A fuerza de pactos y negociaciones, el Gobierno tendrá su reforma laboral cuando el próximo viernes el Senado termine el trámite exprés que ideó la Casas Rosada para imponerse sin sobresaltos. Es la primera gran batalla de Javier Milei en su nueva construcción política, consolidada a base de acuerdos a medida para garantizarse sus objetivos, sin distinción de castas.

El sindicalismo y los gobernadores terminaron siendo los actores centrales que habilitaron el paso seguro de la reforma laboral por el Congreso. El pacto sindical libertario incluyó nulos reclamos provinciales. No hubo una sola marcha que hiciera siquiera dudar a alguno de los mandatarios de origen peronista de la inconveniencia de colaborar con Milei. “Si apostaron al acuerdo, iban a tener esta ley”, reprocha un dirigente de peso en el peronismo sobre el accionar de la CGT. Ni un bloqueo, ni una marcha a una casa de gobierno provincial.

En la Tucumán de Osvaldo Jaldo se acumulan los reclamos de las empresas textiles que cierran. El caso emblemático es Hilado SA, que en enero dejó de producir e implicó la suspensión de 190 empleados de su planta en Los Gutiérrez. “Nadie fue a pararle la provincia”, se quejan en el peronismo. “Arreglaron ellos”, mastican bronca en el bloque. En pleno debate parlamentario, en la Catamarca de Raúl Jalil la empresa de electrodomésticos Neba arrancaba un proceso de despidos en su planta del parque industrial El Pantanillo. Tampoco hubo movilizaciones que lo hicieron pensar en abstenerse de colaborar.

El cierre de Fate cayó como una bomba en el Gobierno, en el día previo al debate en Diputados. Poco afecto a intervenir en los conflictos, esta vez la Casa Rosada intentó una jugada para ganar tiempo y evitar que la conflictividad se expandiera hasta el Congreso. Dictó casi en minutos la conciliación obligatoria que frena por 15 días hábiles los despidos. La medida solo posterga el final anunciado, pero para entonces Milei ya tendrá su nueva ley laboral. Con la sanción definitiva el viernes, la Casa Rosada apurará su promulgación. En el mientras tanto, desde el Gobierno intentaron desviar el foco de la discusión y centrarse en la responsabilidad del dueño del holding, Javier Madanes Quintanilla. “¿Conspiranoico yo?”, dejó un posteo el Presidente, para que los tuiteros salieran a descargar su malestar hacia el empresario. La Unión Industrial Argentina (UIA), que demoró en defender a Paolo Rocca al menos dos días después del “don Chatarrin” presidencial, esta vez activó más rápido un comunicado para quejarse de que la situación de Fate no era un hecho aislado. Los empresarios intentan reacomodarse al esquema de poder que se abrió desde la llegada de Milei al Gobierno. Los actores cambiaron. Rocca ya no ocupa el rol central con ascendencia en Balcarce 50. Ese lugar hoy es de la familia Bulgheroni.

En ese contexto de alta conflictividad, el oficialismo se vio obligado a ordenarse. En 48 horas dio una doble marcha atrás con el artículo del descuento salarial por enfermedad y despejó el camino en Diputados. Primero anunció que lo retocaba, en una redacción de imposible cumplimiento que calificaba a las enfermedades entre severas, incurables y degenerativas. El rechazo social fue tal que con el correr de las horas aceptó directamente su eliminación. Ya hay pases de factura con los aliados del PRO. En el bloque libertario dicen que Cristian Ritondo salió a marcarle la cancha al Gobierno en redes sociales cuando la decisión ya estaba tomada.

Con bastante más oficio, Martín Menem entendió que debía diversificar los apoyos para ampliar la base de sustentación. Su habilidad es su desconfianza. No depender de un sólo sector sino tener a varias tribus dispuestas a apoyar. Germán Martínez, el jefe de UxP, lo llamó los “packs”, pero lo cierto es que los libertarios armaron un menú de opciones a medida de las necesidades propias y ajenas. Los acuerdos terminaron siendo un tetris. El tucumano Javier Noguera dio quórum pero se ausentó en la votación. Ya estaba acordado. Lo sabía el bloque kirchnerista y lo sabían los libertarios. Está presionado por Jaldo. El acuerdo inicial que llevó a la unidad al peronismo provincial en las últimas elecciones legislativas implicaba que el diputado se quedaría en el bloque de UxP. Dirigentes provinciales dicen que Jaldo los traicionó a costa de presionar a Noguera con el ahogo financiero al municipio de Tafí Viejo, que gobierna Alejandra Rodrìguez, su mujer, y del que él fue intendente.

