La salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) provocó repercusiones en la escena política. Patricia Bullrich, Senadora y figura central del oficialismo se refirió al tema y defendió la postura oficial tras la renuncia del funcionario y el debate en torno a la metodología para medir el índice de precios al consumidor. Lo hizo durante una entrevista con Jonatan Viale por TN.

Bullrich enfatizó que cualquier decisión respecto de la fórmula para calcular la inflación iba a generar controversia en la opinión pública y en los sectores políticos. “Si lo hacés tenés críticas, si no lo hacés no tenés críticas. Cambiar la fórmula siempre genera que piensen que querés cambiar el número de inflación, dejar la fórmula permite una continuidad”, manifestó. La legisladora remarcó que, en un contexto donde la inflación puede fluctuar “uno o dos puntos para arriba o para abajo”, cualquier modificación podía interpretarse como un intento de manipular los datos. Añadió que, de haberse implementado ahora la nueva fórmula y el resultado hubiera mostrado una baja, la interpretación dominante habría sido que el Gobierno buscó reducir artificialmente el índice.

Al analizar el momento elegido para el cambio, Bullrich admitió que quizás “el error es no haber tomado la decisión previamente y haber dicho cuando tengamos una inflación casi inexistente, para que no haya ningún tipo de especulación, ahí cambiamos, en tal momento, que es lo que se decidió ahora”. Enfatizó que la determinación de posponer la actualización metodológica hasta que la inflación alcance niveles mínimos responde al objetivo de preservar la transparencia y evitar suspicacias. “Cuando haya una inflación llegando a uno o a cero, ahí cambiamos la fórmula”, afirmó.

La funcionaria aclaró que el Gobierno nunca descartó la posibilidad de modificar la estructura estadística, pero subrayó que los cambios en los hábitos de consumo pueden requerir ajustes en las mediciones. “Siempre hay cambios de consumo y podés tener que medir otras cosas”, sostuvo, y reconoció que el Ejecutivo era consciente de que la nueva metodología podía arrojar un descenso y, como consecuencia, recibir una “crítica fuerte”.

Respecto a la continuidad técnica en el INDEC, Bullrich valoró la designación de Pedro Linés, sucesor de Lavagna. “Por otro lado, el que ha quedado es un genio, el mejor estadístico del país, el segundo de Lavagna, es decir que hay una continuidad”, señaló la ministra, destacando el perfil del reemplazante, quien ocupó posiciones internacionales y regresó al país para colaborar con la institución. “Se fue en la época de Moreno para no avalar lo que hacía Moreno. Fue jefe de estadísticas de Qatar, ganaba fortunas, y decidió volverse a Argentina a colaborar con el INDEC. Hay una continuidad en el análisis estadístico y en la conformación del equipo muy importante”, remarcó.

Sobre la decisión de Lavagna de dejar su cargo, Bullrich fue tajante: “Podía no haber renunciado y comprendido y no enamorarte de tu propia fórmula porque vos trabajás para un equipo”. Agregó que no sabía si la renuncia buscaba perjudicar al Gobierno, pero consideró que el hecho de abandonar el puesto porque se retrasó una actualización metodológica podía haberse evitado. “No sé si renunció para hacer daño, el hecho de decir me voy porque me retrasan algo, podría haberse quedado. El segundo, el verdadero estadístico, asumió la responsabilidad de quedarse y entiende perfectamente la razón”.

En otro tramo de la entrevista, la ministra abordó la discusión sobre la reforma laboral en el Senado y sostuvo que el oficialismo está cerca de lograr su aprobación. “Yo creo que la reforma sale. Siempre defendí la reforma laboral, siempre he sido reformista y esta es la vez que más cerca está de que salga”, expresó. Puso especial énfasis en las medidas que buscan reducir la carga fiscal sobre las pequeñas y medianas empresas y reiteró el objetivo de impulsar un escenario de “menos Estado y más privados”.

Consultada sobre la baja de la edad de imputabilidad, la ex ministra de Seguridad explicó que el proyecto de ley penal juvenil estaba listo desde el año pasado y que, si bien la propuesta es fijar la imputabilidad a partir de los trece años, existe un régimen pensado para menores de esa edad que cometan delitos. “Vos sos imputable a las 13, pero si cometes un delito a los 11 vas a ser imputable de un régimen que enderece tu conducta. Si sale 14 saldrá 14, pero tendremos que volver a intentar. El chico tiene que entender que ha cometido un delito y frenar su carrera delictual”, sostuvo.

