En la antesala de una sesión clave en el Senado, el senador de Fuerza Patria, Mariano Recalde, criticó en duros términos el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Según subrayó durante una entrevista en Infobae en vivo, la iniciativa “le baja los derechos a los trabajadores” y no genera condiciones para la creación de empleo. El debate legislativo, previsto para este miércoles, enfrenta a oficialismo y oposición en torno a más de doscientos artículos que buscan modificar de forma integral el régimen laboral argentino.

El senador opositor argumentó que el proyecto representa un retroceso en materia de derechos laborales. Insistió en que “no hay un solo artículo que mejore la vida de quienes trabajan”, y enumeró una serie de puntos que, a su entender, perjudican tanto a empleados como a pequeñas y medianas empresas: “Todo lo que está, se está achicando. No es la jornada de trabajo de ocho horas. Desde 1929 que se consiguieron las ocho horas de trabajo y esta ley la tira por la borda. Una conquista centenaria de los trabajadores”.

La reforma, que será discutida artículo por artículo, introduce cambios en licencias, indemnizaciones, contribuciones patronales y el régimen de pago de haberes, entre otras áreas. Recalde expuso que “no se amplía la licencia por paternidad, no se mejoran ni las licencias ni las vacaciones” y advirtió sobre la reducción de la licencia por enfermedad, así como la reducción en el pago durante ese período.

“Un trabajador se enferma y va a cobrar el cincuenta por ciento de su salario básico”, señaló, al tiempo que cuestionó la eliminación de la gratuidad y del límite de extracción en las cuentas sueldo.

El dirigente peronista también reprobó la orientación económica de la reforma, que a su juicio prioriza incentivos a la especulación financiera y la desregulación por sobre la industria nacional. Repasó que durante los gobiernos kirchneristas, según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y ARCA, “se inscribieron doscientas treinta y tres mil empresas”, incluso cuando regían dobles indemnizaciones y licencias extendidas: “Los derechos laborales no fueron un impedimento para que lleguen las inversiones, para que se abran empresas, para que las empresas abran sucursales”.

En el mismo sentido, el legislador recordó que experiencias previas de flexibilización laboral en la Argentina no generaron el efecto esperado. “Con De la Rúa dijeron que iban a crear empleo. Terminamos con el pico de desempleo más alto de la historia argentina. Con Menem, flexibilización laboral dos veces, en el 90, en el 94. Terminamos con 18% de desempleo”, subrayó. Citó incluso estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, según mencionó, muestran que “nunca se creó empleo bajando derechos”.

Recalde puso el foco también en el impacto de la reforma en el sistema de indemnizaciones y en la tercerización laboral. Afirmó que el nuevo esquema “favorece la interposición fraudulenta de personas insolventes para no cumplir con las obligaciones” y elimina normas antifraude que, en su visión, protegían a los trabajadores: “El que cumple con la ley no tiene juicios. El que las hace, las paga. Y con este gobierno, el que las hace, las paga es menos en materia laboral, porque eliminaron las sanciones por trabajo negro”.

En cuanto a la situación de las pequeñas y medianas empresas, Recalde diferenció entre quienes cumplen con la legislación y aquellos que evaden sus obligaciones. “Todas las empresas que despiden sin causa tienen que pagar una indemnización. Y si no es solvente, es un problema para el trabajador”, explicó, y señaló que la reforma “favorece la tercerización y la evasión”.

El debate parlamentario se da en un contexto de acuerdo entre oficialismo y sectores dialoguistas del Senado que, según informó Infobae, consensuaron modificaciones importantes al dictamen original. Entre los cambios, se destaca la eliminación de una baja en Ganancias para grandes empresas, la reducción menor de contribuciones patronales y ajustes en el fondo de indemnizaciones. Pese a estas correcciones, Recalde reiteró que “no hay una sola que le dé un beneficio al trabajador”.

Por último, el senador de Fuerza Patria rechazó la eliminación de sanciones para empleadores con trabajadores no registrados y cuestionó la amnistía implementada con la ley Bases, que, según relató, no tuvo impacto positivo en la generación de empleo.