En el caso de los diputados por Catamarca, aportaron al quórum pero votaron en contra de la ley. No eran necesarios. El Gobierno tenía el apoyo de los legisladores de Santa Fe y Córdoba. Salta y Misiones no se despegaron de los mandatos oficiales. Permitieron el inicio de la sesión y votaron a favor, en un combo completo.

El Gobierno tenía asegurado el resultado a su favor sobre todo por el rol que jugó el bloque de Provincias Unidas, que preside Gisela Scaglia. En crisis de identidad, ese espacio no encuentra cohesión interna. Completamente divididos, decidieron mostrar algo de unidad anunciando que no darían quórum. Se desmarcó el rionegrino Sergio Capozzi, ex diputado de PRO. Ya estaba hablado que la mitad de ese conglomerado variopinto votaría a favor.

Las razones de la colaboración: fondos y algo más

El peronismo emprendió automáticamente la caza de traidores. En rigor, los gobernadores que apoyaron a Milei son dirigentes que ya están afuera del esquema en el que sigue gravitando Cristina Kirchner. No hubo fisuras en el bloque, que ya es bastante. Buena parte de la colaboración se explicará en fondos para obras que comenzarán a verse en los balances oficiales en los próximos días. Son ya razones sistémicas. Como los gobernadores peronistas que apoyaron a Mauricio Macri, incluso mayor en número que ahora. Provincias ahogadas que necesitan fondos nacionales y también un derrotero de derrotas electorales. El triunfo de Milei en las últimas elecciones se explica también por la pérdida de votos del peronismo en las provincias del Norte.

“Las encuestas me dicen que la gente quiere diálogo”, le dijo Raúl Jalil a un integrante del bloque de UxP cuando intentaba convencerlo de que no colabore con Milei. Con miedo, llegó a confesarle que si la votación era una semana después, perdía. Son gobernadores, además, electoralmente amenazados por La Libertad Avanza. Jaldo ganó gracias a la unidad, pero con un electorado conservador, difícil que pueda bloquear en 2027 el avance de la ola violenta. Deberá volver a pactar con el sector de Juan Manzur, si es que todavía tiene margen. Gustavo Sáenz perdió en Salta capital y tendrá problemas para reelegir ante el crecimiento de Emilia Orozco en su territorio. Dicen en las filas libertarias que apuesta a ser el vice de Milei. El Frente Renovador de Misiones también vio colapsar sus chances electorales cuando en octubre quedó en segundo lugar, detrás de La Libertad Avanza. Son mandatarios que no tienen, además, jefes nacionales que los ordenen. Ellos son sus propios jefes.

La sustentabilidad de los acuerdos es todavía una materia pendiente para el nuevo manual de conducción de los libertarios. Por ahora son pactos débiles, coyunturales y poco duraderos. En el Gobierno saben que el año próximo, con las elecciones en puerta, los pactos se disolverán. “¿Cuánto aguantan algunos diputados?”, se preguntan en los bloques opositores, como el caso de la periodista neuquina Karina Maureira que se quebró en llanto en plena sesión y pedía rever algunos artículos, como la derogación del estatuto del periodista, y terminó votando por su eliminación.

Entre los gobernadores de corte puramente opositor el más complicado económicamente es el riojano Ricardo Quintela. Llamó la atención en el bloque peronista la ausencia del diputado de su provincia Sergio Casas.

En plata, la reforma laboral mermará aún más las cuentas provinciales. A pesar de que lograron quitar del capítulo impositivo la baja del impuesto a las Ganancias para las sociedades, hay varias rebajas a impuestos que se coparticipan. Según cálculos de la oposición, totalizan 2285 millones de dólares, entre ellos, el impuesto a los bienes de lujo que se copartica en un 80,6%. Son los artículos que van del 191 al 196 de la ley.

