Fue una excepción total que Karina Milei, fiel ladera de Javier Milei en la arena internacional, no acompañara al Presidente en su visita a Estados Unidos para disertar en el Instituto Milken, ayer. Y si bien en el Gobierno aseguran que nunca estuvo confirmada su presencia en el breve paso presidencial por Los Ángeles, admiten que hay una redefinición de prioridades por parte de la Secretaria General, en el contexto de caos y desconfianza interna por las novedades que se destapan prácticamente a diario sobre el patrimonio de Manuel Adorni.

En Balcarce 50 señalan que la Secretaria General no figuró nunca en el itinerario oficial del viaje que realizó el jefe de Estado rumbo al foro del importante think tank que reúne a los líderes mundiales de la economía y las finanzas. Pero otros reconocen un reacomodamiento en sus planes y su rol en uno de los momentos políticos más complicados para el oficialismo, cuando a pesar de que los Milei sostienen a Adorni, cada vez más altos funcionarios o dirigentes libertarios piden por lo bajo -o en voz alta pero de manera solapada, como Patricia Bullrich- que el jefe de Gabinete renuncie.

“Es lógico que ella trabaje en cuestiones locales y el Presidente en las tareas representativas”, deslizaron ante Infobae en el cauteloso entorno de la funcionaria.

Mientras Milei se codeaba ayer con la elite de las finanzas, las inversiones, la tecnología y la minería internacional junto con el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, Karina Milei se dedicaba a apuntalar la rosca política local y, siempre con reserva, capear la crisis en torno a su jefe de Gabinete.

Después de asistir al Congreso, anteayer (otro hecho inusual), “el Jefe” recibió ayer al salteño Gustavo Sáenz en la Casa Rosada. Y esta mañana viajará a San Juan para participar de la exposición de minería que se realiza desde hoy, de la que participarán varios gobernadores, entre ellas el anfitrión, Marcelo Orrego.

En su entorno aseguran que su ausencia en el viaje internacional de su hermano se debió al especial interés de Karina Milei por participar en la Expo San Juan Minera. “El sector está sumamente agradecido y valora mucho lo que ha hecho el Gobierno por él, en parte por decisión de Karina”, dijeron en la Casa Rosada luego de que Karina Milei priorizara asistir al interior en lugar de ir a Estados Unidos.

Más allá de las devoluciones de gentilezas con el empresariado minero, en la provincia cuyana Karina Milei coincidirá con un grupo de 10 gobernadores, en quienes el Gobierno pretende apoyarse para sacar los proyectos legislativos más acuciantes para el oficialismo.

Karina Milei se ubica así como interlocutora con los mandatarios del interior en momentos en que el Presidente necesita los votos para aprobar la reforma electoral, sobre todo, el capítulo que más le interesa a la Casa Rosada, la derogación de las PASO. Una ambición que se le presenta difícil luego del rechazo que manifestaron esta semana sus aliados de PRO. Además, tiene en agenda los beneficios a las zonas frías, la ley de Hojarasca y patentes.

En el evento sanjuanino estarán los referentes de la Mesa del Cobre que, además, resultan ser aliados del Gobierno: junto a los mencionaods Sáenz y Orrego, Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy). Y se sumarán dos caciques en calidad de “invitados” -porque lideran provincias que reciben de manera lateral beneficios de la extracción minera-: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y, posiblemente, Claudio Poggi (San Luis).

Después de que Patricia Bullrich pidiera explicaciones con documentación de manera “inmediata”, Milei ratificó a Adorni, anoche. Pero eso no evitó que siguieran las especulaciones en el Gobierno sobre la compañía que tendrá en su visita a San Juan Karina Milei. La secundarán, entre otros funcionarios, dos de las figuras que aparecen en la lista de posibles reemplazos para el jefe de Gabinete: el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

El primero estatuyó a viva voz, ayer, que no está en sus planes cambiar de rol. El segundo, que tenía previsto asistir a Expo San Juan desde hace tiempo, les dice a los íntimos que no quiere saber nada. En el mundillo libertario le creen: “Se quema si va como jefe de Gabinete, es una figura decorativa desde que la verdadera jefa de Gabinete es Karina. Él quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires”, dijo un importante alfil violeta.