Respaldándose en cifras oficiales, concluyó: “Hace un año y medio hicieron una amnistía, una moratoria, un perdón a todos los que tenían trabajo negro con la ley Bases, con la promesa de que con esa modificación, con la eliminación de las multas, que incrementaban las indemnizaciones, a partir de ahí los empresarios no iban a tener miedo de contratar y ahí se iba a generar empleo. El tema es que pasó en un año y medio, cerraron 21.900 empresas”.

La CGT reaccionó en silencio ante los cambios en la reforma laboral anunciados por Patricia Bullrich. No hubo elogios, obviamente, pero tampoco críticas a ese combo de modificaciones que deja a salvo (pero no tanto) las arcas sindicales a través del mantenimiento limitado de las cuotas solidarias y la eliminación de la rebaja a las contribuciones patronales para las obras sociales.

“Los cambios no nos conforman y seguimos negociando”, admitió un jefe cegetista a Infobae pocas horas antes de una suerte de “supermiércoles” en el que todo indica que se aprobaría la reforma laboral en el Senado y que la zona del Congreso será un termómetro del malestar sindical por el proyecto de Javier Milei.

¿Lo que anunció Bullrich fue fruto de acuerdos con la CGT o un gesto unilateral del Gobierno hacia el poder sindical? El hermetismo de los gremialistas es muy sugestivo. El oficialismo hizo concesiones ante algunos reclamos cegetistas, sobre todo al mantener intactos los fondos para las obras sociales y sostener las cuotas solidarias, aunque seguirán igual que ahora hasta 2028 (luego dejarán de ser obligatorias y no podrán cobrarse sin el consentimiento de los trabajadores) y el descuento no podrá superar el tope del 2% de los salarios.

Otro alivio para la CGT es la eliminación del artículo que quitaba la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de las cuotas de afiliación sindical. El nuevo texto, de todas formas, no contempla lo que prevé la ley actual: la recaudación también de “otros aportes”, que abarca a las cuotas solidarias.

Pese a sus reclamos, la CGT no logró quitar del proyecto ni suavizar la estricta reglamentación del derecho de huelga, la obligación de pedir autorización para realizar asambleas sindicales en los lugares de trabajo ni el tope de 10 horas mensuales pagas a los delegados para realizar actividades gremiales, entre otros puntos.

Los planteos de la CGT, además, tampoco se reflejaron en los anuncios de Bullrich sobre la ultraactividad de los convenios (se buscaba que no se cayeran al vencimiento, sino que existiera un período para renegociarlos) y la prelación de los convenios por empresa (aspiraba a que que esos acuerdos no rompieran el piso convencional establecido por los sindicatos con personería).

Toda la civilizada oposición que mostraron los líderes cegetistas ante el avance de la reforma laboral contrastó con la violencia verbal de algunos dirigentes ultraopositores como Rodolfo Aguiar, líder de ATE (“los gobernadores que avalen esta reforma estarán firmando su propia sentencia de muerte”) y Daniel Yofra, titular de Aceiteros (“vamos a prender fuego el país a través de una huelga por tiempo indeterminado”).

Las repudiables amenazas de ambos dirigentes le darán un contexto inquietante a la movilización de esta tarde ante el Congreso, convocada por la CGT para descomprimir el malestar interno, pero que mostrará en la calle un abanico de posturas radicalizadas que hacen temer una postal semejante a la que soportó Mauricio Macri en 2017 con el debate legislativo sobre la reforma previsional.

¿Funcionará a pleno el aparato sindical para llenar la calle de manifestantes? La anterior concentración contra la reforma laboral, que se hizo el 18 de diciembre en la Plaza de Mayo, mostró una convocatoria poco contundente. Ahora, el clima adverso contra el proyecto oficial es mucho mayor en las filas sindicales, aunque también creció en la CGT el temor a hechos de violencia y a los reclamos de un “paro general ya” de los sectores duros que incomodaría a los dialoguistas de la central obrera que hablan (y seguirán hablando) con el Gobierno.

