La Cámara de Diputados se convirtió hoy en campo de batalla abierto entre dos visiones contrapuestas sobre la evidencia científica en la que se basa la eficacia de las vacunas como método de inmunización colectiva y sus consecuencias en la salud.

La diputada nacional del PRO Marilú Quiroz concretó la actividad “antivacunas” cuyo anuncio había levantado una enorme polémica y una batería de críticas y advertencias de la comunidad científica.

A modo de “contracumbre”, para combatir lo que consideran una campaña de “desinformación malintencionada”, los diputados nacionales Pablo Yedlin y Daniel Gollan, presidentes respectivos de las comisiones de Salud y Ciencia, organizaron un plenario para reivindicar las políticas de vacunación y sus efectos positivos en la inmunidad colectiva para evitar la proliferación de enfermedades contagiosas.

En esta actividad, respaldada por sociedades científicas y asociaciones profesionales, participaron el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak; el ex ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein; la presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), Ángela Gentile; el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología, Roberto Debbag; y la periodista científica Nora Bär, entre otros destacados especialistas.

Durante la jornada, los expertos reafirmaron que la vacunación es una de las herramientas de salud pública más eficaces y seguras en Argentina, y subrayaron el deber institucional de apoyar políticas sanitarias basadas en la evidencia científica.

Al respecto, Yedlin expresó que “Argentina tiene un calendario de vacunas extenso que cubre las necesidades de vacuna de bebés, de los niños, de los adolescentes, de las madres embarazadas, de los adultos, de los adultos mayores, del personal de salud en las distintas etapas y las coberturas son una preocupación”. 

“No es una preocupación de ahora, es una preocupación de siempre, pero en las últimas mediciones, sobre todo si uno compara las de este último año, estamos con coberturas muy bajas”, alertó el tucumano.

Por su parte, Kreplak sostuvo que “en nuestro país la vacunación ha sido históricamente una de las políticas sanitarias más exitosas gracias al Calendario Nacional de Vacunación y a las altas coberturas alcanzadas durante décadas”.

“Hoy vemos con enorme preocupación un descenso sostenido de las coberturas como producto del avance de los discursos antivacunas y de la responsabilidad del gobierno nacional de desmantelar, entre otras cosas la política de inmunización“, agregó el ministro de Axel Kicillof.

Al mismo tiempo que se desarrollaba este plenario de comisiones, se llevó a cabo el polémico encuentro “antivacunas” promocionado por Quiroz desde hace semanas.

A sala llena, el auditorio del anexo de la Cámara de Diputados congregó a profesionales y activistas que cuestionan la eficacia de ciertas vacunas, en especial las que se aplican en el marco de la campaña contra el Covid-19.

Desde hace un tiempo, Quiroz viene advirtiendo sobre la opacidad en la información que cuenta la ciudadanía sobre el contenido de la vacuna contra el coronavirus y llamando la atención sobre posibles efectos adversos.

En este marco, la diputada del PRO pide modificar las leyes que regulan la vacunación para eliminar la obligatoriedad en el calendario oficial, y presentó un proyecto de ley en ese sentido.

Por sus apreciaciones sobre la temática, la chaqueña quedó bajo fuego de sociedades científicas y de buena parte del espectro político opositor.

“No es estar en contra de las vacunas. El proyecto no cuestiona la vacunación como herramienta de salud pública, sino su carácter compulsivo. Queremos un sistema que informe, acompañe y respete decisiones”, indicó la legisladora en declaraciones a las que la Agencia Noticias Argentinas (NA) tuvo acceso.

Además señaló que la iniciativa plantea “debatir la responsabilidad jurídica de los padres que deciden no vacunar” a sus hijos.

Algunos de los oradores que intervinieron en los paneles de debate publico fueron Federico Nazar, Pablo Stolkiner, Marcela Sangorrin, Oscar Botta, Mario Borini, Ramiro Salazar Cisneros, Lucía Langer, Pablo Roca, Andrés Ozols, Lorena Diblasi, Eduardo Yahbes, Andrés González Balcarce, Miguel Iannolfi, Iliana Aristeo, Viviana Lens, Xavier Huelmo, Chinda Brandolino y José Luis Rogelio Gettor.

Veintitrés de los 24 senadores que resultaron electos en los comicios de octubre jurarán este viernes en sus cargos en una sesión preparatoria que se realizará a las 11 en el recinto, aunque asumirán sus bancas el 10 de diciembre junto a los 127 nuevos diputados, mientras se prolonga la situación de la neuquina Lorena Villaverde.