Adorni no será de la partida, dijeron en su entorno, porque tiene otros compromisos, entre ellos como una cita con el presidente de Aerolíneas Argentinas. De la misma forma, por ahora no está previsto que Karina acompañe al ministro coordinador a la recorrida que tiene planeada en la planta de Mercedes Benz, el viernes por la mañana. Aunque, aseguran en la Casa Rosada, sí estará en la reunión de Gabinete que encabezará Adorni el mismo día, a las 14. A la que, se ocuparon de transmitir desde la Presidencia, también se sumaría Milei.

En el marco del proceso de ajuste dentro de la planta del Estado nacional, el Gobierno activó un nuevo plan de retiro voluntario en otro organismo de la estructura adminsitrativa. Anteriormente, el Ejecutivo puso en marcha un proceso similar para los trabajadores de la ANSES.

Esta madrugada, el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aprobó por resolución el Sistema de Retiro Voluntario para el personal durante el ejercicio 2026.

Según publicó el Boletín Oficial de la República Argentina, la medida comenzó a regir el pasado 4 de mayo y se extenderá hasta el 31 de este mes. De igual forma, aclararon que podría prorrogarse de manera única por 15 días más, si así lo solicita el propio consejo.

Este regimen responde a la definición establecida en el artículo 38 inciso h) del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional (homologado por el Decreto Nº 214/06) que reconoce el retiro voluntario como causal explícita de terminación del vínculo de empleo para el personal comprendido en la Ley Nº 25.164. En la propuesta aprobada, solo podrán optar quienes pertenezcan a la planta permanente, según detalla la resolución firmada por Nicolás Bronzovich el 7 de mayo de 2026 en el Boletín Oficial.

El cálculo económico que sustenta la iniciativa contempla los haberes liquidados a enero de 2026 y la antigüedad reconocida hasta el 31 de marzo de ese año. Es decir que, el monto indemnizatorio se determinará en función de la antigüedad y salario actualizado. “El incremento salarial acumulado considerado para el cálculo de las compensaciones asciende a 10,30% sobre la base de referencia de enero de 2026“, explicaron. El dato corresponde a la última estimación informada por la Gerencia de Liquidación de Haberes, Asistencia y Mejora a la Administración del INTA.

En línea con lo dispuesto, la Dirección General de Administración será la encargada de emitir actos resolutivos sobre las solicitudes presentadas por quienes deseen adherirse al sistema, en cumplimiento de la normativa que rige el régimen y de los procedimientos internos del organismo.

En el dictamen, además de la Dirección General de Administración, colaboraron la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Subsecretaría de Presupuesto, la Secretaría de Hacienda, la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público y la Oficina Nacional de Empleo Público, ambas dependientes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Ninguno de estos organismos formuló objeciones al plan, según la documentación oficial reseñada en los considerandos publicados el 7 de mayo en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Quiénes quedan excluidos

El régimen excluye a siete categorías de agentes. Quedan fuera quienes hayan cumplido 65 años antes del 31 de mayo de 2026; quienes revistan condición de procesados o condenados por delitos contra la Administración Pública; y quienes hayan iniciado reclamos administrativos o acciones judiciales contra el Estado nacional por motivos laborales, con excepción de las causas regidas por la Ley N° 24.557 de riesgos del trabajo.

También están excluidos los agentes convocados como imputados o sumariados en procedimientos disciplinarios por faltas graves que pudieran derivar en cesantía o exoneración, así como quienes estén sujetos a determinación de responsabilidad patrimonial. Completan la lista quienes hayan iniciado trámites jubilatorios o equivalentes, y quienes hubieran presentado renuncia con anterioridad.

Cálculo de la gratificación y topes según la edad del agente

El régimen de retiro voluntario del INTA otorga a quienes accedan una gratificación única extraordinaria de egreso calculada a razón de 1,5 veces la remuneración bruta mensual por cada año de servicio —o fracción superior a tres meses— computado al 31 de mayo de 2026. Solo se contabilizan los años prestados como personal de planta permanente de la Administración Pública Nacional conforme al artículo 8° de la Ley N° 25.164; quedan excluidos los períodos como becario, personal transitorio, contratado o no permanente, así como los servicios ya indemnizados por retiros voluntarios anteriores.

