El primer ministro británico, Andy Burnham, mantuvo este viernes dos conversaciones telefónicas que evidencian la ofensiva diplomática de Londres para blindar su posición sobre las Islas Malvinas: en la primera, trasladó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la importancia de respetar el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales y le expuso las consecuencias económicas de las medidas legales impulsadas por Argentina. En la segunda, le planteó al mandatario de Chile, José Antonio Kast, su interés en que los habitantes del archipiélago conserven la capacidad de ejercer la autodeterminación.

La conversación con Kast se produjo en un contexto particular: Chile ha respaldado de manera reiterada el reclamo argentino sobre la soberanía del archipiélago. Durante una visita de Estado a Buenos Aires en abril de este año, el presidente chileno reiteró formalmente ese apoyo, según un comunicado conjunto difundido por ambas cancillerías. Sin embargo, el primer ministro británico no dejó pasar la oportunidad de plantearle “el interés del Reino Unido en garantizar que los isleños de las Malvinas conserven la capacidad de ejercer su derecho a la autodeterminación”, de acuerdo con la nota oficial de Downing Street.

El yacimiento Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, es operado por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de la participación, y por la británica Rockhopper Exploration, titular del porcentaje restante. El campo contiene un estimado de 1.700 millones de barriles de crudo y prevé iniciar la producción en 2028, con una primera fase que alcanzaría los 50.000 barriles diarios. La aprobación del desarrollo del yacimiento fue confirmada a mediados de octubre por el secretario de Energía británico, Ed Miliband, según informó The Independent.

El gobierno de Javier Milei respondió con una batería de acciones legales. A principios de septiembre, tras un discurso televisado en el que calificó la explotación petrolera como “un peligro claro y urgente” para la soberanía argentina, el país inició procedimientos sancionatorios contra decenas de personas y empresas vinculadas a la exploración de hidrocarburos en las islas. El canciller Pablo Quirno presentó además una denuncia penal contra Navitas Petroleum, sus subsidiarias y directivos por operar con licencias otorgadas por el Reino Unido en la cuenca norte del archipiélago.

Milei envió al Congreso un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra quienes participen en actividades no autorizadas por las autoridades argentinas, y su gobierno denunció al Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para solicitar la suspensión cautelar del proyecto.

Las declaraciones previas de Trump añadieron combustible a la disputa. En septiembre, el presidente estadounidense afirmó que la posición de neutralidad de Estados Unidos sobre la soberanía de las islas era “una de muchas bajo revisión”.

Días después, durante una visita a Irlanda, el jefe de Estado norteamericano insinuó que el Reino Unido no estaría dispuesto a defender el territorio: “No estoy seguro de que vayan a recorrer esa distancia. Tienen un pequeño problema con la inmigración, un pequeño problema con la energía”, dijo a los periodistas, y agregó que, si se lo pedían, él podría “resolver” el conflicto. Esas declaraciones fueron aprovechadas por Milei, un aliado cercano de Trump, para intensificar su ofensiva diplomática y legal.

Burnham ha mantenido una postura firme desde que estalló la crisis. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, a finales de septiembre, el primer ministro declaró: “Nos mantendremos firmes ante cualquier amenaza. Defenderemos el derecho de los isleños de las Malvinas a la autodeterminación y a seguir siendo británicos”.

En octubre, ante la Cámara de los Comunes, prometió hacer “lo que sea necesario” para mantener las islas bajo soberanía británica y abrió una investigación tras informes de hostigamiento contra residentes del territorio atribuidos a presiones argentinas. En esa misma sesión parlamentaria, el jefe de gobierno confirmó que había planteado el asunto directamente a Trump y que el presidente estadounidense “entendió perfectamente” la posición británica.

En cuanto a la llamada con Kast, el comunicado oficial de Downing Street detalló que ambos líderes coincidieron en la necesidad de que el Reino Unido y Chile trabajen juntos para modernizar sus capacidades de defensa. Los mandatarios también destacaron el fortalecimiento de los vínculos culturales, científicos y entre ciudadanos de ambas naciones, y reconocieron la existencia de “oportunidades comerciales sin explotar” entre los dos países.

