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Desde Juntos promueven la incorporación de la Educación Financiera en la PBA

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Se trata de un proyecto de la senadora bonaerense de Juntos, Aldana Ahumada, que busca incorporar a la enseñanza de la Educación Financiera en todos los niveles educativos y en la formación docente, tanto para instituciones de gestión estatal como de gestión privada, dependientes de la Provincia de Buenos Aires.

A lo largo de la presentación la legisladora sostuvo que la iniciativa tiene como objetivo “formar generaciones de jóvenes para que contribuyan favorablemente al desarrollo sostenible no solo de la Provincia sino también de la Nación” y agregó: “Estamos hablando de conocimientos que impactan en la toma de decisiones responsables y que se traducen en una mejor planificación y administración de los recursos”.

Se entiende como Educación Financiera al conjunto de actividades pedagógicas y procesos mediante el cual los/as alumnos/as adquieren una mejor comprensión de conceptos y productos financieros que permiten desarrollar las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades para mejorar su bienestar.

Según una encuesta realizada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Central de la República Argentina, nuestro país ocupa el puesto 36 -de 39 países analizados- en el ranking de Educación Financiera donde puede verse que es notable el desconocimiento existente en relación a las finanzas.

“Hay un rol preponderante que tiene el nivel educativo ya que repercute de manera directa en la planificación, el ahorro y, por ende, en una mayor capacidad de respuesta ante algún gasto no planificado”, sostuvo Ahumada y concluyó: “La iniciativa que impulsamos busca mejorar la cultura financiera de la población”.

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Movilizaciones, marcha federal y piquetes: el plan de lucha de los movimientos sociales contra el Gobierno

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Los movimientos sociales agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), de izquierda, enrolados en Territorios en Lucha y gremios combativos, se preparan para enfrentar al gobierno de Javier Milei, con un plan de lucha que incluye marchas y piquetes, y que concluirá con una Marcha Federal y un supuesto paro general que hasta ahora la CGT no confirmó ni anunció.

Los principales reclamos están concentrados en tres puntos: el Salario Social Complementario, el cierre del programa Volver al Trabajo y la “parálisis total de las obras de integración socio urbana en todo el país”.

Las reuniones entre los principales dirigentes de los movimientos sociales se multiplicaron en los últimos días. ¿El catalizador? La decisión de la Cámara Federal de San Martín de revocar la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, a mantener el programa “Volver al Trabajo”, sucesor del Potenciar Trabajo, lo que habilita el cierre definitivo de este esquema de asistencia social en agosto.

La resolución, dictada por los jueces Juan Pablo SalasMarcos Morán y Marcelo Darío Fernández, deja sin la prestación mensual de 78.000 pesos a más de 900.000 beneficiarios en todo el país a partir de agosto. El fallo incluye un segundo aspecto criticado por la dirigencia opositora: le permite al Gobierno nacional avanzar con el reemplazo del programa “Volver al Trabajo” por un sistema de vouchers de capacitación laboral, ya anunciado por la funcionaria de Javier Milei.

Sobre las posibles consecuencias de la eliminación del programa social que reemplazó al Potenciar Trabajo, Johana Duarte, secretaria gremial de la UTEP, expresó a este medio: “Esto lo único que va a generar es la profundización de la crisis social en los territorios. La plata que el gobierno quiere sacarle a los trabajadores más humildes es plata que dejará de circular en las economías locales y eso va a golpear de lleno a todo el circuito económico local: verdulerías, almacenes de barrio, kioscos, todos esos comercios van a desaparecer con este ajuste brutal. Los gobernadores que acompañan al Gobierno nacional deberían estar muy preocupados porque esto lo único que va a generar es que la crisis les va a estallar en la cara, porque esa plata que dejará de circular en las provincias golpea de lleno a las economías regionales”.