La actitud de la CGT ante la administración Milei causa debates internos sugestivos. En la última reunión del Consejo Directivo, un líder dialoguista propuso una movilización contra la reforma laboral y descartó un paro general: “El último que hicimos, en mayo, no fue tan bueno”. Y despotricó contra algunos colegas que “hacen un acting de combativos, se graban proponiendo paros de 24 o 48 horas y después no hacen las huelgas”.

El dilema de la CGT es qué hacer para frenar o suavizar el proyecto oficial mientras la crisis profunda que atraviesa el sindicalismo no ponga en evidencia su pérdida de poder sin precedentes. Aun está abierta la herida en el orgullo sindical que dejaron algunos gobernadores que no les contestaron los llamados a los líderes cegetistas para hablar sobre la reforma laboral o cancelaron sus audiencias con ellos, como sucedió hace una semana y los obligó a cancelar una gira por el interior.

Algunos gestos del sindicalismo dejan al desnudo la impotencia por no haber podido sumar apoyos políticos suficientes a su rechazo a la reforma laboral del Gobierno. Por eso los dichos de Aguiar y Yofra o los paros que los sindicatos aeronáuticos harán este miércoles, de 15 a 18, que provocarán demoras en Aeroparque y Ezeiza, y los metrodelegados concretarán en los subtes de 21 a 23.30: ¿perjudicar a los pasajeros influirá en la votación de la reforma laboral en el Senado?

Es la herramienta que tienen los sindicatos para expresar su protesta y, a la vez, la mejor publicidad favorable que podrían hacerle a la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales que promueve el Gobierno.

Cambios en la reforma laboral que no alcanzan, una movilización callejera llena de riesgos y dirigentes que generan un clima violento o castigan a la gente común son algunas de las piezas de este rompecabezas del sindicalismo que parece imposible de armarse.

Mauricio Macri comenzó, lentamente, a pensar en el 2027, y un encuentro en Puerto Madryn, a principios de marzo, será el puntapié inicial de una recorrida federal para reactivar a la dirigencia del PRO, cortar la sangría de dirigencia hacia otros espacios políticos y cambiar la narrativa en torno al partido amarillo -y su liderazgo-, de cara al 2027.

Desde el entorno del ex presidente, y ante la consulta de Infobae, aseguran que no se trata de una agenda proselitista en modo de candidato, sino fortalecer la estructura interna partidaria, recuperar volumen territorial y reunirse con gobernadores e intendentes aliados, “para conformar una propuesta innovadora” para el próximo turno electoral.

Todo este proceso se da en medio de cuestionamientos de varios dirigentes, tanto en privado como en público, por el estilo “ambiguo” de Macri para conducir al PRO, sobre todo en cuanto a la relación con los hermanos Milei y La Libertad Avanza. El ex senador Federico Pinedo fue explícito durante un reportaje con este medio publicado a mediados de enero: “El PRO necesita lo que necesita cualquier proyecto político, objetivos claros y un liderazgo que convoque”.

La recorrida de Macri por el país es, por el momento, una declaración de intención. Más allá de confirmar su participación en la edición 2026 del Foro PescAR, el encuentro nacional de la industria pesquera que se llevará a cabo el próximo 5 de marzo en Puerto Madryn, organizado por la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), no hay aún otros eventos confirmados.

En este marco, no pocos dirigentes amarillos esperan una convocatoria a la próxima reunión del consejo partidario, clave para definir una hoja de ruta institucional de cara a lo que viene. Este encuentro se debería realizar en las próximas semanas.

Mientras tanto, la atención esta semana gira en torno al Congreso. En diputados, este martes hubo una reunión de bloque convocada por Cristian Ritondo, para definir criterios de cara a la sesión del próximo jueves, donde se discutirá el nuevo proyecto de Reforma Penal Juvenil, con una serie de cambios pactados con la oposición dialoguista. La iniciativa contempla que la edad mínima de imputabilidad sea desde los 14 años, que se detallen las partidas presupuestarias que harán efectivas el tratamiento de la ley y que se baje la pena máxima para menores de veinte a quince años.

