El oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de modernización laboral que llegó con media sanción del Senado. El texto sufrió una modificación -la eliminación del artículo sobre licencias médicas- por lo que deberá volver a la Cámara alta para su aprobación definitiva. Ahora el objetivo de La Libertad Avanza es convertirlo en ley la semana que viene para que el presidente Javier Milei pueda tener una importante victoria legislativa antes de su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo.

El proyecto de modernización laboral obtuvo 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención en su tratamiento en general. Los libertarios consiguieron el apoyo de sus habituales aliados del PRO, la UCR y el MID. A los que se sumaron los diputados de Salta y Misiones enrolados en Innovación Federal, las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo, que responden al gobernador Marcelo Orrego; el santacruceño José Garrido, la representante de La Neuquinidad, con línea directa con el gobernador Rolando Figueroa, los tucumanos de Independencia y una parte de Provincias Unidas (dos cercanos a Llaryora y dos a Pullaro).

En contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Elijo Catamarca, Primero San Luis y el resto de Provincias Unidas.

Minutos antes de la votación, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ocupó un palco del primer piso junto con el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Interior, Diego Santilli. Fueron ovacionados por los diputados libertarios.

En la previa de la sesión, el “poroteo” de votos ya anticipan una victoria del oficialismo. Por esa razón, desde el peronismo concentraron sus esfuerzos en dejar la sesión sin quórum. “Si los libertarios consiguen el quórum y arranca el debate, se van a llevar toda la ley. Estas son las leyes que se votan con la mano y con la cola sentándose en la banca. Dar quórum es lo mismo que votar”, advertían antes de a la sesión desde la bancada que conduce Germán Martínez.

Pasadas las 14, cuando los diputados del oficialismo comenzaron a ocupar sus bancas para dar inicio al debate, todo los ojos estaban puestos en los bloques dialoguistas. Los libertarios lograron sumar 130 presentes, uno más del mínimo necesario.

A los 95 diputados de LLA, se sumaron los 12 del PRO, 6 de la UCR y 2 del MID. Los votos restantes los aportaron los espacios provinciales. El gobernador misionero Mario Pasalacqua aportó cuatro presentes (Daniel Vancsik, Yamila Ruiz, Oscar Herrera y Alberto Arrúa), mientras que su par salteño Gustavo Sáenz sumó otros tres (Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega). Todos integrantes del bloque Innovación Federal.

El gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ordenó dar quórum a sus tres diputados del bloque Independencia (Elía Marina Fernández, Gladys Medina y Javier Nogueira. Lo mismo hizo el catamarqueño Raúl Jalil con sus tres referentes (Fernanda Ávila, Fernando Moguillot y Sebastián Nóblega). En tanto, el sanjuanino Marcelo Orrego apoyó con las dos diputadas de Producción y Trabajo (Nancy Picón y Jaime Quiroga), y el santacruceño Claudio Vidal hizo lo propio con José Garrido, su único representante en Diputados. Por último, el único integrante del bloque Provincias Unidas que colaboró con el quórum fue el rionegrino Sergio Capozzi, aunque no tiene una terminal directa en una provincia.

Curiosamente, algunos de los diputados que ayudaron al Gobierno a dar inicio a la sesión luego rechazaron el proyecto. Por ejemplo, Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca, planteó en su discurso que la reforma “vulnera y afecta derechos y garantías constitucionales”. “Creemos que este proyecto no constituye una respuesta integral a los desafíos del mundo del trabajo. Es más, creemos que es regresivo. Esta ley no garantiza más trabajo, vulnera principios como la justicia social”, sintetizó. Sin embargo, tanto él como sus dos compañeros de bloque, que responden al gobernador Jalil, dieron quórum.

Los gobernadores peronistas fueron blanco de muchas acusaciones por parte de los diputados de Unión por la Patria y la izquierda. “No voy a hablar de La Libertad Avanza, ni siquiera del PRO. A los diputados que asumieron en nombre de la bandera de justicia social, les pido de corazón: no sean verdugos de su pueblo, no sean verdugos de los débiles, no sean verdugos de los trabajadores. Recuerden que nuestra obligación es proteger a los frágiles”, les recriminó Juan Grabois.

A su turno, Máximo Kirchner aludió directamente al catamarqueño Nóblega: “Un diputado decía que votaba en contra de esta ley por su padre y por su madre. Lo que me llevó a preguntarme qué fue lo que lo llevó a dar quórum. Está claro que no fue su voluntad sino que fue una instrucción de su gobernador”.