Disciplina libertaria

La guardiana del número esta vez fue Silvana Giudici. Y no sólo del número. También se encargó de ordenar la sesión. Nadie podía hablar. Ni moverse. Ni pelearse. En medio del debate tuvo que ir a separar al diputado libertario Manuel Quintar, que casi la duplica en altura, que ya estaba cara a cara con el peronista Aldo Leiva. Cualquier descontrol en la sala podía provocar el levantamiento de la sesión. Por eso ahora avanzó en una sanción a Florencia Carignano por desconectar los cables de los taquígrafos. La orden era clara: sólo podían hablar 3 personas: el miembro informante, Lisandro Almirón, que pidió permiso para leer su discurso; el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni; y la propia Giudici. Se cumplió. El bullrichismo terminó copando los bloques tanto en el Senado, con la propia Patricia al frente, como en diputados después del pase masivo de dirigentes del PRO a LLA. “Quedamos todos ordenados, incluso los macristas que se sacaron de encima a Vidal y Lospennato y ahora ya no tenen debate interno, están alineados con nosotros, ya no tienen doble identidad”, sostiene una de las principales espadas legislativas del Gobierno.

El oficialismo pasó el mayor momento de tensión sin sobresaltos. Fue apenas minutos después de las 21.30 cuando el peronismo se dio cuenta que no había quórum y propuso una moción de orden para terminar la sesión. Sonaron las alarmas. En ese momento presidía Luis Petri la sesión, que llamó rápidamente a Menem, tomó el control, y avanzó con Giudici en estirar los minutos para conseguir que los libertarios con hambre a esa hora volvieran a sentarse. La diputada contraatacó. Se vengó y pidió adelantar el cierre del debate. Finalmente hubo acuerdo.

El quórum lo consiguieron incluso holgados. “Teníamos 132, pero como lo conseguimos 10 minutos antes decidimos abrir la sesión”, aclaran los libertarios. Rocío Bonacci había pinchado un neumático en el camino e hizo rever los números. Ahí se mezcló otra desconfianza: la demora en sentarse de Fernando de Andreis, mano derecha de Mauricio Macri. A su lado explicaron que “no hay ningún mensaje subliminal”, pero las desconfianzas son hoy el mayor activo de los libertarios. El otro gobernador que aportó fue Claudio Vidal, ex dirigente sindical. “(José) Garrido es más anti K que Milei”, lo describen en el peronismo. En el Senado, los dos representantes de Santa Cruz votaron en contra, pero se desmarcaron en el FAL. Temeroso, el Gobierno había trabajado para que José María Carambia, que es abogado laboral, cambiara su voto en uno de los artículos más complicados, aunque no fue siquiera necesario.

El apoyo a la reforma laboral fue casi idéntico que en el debate del año 2000. Germán Martínez había revisado los números en la previa. Entonces salió 137 a 93. El jueves fue 135 a 115, una mejora del rechazo. Premio consuelo. El triunfo de los libertarios se magnifica aún más si se tiene en cuenta que la oposición no logró dar de baja ninguno de los títulos más polémicos. Llamó sobre todo la atención el paso sin tensión del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que estaba contenido en un único título y que podría haber caído con un acuerdo opositor. Pero sólo perdió 5 diputados. Carolina Basualdo, Carlos Gutiérrez, Jorge Rizzotti y Capozzi. La radical Karina Banfi se abstuvo. Es el Fondo que Luis Caputo admitió que usaría para financiar al Tesoro. “Nosotros buscamos recomponer el mercado de capitales. Como parte de la reforma laboral, con el FAL, se va a alimentar un nuevo mercado de capitales. Son USD 4000 millones por año que va a alimentar el mercado de capitales”, dijo el ministro en diciembre pasado cuando la contribución prevista era del 3% de cada salario y ahora es del 2,5% para las Pymes y 1% para las empresas grandes.