El monto varía según la edad del agente. Hasta los 60 años se aplica la fórmula base sin restricción. Entre los 61 y los 63 años rige un tope de 24 haberes brutos; a partir de los 64, ese tope se reduce a 12 haberes brutos.

La base de cálculo comprende únicamente los conceptos remunerativos mensuales, normales y permanentes percibidos a esa fecha. Quedan excluidos los conceptos no remunerativos, los viáticos, la movilidad fija, la ayuda escolar, los reintegros de guardería y el Sueldo Anual Complementario (SAC). Para los agentes en licencia extraordinaria sin goce de haberes, la base se determina sobre la última remuneración percibida antes del inicio de esa licencia, con las actualizaciones que correspondan al cargo. El pago se efectúa en una sola cuota dentro de los 30 días posteriores al cese.

Beneficios que se mantendrán tras la salida

La aprobación del retiro produce el cese de la relación de empleo público a partir del 15 de junio de 2026, en los términos del artículo 38 inciso h) del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. Hasta esa fecha, el agente debe continuar prestando servicios con normalidad.

Quienes accedan al retiro quedan inhabilitados para reincorporarse al Sector Público Nacional —bajo cualquier modalidad de empleo, contratación o designación— por un plazo de cinco años desde la fecha de baja. La prohibición alcanza cargos de autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional, funciones extraescalafonarias, asesorías de gabinete y contrataciones en programas financiados por organismos internacionales. El único supuesto exceptuado expresamente es el desempeño de cargos docentes en universidades nacionales.

El documento prevé dos beneficios que se extienden más allá del cese. Los hijos en edad preescolar que asistan a los servicios de guardería y jardín maternal del INTA —como el Área de Recreación y Cuidado Infantil (ACRI)— conservarán el acceso a esos establecimientos hasta el fin del ciclo lectivo 2026, aunque sin incluir reintegros de gastos posteriores a la fecha de baja. Además, los agentes quedan eximidos del deber de permanencia y de la obligación de devolver las sumas percibidas en el marco de los programas de perfeccionamiento y ayuda económica aprobados por las Resoluciones N° 743/12 y N° 251/19 del Consejo Directivo.

Hay un diagnóstico y una mirada similar entre los intendentes bonaerenses del peronismo y la cúpula de la Iglesia católica, que ayer se reunieron en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA): hay una preocupación creciente por la situación económica en los barrios del conurbano, por la falta de trabajo, por el aumento de pedidos de comida en los comedores y por el crecimiento del consumo de drogas en menores.

Los intendentes, que solicitaron la reunieron y tienen, en algunos casos, vínculos aceitados con la Iglesia, plantearon la delicada situación que están empezando a ver, sobre todo en los últimos tres meses, en los municipios más poblados del conurbano. Ante la escuha atenta de Monseñor Marcerlo Colombo, titular de la CEA, que estuvo acompañado por el Obispo de Quilmes, Carlos Tisera, plantearon que la red social que se tejió en los barrios entre intendentes y el gobierno bonaerense para soportar el peso de la crisis, se está dañando y tiene cada vez más limitaciones para contener las demandas de necesidades básicas.

En el encuentro estuvieron presentes los intendentes Mariel Fernandez (Moreno), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Andrés Watson (Florencio Varela), Ariel Sujarchuk (Escobar), Fernando Espinosa (La Matanza) y Pablo Descalzo (Ituzaingó). También formaron parte del encuentro el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis; el senador provincial Mariano Cascallares; el dirigente sindical de AEFIP Roberto Álvarez y Alberto Descalzo, histórico dirigente del peronismo bonaerense y ex intendente de Ituzaingó.

Cada jefe comunal describió la situación de su territorio y hubo coincidencia en remarcar que ven una “aceleración de la crisis” y que hay una “disgregación de la clase media debido a la pérdida de poder adquisitivo. ”Hay falta de laburo, falta de guita y un montón de gente con la tarjeta explotada, muy endeudada”, retrató a Infobae uno de los intendentes que más está padeciendo la situación en su territorio.

