La sesión para darle media sanción al proyecto de modernización laboral en el Senado ya tiene fecha. Los libertarios confían en que el 11 de febrero podrán dar una señal política contundente que ayude a bajar el riesgo país para luego completar el trámite parlamentario en Diputados una semana después. Si bien el Poder Ejecutivo no aún convocó formalmente al segundo tramo de sesiones extraordinarias, las espadas legislativas libertarias reconocen que todos los esfuerzos se concentrarán en aprobar la modernización laboral: las -más de una vez- anunciadas reformas penal y tributarias quedarán para más adelante.

Cuando Milei firmó el llamado a sesiones extraordinarias durante diciembre, incluyó en el temario seis proyectos: el Presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal, el Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria (prohibir el déficit), la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal.

Antes de que terminara el 2025 La Libertad Avanza logró sancionar los dos primeros y también pudo dictaminar la reforma laboral en el Senado y la regla fiscal en Diputados. Sin embargo, durante el receso sólo hubo contactos con la oposición y con los gobernadores en relación a los cambios en la legislación del trabajo. Y tangencialmente se dejó trascender que la ley de glaciares podría ser moneda de cambio para sumar votos entre las provincias mineras.

La reforma penal fue anunciada en varias oportunidades durante el año pasado. En conferencia de prensa la por entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich detalló que se endurecerían las penas para los delitos de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También incluiría la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado. Bullrich sostuvo que la reforma apuntaría a “dejar atrás la doctrina Zaffaroni” para que la sociedad deje de encontrarse “a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos”. Significaría el fin de la “puerta giratoria”.

Sin embargo, el texto nunca llegó al Congreso y difícilmente comience a debatirse durante febrero ya que los proyectos para endurecer penas suelen traer aparejados intensos debates. En el Gobierno, al parecer, parecen entender que la reforma laboral por sí sóla generará suficiente ruido político para sumar nuevas batallas.

En cambio, la reforma tributaria, también anunciada en más de una oportunidad por el Gobierno, se vio afectada por el trámite del Presupuesto 2026. El Gobierno esperaba derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, para tener mayor margen fiscal. Pero la caída del capítulo XI no estaba en sus planes y dejó en evidencia cierta mala praxis a la hora de contar los votos.

Si bien no está en carpeta una reforma integral del régimen tributario. El proyecto de modernización laboral incluye un capítulo con varios cambios sustanciales. De hecho, sobre ese punto se concentraron las críticas de los gobernadores, que reclaman algún tipo de compensación por la merma en los fondos coparticipables que se reparten entre las provincias.

Entre las propuestas se destacan la reducción de impuestos internos a algunos sectores, una baja de Ganancias para las sociedades, la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), orientado a promover inversiones productivas de empresas que califiquen como micro, pequeñas o medianas, y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se conformará con el 3% de las contribuciones patronales, que dejarán de ir al sistema previsional para constituir un fondo individual por empresa destinado a futuras indemnizaciones.

Este viernes se reunió en la Casa Rosada la mesa política del Gobierno de la que participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el secretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Allí comenzó a delinearse la estrategia parlamentaria pero no hubo consenso respecto a qué tipo y cuántas concesiones deberían otorgarse a las provincias para garantizar su apoyo a la reforma laboral.

Por su parte, la oposición se enfoca en juntar votos para derogar el DNU que reformó la SIDE. El decreto fue enviado este jueves a la comisión bicameral de trámite parlamentario pero como no está constituida, difícilmente pueda comenzar a analizarlo. Pasados diez días hábiles, el 29 de enero, cualquiera de las Cámaras podrá llevarlo al recinto para votar sobre su validez.

En Diputados la oposición no está tan lejos de alcanzar el quórum para abrir una sesión especial en febrero. A los 93 diputados del peronismo se sumarían 22 de Provincias Unidas y 4 de la Izquierda y algunos “líberos” como la cordobesa Natalia De la Sota y el puntano Jorge “Gato” Fernández. Como base son 121, pero tendrán que sumar por lo menos 8 voluntades más.