El Gobierno publicó este jueves el Decreto 85/2026 en el Boletín Oficial, a través del cual se produce una reestructuración integral del Ministerio del Interior. La medida, ordenada por el presidente Javier Milei y refrendada por el ministro Diego Santilli, modifica de fondo cómo se organiza y gestiona uno de los órganos clave de la administración pública.

La decisión central de este decreto es ajustar el “organigrama” del Ministerio del Interior. En otras palabras, se redefine cuántas subsecretarías, secretarías y unidades asesoras tendrá el organismo que maneja varios temas críticos para el funcionamiento del Estado, desde las relaciones con las provincias hasta la atención de asuntos indígenas y deportivos.

Entre los cambios principales, el decreto formaliza varias subsecretarías que antes no existían o funcionaban bajo otra dependencia.

Por ejemplo, la nueva estructura describe la existencia de una Subsecretaría de Enlace Legislativo, una Subsecretaría de Deportes y una Subsecretaría del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas bajo el paraguas de la Secretaría de Interior.

De hecho, las actualización llega luego de que se aprobara la estrcutura organizativa del entonces Instituo de Asuntos Indígenas, antes actuante dentro de la órbita del Minsiterio de Justicia.

El decreto también incorpora objetivos específicos para cada sector. Uno de los puntos destacados es que la Subsecretaría Legal deberá ahora garantizar que el Ministerio cumpla con la Ley N.° 27.275, que regula el acceso a la información pública.

Por otro lado, la Subsecretaría de Gestión Administrativa tendrá el mandato de fortalecer las políticas de transparencia y cooperación con la Oficina Anticorrupción. Esta línea apunta a prevenir y controlar irregularidades dentro de la gestión pública nacional.

Otra de las decisiones es actualizar el “nomenclador” de funciones ejecutivas en el Ministerio del Interior. En términos simples, esto significa que ciertos cargos serán eliminados, otros homologados y algunos reubicados. Las nuevas funciones y sus titulares fueron publicados en los anexos del decreto.

Además, derogaron normas y estructuras previas, lo que supone la eliminación de algunas divisiones y regulaciones antiguas. Por ejemplo, quedaron anulados el artículo 5.° del decreto de diciembre de 2024 y una decisión administrativa vinculada al área de Asuntos Indígenas de 2018.

Hasta que finalice la transición organizativa, las áreas con rangos inferiores a los recién aprobados seguirán funcionando como lo hacían. Es decir, continuarán con sus equipos y tareas habituales “con sus respectivos niveles, grados de revista y suplementos vigentes a la fecha”. Esto busca evitar vacíos de gestión mientras se terminan de implementar los cambios.

El documento deja claro que la modificación estructural no aumentará la cantidad de áreas de la administración pública nacional. Según intervenciones de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional y la Oficina Nacional de Presupuesto, el nuevo armado no requerirá más cargos ni partidas extra fuera de las ya establecidas.

La medida responde, además, a la necesidad de actualizar y modernizar el funcionamiento del Ministerio del Interior para adaptarlo a los lineamientos de gobierno actuales. Tanto la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública como la Subsecretaría de Presupuesto participaron de la evaluación.

A finales del año pasado, se descartó el traspaso del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) al Ministerio de Seguridad Nacional y se estableció que permanezca bajo la órbita de Interior. La marcha atrás en la decisión responde al malestar generado por un acuerdo previo entre la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, realizado sin consulta a Santilli tras su entrada al Ejecutivo.

Cambios clave dentro del RENAPER

Una serie de nuevos nombramientos en la administración pública fueron oficializados en la madrugada del viernes pasado mediante la publicación en el Boletín Oficial de unos decretos firmados por el presidente Javier Milei.

Entre los cambios más relevantes, designaron a Damián Andrés Selem como subdirector de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a partir del 1 de febrero, de acuerdo con lo establecido mediante el Decreto 76/2026.

Esta designación se produce tras la aceptación de la renuncia de Benito Mario Molver al mismo cargo. Asimismo, el Gobierno le agradeció al funcionario saliente por los servicios prestados durante su gestión.