Desde Unión por la Patria rechazaron por completo la reforma. “La experiencia indica que va a fracasar. Es votar un nuevo fracaso, como fue el RIGI para las inversiones extranjeras o como el capítulo laboral de la Ley Bases. Es un nuevo capricho del FMI. Esta ley daña a los argentinos”, afirmó Kirchner. En esa línea, el diputado tucumano y dirigente del gremio La Bancaria, Carlos Cisneros advirtió: “Lo que hoy estamos perdiendo lo vamos a recuperar en las calles, en la Justicia y con la lucha, a los trabajadores nunca nadie les regaló nada”.

El jefe del bloque peronista, Germán Martínez, planteó que el Gobierno busca generar una falsa dicotomía entre los derechos de los trabajadores y la generación de empleo. “Es llamativo tener una normativa tan anti obrera. Esta ley pone toda la carga negativa en el trabajador”, dijo. Y adelantó que cuando el peronismo vuelva al poder derogaría la ley.

Del otro lado, el radical Diógenes González explicó que su bloque acompañaría el proyecto porque así se lo piden las Pymes. “Las Pymes generan el 70% del empleo privado y para ellas es fundamental reducir la litigiosidad. Pues al no poder competir, no pueden cumplir los convenios colectivos de trabajo. Es triste porque en muchas localidades de pocos habitantes trabajan codo a codo el empleado y el empleador. Nosotros creemos en la cultura del trabajo. Y la incidencia de las Pymes en la generación de empleo”, detalló.

“Tenemos la posibilidad de dejar atrás al status quo que acepta como regla la informalidad y la baja productividad. Es un gran paso, significativo, en pos de una primera capa de modernización laboral que permita a Argentina ser, junto con un orden macroenconómico, un país más próspero, más productivo”, agregó su compañero de bloque Lisandro Nieri.

Sobre el final de la sesión, el jefe del bloque Gabriel Bornoroni optó por no hacer su discurso de cierre para pasar a la votación. Al inicio del debate, el libertario Lisandro Almirón había planteado que “la legislación laboral existe para proteger a los trabajadores y tutelar las relaciones de trabajo”. “Y para poder hacer eso, primero tiene que haber trabajo. ¿De qué sirve una biblioteca entera de legislación laboral si al final no sirve para generar empleo? Hoy tenemos un marco regulatorio que no hace otra cosa que expulsar a las personas de la formalidad”,reflexionó.

Uno de los puntos más álgidos de la sesión transcurrió minutos antes de las 22. Al ver que la mayoría de los diputados libertarios y sus aliados se habían retirado del recinto, un diputado de Unión por la Patria pidió someter a votación una moción de orden para que el proyecto vuelva a la comisión de Asuntos Constitucionales.

Como los diputados oficialistas no estaban presentes, la sesión quedó técnicamente sin quórum, por eso la oposición reclamó a los gritos que se terminara el debate. Luis Petri buscó demorar la votación hasta que los libertarios volvieran a ocupar sus lugares. Luego llegó Martín Menem para volver a conducir la sesión y abrió la votación cuando el oficialismo volvió a tener mayoría.

Como represalia, la bullrichista Silvana Giudici propuso una moción propia para que la votación en general de la reforma laboral se hiciera en 30 minutos. Esto generó indignación en el peronismo que se abalanzó sobre el estrado de Martín Menem.

Finalmente, en lo que calificó como “un acto de pacificación”, Giudici anunció que retiraba su moción y el debate continuó con la lista de oradores original.

¿Qué cambios tuvo el texto que llegó del Senado?

La principal modificación que concedió el oficialismo fue la eliminación del artículo 44, que reducía los plazos de licencias pagas y el porcentaje de la remuneración que recibirían los trabajadores.

El texto que había sido aprobado en el Senado establecía que un empleado que sufriera un accidente o una enfermedad que no estuviera relacionada con su trabajo percibiría el 50% de su salario básico si fuera consecuencia de una actividad que realizó voluntariamente (por ejemplo, jugar un partido de fútbol). En cambio, recibiría el 75% si no fue consecuencia de una actividad voluntaria (por ejemplo, sufrió un accidente en la calle). Por otro lado, recibiría esta compensación durante 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o durante 6 meses si las tuviera.

Ese punto generó cierta polémica en los medios y redes sociales, especialmente después de una entrevista que concedió Federico Sturzenegger, donde utilizó el ejemplo de los partidos de fútbol que luego se viralizó. Por esa razón, bloque aliados presionaron para que el oficialismo hiciera modificaciones. Finalmente, al inicio de la reunión de comisión del miércoles, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, confirmó que retirarían el artículo completo para ampliar los consensos.

