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Desde Provincia presentaron un proyecto para establecer la obligatoriedad de la educación desde los tres años

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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof anunció hoy que enviará un proyecto de ley a la Legislatura provincial para establecer la obligatoriedad de la educación inicial a partir de la sala de tres años.

“No hay mejor manera de celebrar el Día del Maestro que continuar por el camino de transformación del sistema educativo bonaerense que hemos empezado en diciembre de 2019”, afirmó el mandatario kirchnerista.

Kicillof habló durante un acto en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno donde, junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, encabezaron el acto de firma de convenios para la construcción de 19 nuevos edificios escolares.

“A los 230 edificios escolares que ya hemos inaugurado, sumaremos otros 19 establecimientos en 11 municipios bonaerenses, mientras apuntamos además a consolidar el ciclo educativo desde los 3 años para superar en 2024 el 80% de cobertura”, detalló.

La construcción de los nuevos edificios escolares demandará una inversión de 61.900 millones de pesos, precisó Kicillof.

Durante el acto, firmaron el convenio los intendentes de General Rodríguez, Mauro García; de San Vicente, Nicolás Mantegazza; de Pilar, Federico Achával; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Ezeiza, Gastón Granados; de Merlo, Gustavo Menéndez; y de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

Además, se alcanza a los municipios de La Matanza, Presidente Perón, Moreno y Esteban Echeverría.

“En la provincia de Buenos Aires estamos reconstruyendo la educación pública con una inversión histórica en materia de infraestructura, recuperación salarial y capacitaciones a docentes”, subrayó Kicillof.

“En cada recorrida nos damos cuenta de que el ataque contra la escuela pública, que hoy es parte del discurso de las autoridades nacionales, ha fracasado en la provincia”, indicó, y agregó: “Ya sea en grandes ciudades o pequeños parajes, los y las bonaerenses tienen claro que siempre pueden contar con la escuela pública”, concluyó el gobernador.

Estuvieron presentes durante el acto la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara; el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera; funcionarios provinciales y dirigentes gremiales.

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AySA deberá esperar 60 días antes de cortar el agua por falta de pago

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El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó un nuevo Reglamento del Usuario para los servicios de agua potable y desagües cloacales de AySA, que establece nuevas condiciones para los cortespor falta de pago, amplía las instancias de atención y fija plazos para responder reclamos.

La normativa también incorpora mecanismos de protección para hogares con dificultades económicas y reconoce la intervención del organismo regulador ante incumplimientos de la empresa que brinda servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en 26 partidos del conurbano bonaerense, alcanzando a unos 14 millones de habitantes.

Uno de los principales cambios está relacionado con la deuda de los usuarios residenciales. Antes de avanzar con el corte del suministro, AySA deberá aplicar una restricción temporal del servicio de agua potable durante un plazo mínimo de 60 días corridos. Esta medida consiste en limitar el caudal entregado a cada unidad funcional y busca darles tiempo a los hogares para gestionar su incorporación al Programa de Tarifa Social o acordar un plan de pagos con la empresa.

El reglamento también establece que AySA no podrá cortar el servicio de desagües cloacales a un usuario residencial sin la intervención previa del ERAS. Además, no podrá aplicar restricciones ni cortes cuando exista un acuerdo de pago vigente o una orden expresa del organismo regulador.

La protección alcanza también a hospitales, sanatorios y cárceles, considerados usuarios sensibles, y a quienes tengan vigente el beneficio de la Tarifa Social. En los casos en que se compruebe que una restricción o corte fue improcedente, la empresa deberá restablecer el servicio dentro de las 48 horas y compensar al usuario con una suma equivalente al 3% del importe de la última factura por cada día de demora.

Tarifa Social y atención al público

El nuevo reglamento incorpora expresamente el Programa de Tarifa Social, que contempla tres modalidades: Tarifa Social, Caso Social y Tarifa Comunitaria. Entre sus beneficios incluye descuentos en las facturas, planes de regularización de deudas sin intereses ni recargos y facilidades para pagar los cargos de conexión. La duración del beneficio será de 12 meses, con posibilidad de renovación.

