La Cámara Civil porteña declaró la inconstitucionalidad de la ley porteña que habilitaba al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) de Buenos Aires a revisar las decisiones del fuero nacional. Lo hizo al pronunciarse en una demanda que promovían dos mujeres en el marco de una causa por “usucapión” o prescripción adquisitiva, una de las formas de obtener la titularidad de una propiedad. Y si bien la resolución es sólo para ese caso en particular, sienta un precedente que podrían seguir otros fueros.
Se trata del primer fallo que sostiene la invalidez de la ley 6.452, que había sido aprobada a fines de septiembre por la Legislatura porteña. “Fluye con nitidez que, pese al status constitucional propio que adquirió la ciudad de Buenos Aires a partir de la reforma de 1994, la legislatura local con la reforma del artículo 26 de la ley 402 CABA, se ha extralimitado en sus funciones, por lo que nos encontramos ante un caso en que la inconstitucionalidad de la norma es palmaria y de una gravedad significativa y su declaración no vulnera el principio de congruencia”, afirmó el fallo.
“Si la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se da sus propias instituciones autónomas, organiza sus poderes, dicta sus leyes de procedimientos, y designa a sus jueces sin intervención alguna del gobierno federal pues, al hacerlo, ejercen poderes no delegados sino originarios o concedidos; a contrario sensu mal podría inmiscuirse en una materia, que a la fecha, no le es propia”, se afirmó.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional -que mañana tendrá su elección de autoridades- ya había condenado el “avasallamiento” a la Justicia Nacional por parte de la Legislatura porteña pretendiendo vulnerar las competencias de la Constitución Nacional”.
Un planteo de la familia del ex presidente Mauricio Macri en la causa por la quiebra del Correo Argentino ya había desatado polémica en torno al rol de la Corte porteña antes de que se sancionara esta legislación. Ahora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá definir si hace lugar a la jugada de la familia del ex mandatario para que el TSJ porteño pueda intervenir como órgano revisor de las resoluciones tomadas en la causa por la quiebra. La Procuración General de la Nación, con la firma de Eduardo Casal, ya rechazó la intervención de ese tribunal como proponía la empresa SOCMA con el objetivo de lograr el apartamiento de la fiscal Gabriela Boquín del expediente.
Fuente: Télam.
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