Los principales puntos de la reforma

Convenios colectivos: el proyecto busca darle prioridad a los acuerdos colectivos por empresa o región, por encima de los convenios sectoriales o por rama. Además, se eliminó la ultraactividad, es decir, la prórroga automática de los convenios vencidos si no hay acuerdo para firmar un nuevo convenio.

Fondo de Asistencia Laboral (FAL): El fondo asistirá a las empresas con el pago de las indemnizaciones y estará nutrido de contribuciones mensuales obligatorias: las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) aportarán el 2,5%. Pero esos aportes patronales hoy se destinan a mantener el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que la medida podría impactar en el financiamiento de las jubilaciones

Vacaciones: el proyecto habilita el fraccionamiento de las vacaciones, siempre que cada tramo no sea menor a siete días corridos. Los períodos de descanso deberán concederse entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. No obstante, empleadores y empleados podrán, de común acuerdo, fijar la fecha de inicio fuera de ese período. La notificación escrita al trabajador deberá realizarse con al menos 30 días de antelación, salvo que un convenio colectivo disponga otro plazo.

Indemnizaciones por despido: el proyecto mantiene el criterio de un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor a tres meses, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los últimos doce meses. Pero a diferencia de la normativa vigente, se excluyen del cálculo conceptos no mensuales, como el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y premios extraordinarios. El monto máximo no podrá superar tres veces el salario promedio previsto en el convenio colectivo correspondiente y no podrá ser menor al 67% de la remuneración mensual habitual, ni inferior a un mes de sueldo. Si el trabajador no está amparado por un convenio, se aplicará el tope más favorable del establecimiento. También se contempla el pago en cuotas de las indemnizaciones fijadas por sentencia judicial: hasta seis cuotas mensuales para grandes empresas y hasta doce para micro, pequeñas y medianas empresas, ajustadas por inflación más un 3% de interés anual.

Además, el proyecto establece que la indemnización será la única reparación por despido sin causa y fija un nuevo esquema de actualización de créditos laborales que contempla el IPC más un 3% anual.

Banco de horas: se permite que el empleador y el trabajador acuerden por escrito la compensación de horas extraordinarias, con un límite de 12 horas por jornada y respetando las 12 horas de descanso. El acuerdo puede prever el uso de horas extra, banco de horas o francos compensatorios y debe respetar los descansos mínimos legales, garantizando la protección de la salud del trabajador. También es posible que estos acuerdos se celebren con la representación sindical. El sistema habilita a compensar jornadas más extensas en algunos días con otras más breves, siempre que no se exceda el máximo semanal legal o el que establezca el convenio colectivo. En materia de jornada reducida, la reforma dispone que solo podrá implementarse si así lo prevén leyes, contratos individuales, convenios colectivos o acuerdos firmados con la representación sindical. Estos instrumentos pueden establecer el cómputo de la jornada máxima sobre promedios, siempre que los descansos legales sean respetados.

Trabajadores de plataforma: se crea la figura del repartidor independiente y se habilita la libertad de formas de contrato. Específicamente se establece que ese vínculo no constituye una relación laboral, sino un contrato de servicio independiente.

Derecho a huelga: los servicios declarados esenciales deberán asegurar un funcionamiento del 75% mientras que la nueva categoría de trascendentales deberán mantener una cobertura del 50%. El listado de servicios esenciales se expande para incluir más actividades, como la educación en sus tres niveles. Además, las asambleas en los lugares de trabajo deberán contar con autorización previa del empleador.

Blanqueo laboral: para regularizar la situación de los trabajadores informales se eximirá de hasta un 70% de las deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social. Por otro lado, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), reducirá las cargas patronales para empleadores que registren nuevos trabajadores, con un 8% de descuento en los tributos sociales.

La frenética agenda de las sesiones extraordinarias continúa sin freno en el Senado, que buscará dictaminar esta tarde y dejar listo para el recinto la iniciativa que impone el nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. El tema será tratado, desde las 14.30, por el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.

El proyecto fue aprobado la semana pasada por Diputados, con votos del oficialismo libertario y bancadas dialoguistas que, al comparar con la Cámara alta, previsualizan una eventual sanción de la ley la semana próxima. No obstante, tras la mini crisis generada por el propio Gobierno con la reforma laboral, al menos dos bancadas aliadas deslizaron en las últimas horas que si bien acompañarán esta tarde con sus firmas en el plenario de comisiones, reclamarán precisiones sobre la letra chica del texto.