En materia de atención, AySA deberá mantener su sede central y contar, como mínimo, con una oficina fija de atención presencial y una unidad móvil de rotación diaria en cada región y subdivisión operativa de la concesión: Norte, Oeste, Sudeste, Sudoeste y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En los casos de facturación incorrecta, el usuario tendrá garantizada la continuidad del servicio mientras se resuelve el reclamo, siempre que haya abonado la última factura consentida. Si se comprueba que pagó de más, AySA deberá ajustar la factura o compensar los importes, con los intereses correspondientes. Además, no podrá cobrar recargos ni intereses durante el período en que haya excedido el plazo establecido para responder.

Calidad y continuidad del servicio de AySA

En cuanto a la prestación, se establecen metas para atender problemas de infraestructura y funcionamiento. Entre ellas, se fija un plazo de 24 horas para resolver desbordes cloacales en la vía pública en tiempo seco y taponamientos cloacales. Para las interrupciones no programadas del servicio de agua potable, la concesionaria deberá alcanzar la resolución dentro de las 48 horas en al menos el 95% de los casos.

Cuando una interrupción del suministro de agua potable supere las 18 horas continuas desde que la empresa tomó conocimiento o recibió la denuncia de un usuario, deberá garantizar el abastecimiento de emergencia, con prioridad para los usuarios sensibles.

La aprobación del reglamento se produjo luego de un proceso de revisión que incluyó observaciones de la Sindicatura de Usuarios, la Defensoría del Pueblo bonaerense, la Defensoría del Pueblo de la Nación y asociaciones de consumidores. La Sindicatura había cuestionado 23 artículos del proyecto original presentado por AySA por considerar que algunas disposiciones podían representar un retroceso en los derechos de los usuarios.

Fuente: Agencia DIB

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Día de la Soberanía: Kicillof resaltó que “Argentina no es el patio trasero de nadie”

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó en Punta Indio del acto por la 181a Conmemoración de la Soberanía Nacional, donde no sólo tuvo un gesto con Cristina Fernández en su discurso, sino que hizo una defensa de los recursos del país y resaltó que “Argentina no es el patio trasero de nadie”.

En compañía del intendente local, David Angueira, parte del Gabinete provincial y público que se acercó hasta el escenario costero levantado en el Balneario “El Pericón”, Kicillof hizo un repaso histórico sobre cómo se llegó a ser una nación soberana y aseguró que hay que tomardecisiones en un país que está estratégicamente posicionado ante el mundo.

“Aquí, desde Punta Indio, donde más temprano que tarde podremos construir el Canal Magdalena, venimos a decir con toda claridad: no importa de qué potencia estemos hablando, la Argentina no va a ser el patio trasero de nadie”, lanzó el mandatario en un discurso donde llamó a mirar la historia y traerla a la actualidad porque se atraviesa una coyuntura donde se discute el reparto del mundo.

En ese punto destacó que en las últimas horas los presidentes de Rusia, Estados Unidos y China se reunieron para hablar de “división” del mundo. Y lanzó: “Argentina, alguno la verá como una presa para apoderarse”.

Acto seguido, explicó que lo que hoy está en juego son los recursos y riquezas, para ver quién se queda con eso. “Argentina tiene hoy las tres palancas: recursos naturales valiosísimos, capacidades científicas y tecnológicas e industria nacional con una gran tradición”, sostuvo, y agregó: “Estamos ventajosamente ubicados ante el mundo que viene. ¿Pero quién va a explotar nuestros recursos, con nuestros ríos, valor agregado?”.

La base en Punta Indio

Kicillof también hizo referencia a la decisión del Gobierno de Javier Milei de avanzar con la transformación de la Base Aeronaval Punta Indio, que va en proceso de achique y por ende modificará su peso operativo e impacto en la región. “Les repito a quienes hoy están cerrando la Base Naval de Punta Indio, de achicando las fuerzas nacionales y ponen en riesgo la soberanía. Les recuerdo que los argentinos no somos empanadas o por lo menos algunos no lo somos. Y los que se sientan empanadas que se vayan a servirla a otros países”, dijo ante el aplauso de los presentes.

La reducción de sus actividades afecta a 185 trabajadores civiles y 300 militares que, según se informó, van a ser trasladados, lo cual significa un golpe de magnitud para la economía y la historia de la comunidad local. Es por eso que este año el acto se decidió hacer allí y no como es habitual en San Pedro. No sólo en apoyo a la base naval sino también para poner en valor la importancia del Canal Magdalenaen términos de soberanía nacional.