Una de las realidades que empiezan a ver con más frecuencia es la de la gente que tiene tres trabajos y, aún así, no logra llegar a fin de mes o pagar sus deudas. “Muchos se vuelcan a las aplicaciones o delivery, pero también hay una saturación de ese sector. Demasiada oferta para la demanda que existe”, planteó otro jefe comunal.

Hablaron de ciudadanos con “sueldos embargados” y jóvenes “vinculados al narcomenudeo y las adicciones”, como consecuencia directa del acceso al dinero fácil. La Iglesia hace tiempo que viene alertando sobre el crecimiento de la venta y consumo de drogras en los barrios más humildes del país. A esa compleja situación, se le suma la falta de recursos y el estado de crisis en el que están viviendo las instituciones dedicadas al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad.

El 1 de abril, en una carta enviada al ministro de Salud, Mario Lugones, la Conferencia Episcopal hicieron un planteo crítico de la situación de las instituciones: “Muchas de ellas se encuentran en una crisis económica de extrema gravedad, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales, lo que ha generado déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención, como la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios de quienes dedican su vida al cuidado de las personas con discapacidad”.

“Los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde finales de 2025, mientras las instituciones deben afrontar costos actualizados de funcionamiento y personal. Las consecuencias ya comienzan a hacerse sentir: endeudamiento creciente, riesgo de cierre de hogares, imposibilidad de incorporar nuevas personas y deterioro en la calidad de los servicios”, escribieron un mes atrás. La preocupación no solo sigue existiendo, sino que aumentó.

En el seno de la Iglesia hay una “preocupación muy grande” por la falta de trabajo, ya que para la institución el trabajo es “un ordenador”. “Cuando no tenes trabajo, te daña la relación con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, y te daña a vos, porque empieza a jugar fuerte en la vida mental de la gente”, reflexionó un sacerdote con peso específico en la cúpula eclesiástica.

La realidad que están viendo no es la que expone el Gobierno, respecto a que los desempleados se reicertan en otros sectores de la producción. “El que pierde el trabajo, no encuentra otro. Hay gente que no llega a fin de mes, que cambia a sus hijos de colegio, que perdió su obra social, que no puede acceder a la medicación. La situación es compleja”, retrató una alta fuente del catolicismo.

La Iglesia tiene un diálogo institucional con la Casa Rosada que se mantiene a través de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el canciller Pablo Quirno. Son canales formales, de buen trato, a los que les falta respuestas concretas ante los reclamos que han hecho los directivos de la CEA. El vinculo con el Gobierno es tirante e infructuoso, aunque los canales de comunicación estén abiertos.

Algunos intendentes peronistas expresaron su mirada de la reunión en las redes sociales. “Compartimos el duro diagnóstico sobre la situación que se vive en nuestros barrios y la necesidad de que todos los sectores unamos esfuerzos para llevar trabajo y comida a la casa de cada una de las familias argentinas”, expresó Ferraresi.

El ex intendente de San Martín y actual funcionario provincial, Gabriel Katopodis, fue un paso más allá. “Estamos viviendo un mega endeudamiento de las familias, violencia intrafamiliar, miedo a perder el trabajo y multiempleo. Necesitamos fortalecer una red para sostener a la gente en nuestros barrios, a la clase media que está al borde del colapso”, expresó.

El ministro de Kicillof aseguró también que “el Gobierno nacional está encerrado, desconectado y sin reacción” y que “no hay plan de salida”. “Lo que abandonan lo están sosteniendo las parroquias, las organizaciones y los municipios con un esfuerzo tremendo”, sostuvo.

La mirada de la Iglesia sobre la gestión del Gobierno en los barrios es realmente crítica. Aunque evite hacerlo en forma pública, el pensamiento subsiste en el corazón de la CEA. Creen que la Casa Rosada tiene una mirada de favorecer la ayuda individual, como el aumento en la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar, pero, al mismo tiempo, están desfinanciando el sistema comunitario de ayuda en los barrios. “Les aumentas las asignaciones pero les sacas las obras en los barrios o la capacidad de acceder a los medicamentos”, reflexionaron. La situación les preocupa mucho.