En las vísperas de culminar la primera semana legislativa, el Poder Ejecutivo vivió horas frenéticas que dieron lugar a un proceso de revisión de la agenda para la sanción del Presupuesto 2026, con la idea de insistir en la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario en la Cámara de Senadores, para concentrar las energías por la aprobación de la reforma laboral durante el mes de febrero. Esto definió la mesa chica que rodea al presidente Javier Milei el pasado jueves en una reunión que se llevó adelante en el Ministerio del Interior de Casa Rosada mientras la CGT protestaba en Plaza de Mayo.

El intercambio que coordinó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y que incluyó a los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; a la jefa de bloque de La Libertad Avanza Patricia Bullrich; al asesor presidencial, Santiago Caputo; y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio “Nacho” Devitt, se dio horas más tarde del traspié en la extensa sesión en Diputados y con el presidente Javier Milei en la sede de Gobierno.

“Después de tres años tenemos media sanción de Presupuesto. Faltaron cosas, algunas que eran muy importantes, como el energético o la coparticipación de la Ciudad. Tenemos que corregir las dos leyes que no se pueden pagar porque no estamos dispuestos a negociar el equilibrio fiscal”, insistió un funcionario involucrado en las negociaciones a Infobae.

Como contó este medio, la idea definitiva del equipo de gestión, que dejó entrever la posibilidad de vetar el Presupuesto presentado si se aprobaba tal cual salió en Diputados, es buscar la forma de incluir durante el debate en el Senado los puntos del artículo 75 que fueron rechazados y que consideran que atenta contra el superávit fiscal. Para eso, estudian la posibilidad de agregar un apartado vinculado al tema al tiempo que se vieron obligados a reordenar las prioridades previstas para los últimos días del 2025 y los primeros del 2026.

Si bien en Casa Rosada aseguran que los proyectos emblemas son el de Inocencia Fiscal y la “modernización” laboral, consideran necesario culminar con el tratamiento de la previsión presupuestaria para avanzar en el siguiente paso. “Inocencia fiscal es la ley más importante de nuestro gobierno”, se jactaban el pasado miércoles.

Pese a que admitieron que la caída del capítulo XI configuró un derrota al menos en términos discursivos para la administración libertaria que convocó a sesiones extraordinarias con viento de cola tras el holgado triunfo electoral y la conquista de la primera minoría en la Cámara de Diputados, destacaron -con mesura- la reacción del Mercado tras la media sanción.

El primer traspié dejó una serie de fallas internas a revisar y el enojo de los socios del PRO que en voz de su jefe de bloque, Cristian Ritondo, acusó al oficialismo de violar la Constitución tras elegir a los nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Al interior del espacio violeta, hay quienes cuestionan la decisión de incluir el tratamiento del polémico capítulo en el texto del Presupuesto 2026, lo que generó que varios gobernadores aliados se desmarquen, algunos con aviso previo y otros de manera sorpresiva para evitar pagar el costo político. Según precisaron al menos dos fuentes la idea original fue del ministro de Economía, Luis Caputo, aunque varios interlocutores de la mesa política plantearon a este medio que la determinación se tomó de conjunto.

“Nos jugamos un pleno. Si nos salía bien éramos los reyes absolutos. Ningún gobernador estaba verdaderamente en contra solo no quisieron pagar el costo político”, argumentó una fuente al respecto luego de que el capítulo fuera rechazado por 123 votos contra 117.

La sesión del miércoles lo tuvo todo: rosca, enojos, bloqueos en WhatsApp, reproches y diagnósticos incipientes.

Luego de semanas de distribuir casi $66.000 millones a las provincias con buen dialogo en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los gobernadores aliados tomaron distancia y fueron clasificados en dos bandos. Por un lado están a los que se les cuestiona el voto, pero se les concede el haber anticipado la jugada, que incluye a Raúl Jalil (Catamarca), a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y a Gustavo Saénz (Salta), y por el otro están los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) -al que le facturan jactarse de manejar el bloque completo-, Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y el cuentapropista Rolando Figueroa (Neuquén), entre los que se registran sorpresivas abstenciones y rechazos. “Nos cagaron casi todos, pero de algunos nos enteramos por la pantalla. El Gobierno sobrecumplió con ellos”, se sinceraba una fuente legislativa.

Sin embargo, en La Libertad Avanza (LLA) anticipan que no habrá fracturas en la relación con los mandatarios provinciales que -consideran- deberán “dejar de lado el perfil súper negociador”, y tender puentes para lo que queda del temario de las sesiones extraordinarias.

Con una reconfiguración de los tiempos, el bloque violeta en la Cámara Alta trabaja para la conquista del despacho del Presupuesto 2026 y Ley de Inocencia Fiscal con intención de avanzar en su tratamiento el viernes después de navidad. La fecha prevista para el debate de la hoja de ruta con modificaciones en Diputados es el 29 de diciembre.