En tanto, en las filas libertarias confían en que no tendrán problemas en blindar el decreto en el Senado, con eso bastará para que siga vigente.

En paralelo a las negociaciones por la Reforma Laboral, el Gobierno desestima las críticas de la oposición contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reforma la Secretaría de Inteligencia (SIDE), que ingresó en las últimas horas al Congreso Nacional. Según reveló a Infobae una importante fuente al tanto de la negociación legislativa, el oficialismo confía en poder blindar el decreto en la Cámara de Senadores, aunque se juega a estirar el tratamiento al mes de marzo.

“No veo que pueda tratarse estos días. No tienen el número. Sin embargo, técnicamente contamos con los votos para respaldarlo en el Senado”, admitió una importante voz con acceso al despacho presidencial a este medio.

Es que en la administración libertaria descansan en la cintura de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien -según los cálculos de los propios- contaría con un piso de 40 respaldos en la Cámara Alta, que surgen del número que acompañó el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal en diciembre. Sin embargo, la exministra debe trabajar para efectivamente extrapolar el numero al tratamiento del decreto.

El pasado jueves, el Poder Ejecutivo envió la iniciativa que lleva la firma del presidente Javier Milei y del Gabinete al Senado, luego de haber ingresado primero por Diputados. De esta manera, regiría un plazo de diez días para que la Comisión Bilateral de Trámite Legislativo, que aún no está conformada, lo trate. Es decir, recién el 29 de enero las dos Cámaras podrán debatir su validez en el recinto.

En paralelo, por los pasillos de Balcarce 50 destacan la decisión de la Justicia de no habilitar la feria judicial para tratar los amparos que presentó la oposición contra el decreto 941/25, y justifican la determinación. “No representan a nadie. La falta de legitimación es clara. Nadie pueden probar daño e ir contra el decreto”, precisaron. Sin embargo, los equipos legales trabajan en la estrategia judicial que les permita hacer frente en caso de que, durante el mes de febrero, la justicia haga lugar a los planteos.

Si bien la oposición cuestiona el caracter de “necesidad y urgencia” de la reforma que habilita al personal de Inteligencia a ejectura aprehensiones de personas, en la administración libertaria descartan que esté el número necesario para tratar el tema en los próximos días.

Pese a los pedidos por las bicamerales de Inteligencia y de Trámite Legislativo, en La Libertad Avanza se juegan a no conformarlas para estirar el debate hasta marzo. De tratarse en sesiones ordinarias, el tema perdería visibilizadad e impacto al tiempo que permanecería vigente hasta que el Congreso se expida.

En cualquiera de los escenarios posibles, cobra fuerza el rol Patricia Bullrich, en quien reposan para que articule y replique los números que dieron lugar a la sanción de la Ley de Leyes en diciembre. “Patricia (Bullrich) cuenta una especie de bloque de 40″, calculó ante este medio un integrante de la mesa política, que confía en que la exministra logre abroquelar a los aliados detrás del DNU.

En sintonía, un legislador de La Libertad Avanza admitió ante este medio que la situación se presenta algo más compleja en Diputados a raíz de la presión de la oposición, pero se mostró optimista con las chances en el Senado con la mira en los bloques de la UCR, el PRO y algunos provinciales. “La oposición sabe que solo necesitamos la aprobación de una sola cámara. Todo lo que hacen lo hacen para perjudicarnos”, remarcó.

Al mismo cálculo llegan los opositores que, luego de la performance legislativa del oficialismo el pasado fin de año, ven un escenario más favorable en la Cámara Alta. “Hoy está más fácil Diputados que el Senado. Si vemos la foto de lo que fue el Presupuesto, aunque puede tener algunos cambios, hay un apoyo bastante consolidado de algunos bloques. De todos modos, hay que ver qué hace el radicalismo”, planteó uno de los diputados que se resiste al decreto.