Contraataque judicial

El viernes mismo, a horas de la aprobación en el Diputados, los abogados de la CGT hicieron un Zoom para fijar la estrategia judicial. Es el camino más seguro, pos pacto, que el sindicalismo siempre puso como objetivo para frenar la reforma laboral. Participaron desde Huguito Moyano a Marta Pujadas, mano derecha de Gerardo Martínez, para delinear las presentaciones. Ya no habrá más paros. El mayor temor ahora es la reglamentación, donde puede meter mano Federico Sturzenegger y que queden sin efecto los cambios acordados. El sindicalismo consiguió mantener las contribuciones a las obras sociales en un 6%, el financiamiento gremial vía cuota solidaria y cuota sindical con límite del 2% y la ultraactividad de los convenios hasta que las partes se pongan de acuerdo en la suspensión.

La apuesta es aprovechar la ventana de 180 días que establece la norma para la disolución del fuero laboral y presentar ahí medidas cautelares. Cuentan a su favor con la posición de rechazo de la Asociación de Magistrados y del presidente de la asociación latinoamericana de jueces del trabajo, Roberto Pompa, que expuso en el plenario de comisiones. “Ninguno quiere ser empleado municipal”, dice un dirigente sobre el rechazo judicial al pase al ámbito de la justicia porteña. Ya hablan de $89.000 millones en indemnizaciones para todo el fuero que desaparece.

Ganar la votación, perder la discusión

Más allá del contundente triunfo parlamentario, el Gobierno no logró imponerse en términos discursivos. El artículo de las licencias por enfermedad pareció despertar a la sociedad. Nadie habló de modernización y hasta los propios diputados guardaron sus discursos en el bolsillo ante la orden de que la prioridad era aprobar la ley.

Sin dudas, el Gobierno perdió el debate digital, zona en la que suele sentirse a gusto. Durante todo el mes “se sostuvo una tendencia negativa en el sentimiento de las audiencias digitales hacia Milei, tras cuatro meses de balance positivo”, es el análisis de la consultora Ad Hoc sobre la conversación en redes, el campo de batalla libertario. Según este informe, “el debate sobre la reforma laboral le traccionó un 48,5% de negatividad” al Presidente. Tuvo un pico el 12 de febrero, con más de 225 mil menciones al tema laboral después del debate en el Senado y el escándalo del artículo 44. En volúmen, es comparable con la reacción generada por el cierre de Fate, que se llevó un 60% de negatividad.

La mayoría de las encuestas coinciden en que la imagen del Presidente se estancó, sin lograr superar el 45%, que para la magnitud y duración del ajuste igual sigue siendo alta. El índice de confianza del consumidor que elabora la Universidad Di Tella dio en febrero una caída del 4,7%. QSocial, que elabora un monitor de percepción de inflación, estableció que 7 de cada 10 argentinos se vieron obligados a recortar gastos esenciales para poder llegar a fin de mes. Para la consultora Pulso Reserch “la aprobación de gestión se ha estabilizado en torno al 44% por tercer mes consecutivo y el rechazo registra una tendencia a la baja hace 5 meses, desde las elecciones legislativas de octubre pasado”. El principal activo de Milei sigue siendo el pasado: “La responsabilidad sobre la situación económica se mantiene como uno de los principales elementos que inviste de indulgencia al gobierno: el 48% culpa al gobierno anterior y el 38% le recrimina la situación al gobierno actual”.

En el pasado se explica buena parte del éxito político del Presidente que decidió aprovechar a fondo la ventaja que le dejan sus hipotéticos oponentes.

Si el Senado convierte en ley la reforma laboral que impulsa Javier Milei, como se prevé que suceda el viernes próximo, no sólo se producirán cambios para los trabajadores sino también modificaciones profundas que impactarán de lleno en el poder sindical.

En el proyecto, que la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este viernes, se eliminó el polémico artículo 44, que reducía al 50% o al 75% el pago de los sueldos durante las licencias por accidentes y enfermedades inculpables, pero quedaron intactos los vinculados con las indemnizaciones, la creación de un mecanismo de banco de horas y las vacaciones, entre otros cambios que afectan los derechos individuales.

Para el poder sindical, el enorme alivio que negoció con el Gobierno fue dejar a salvo el financiamiento de los gremios al mantener las cuotas solidarias (aunque con un tope del 2% de descuento salarial) y, además, eliminar el artículo que reducía de 6% a 5% las contribuciones patronales para las obras sociales, lo que garantiza el actual flujo de fondos para el sistema sindical de salud.

