaria mejoró notablemente la performance del oficialismo en el Congreso. Patricia Bullrich al mando de las negociaciones en el Senado le aportó al Gobierno más flexibilidad a la hora de negociar los proyectos. Por ejemplo, no dudó en eliminar el capítulo de Ganancias para que los gobernadores apoyen la reforma laboral en la Cámara alta y tampoco tuvo pruritos para retirar el artículo sobre las licencias médicas por accidentes y enfermedades.

En tándem, el ministro del Interior Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem consolidaron un canal de diálogo con los gobernadores -aceitado con Aportes del Tesoro Nacional y transferencias de obras- que le permitió al oficialismo ampliar su base de aliados. Las provincias jugaron un rol clave para asegurar el quórum de la reforma laboral, incluso las que después votaron en contra del proyecto, como Catamarca, y colaboraron para bajar la edad de imputabilidad a 14 años y ratificar el acuerdo Mercosur-UE.

El “principio de revelación” le abrió paso a la “rosca” tradicional y los resultados fueron rotundos. Un antes y un después si se compara con el escenario legislativo hostil que enfrentó el Gobierno en la segunda mitad del año pasado, cuando se vio obligado a recurrir tres veces al veto presidencial para luego perder ante las insistencias del Congreso.

Ahora los libertarios se encaminan a cumplir dos de sus objetivos inmediatos: ser el primer país del Mercosur en ratificar legislativamente el acuerdo con la UE y aprobar la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad antes de que termine febrero, lo que permitirá que el presidente Javier Milei incluya estos logros en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias el 1 de marzo.

Sin embargo, el oficialismo no planea dormirse en los laureles y apuesta a aprovechar al máximo la falta de respuesta opositora. La semana que viene comenzará en el Senado otro debate que traerá polémica: la reforma de la Ley de Glaciares.

Este proyecto fue prenda de negociación con las provincias como San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy y Salta, que venían reclamando por esa iniciativa para potenciar los emprendimientos mineros, especialmente las exportaciones de cobre.

La ley actual define a los glaciares como bienes de carácter público y extiende la protección al ambiente periglacial, es decir, a las áreas de suelos congelados que regulan los recursos hídricos. Dado que prohíbe expresamente actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares, como la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de infraestructura ajena a la investigación científica, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y la instalación de industrias, muchas provincias plantean que interfiere con la explotación de sus recursos naturales.

Según el Gobierno, el nuevo proyecto ordenará el marco normativo, eliminará interpretaciones arbitrarias y fortalecerá el federalismo ambiental, permitiendo que las provincias asuman mayor protagonismo en la gestión de sus recursos.

Es decir, cuando un glaciar o ambiente periglacial esté incluido en el Inventario Nacional de Glaciares, se presumirá que forma parte del objeto protegido por la Ley de Glaciares, pero si una provincia determina que no cumple con funciones hídricas, dejará de estar protegido por la norma y se eliminará del Inventario, lo que habilitará la explotación productiva en el lugar.

Por otro lado, la Casa Rosada ya envió y espera aprobar en las primeras semanas de marzo un nueva ley de financiamiento universitario, que apunta a reformular la ley 27.795. Ese proyecto fue vetado por Milei pero luego la oposición consiguió insistir con su sanción en el Congreso. Sin embargo, nunca se aplicó completamente porque desde la Casa Rosada argumentaron que no estaba contemplado de dónde saldrían esas partidas presupuestarias.

“Lo de ahora es un punto medio entre lo que reclamaban los rectores y lo que quería el Gobierno, es algo mucho más lógico”, dijo a Infobae un integrante de la mesa política.

En concreto, el proyecto propone actualizar los gastos de funcionamiento según la inflación observada (IPC-INDEC) por encima del 14,3%, que es “el valor promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2026”. Es decir, si la inflación efectiva supera ese 14,3%, el crédito para las actividades 14 (Funcionamiento), 15 (Hospitales Universitarios) y 16 (Ciencia y Técnica en Universidades) del Programa 26 se ajustará para preservar el incremento real.

Respecto a las remuneraciones, el artículo 5° fija una recomposición 2025 paga en 2026 para docentes y no docentes, con tres incrementos del 4,1% cada uno (marzo, julio y septiembre), calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025—en total, 12,3%—y ordena al Ejecutivo convocar paritarias obligatorias al mes de sancionada la ley, con periodicidad no mayor a tres meses. “Dicha convocatoria deberá ser abarcativa del personal docente y no docente”, expresa la norma.

Finalmente, el Gobierno trabaja contrarreloj para enviar a Diputados el acuerdo comercial con Estados Unidos, lo cual conlleva dificultades extra porque se deberán modificar varias leyes para poder cumplir con lo pactado.

En las filas libertarias confían en que los gobernadores volverán a garantizar la ratificación del acuerdo porque, al igual que con el tratado Mercosur-UE, tendrán como prioridad abrir nuevos mercados para sus economías regionales y atraer inversiones para desarrollar proyectos productivos que generen empleo. De hecho, el acuerdo con la UE obtuvo el respaldo de cerca de la mitad del bloque Unión por la Patria, donde primaron los intereses provinciales.

En la apertura de sesiones del 1 de marzo, el presidente Milei podrá exhibir resultados concretos en al menos dos temas históricamente postergados, como la modernización laboral y la baja de la edad de imputabilidad. Ambas cuestiones fueron parte de la agenda de distintos partidos durante décadas, pero fueron los libertarios los que consiguieron destrabar los acuerdos necesarios para convertirlas en ley.