La conversación se enmarcó en un momento delicado para la relación bilateral: en septiembre, durante un encuentro en Santiago, Milei agradeció a Kast por “el tradicional apoyo del gobierno de Chile en la cuestión de las islas Malvinas” y valoró los esfuerzos chilenos para “evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales” vinculadas a la industria de hidrocarburos en el archipiélago, según un comunicado difundido por la Oficina del Presidente argentino.

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Milei había declarado que las islas se encontraban bajo “ocupación extranjera ilegal” y afirmó que la autodeterminación de los habitantes “no aplica en este caso, ya que la población fue implantada por la potencia ocupante en un territorio cuya soberanía está en disputa”. No obstante, el mandatario argentino descartó la vía militar y aseguró que su gobierno perseguirá el reclamo de soberanía exclusivamente por canales diplomáticos.

La delegación británica ante las Naciones Unidas respondió que los isleños “tienen tanto derecho a determinar su estatus político como cualquier otro pueblo”. En 2013, un referéndum celebrado en el territorio arrojó que el 99,8% de los votantes eligió mantener el estatus de territorio británico de ultramar, con apenas tres votos en contra de un total de 1.518 sufragios emitidos. Argentina rechazó la consulta.

Durante su viaje a Madrid, el presidente Javier Milei ratificó sus críticas a la prensa y a quienes señalan que millones de personas “no llegan a fin de mes” por la situación económica en Argentina. En ese marco, el mandatario volvió a cruzarse en un móvil con un reportero español, en este caso Isma Juárez, que, frente a sus preguntas, le lanzó de forma despectiva: “Amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro”.

En una entrevista para el El Intermedio, un programa de humor y actualidad del medio español laSexta, Juárez abordó a Milei durante el desayuno protocolar que el jefe de Estado mantuvo en el Casino de Madrid, al que también asistieron Jaime de Marichalar, exmarido de la Infanta Elena, y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, entre otros asistentes.

Con tono satírico, Juárez le preguntó a lo lejos a Milei por qué no se había reunido con Santiago Abascal, el líder del partido ultraderechista VOX – “¿cree que le está haciendo ghosting?”, le gritó, intentando hacer que lo escuche- y después, cuestionó sus declaraciones sobre la pobreza.

En estos términos se dio el fragmento en el que discutieron Milei e Isma Juárez:

Juárez: Usted decía que no había pobreza en Argentina. Entonces, ¿los argentinos que dicen que no pueden llegar a fin de mes están haciendo ayuno intermitente?

Milei: A ver, yo no dije que no hubiera pobreza en Argentina.

Juárez: No, usted dijo que la gente podía llegar a fin de mes sí o sí.

Milei: Son cosas totalmente distintas.

Juárez: Entonces, ¿se lo están inventando?

Milei: No. Argentina tiene 32% de pobres. Ahora, cuando nosotros llegamos, los pobres eran 57%. Es decir, sacamos al 25% de la población de la pobreza.

Juárez: Pero la gente que dice que no puede llegar a fin de mes, ¿lo está fingiendo, como la gente que dice que le gusta el sushi?

Milei: Ya te lo contesto, quedate tranquilo. No pasa nada. Vamos por partes: si vos decís que no llegás a fin de mes, que el día 20 te quedaste sin dinero, ¿vos podés vivir diez días sin beber y sin comer?

Juárez: Pero entonces, ¿usted qué quiere decir? ¿Que la gente, a fin de mes, se está muriendo?

Javier Milei: No. Lo que estoy diciendo es que es un eslogan barato para afectar a la emocionalidad. De hecho, es tan así que después salieron a aclarar que no, que era que vos podés tener privaciones.

Juárez: Pero…

Javier Milei: Si vos tenés privaciones, entonces lo que mirás es el indicador de pobreza. Y hay una mejora significativa. Si vos querés abrazarte a un eslogan emocional…

Juárez: No…

Milei: Bien. Amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro.

Juárez: No, pero yo le pregunto… Bueno, no puede respetar mi cerebro.

Tras la difusión de la nota en las redes sociales, Milei compartió la entrevista en su cuenta de X, y en un tiro por elevación al resto de la prensa, esgrimió: “Un clásico de los periodistas berretas en todo el mundo… se abrazan a frases efectistas de alto contenido emocional pero el bajo IQ no les permite enfrentar el paso al debate racional… CIAO!”