El bloque amarillo empujó estos cambios. “¿Por qué 14 y no 13 como propuso el Gobierno? Fundamentalmente por una cuestión de prudencia científica y de realidad operativa. Por un lado, no hay consenso médico ni psicológico sobre si un chico de 12 o 13 años comprende plenamente la criminalidad de sus actos. Tanto la Convención de Naciones Unidas, en su observación general número 24 relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, y estudios en neurociencias advierten que a esa edad el pensamiento abstracto aún está en desarrollo. Ante la duda, más allá de lo que uno crea, es decir, sin que implique tomar partido, lo más prudente parece ser esperar a que se consolide un criterio científico”, planteó un importante diputado del PRO.

Y amplió: “Por otro lado, somos conscientes que hoy el Estado tiene enormes dificultades para alojar y tratar a los menores que ya están en el sistema. Sabemos que bajar la edad implica un esfuerzo grande en términos de infraestructura y bajar la edad a 13 años duplicaría la población de internos de un día para el otro. La propia Corte Suprema ya alertó al Poder Ejecutivo sobre la falta de infraestructura. Sin lugares adecuados, la ley nacería muerta”.

“¿Por qué 14 y no 15 (o mantener los 16)? Hay que tener un criterio de realidad. Mantener el límite en 16 años nos deja casi aislados (solo Cuba tiene ese régimen en la región) y pensar en los 15 años, como sucede en los países nórdicos (Finlandia, Noruega), ignora nuestra realidad. Argentina debe alinearse con el estándar de democracias occidentales comparables y de la región: Alemania, España, Italia, Chile, Uruguay y Colombia, entre otros, fijan la imputabilidad en los 14 años. Es el punto de equilibrio más razonable”, completó.

Por otro lado, el miércoles será el turno del Senado, donde se discutirá la Reforma Laboral que impulsa el oficialismo. Ayer, martes, se reunió la mesa política del Gobierno en Casa Rosada para definir los puntos más controvertidos. Hay más de 20 artículos en revisión y concesiones a la CGT.

También hubo señales al gobierno porteño en la previa de la discusión legislativa: suscribió un acuerdo para trasferir las competencias sobre la Justicia Laboral a CABA. El convenio, que deberá ser aprobado por el Congreso (ya ingresó al Senado) y la Legislatura porteña, establece un régimen progresivo para que los nuevos tribunales laborales de la Ciudad comiencen a funcionar y asuman competencias sobre las causas iniciadas después de la entrada en vigencia del acuerdo. Las causas previas, en cambio, seguirán bajo la órbita de la Justicia Nacional hasta agotar la doble instancia.

Según el texto del convenio, CABA recibirá todas las competencias relativas a conflictos individuales de trabajo, pero quedarán excluidos del traspaso y seguirán bajo jurisdicción federal:

• Los conflictos colectivos y la negociación colectiva.
• Los temas de asociaciones sindicales y personería gremial.
• Las competencias del Pacto Federal del Trabajo que no hayan sido delegadas.
• Las causas laborales donde sea parte el Estado Nacional.
• Los recursos contra decisiones administrativas dictadas por autoridades nacionales.

De esta manera, el fuero federal mantendrá atribuciones clave en materia sindical y de relaciones laborales colectivas.

En tanto, el acuerdo prevé una transición ordenada y las causas iniciadas antes del día de entrada en vigencia seguirán en la Justicia Nacional del Trabajo. A su vez, la ejecución de las sentencias se trasladará al nuevo fuero porteño y las causas nuevas irán al Fuero del Trabajo porteño, y las comprendidas en materias excluidas, al fuero contencioso administrativo federal.

Además, una vez aprobado el acuerdo, se dispondrá el cierre inmediato de los juzgados laborales nacionales vacantes y de la Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo, según el listado del Anexo I. El cierre total del fuero laboral nacional se realizará de manera progresiva.