“Hay algunos puntos que, por ahora, no están del todo claros. Vamos a firmar mañana -en referencia a hoy- el dictamen, pero no queremos que pase lo de la reforma laboral y si no se resuelven los interrogantes hasta el día de la sesión, ya sea con un reaseguro preciso y anticipado en la reglamentación, evaluaremos los pasos a dar”, manifestaron a Infobae desde un despacho de peso. Bajo esta premisa no sería extraño que, en el encuentro de hoy, algunos avales sean en disidencia.

El nuevo Régimen Penal Juvenil no sólo baja la edad de imputabilidad a los 14, sino que también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para infracciones con condenas menores a los 10 años de cárcel, como la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la desactivación para conducir vehículos.

Por otra parte, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales para que los menores condenados tengan garantizado el derecho a ser educados, recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedará prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Con la iniciativa también se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluidos mecanismos restaurativos cuando amerite.

Durante el debate en el recinto de la Cámara baja, la diputada libertaria -y miembro informante- Laura Rodríguez Machado (Córdoba) señaló que la ley actual, sancionada en 1980, “no previene, no resocializa y no repara”, ni da respuestas a las víctimas, y afirmó que el nuevo proyecto incorpora estándares internacionales que la Argentina suscribió pero nunca plasmó en una normativa específica.

Guiño a embajador político

La comisión de Acuerdos del Senado analizará -desde las 11- el pliego del exdiputado libertario Fernando Iglesias como embajador -político- en Bélgica y la Unión Europea. En caso de luz verde -se esperan dardos de todo tipo desde el kirchnerismo-, también quedará listo para la semana próxima. La presidencia de este Cuerpo iría para el mileísta Juan Carlos Pagotto, quien ya comanda la de Justicia. Esto representa un inconveniente reglamentario.

Con la sesión preparatoria del martes 24 de febrero, los estrategas de la Cámara alta ya prevén dos convites más para el recinto: el jueves, con Iglesias, Régimen Penal Juvenil y -quizá- la ley de glaciares. La agenda en cuestión fue consensuada entre oficialismo y dialoguistas durante la mañana de ayer, en una reunión virtual.

En tanto, para el viernes quedaría la reforma laboral, siempre y cuando Diputados la modifique entre hoy y la madrugada de mañana y regrese, en segunda revisión, antes de un plenario ya convocado para las 10 de este viernes en el Senado. Esto agita el siempre denostado vicio del “rodillo parlamentario” con el que el kirchnerismo, en sus diversos gobiernos, se cansó de romper récords. No obstante, es el peor camino a imitar y será, de mínima, desprolijo. El otro tema será el convenio entre el Mercosur y la Unión Europea.

El Gobierno asumió el costo de la marcha atrás con el artículo de las licencias por enfermedad, logró dictamen después de esa poda y apuesta a la sesión de este jueves en Diputados para aprobar la reforma laboral. Será un paso decisivo, pero no el último, porque la coronación del proyecto deberá esperar a la segunda vuelta del Senado, la semana que viene. Todo fue disparado por el impacto del artículo 44, que se sintió en el interior del oficialismo, descolocó a aliados y dejó una imagen pobre del grueso de los senadores, porque el tema pasó sin ruido en el recinto -al parecer, sin lectura- – y estalló unos días después por las declaraciones de Federico Sturzenegger. Alcanzó para darle aire a los duros de la CGT, que hoy va al paro total.

El oficialismo decidió dar de baja el grosero tema de las licencias por causas de salud cuando comprobó que, sin ese giro, no tenía asegurada la sesión de Diputados. Es decir, no contaba con los apoyos para garantizar el quórum. La amplia gama de socios y aliados no estaba dispuesta a acompañar si no era liquidado el artículo en cuestión, sin parche alguno, aunque eso determinara un nuevo capítulo en la Cámara alta. Lo registraron Martín Menem en los contactos con el armado del PRO, parte de la UCR y otros sectores; y Diego Santilli en diálogo con gobernadores. De manera pública, lo hicieron saber después Cristian Ritondo, como bloque, y Gustavo Sáenz, como señal de jefes provinciales.