Las repercusiones de ese cruce continuaron en la emisión del programa El Intermedio. Con tono de sátira y humor político, el periodista fue consultado por su intercambio con Milei. Juárez respondió con ironía que esa consideración era difícil de entender porque su cerebro estaba “sin estrenar, prácticamente”.

El conductor del programa, El Gran Wyoming, intervino en clave de humor y defendió a su compañero ante el comentario de Milei. “Como patriarca de El Intermedio, me veo obligado a marcar una línea roja”, afirmó, antes de exhortar a que se viralice la consigna “Isma no se toca”.

Al finalizar ese tramo de la conversación, Juárez comparó su discusión con el mandatario con la que tuvieron otros cronistas de medios: “Ahora que he visto las imágenes de los otros periodistas, creo que he salido hasta bien parado (risas). Creo que, por lo menos, ha dicho que tengo un poco de corazón”.

Durante su estadía en España, el mandatario también arremetió contra la periodista española de la Cadena SER, Julia Molina, a quien calificó de “gente corta intelectualmente y miserable”, después de que le preguntara si su visita a España resultaba incómoda para el Partido Popular (PP) y Vox. Fue ayer a la salida de un desayuno informativo del Nueva Economía Fórum, en el Real Casino de Madrid.

En ese marco, luego de esa seguidilla de cruces con la prensa, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) condenaron la actitud de Milei, durante su visita de este miércoles a Madrid, “donde respondió con insultos y ataques personales a los periodistas españoles que le planteaban cuestiones de interés público, como también hizo con los medios argentinos”.

“Con sus respuestas, Milei ha pretendido deslegitimar el trabajo informativo e intimidar a quienes lo ejercen, y con ello impedir que los periodistas cumplan una de sus funciones esenciales: exigir cuentas a los gobernantes”, criticó la organización.

Desde hace días, el presidente Milei viene cuestionando con dureza a periodistas, investigadores y analistas por exponer la precaria situación económica que atraviesan millones de personas, y se lanzó puntualmente a desmentir que exista población que “no llega a fin de mes”.

El disparador de la controversia encabezada por el jefe de Estado libertario fue un reciente estudio de la consultora Zentrix, en el que se indica que los ingresos de dos de cada tres argentinos alcanzan para vivir hasta el día 20 de cada mes, con picos del 72 % en menores de 40 años y del 83,3 % en la clase baja.

Todo comenzó durante su intervención en la conferencia Argentina Oil & Gas, celebrada en la sureña provincia de Neuquén, horas antes de viajar a España, Milei calificó la expresión “no llegar a fin de mes” como “una pelotudez del tamaño de una casa” propagada por el kirchnerismo y la oposición.

“No nos dejemos psicopatear por los hijos de puta que hicieron mierda al país. Nos llevaban a Cuba con escala en Venezuela. Íbamos a ir a niveles de pobreza del 90%, a hiperinflación profunda, no salíamos más de ahí”, agregó sobre los gobiernos anteriores.

Con anterioridad al estudio de Zentrix, otro análisis de la consultora Mide -correspondiente a agosto- destacó que el 59% de los argentinos considera que su situación económica es peor que seis meses atrás y que el 53% tiene que endeudarse para completar los ingresos mensuales necesarios.

“Esos caraduras e inmorales vienen a decirnos qué es lo que hay que hacer, pero, por favor, que primero tomen unos cuantos cursos de economía y después hablemos”, opinó Milei en su discurso del lunes. Y en su posterior publicación de X, afirmó que las críticas a su plan económico se basan en “todo tipo de falacias ad populum y ad hominem”.

Martín Lousteau cuestionó el programa de ciudadanía por inversión anunciado por el Gobierno y advirtió sobre sus posibles consecuencias para la política migratoria, los derechos políticos y la compra de tierras rurales. En Infobae a la Tarde, el diputado nacional sostuvo que la nacionalidad no puede convertirse en una transacción económica y alertó sobre los riesgos que la iniciativa podría generar para el pasaporte argentino.

“Están vendiendo el pasaporte, es decir, la ciudadanía argentina por 350 mil dólares”, afirmó el dirigente. El programa contempla dos alternativas: un aporte no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público de USD 800.000.