Asimismo, trabajan para alcanzar los 129 votos que les permita habilitar el quórum para dar tratamiento en los próximos días. “Debemos estar en 123, 124. Pero de acá a febrero, pueden cambiar las condiciones, sin lugar a dudas. Nosotros vamos a empujar todo lo que podamos”, reafirmó un legislador esperanzado.

Lo que esperanza a la administración liberatria, en especial al asesor presidencial, Santiago Caputo, que fue el artífice de la redefinición de competencias de la SIDE, es la Ley 26.122, que establece que para convalidar el DNU deberá conquistar el aval de una sóla Cámara, mientras que su rechazo deberá ser de parte de las dos cámaras del Congreso por mayoría simple.

Mientras tanto, el consultor trabaja en una tercera Reforma de la Ley de Ingelicencia Nacional con revisión de la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Seguridad Nacional que podría enviar al Congreso una vez iniciado el año legislativo, aunque desde su entorno evitan dar precisiones temporales.

Este mediodía en Asunción, Paraguay, se terminará de cerrar uno de los acuerdos de asociación más grandes del mundo. Los cancilleres del Mercosur y representantes de la Unión Europea (UE) firmarán el documento final que da pie a una alianza que engloba al 25% del PIB e implica un mercado común de 780 millones de personas, el cual promete transformar las relaciones de ambas regiones.

La rúbrica del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE se realizará a las 12 (hora argentina) en el Gran Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central de Paraguay. Ahí estarán presentes el presidente Javier Milei junto a sus pares boliviano Rodrigo Paz, uruguayo Yamandú Orsi y el paraguayo Santiago Peña, quien oficia de anfitrión por ser el presidente pro tempore del Mercosur.

El brasileño Luiz Inácio Lula da Silva es el único de los latinoamericanos que estará ausente. El mandatario fue quien más promovió la concreción del acuerdo en el último tiempo y, en el medio de sus tensiones crecientes con Argentina y (en menor medida) Paraguay, decidió armar una foto este viernes con los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Antonio Costa, en Río de Janeiro para consolidar el rédito político de esas gestiones.

Aunque estarán presentes los jefes de Estado (incluso el de Panamá, José Raúl Muliño, que se sumará al tratado pese a ser un país asociado del Mercosur), esta firma será hecha por los cancilleres de todos los Estados Miembro. Esto se debe a que, en el caso de la Unión Europea, los firmantes formales son los ministros.

Ahí la asistencia será completa. Estarán los cancilleres Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay), Pablo Quirno (Argentina), Mauro Vieyra (Brasil), Fernando Aramayo (Bolivia), Mario Lubetkin (Uruguay) y Javier Martínez-Acha. Por parte de la Unión Europea, la firma recae en el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič.

Milei tiene previsto partir desde Buenos Aires a las 9 de la mañana para llegar dos horas más tarde a Asunción. El equipo que lo acompañará allí estará compuesto por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; y el embajador de Argentina en Paraguay, Guillermo Nielsen.

La Casa Rosada tiene en agenda que Milei dará unas palabras cerca de las 13 para dar sus perspectivas de lo que será el comercio birregional para los próximos años. La consecución de este acuerdo cumple con el pedido de apertura comercial que venía esgrimiendo en las últimas cumbres regionales.

“El Mercosur ha sido un escollo para el progreso de los argentinos. Consolidarnos en un bloque común no solo no nos hizo crecer, sino que nos ha perjudicado. Mientras vecinos se abrieron al mundo y entablaron acuerdos comerciales, nosotros nos encerramos en nuestra propia pecera, tardando más de 20 años en cerrar un acuerdo con el que hoy festejamos, que aún dista de ser una realidad”, había dicho frente a sus pares y Von der Leyen en la Cumbre del Mercosur que se hizo en Uruguay en 2024.

A excepción del uruguayo Orsi, en esta ocasión Milei estará rodeado de mandatarios con los que coincide ideológicamente y sin Lula. Asimismo, sigue inminente su intención de realizar un bloque formal de mandatarios y líderes de derecha o antiprogresistas de la región. En ese plano, en Casa Rosada mantienen la convicción de que ese espacio podría crecer hacia futuro, teniendo como una de sus aspiraciones que en las elecciones de este año en Brasil haya un triunfo de Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair.

