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Desde Provincia presentaron un proyecto para establecer la obligatoriedad de la educación desde los tres años

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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof anunció hoy que enviará un proyecto de ley a la Legislatura provincial para establecer la obligatoriedad de la educación inicial a partir de la sala de tres años.

“No hay mejor manera de celebrar el Día del Maestro que continuar por el camino de transformación del sistema educativo bonaerense que hemos empezado en diciembre de 2019”, afirmó el mandatario kirchnerista.

Kicillof habló durante un acto en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno donde, junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, encabezaron el acto de firma de convenios para la construcción de 19 nuevos edificios escolares.

“A los 230 edificios escolares que ya hemos inaugurado, sumaremos otros 19 establecimientos en 11 municipios bonaerenses, mientras apuntamos además a consolidar el ciclo educativo desde los 3 años para superar en 2024 el 80% de cobertura”, detalló.

La construcción de los nuevos edificios escolares demandará una inversión de 61.900 millones de pesos, precisó Kicillof.

Durante el acto, firmaron el convenio los intendentes de General Rodríguez, Mauro García; de San Vicente, Nicolás Mantegazza; de Pilar, Federico Achával; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Ezeiza, Gastón Granados; de Merlo, Gustavo Menéndez; y de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

Además, se alcanza a los municipios de La Matanza, Presidente Perón, Moreno y Esteban Echeverría.

“En la provincia de Buenos Aires estamos reconstruyendo la educación pública con una inversión histórica en materia de infraestructura, recuperación salarial y capacitaciones a docentes”, subrayó Kicillof.

“En cada recorrida nos damos cuenta de que el ataque contra la escuela pública, que hoy es parte del discurso de las autoridades nacionales, ha fracasado en la provincia”, indicó, y agregó: “Ya sea en grandes ciudades o pequeños parajes, los y las bonaerenses tienen claro que siempre pueden contar con la escuela pública”, concluyó el gobernador.

Estuvieron presentes durante el acto la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara; el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera; funcionarios provinciales y dirigentes gremiales.

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Chapadmalal: ponen a disponibilidad a trabajadores y la Provincia salió al cruce

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El Gobierno nacional oficializó el pase a situación de disponibilidad de trabajadores de planta permanente vinculados a las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, en el marco de una reestructuración interna de la administración pública. Ante esta medida, el Gobierno de Axel Kicillof criticó la política de “destrucción del Estado”.

La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante la resolución 129/2026 de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, firmada por Federico Esteban Sicilia. Se trata de los pases a disponibilidad por seis meses de más de 70 trabajadores de planta permanente de ambas unidades turísticas, situación que derivará en despidos formales y también de aquellos que ejercían como “contratados”.

Según establece la normativa, el personal alcanzado quedará en situación de disponibilidad como consecuencia de la supresión de unidades organizativas dispuesta por el Decreto 269/2026, que modificó la estructura operativa de la Jefatura de Gabinete y reorganizó distintas áreas bajo su órbita.

Solo en Chapadmalal, según advertían trabajadores, permanecían unos 50 personas empleadas que ante el cierre total de las instalaciones en 2025 permanecían en un limbo. Y ahora, además, se suman las posibilidades de desalojo de aquellas familias a las que se les cedieron viviendas como parte de su trabajo en la unidad turística.

Cabe recordar que en 2024, la administración Milei resolvió discontinuar el sostenimiento de los complejos turísticos de Chapadmalal y Embalse, en Córdoba, lo que derivó en el cierre de ambos espacios. Posteriormente, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, respaldó la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para avanzar en su transferencia a operadores privados.

La reacción del Gobierno de Axel Kicillof

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, salió al cruce de la medida con un extenso hilo en la red social X en el que calificó la situación como “la destrucción de un derecho” y acusó al Gobierno nacional de avanzar con “un plan sistemático de privatización y vaciamiento” de los complejos.

Costa destacó que las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse son Monumentos Históricos Nacionales y representan “más de 80 años de historia y conquista del turismo social”. Y agregó: “Nacieron para democratizar el bienestar: que el descanso sea un derecho de las mayorías, no el privilegio de pocos”.

Según el funcionario provincial, amparado en el Decreto 216/2025, el Gobierno nacional eliminó la obligación del Estado de prestar servicios de turismo social. Las consecuencias, afirmó, son contundentes: de alojar a más de 84.000 personas en 2023, se pasó a cero turistas en 2025 y 2026.