El Senado retomará así su actividad en el recinto con la jura de los legisladores electos, antes del recambio del Congreso el 10 de diciembre.

Mientras tanto, el Gobierno debate el formato y la extensión del período de sesiones extraordinarias en el que buscarán aprobar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral.

El caso de Lorena Villaverde

Si bien La Libertad Avanza (LLA) confiaba en que podría conseguir que la senadora electa Lorena Villaverde jurara en su cargo y que no prosperara la impugnación en su contra impulsada por el peronismo, el despacho de la legisladora electa volverá a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El peronismo impulsó la semana pasada una impugnación contra Villaverde que tuvo dictamen “no vinculante” en la Comisión de Asuntos Constitucionales, ante las acusaciones contra la legisladora por tener supuestos vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado y por las causas que tuvo en Estados Unidos.

Cómo sigue

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el presidente Javier Milei se encamina a firmar el decreto en los próximos días, luego de de la jura de los senadores de este viernes y del miércoles 3 de diciembre en la Cámara de Diputados.

Si bien aún no hay definiciones y la fecha permanece sometida a debate, al menos dos funcionarios y dos fuentes legislativas plantearon a esta agencia la posibilidad de que la convocatoria se haga pública el próximo viernes 5 de diciembre.

Sin embargo, el tema no está cerrado. “No está definido, todo es posible”, sostuvo una importante fuente al respecto.

Otro de los debates que atraviesa a la administración libertaria es la extensión que tendrá la prórroga de sesiones en el Congreso Nacional.

En la bancada libertaria reina la intención de prolongar las fechas, pensadas desde el 10 de diciembre al 31 del mismo mes con continuidad en febrero.

Con la guardia en alto por la reforma laboral que prepara el Gobierno de Javier Milei, referentes de las dos CTA se reunieron este jueves en el Congreso con la cúpula del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria.

El encuentro ocurrió en el despacho principal que tiene el peronismo en el tercer piso del Palacio Legislativo, donde los dirigentes de las centrales sindicales que conducen Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy fueron recibidos por el presidente del principal bloque opositor, Germán Martínez, y por quienes lo acompañan en la conducción política de la bancada peronista, Cecilia Moreau y Paula Penacca. 

Estuvieron, además de Yasky y Godoy, los dirigentes sindicales Oscar “Colo” de Isasi, Sonia Alesso, Oscar Peidro, Daniel “Tano” Catalano y Edgardo Depetri.

Se trata de la primera de una serie de reuniones que tendrán las centrales con los distintos bloques, tanto en Diputados como en Senadores, “para plantear la importancia de que no avance la iniciativa de un presupuesto que sea regresivo en materia de derechos; ni las leyes de reforma laboral e impositiva, que profundizarán el ataque contra el pueblo argentino”, informó la CTA Autónoma en un comunicado al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Entre otras observaciones, los representantes sindicales manifestaron su preocupación por la gran cantidad de empresas que están cerrando sus puertas en los últimos meses, y que dejan como resultado un tendal de despidos.

En cuanto a la reforma laboral, que el Gobierno presentará en las próximas semanas, señalaron que no debería insistir en cuestiones que la Justicia Laboral ya declaró inconstitucional con respecto al decreto 70/23 que pretendía modificar la ley de Contrato de Trabajo, por ejemplo modificando el cálculo de indemnizaciones.

A su vez, denunciaron la “manifiesta voluntad” del Gobierno nacional de “fragmentar y atomizar al movimiento obrero con el pretexto de la modernización”. 

“Esta embestida contra las organizaciones sindicales no es ajena al intento del oficialismo de dividir la representación parlamentaria de quienes fueron elegidos para ser oposición”, recriminaron.

En esta línea, se reafirmó la necesidad de articular una estrategia de unidad y articulación tanto en la agenda parlamentaria como fuera del Congreso entre los movimientos populares.

En este mismo sentido, las centrales sindicales comunicaron a las autoridades del bloque de Unión por la Patria su intención de seguir organizando instancias de “resistencia y movilización en las calles, los territorios y los lugares de trabajo”.

También se comprometieron a aportar miradas para debatir una profunda reforma laboral que esté en las antípodas de la que plantea la Casa Rosada: “Un conjunto de cambios laborales que contemplen las nuevas necesidades y derechos de los trabajadores y trabajadoras y no sólo los de los grandes grupos empresarios”.