Lousteau cuestionó el precio de la ciudadanía argentina

Para Lousteau, el problema de fondo es que la capacidad económica se convierta en una vía para acceder a la nacionalidad. “La nación es el lugar donde la solidaridad surge por espontaneidad”, sostuvo al cuestionar que un vínculo jurídico y político con el país pueda establecerse mediante una contribución económica.

El esquema también contempla aportes adicionales para los familiares del solicitante: USD 100.000 para el cónyuge y para cada hijo de entre 18 y 25 años que cumpla las condiciones previstas, y USD 25.000 por cada hijo menor de edad. Así, una familia integrada por dos adultos y dos hijos menores podría solicitar la ciudadanía por un total de USD 500.000.

Los cambios en la naturalización y las objeciones al DNU

Lousteau vinculó el programa con el DNU 366/2025, que modificó la Ley de Ciudadanía e incorporó una vía de naturalización para extranjeros que acrediten una inversión relevante, sin exigir un plazo mínimo de residencia en el país.

El diputado cuestionó el contraste con la vía ordinaria, que exige dos años de residencia legal y continua. “Viene un uruguayo a vivir acá, se va a visitar un fin de semana a la abuela y el cronómetro arranca de cero otra vez”, afirmó, en referencia a la exigencia de no salir del territorio argentino durante ese período.

También objetó que el dinero permita acceder a una alternativa que no está disponible para quienes deben cumplir los requisitos de residencia. “De golpe ahora tener plata es más importante que, por ejemplo, servir en las Fuerzas Armadas de tu país”, sostuvo.

Otro de sus cuestionamientos apunta al traslado de la competencia para otorgar la ciudadanía de los juzgados federales a la Dirección Nacional de Migraciones. Lousteau consideró que el cambio presenta objeciones constitucionales porque, a su entender, el Poder Ejecutivo no puede modificar mediante un decreto de necesidad y urgencia una materia vinculada con los derechos políticos. Por eso, reclamó que el Congreso rechace la norma.

El DNU también enfrenta cuestionamientos judiciales. En junio de 2026, la Cámara Nacional Electoral declaró su nulidad en una causa vinculada con la competencia para otorgar la ciudadanía. El Gobierno anunció que recurriría el fallo, mientras que el programa de ciudadanía por inversión fue presentado en octubre con la previsión de comenzar a recibir solicitudes durante el último trimestre del año.

El riesgo para el pasaporte argentino

Lousteau advirtió que los programas de ciudadanía por inversión pueden afectar las facilidades de viaje de los países que los implementan si otros Estados cuestionan sus controles de naturalización. Como antecedentes, mencionó las restricciones aplicadas a ciudadanos de Vanuatu y de países del Caribe, además del caso de Malta, cuyo programa fue cuestionado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El diputado alertó que una eventual revisión de las exenciones de visa podría perjudicar una de las ventajas del pasaporte argentino: la posibilidad de ingresar sin visa a numerosos destinos. Por eso, sostuvo que las consecuencias de la iniciativa podrían exceder la política migratoria nacional.

Durante la columna también cuestionó la participación de Henley & Partners, una firma internacional especializada en programas de residencia y ciudadanía por inversión que promociona la propuesta argentina. Lousteau planteó interrogantes sobre los controles aplicados a los solicitantes y mencionó controversias vinculadas con otros programas internacionales, aunque aclaró que no conocía denuncias por una posible relación irregular entre el asesoramiento al Gobierno y la promoción comercial de la iniciativa.

La relación con la Ley de Tierras

El último eje de la crítica de Lousteau fue la relación entre el acceso a la ciudadanía por inversión y las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El diputado advirtió que obtener la nacionalidad argentina podría modificar la situación jurídica de un inversor frente a determinados límites establecidos para quienes no tienen esa condición.

“Si vos vas a hacer una inversión grande comprando tierras en Argentina y el costo adicional de poder zafar de esas legislaciones, listo, comprá un pasaporte”, afirmó.

Para Lousteau, el mecanismo podría convertirse en una vía para eludir restricciones sobre la propiedad rural. Su planteo es que el programa debe analizarse no solo por el capital que busca atraer, sino también por sus posibles efectos sobre las reglas que regulan la ciudadanía y la adquisición de tierras en el país. Por eso, reclamó que el Congreso rechace el DNU.