Los recelos habían ganado terreno. La reacción inicial del Gobierno, cuando fue sorprendido por el oleaje que provocaron los dichos de Sturzenegger, fue tratar de dibujar alternativas que agotaran el trámite en Diputados: corrección en la reglamentación de la ley o un proyecto específico para anular después el artículo 44. El problema era más complejo. No pesaba sólo la evidente fragilidad o improcedencia de esas alternativas, sino, sobre todo, la desconfianza en el cumplimiento del Ejecutivo. Y además, el malestar por un costo inesperado y atribuido a la interna violeta.

Ese último fue un ingrediente fuerte. Desde las filas de LLA nunca aclararon del todo cómo había sido incorporado el texto, cuyo efecto se añadió a la lista de daños autogenerados. En filas del PRO y entre legisladores que juegan como aliados por indicación de sus gobernadores -del PJ o provinciales- cargaron contra la “mala praxis” violeta. Una explicación más bien exculpatoria, porque el texto estuvo en poder de sus senadores y pasó la votación. Es más, trascendió que un señalamiento sobre el tema habría llegado al bloque amarillo de diputados.

Como sea, no resultó un dato menor que aliados del oficialismo hicieran pública su posición -dar de baja sin más vueltas el artículo de las licencias por enfermedad-, además de haberla anticipado en las conversaciones con Martín Menem y, de manera más informal, con Santilli. Ritondo lo expuso como decisión del espacio o interbloque. Y la suma terminó de dar negativo para el titular de Diputados cuando llegó el mensaje de Sáenz. El gobernador salteño difundió en X la decisión del conjunto integrado también por legisladores que responden a los jefes provinciales de Tucumán, Catamarca y Misiones.

El malestar con Sturzenegger en el interior del oficialismo venía de arrastre. Fuentes libertarias dejaban circular que el ministro había sido apartado del tema cuando se conversaba en reserva con negociadores cegetistas para moderar las reacciones frente a la reforma laboral. Eso explicaba la decisión de bajar del proyecto los puntos que podrían afectar a las estructuras sindicales, como las cuotas para los gremios y la reducción de aportes a las obras sociales.

El impacto primero mediático y después político de las declaraciones del ministro sobre el recorte de licencias por cuestiones de salud también fue registrado en la interna sindical. Los más críticos con los secretarios de la CGT -Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello- apuntaban ácidamente a una suerte de entendimiento para dar por cumplida la protesta con la marcha de la semana pasada. Latía también la posibilidad de algunas demandas judiciales una vez sancionada y promulgada la ley. Y se hablaba de contactos con algunos jefes cegetistas, por vía de Santiago Caputo y, al menos en este terreno, en la misma dirección que Karina Milei.

El nuevo capítulo en el trámite de la ley dio oxígeno a los gremios más duros de la CGT. El paro total no estaba planteado como alternativa real hace apenas una semana. Por supuesto, la dirigencia sindical arrastra el deterioro de su imagen. El punto, en todo caso, es que la exposición y caída del artículo 44 impactaron en la agenda pública -la conversación, en sentido amplio- muy por encima de lo que venía ocurriendo con la reforma laboral como título.

Fue notorio en las redes sociales. Y a ese cuadro se sumó el cierre de Fate. El Gobierno decidió imponer una conciliación obligatoria, para tratar de contener la situación, y además asoció la decisión empresarial con el clima de paro. En esa línea, Javier Milei no ocultó su enojo. Y vía trascendidos sobre la evaluación de Olivos y a través de las redes, la carga apuntó centralmente sobre el empresario Javier Madanes. También, sobre el sindicato.

Es sabido que Fate arrastra una situación crítica de años y también que es duro el conflicto gremial, en los últimos meses por el ajuste de salarios. Por supuesto, el otro factor -de mercado, por las importaciones- fue destacado en el mensaje de la CGT -tal vez, menos relevante en otro contexto- y por la UIA, tensionada por diferencias en su interior y últimamente más expuesta. Fue sacudida por el cruce del Gobierno con Techint y viene de un encuentro con Luis Caputo, que habría dejado poca respuesta a sus planteos.

El oficialismo confía en celebrar el paso de la reforma laboral por Diputados, aunque le reste el ultimo impulso en el Senado. Dará además batalla comunicacional por el paro de la CGT. De todos modos, lo más inquietante en ese frente sería hasta qué punto se impondrán respuestas duras desde la estructura sindical. En estas horas, renacen las especulaciones sobre judicialización de la ley o de algunos artículos, incluso más allá de movidas cegetistas. Pero por ahora, el foco sigue puesto en Diputados. El oficialismo revisa las cuentas de apoyos y espera superar cuestionamientos a otros puntos sensibles, como la creación del FAL. Javier Milei espera atento, en comunicación desde Washington.