Sin embargo, los dirigentes de la CGT no pudieron atenuar ni quitar de la reforma laboral al menos unos 10 artículos que, tal como están redactados, confirmarán lo que dijo la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, al defender el proyecto: “Cambia de cuajo el modelo sindical argentino”.

El modelo al cual alude la senadora oficialista, ideado por Juan Domingo Perón, tiene al Estado entre sus pilares constitutivos: los sindicatos no son autónomos del Poder Ejecutivo y requieren de su aval para determinar qué organización es la más representativa por rama de actividad y será la que recibirá la personería gremial, una figura que le otorga el “poder de lapicera” para firmar los convenios colectivos y administrar sus propias obras sociales, entre otros derechos exclusivos.

La reforma laboral de Milei debilitará el “unicato” sindical que retiene hoy el poder de manera centralizada, quitándole atribuciones en materia de negociación colectiva, convenios colectivos de trabajo, derecho de huelga, fueros sindicales y asambleas, por ejemplo.

El primer punto del proyecto que será demoledor para el poder sindical es el artículo 98, que reglamenta el derecho de huelga imponiendo servicios mínimos obligatorios (50% y75%) en actividades consideradas “esenciales” y “trascendentales” de un amplio listado que incluye al transporte, la salud y la educación, entre otras, con el fin de evitar la paralización total de los servicios. Ya figuraba en el DNU 70 dictado por Milei apenas asumió su gobierno y luego en el decreto 340, y en ambos casos fueron suspendidos por la Justicia.

La novedad es que, por un lado, se incorporó la recolección de residuos entre las actividades esenciales que deberán garantizar un 75% de servicios mínimos en caso de huelga, y, por otro, se incluyó que las fuerzas de seguridad en ningún caso podrán brindar una cobertura menor al 100% de la prestación normal de su servicio.

El artículo sobre las cuotas solidarias, que establece que no podrán superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores (hoy no tienen tope alguno y existen sindicatos como SMATA que reciben un 4%), también dejó a salvo los aportes, contribuciones y cualquier otro concepto firmados en los convenios en beneficio de entidades empresariales, aunque con un 0,5% de tope.

En su versión anterior, la reforma laboral jaqueaba a las cuotas solidarias al eliminar la obligación de los empleadores de ser agentes de retención de esos aportes y, además, establecer que sólo podía ser retenida en caso de ser pactada por convenio colectivo de empresa y contar con el consentimiento explícito del trabajador.

La reforma laboral también afecta el poder concentrado de los sindicatos a través del artículo 126, que restringe la ultra actividad, principio vigente hasta ahora que otorga continuidad a los convenios colectivos de trabajo tras su fecha de vencimiento hasta tanto no se firme un nuevo acuerdo. En el proyecto, de todas formas, se amplía qué subsiste al vencer el convenio: se añaden “las condiciones y beneficios individuales directos del trabajo y los beneficios otorgados para el trabajador”, no sólo las condiciones de trabajo como figuraba antes.

Las cuotas solidarias, a la vez, quedan protegidas porque el proyecto afirma que “las cláusulas obligacionales mantendrán su vigencia sólo por acuerdo de partes”.

Una modificación clave de la reforma laboral es la que establece la supremacía de los convenios de ámbito menor a los de actividad, incluso si resultan menos favorables para los trabajadores. En la legislación actual, un convenio de actividad prevalece sobre los convenios inferiores (como los acordados a nivel de empresa), salvo que éstos sean más favorables para el trabajador.

En la práctica, el proyecto les da más entidad a los convenios que se pactan por región o por empresa, lo que le quita fuerza de negociación a los sindicatos con personería, y permite que se acuerden en condiciones inferiores a los convenios de actividad o nacionales.

Otro artículo que afecta el poder centralizado de los sindicatos es el que facilita el otorgamiento de la personería los sindicatos por empresa. Según la ley vigente, “sólo podrá otorgarse personería a un sindicato de empresa cuando no obrare en la zona de actuación y en la actividad o en la categoría una asociación sindical de primer grado o unión”.