Los planes para la reforma laboral

Mientras la marcha peronista que sonaba en el acto de la Confederación General del Trabajo (CGT) se colaba por los pasillos de Casa Rosada, un funcionario elogiaba la decisión de la central de protestar contra el proyecto de “modernización” laboral redactado por Federico Sturzenegger en una jornada carente de sesión legislativa y garantizaba contar con la habilitación para “mejorar la redacción” de algunos puntos de la reforma que conforme a los gremios.

“Todo lo que no sea generación de empleo no es prioridad”, insistían. En paralelo, a metros de distancia, el oficialismo conquistaba en la Cámara de Senadores el dictamen del proyecto con modificaciones en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda y la exministra anticipaba que el debate quedaría pospuesto para el 10 de febrero. Algo similar ocurre con la Ley de Glaciares, reclamada por las provincias.

“Nos dejaríamos un mes y medio para poder debatirlo. Queremos tener el instrumento, no va a ser el final porque hay muchas cosas que seguramente vamos a poder tener en cuenta a la hora de lo que se discuta finalmente en ese momento. Que vean que estamos abiertos a la escucha”, planteó Bullrich sobre el proyecto luego de acercar posiciones con los aliados en tensión por lo acontecido en Diputados.

Minutos antes había lanzado una chicana virtual contra la dirección de la CGT luego de la movilización: “Gracias a la CGT por sus palabras. Las tendremos en cuenta. Ahora volvemos a lo importante”. En Balcarce 50 parecen haber tomado nota.

En los próximos días, los interlocutores legislativos deberán afinar la estrategia y mejorar la comunicación con los aliados si aspiran evitar nuevos tropiezos y acumular triunfos en materia legislativa durante el segundo tramo de la gestión.

La reciente sesión en la que el oficialismo avanzó con la designación de autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN) generó una fuerte reacción desde el Bloque de Diputados PRO, que denunció una “grave violación a la Constitución Nacional”. Por este motivo, la bancada se retiró del recinto junto a la UCR, la Coalición Cívica y Provincias Unidas en reclamo por la medida.

El núcleo de la controversia radicó en que, según los legisladores opositores, la decisión se tomó “fuera del temario de sesiones extraordinarias”. Por medio de un comunicado publicado en redes sociales, apuntaron que “esta objeción fue primeramente advertida al oficialismo de manera informal, luego en el recinto y finalmente lo expresamos cuando se intentó consumar esta violación constitucional”.

De hecho, el primero en intentar ponerle un freno al nombramiento fue el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, quien cuestionó la constitucionalidad del acto en plena sesión. “En qué lugar dice que en extraordinarias se puede tratar un tema que no es de competencia de esta Cámara”, apuntó.

“La designación de miembros de AGN (Auditoría General de la Nación) no se encuadra en ninguna de estas categorías, ya que integra un órgano de control externo que excede el funcionamiento del Congreso”, argumentó. Antes de retirarse del recinto, concluyó que “la falta de códigos, de respeto por los compromisos asumidos, corre por cuenta de La Libertad Avanza”.

Para fundamentar su posición, citaron el artículo 63 de la Constitución Nacional, que establece que “durante las sesiones extraordinarias el Congreso solo puede tratar los asuntos incluidos en la convocatoria del Poder Ejecutivo”. En este sentido, remarcaron que “la designación de autoridades de la AGN no fue incluida en dicho temario”.

“No fue el PRO el que quiso discutir cargos, fue el oficialismo junto al kirchnerismo”, señalaron los legisladores, a modo de marcar distancia de la maniobra parlamentaria. Además, enfatizaron la importancia del rol institucional de la Auditoría General de la Nación en el sistema democrático.

“La AGN es un órgano constitucional de control, no se ocupa de cuestiones meramente administrativas ni internas del Congreso. Tiene una tarea más compleja e importante”, sostuvieron, y advirtieron que avanza con este accionar “no fortalece el control del Estado, lo deslegitima”.

La postura del bloque fue tajante respecto a la validez de la designación, tras reiterar su rechazo a las designaciones. “Vamos a iniciar las acciones judiciales correspondientes para que se restablezcan la legalidad y el respeto por las reglas institucionales”, anticiparon.

Más allá del aspecto jurídico, los diputados del PRO manifestaron su desconcierto ante la actitud del oficialismo. “También nos resulta extraña esta conducta contra nuestro bloque. Del kirchnerismo no nos sorprende nada, dicen una cosa de día y hacen otra de noche, pero sí del oficialismo”, expresaron.

Asimismo, recordaron el acompañamiento brindado al gobierno en momentos críticos: “Nuestro bloque se ha dedicado a acompañar al gobierno no solo en sus aciertos, sino especialmente en sus momentos más difíciles, porque creemos que la Argentina necesita un cambio profundo”. En ese sentido, lamentaron que “las mezquindades de ciertas personas” puedan obstaculizar la tarea del presidente Milei.