Al inicio de su alocución, entretanto, el gobernador tuvo un guiño hacia Cristina Fernández de Kirchner al recordar sus años de Gobierno. “Este día fue feriado por primera vez en el 74, cuando Perón decidió conmemorarlo. La dictadura del 76 le sacó el carácter de fiesta nacional y en 2010 fue Cristina la que devolvió y puso en su lugar en el calendario de Argentina el combate de la Vuelta de Obligado”, señaló.

Fuente: Agencia DIB

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Martín Lousteau defendió el rol de los impuestos y advirtió: “Todos los derechos cuestan y alguien los tiene que pagar”

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Martín Lousteau cuestionó la idea de que pagar impuestos sea equivalente a un robo y planteó que los tributos son necesarios para sostener los derechos y servicios de los que se beneficia una sociedad. Para explicar su posición, comparó el sistema tributario con la cuota de un club: un aporte que permite financiar instalaciones y servicios que utilizan todos sus integrantes, aunque no hayan participado de su construcción.

Durante su columna en Infobae a la Tarde, el economista puso en discusión el argumento que identifica a los impuestos con una pérdida individual y propuso centrar el debate en qué se financia con esos recursos, quién debe pagarlos y cómo los administra el Estado.

“Me gusta pensar que el impuesto es como la cuota de un club. Vos pagás una cuota porque pertenecés a un lugar, pertenecés a una comunidad, pero estás usando cosas de ese club”, explicó.

Como ejemplo, enumeró las instalaciones que utilizan los socios sin haberlas construido: “Vos no hiciste la pileta, no hiciste la cancha de fútbol, no hiciste la cancha de rugby, no hiciste el gimnasio. Estás usando algo que construyó otro en otro momento”.

A partir de esa comparación, sostuvo que la discusión no debería limitarse a cuestionar el pago de impuestos, sino incluir el costo de los servicios y la calidad de su administración. “Cuando alguien va a la asamblea de un club, no dice: ‘La cuota es un robo’. En todo caso, discutirá si es cara o no, si se puede administrar mejor o si hay que arreglar tal o cual cosa”, señaló.

La reflexión surgió después de que en el programa se reprodujeran declaraciones del presidente Javier Milei, quien había definido al Estado como una “organización criminal” y a los impuestos como “un robo” y “una rémora de la esclavitud”. Lousteau cuestionó esa concepción y advirtió que el debate también debe contemplar los servicios y las instituciones que se sostienen mediante la recaudación.

El costo de garantizar los derechos individuales y sociales

Lousteau cuestionó la distinción entre los derechos individuales y los derechos sociales. Según explicó, las libertades vinculadas con la propiedad, la vida y la expresión también requieren recursos públicos para poder ejercerse.

“Para que vos puedas tener derecho a la vida tiene que haber policía, un sistema jurídico, un sistema penitenciario e infraestructura”, afirmó.

El economista extendió el argumento al derecho de propiedad. “Para que tengas derecho a la propiedad tiene que haber jueces y leyes. Para que tu propiedad valga lo que vale, tiene que haber iluminación pública, una calle y gas”, enumeró.

También señaló que la libertad de expresión necesita instituciones que protejan a quienes la ejercen y que la libertad religiosa requiere mecanismos para evitar persecuciones y agresiones.

Para ilustrar su planteo, recordó el incendio de Westhampton, ocurrido en agosto de 1995 en el estado de Nueva York. Según relató, el fuego permaneció fuera de control durante 36 horas y demandó un operativo que involucró a fuerzas locales, estaduales y federales, además de bomberos voluntarios y equipos militares y civiles.

“Fuerzas locales, estaduales, federales, 1.500 bomberos voluntarios, equipos militares y civiles gastaron millones y millones de dólares. No se murió nadie y no se perdieron propiedades”, recordó.

Para Lousteau, el episodio demuestra el costo que implica proteger la propiedad privada y garantizar la seguridad de las personas. También comparó esa respuesta con la actuación ante catástrofes en la Argentina y mencionó el caso de Bahía Blanca.