En los días previos, el Gobierno había aceptado la renuncia de quien se desempeñaba como director nacional del RENAPER, el organismo responsable de los documentos de identidad y registros civiles de la Argentina. En su lugar, informaron que asumió el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, a partir del 1° de febrero. El cambio quedó formalizado por el Decreto 33/2026, firmado tanto por el presidente Javier Milei como por el ministro Diego Santilli.

El próximo martes 24 de febrero, el Senado de la Nación celebrará su sesión preparatoria para definir las autoridades clave del cuerpo. Este encuentro se dará luego de que finalice el período de extraordinarias, en el que el oficialismo terminará de sondear el diálogo entre los diferentes sectores y la capacidad de acuerdos que puede tener de cara al año legislativo.

El proceso se activó tras la citación formal firmada por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, quien instruyó que la sesión se realice a las 12 horas de ese día.

En esta instancia, se renovarán cargos como el presidente provisional, las vicepresidencias y las secretarías administrativa y parlamentaria, posiciones estratégicas tanto para la conducción parlamentaria como para el equilibrio de fuerzas, con la nueva conformación de la Cámara.

La sesión preparatoria responde al artículo 1° de su reglamento: “El 24 de febrero de cada año o el día inmediato hábil anterior, en caso de que sea feriado, se reúne el Senado en sesiones preparatorias a fin de designar autoridades y fijar los días y horas de sesiones ordinarias, los que pueden ser alterados por decisión de la Cámara”.

“Acto continuo, la Cámara hará sucesivamente y por mayoría absoluta la elección de un presidente provisional para que la presida, en los casos determinados en el artículo 58 de la Constitución, un vicepresidente, un vicepresidente 1º y un vicepresidente 2º”, reza el segundo.

En tanto, el tercero deja en claro que “en caso de no resultar mayoría, se votará por los candidatos que hayan obtenido mayor número de sufragios; y en caso de empate, decidirá el presidente”.

Fuentes del Gobierno y del Senado le expresaron hace unas semanas a Infobae que “no existe ninguna intención de terminar de quebrar el orden”, evitando así escalar la tensión entre el Ejecutivo y la Vicepresidenta, cuyas recientes estrategias políticas y comunicacionales no han mostrado resultados palpables.

La continuidad institucional parece inicialmente asegurada en ciertos puestos. La eventual confirmación de Alejandro Fitzgerald al frente de la secretaría administrativa —la oficina que gestiona todos los recursos del Senado— apunta a consolidar consensos entre bloques. Fitzgerald reemplazó a María Laura Izzo, cuya gestión fue considerada eficiente, y superó una serie de intentos fallidos, entre ellos el paso efímero de Emilio Viramonte Olmos.

En la secretaría parlamentaria, la eficaz labor de Agustín Giustinian también facilitaría la estabilidad, asegurando el funcionamiento del “alma legislativa” de la Cámara alta. Este sector resulta determinante para coordinar con los diferentes bloques, afrontar la presión opositora y mantener a la Casa Rosada informada de la correlación de fuerzas para cada ley. Las funciones principales de esta área incluyen el ida y vuelta con las bancadas, amortiguar la presión opositora, definir estrategias y avisar con exactitud a la Casa Rosada los votos que hay —o no— para leyes.

La Presidencia provisional, segundo lugar en la línea de sucesión presidencial tras Victoria Villarruel, permanece como uno de los puntos más sensibles a resolver. Actualmente ocupa ese puesto el libertario Bartolomé Abdala, quien permaneció en función pese a maniobras internas que intentaron desplazarlo, demostrando resiliencia en un contexto político de fuertes disputas. Abdala se destacó por asumir la conducción en momentos de máxima tensión en el recinto, respaldado por figuras como el ex jefe de la bancada, Ezequiel Atauche.

En cuanto a la Vicepresidencia del Senado, su asignación corresponde al peronismo, una costumbre que no ha sido cuestionada en esta ocasión. Restan definirse las vicepresidencias primera y segunda, actualmente en manos del radicalismo y del peronismo disidente, respectivamente, así como las prosecretarías parlamentaria y administrativa.

Un caso particular es el de Manuel Ignacio Chavarría, titular de la prosecretaría de coordinación operativa y recientemente designado en la Central Hidroeléctrica Yacyretá. Su nuevo cargo fuera del Senado no generó impedimentos formales, pero su decisión de solicitar una licencia “ad honorem” —en lugar de renunciar— generó malestar. ¿Qué significaría esto? Continuar con contratos y personal a cargo en el Senado, además de un chofer.