En tanto, hizo referencia a los más de 30 trabajadores del complejo de General Pueyrredon que fueron intimados en abril a desalojar las viviendas. “Frente a este atropello, desde la Provincia de Buenos Aires nos plantamos. La defensa de Chapadmalal no es nostalgia; es una postura política activa por el derecho al descanso de nuestros pibes de escuelas públicas, jubilados y familias trabajadoras”, indicó.

Y volvió a reclamar el traspaso hacia la administración bonaerense. “Desde que nos enteramos del pase a la AABE en 2025, la Provincia exige la transferencia de los hoteles y de los bienes del Museo Evita del Complejo para hacernos cargo. Si la Nación abandona sus responsabilidades, la Provincia defiende el patrimonio de los argentinos”, cerró.

Fuente: Agencia DIB

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Sin el beneficio de Zona Fría, el Municipio proyecta un incremento de pedidos de ayuda social

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En el ámbito del gobierno municipal ya están analizando el impacto en Bahía Blanca de los cambios en el régimen de Zona Fría en caso de que el Senado apruebe el proyecto impulsado por La Libertad Avanza que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

“Genera mucha incertidumbre. Hay sectores que socialmente han podido tener el gas natural y que esto los puede afectar. Por eso también el intendente la semana pasada habló mucho sobre este tema porque sería algo muy complejo para nuestra ciudad que esto desapareciera”, aseveró esta mañana en diálogo con Radio Altos la secretaria de Políticas Sociales, Romina Pires.

No dudó en afirmar que si las y los bahienses pierden el beneficio de Zona Fría en sus boletas de gas, habrá gente que “va a estar muy mal” y advirtió cómo impactará en los pedidos de ayuda que recibe diariamente la Municipalidad.

Cuando Nación se corre de las distintas políticas, todo recae en la Municipalidad. La situación que estamos viviendo con el recorte de políticas nacionales claramente afecta a nivel local y es el Municipio el que pone la cara, el que está, atiende y escucha y también, el que resuelve muchísimos de los problemas que hoy está teniendo la ciudadanía”, subrayó.

Hizo referencia al mensaje del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante el Tedeum del 25 de mayo respecto de la importancia de ponerle un freno a la polarización y de entender que hay un montón de poblaciones que están sufriendo muchísimo y que no pueden comprar los remedios, que tienen problemas para pagar el alquiler o que quieren trabajar pero no hay trabajo. “Si no entendemos esta realidad social que estamos pasando y no nos conmueve y no intentamos decir ´para gobernar es con todos adentro, no es con más de la mitad de la población afuera de un sistema y que se arreglen como puedan´, estamos en problemas”, manifestó.

Fuente: Frente al cano.

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Zaninelli acusó al rectorado de la UNS de “obstruir la lucha” de docentes universitarios

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Docentes universitarios nucleados en Conadu Histórica y Conadu realizan desde este martes y hasta el próximo sábado un nuevo paro en las universidades de todo el país. En el caso de Bahía Blanca afecta al dictado de clases tanto en la UNS como en sus escuelas preuniversitarias.

El titular de ADUNS (Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur) que depende de Conadu Histórica, Sergio Zaninelli, cuestionó la respuesta de la gestión de Javier Milei a la marcha federal del pasado 12 de mayo en reclamo al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

“No hizo mella en el gobierno, es más, salieron ese mismo día con declaraciones violentas, agresiones y con recortes en el presupuesto de las universidades nacionales. Esa fue la respuesta del Gobierno a la marcha que uno la puede describir como la acción más importante de este año”, planteó.

Agregó que en el marco del plan de lucha vienen concretando semaforazos, volanteadas, el Consejo Superior Universitario sesionó en el playón de la UNS, realizaron la jornada “La universidad no se apaga”, y mucha otras acciones, pero el Ejecutivo nacional sigue sin cumplir con la ley y sin acatar los fallos judiciales.

En ese marco, expuso que los gremios no se pueden quedar esperando que la Corte Suprema defina sobre el tema y que por eso siguen con su plan de lucha, en este caso, con la huelga a lo largo de toda la semana.

“A la situación la vemos difícil, no podemos estar de paro en paro, pero tampoco podemos abandonar la lucha u obstruir la lucha, como quieren hacer algunos rectorados, como por ejemplo nuestro rectorado de la UNS”, lanzó.

Y afirmó que las máximas autoridades de la casa de altos estudios bahiense “están intentando, por ahora extraoficialmente, de ver cómo aplicar la Ley de Modernización Laboral, en particular lo referido a la esencialidad educativa y a la regulación del derecho a huelga“.

Fuente: Frente al cano.

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