Su cuestionamiento apuntó a lo que considera una contradicción: mientras se discute cuánto cuestan las jubilaciones, la educación o las pensiones por discapacidad, no suele ponerse el mismo énfasis en los recursos necesarios para garantizar la seguridad, la justicia y la propiedad privada.

“Parece que lo otro no cuesta, pero los derechos sociales sí cuestan”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que reducir impuestos no elimina el costo de las prestaciones públicas, sino que puede trasladarlo a otros sectores de la sociedad. “Cuando vos lo que hacés es bajarle impuestos al que más tiene, no es que el costo de proveer derechos desaparece, sino que empieza a haber desfinanciamiento”, planteó.

El economista también cuestionó algunas decisiones tributarias del Gobierno. Como ejemplo, mencionó el aumento del impuesto a las Ganancias y lo contrastó con las reducciones aplicadas a los vehículos de alta gama, los yates y Bienes Personales, además del blanqueo de capitales.

De todos modos, aclaró que su posición no implica defender cualquier impuesto ni cualquier nivel de recaudación. Para Lousteau, también es necesario discutir cómo se distribuyen los recursos y qué gastos deben tener prioridad.

La gestión del Estado y las prioridades del gasto público

Otro de los puntos de la columna estuvo centrado en la administración de los recursos. Lousteau sostuvo que el Estado no solo necesita financiamiento, sino también capacidad para prestar servicios de calidad.

Para explicar el problema, recuperó una comparación atribuida al jurista Carlos Nino: si una institución debe entregar leche a diez niños y de repente tiene que atender a cien, necesita producir las 90 porciones adicionales. Si no consigue los recursos para hacerlo, la alternativa es diluir la leche y reducir su calidad.

El economista utilizó ese ejemplo para cuestionar el funcionamiento de los servicios públicos y la falta de planificación para responder a una mayor demanda.

“Nuestro Estado parece que, en lugar de gestionarse bien y garantizar esos derechos, diluyó la calidad de los bienes que brindamos”, sostuvo.

También recordó un discurso del expresidente uruguayo José Mujica, quien al asumir había señalado que la educación sería la primera, segunda y tercera prioridad de su administración. Lousteau destacó especialmente otra parte de aquella intervención: la necesidad de definir a qué políticas se les debe decir que no para poder financiar las que se consideran prioritarias.

El planteo apuntó a que la discusión presupuestaria no puede limitarse a enumerar derechos o prometer prestaciones. También requiere establecer prioridades y garantizar los recursos necesarios para cumplirlas.

En ese contexto, cuestionó la interpretación del superávit fiscal como un resultado que necesariamente representa una mejora para todos los sectores. “Cuando el Estado dice que pasó a superávit, en el fondo le pasó el déficit a las familias”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó a los hogares que deben endeudarse cuando sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos y a las pequeñas y medianas empresas que recurren al crédito cuando caen sus ventas.

La informalidad laboral y el financiamiento de las jubilaciones

Lousteau también advirtió sobre las consecuencias de la pérdida de empleo registrado para el sistema previsional. Al referirse a la discusión sobre cómo incrementar los recursos destinados a las jubilaciones, explicó que los trabajadores en relación de dependencia realizan aportes diferentes de los correspondientes al monotributo.

“El trabajo en relación de dependencia es el que más aporta a la jubilación”, señaló.

A partir de ese diagnóstico, sostuvo que la reducción de los puestos registrados compromete los ingresos futuros del sistema. “A medida que perdés trabajadores en relación de dependencia, más problemas vas a tener a futuro para pagar las jubilaciones”, advirtió.

El economista remarcó que el traslado de trabajadores hacia modalidades de menor contribución o directamente hacia la informalidad representa un problema fiscal. “Estás generando un problema fiscal muy grande con el principal gasto que tiene cualquier Estado moderno, que es el sistema previsional”, afirmó.

También rechazó que ese cambio responda necesariamente a una elección de los trabajadores. “No es que hay un deseo profundo de decir: ‘Quiero ir a ser Rappi’”, sostuvo.

Para ilustrar esa situación, contó el caso de una persona que evaluaba cerrar su emprendimiento de venta de ropa y debía buscar otra actividad para sostener sus ingresos. Según planteó, la pérdida de empleos y el cierre de pequeños negocios pueden empujar a más personas hacia ocupaciones informales, con consecuencias sobre los aportes al sistema jubilatorio.

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