“Las instituciones no pueden funcionar por la fuerza de una mayoría circunstancial en sesiones convocadas al margen de la Constitución, menos aún deshonrando la fe de millones de argentinos que quieren ver a la Argentina ponerse de pie finalmente”, reclamaron.

Por último, reafirmaron que “el cambio profundo que queremos millones de argentinos es con la Constitución en la mano y trabajando en equipo entre quienes compartimos una visión común de una Argentina próspera”.

Jugada a todo o nada contra la reforma laboral del Gobierno, la CGT realizará este jueves una movilización hacia la Plaza de Mayo que busca ser una demostración de fuerza para bloquear el proyecto en el Congreso.

La concentración, que será la cuarta impulsada por la central obrera desde que Javier Milei asumió la Presidencia y se hará en todas las provincias, contará con la participación de las dos CTA, los movimientos sociales, sectores políticos como La Cámpora y agrupaciones de izquierda. Además, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Federación de Aceiteros harán un paro de 24 horas en apoyo del reclamo de la CGT.

El Gobierno hizo algunas concesiones a la CGT al eliminar varios artículos de la versión definitiva de la reforma laboral, pero la CGT mantiene su rechazo al proyecto oficial, elaborado durante semanas en el Consejo de Mayo, porque incluye una regulación muy estricta del derecho de huelga, la prelación de los convenios por empresa y restricciones a la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, entre otros puntos.

Las columnas de los distintos sindicatos se concentrarán al mediodía en varios puntos de la zona céntrica porteña y luego marcharán hacia la Plaza de Mayo, donde a las 15 se leerá un documento muy crítico del Gobierno y habrá breves discursos de los 3 cotitulares de la CGT, Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).

Los integrantes del triunvirato cegetista concurrieron este miércoles a la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, presidida por Patricia Bullrich, para brindar su opinión sobre el proyecto oficial: lo calificaron de “regresivo” y de “inconstitucional”.

Los líderes cegetistas, además, reforzaron su operativo de seguridad ante el temor de que haya incidentes generados por infiltrados para perjudicar a la CGT.

Por eso la CGT difundió un comunicado de prensa en el que expresa su “preocupación” por declaraciones de funcionarios libertarios a las que calificó como “provocaciones innecesarias hacia los trabajadores”.

Al mismo tiempo, exigió al Gobierno que “garantice la integridad física y la libertad de quienes participen en la movilización” en rechazo del proyecto oficial, mientras reclamó que “se abstenga de promover discursos estigmatizantes o intimidatorios, ya que profundizan la confrontación y ponen en riesgo la paz social”.

Además del rechazo a la reforma laboral, la CGT también protestará contra el “desfinanciamiento” propuesto en el Presupuesto 2026, que “elimina garantías legales de inversión en educación, ciencia y tecnología”.

“Como central sindical sostenemos que la inversión en estos sectores es fundamental para el desarrollo nacional, la justicia social y el futuro de la Argentina”, dijo la CGT en sintonía con su secretario de Políticas Educativas, Sergio Romero, quien lidera la Unión Docentes Argentinos (UDA).

Según la CGT, el artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026 propone derogar la Ley Nº 26.206, que establece un piso del 6% del presupuesto para educación e ignora la Ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo, que organiza la inversión y define el rol de los estados nacional y provinciales. Además, deroga los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614, que fijan un incremento progresivo de la inversión en ciencia y tecnología hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032. Y elimina el artículo 52 de la Ley Nº 26.058, que garantiza un fondo no inferior al 0,2% de los ingresos corrientes para educación técnico profesional.

Por eso la CGT reclamó a los legisladores el retiro inmediato del artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026 y advirtió que el alejamiento del Estado de su obligación constitucional “sólo puede resultar en la destrucción del sistema educativo”.

De todas formas, los vínculos entre el Gobierno y la CGT no se rompieron y se mantienen vigentes algunos canales informales de diálogo a través del asesor presidencial Santiago Caputo y los Menem (Martín y Lule).

En la vereda de enfrente, el ala dura de la Casa Rosada, integrada por el ministro Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich, flamante senadora nacional, apunta a una reforma laboral que ponga en jaque al poder sindical.

Desde que asumió Milei, la CGT hizo el 27 de diciembre de 2023 una movilización hacia Tribunales contra el DNU 70; dos paros generales de 24 horas, el 24 de enero de 2024 y el 9 de marzo de ese año; un paro de 24 horas con movilización el 9 y 10 de abril de 2025; una movilización callejera por el Día del Trabajador, el 30 de abril de este año, y una marcha por San Cayetano, el 7 de julio.

¿Qué efecto concreto tendrá la nueva protesta de la CGT? El Gobierno está seguro de contar con los votos necesarios para aprobar la reforma laboral en el Congreso, pero el sindicalismo comenzó un “plan de resistencia”, como lo llama, para que no se sancione la ley. Las próximas semanas serán decisivas para saber quién se quedará con el rédito de haber impuesto fuertes cambios laborales o de haberlos frenado.