La decisión de Lula de convocar a una reunión en Río de Janeiro con las máximas autoridades de la Unión Europea generó sorpresa y malestar dentro del gobierno argentino. Pese a que en el entorno de Milei salieron a señalar que Brasil armó una cumbre paralela “a último momento”, en el país vecino buscan explicar que esta audiencia ya estaba prevista desde finales del año pasado, que Paraguay ya había establecido semanas atrás que la firma del acuerdo iba a ser entre cancilleres y que por estos días se decidió elevar el evento a nivel presidencial.

¿Qué es el Acuerdo Mercosur-Unión Europea?

El acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea representa una oportunidad estratégica para ambos bloques, con el potencial de transformar el escenario geopolítico y económico global. Se trata de un pacto que abarca dimensiones comerciales, políticas y de cooperación, y que origina uno de los espacios económicos integrados más relevantes, con cerca de 745-780 millones de personas y alrededor del 25% del PIB mundial.

El tratado propone la eliminación progresiva de más del 90% de los aranceles bilaterales, la reducción de barreras no arancelarias y la unificación de regulaciones en áreas como inversiones, propiedad intelectual y estándares sanitarios y técnicos.

El acuerdo permitiría al Mercosur acceder de manera preferencial a uno de los mercados de mayor poder adquisitivo del mundo, lo que beneficiaría sobre todo a su sector agroindustrial y a la exportación de minerales, alimentos procesados y manufacturas agropecuarias. Para la Unión Europea, el acuerdo fortalecería su presencia en América del Sur y diversificaría sus proveedores estratégicos, especialmente en un contexto de competencia global creciente. Además, las empresas europeas podrían lograr un ahorro anual estimado en hasta 4.000 millones de euros por la reducción de derechos aduaneros, mientras que los flujos de inversión extranjera directa desde Europa hacia el Mercosur podrían duplicarse.

Hoy el intercambio comercial entre ambos bloques supera los 111.000 millones de euros, con Europa como un mercado clave para productos agrícolas sudamericanos, y el Mercosur como destino de maquinaria, automóviles, productos químicos y farmacéuticos europeos. Sin embargo, la relación no es simétrica y existen sectores vulnerables en ambos bloques. Las manufacturas del Mercosur, como textiles, calzado y metalmecánica, enfrentarán mayor competencia europea, mientras que la agricultura europea teme el impacto de la entrada de productos sudamericanos.

Entre los principales desafíos se encuentra la necesidad de superar obstáculos políticos y regulatorios, así como de articular políticas compensatorias y mecanismos de adaptación para mitigar el impacto sobre sectores sensibles y pymes. El cumplimiento de exigencias ambientales europeas en materia de deforestación, trazabilidad y derechos laborales también exigirá inversiones y adaptaciones productivas en el Mercosur.

La consultora ABECEB analizó en uno de sus informes especiales sobre el tema que el acuerdo tiene una fuerte dimensión geopolítica: 1) para la Unión Europea, el tratado sirve para reducir la dependencia de Asia y reforzar su influencia en América del Sur; 2) en tanto, el Mercosur podrá diversificar alianzas, reducir la dependencia de China y reposicionarse como actor relevante en el comercio global.

La viabilidad del acuerdo depende de la capacidad de ambos bloques para liderar el proceso en contextos de volatilidad política y presiones internas. En Europa, la oposición de algunos países mantiene en duda la ratificación plena, mientras que en el Mercosur la falta de una institucionalidad supranacional obliga a la ratificación individual de cada Estado miembro. Como alternativa, se contempla un Acuerdo Interino que permitiría aplicar de inmediato la parte comercial, aunque su entrada en vigor depende de la aprobación en el Parlamento Europeo y la ratificación de todos los países del Mercosur.