Uno de los referentes que impulsa las medidas de fuerza contra las políticas de la Casa Rosada es Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP. En diálogo con Infobae, explicó: “Desde la UTEP hemos definido construir este plan de lucha junto a la CGT y las dos CTA con el objetivo de darle continuidad a la pelea contra este modelo económico que va generando un genocidio social en goteo”.

Gramajo explicó: “En este contexto de bronca social creciente, definimos este plan de acción conjunto, poniendo el eje en los problemas profundos de nuestro pueblo. Dentro de estas jornadas, vamos a movilizarnos al Ministerio de Economía para visibilizar la realidad de las familias endeudadas en el sistema formal”.

De esta manera, el militante social agregó: “Casi siete millones de argentinos han quedado excluidos del sistema de crédito formal debido a un aumento histórico en la morosidad, que alcanzó el 12,7%. Pero hay una realidad que no muestran estos datos: en el sistema informal muchos casos están vinculados a préstamos ligados al narco, el juego y las billeteras virtuales”.

El 22 de julio vamos a acompañar a los jubilados, que son un ejemplo de lucha. Además, el 7 de agosto vamos a impulsar una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo. Convocaremos a todos los sectores afectados por la crisis, desde empresarios pymes y sectores universitarios hasta organizaciones comunitarias y agrupaciones estudiantiles”, anticipó.

Para la Marcha de San Cayetano, la UTEP no estará sola. Este año, los líderes de la CGT decidieron participar orgánicamente, al igual que las dos CTA. Según los organizadores, la idea es que este año, a 10 años de la primera gran marcha, “se relance la resistencia contra las políticas de ajuste de este Gobierno”.

La peregrinación, en celebración del día del patrono del trabajo, partirá desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y llegará hasta Plaza de Mayo, tal como sucede desde la primera marcha histórica de “Los Cayetanos”, que tuvo lugar el 7 de agosto de 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. En esa oportunidad, se movilizaron casi medio millón de personas.

A esas acciones se suman otras iniciativas:

  • El 3 o 4 de agosto -resta definir el día- se realizará la Marcha Educativa. Desde la UTEP, explicaron que “esta es una acción de los gremios docentes, que están resolviendo convocar a un paro para la vuelta a clases”. Y recordaron: “En cada provincia la realidad es distinta. Probablemente haya un acto en la Plaza de Mayo”.
  • En la primera quincena de agosto se realizará una movilización al Consejo del Salario. En ese marco, la organización de la economía popular reclamará “el aumento del Salario Social Complementario y el reenganche con el salario mínimo”.
  • Por el mencionado “endeudamiento familiar”, los movimientos sociales marcharán, en las dos primeras semanas de agosto -la fecha aún no se fijó- al Ministerio de Economía. Antes, desarrollarán una campaña previa de “agitación con volanteadas en estaciones de tren y lugares de concentración de gente”.
  • El 2 de septiembre, Día de la Industria, los dirigentes sociales realizarán un encuentro “entre trabajadores y empresarios en conflicto con el gobierno de Javier Milei”.
  • También está previsto realizar acciones solidarias en la “Semana Social de la Iglesia”. Este hecho se enlazará en octubre con la prevista “Marcha Federal” y un paro general, instancia que la CGT aún no anunció oficialmente.

Silvia Saravia, dirigente de Libres del Sur, opinó al ser consultada por Infobae: “El Gobierno sigue avanzando alevosamente, pisoteando la vida de jubilados, personas con discapacidad, estudiantes, trabajadores”. Además, consideró: “El modelo político de La Libertad Avanza muestra su cara más cruda. Mientras los funcionarios se enriquecen, Milei celebra un equilibrio fiscal ficticio y una inflación apaciguada por el derrumbe del consumo de las mayorías y las importaciones indiscriminadas”.

Los militantes sociales también se preparan para una posible visita del papa León XIV, un hecho que el Vaticano tampoco confirmó. De todos modos, los dirigentes lo viven como “una instancia de movilización y donde entendemos que su mirada va a confrontar con el cuerpo de valores que defiende el gobierno de Javier Milei”.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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