En la reforma laboral, el artículo 136 dice que “podrá otorgarse personería gremial a un sindicato de empresa cuando su cantidad de afiliados cotizantes fuere, durante un período mínimo y continuado de 6 meses anteriores a su presentación, superior a la cantidad de afiliados cotizantes en el ámbito de la misma empresa a la asociación con personería preexistente, cualquiera sea el grado o el ámbito material, territorial y personal de actuación de esta última”.

Por otra parte, el artículo 134 hace un agregado que apunta de manera directa contra los líderes de los sindicatos: al sustituir el artículo 20 ter de la Ley N° 23.551 de Asociaciones Sindicales, considera como una de las infracciones muy graves “provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento”. El agregado de “instar y/u organizar” permitirá que las sanciones previstas por la ley alcancen no sólo a los ejecutores de bloqueos o tomas sino también a los líderes de los sindicatos que hacen esas protestas.

Los conflictos de encuadramiento sindical, que son muy comunes y puso de moda Camioneros por sus reclamos para sacarles afiliados a otros gremios, incorporan dos novedades contempladas en el artículo 144: por un lado, reduce el plazo de resolución de estos diferendos de 60 días a 20 días hábiles, y, por el otro, introduce una dimensión disciplinaria que antes no existía en este artículo: permite a la Secretaría de Trabajo sancionar toda conducta gremial que afecte a terceros. Es decir, si no quiere ser penalizado, Hugo Moyano tendrá que evitar los bloqueos contra empresas en las que tenga reclamos de encuadramiento de los trabajadores.

Para el gremialismo también es inaceptable el artículo que limita las asambleas sindicales adentro o afuera de los lugares de trabajo al exigir que deba pedirse autorización previa al empleador, tanto del horario como el tiempo de su duración, y establecer que “el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la asamblea”. Este punto del proyecto libertario busca impedir que las asambleas se conviertan en medidas de fuerza encubiertas.

La reforma laboral les quita atribuciones a los delegados sindicales. La ley vigente dice que la cantidad de horas retribuidas que puede utilizar un delegado para su actividad gremial se define por convenio colectivo, mientras que el proyecto actual propone que se limiten a 10 horas mensuales, lo que “significa una intervención directa en la negociación colectiva y en la voluntad de las partes con el objetivo de impedir la acción gremial”, según un análisis del Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo CETyD (EIDAES-UNSAM).

En el artículo 139, por otra parte, se introducen cambios en relación con quienes están amparados por la tutela sindical: se elimina la protección a suplentes y congresales, “lo que dificulta la conformación de listas sindicales o de delegados y obstaculiza la generación de nuevos cuadros sindicales en los distintos ámbitos”, según un informe sobre la reforma laboral que hizo el Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma.

El artículo 130 del proyecto oficial, por otra parte, se refiere a la Articulación de los Convenios Colectivos y contempla la posibilidad de que la autoridad administrativa del trabajo pueda “decretar la suspensión de los efectos del acto de homologación cuando se alegare y demostrare sumariamente que su aplicación genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de toda o parte de la población”.

“No me siento si no tengo 38 votos garantizados”, dijo Patricia Bullrich en charlas privadas en la previa de este fin de semana. El Gobierno ya había festejado la sanción de la reforma laboral en Diputados después del traspié por la inclusión en la Cámara alta del muy polémico artículo 44, de licencias médicas, finalmente excluido del proyecto, una idea que, puertas adentro, se le atribuyó a la senadora y al ministro Federico Sturzenegger -la autoría aún sigue en discusión- que no para de sumar detractores.

La incorporación de ese controvertido artículo sorprendió incluso a Martín Menem, que hace dos viernes, en una reunión a solas con Cristian Ritondo, se reconoció desconcertado. “Si te balean en un robo y quedás incapacitado para laburar, ¿el Estado no te cuida y encima le vas a descontar el sueldo?“, ejemplificó el jefe del bloque del PRO en Diputados. Ese fin de semana se activaron las alarmas en Casa Rosada, más aún después de que Sturzenegger reconociera públicamente que una lesión en un partido de fútbol con amigos, una práctica muy popular en este país, podía terminar con descuentos en el salario de los trabajadores.

Los senadores del PRO y la UCR que acompañaron el proyecto en el Senado admitieron en privado que se conocía el artículo, que se enteraron recién sobre la medianoche, antes de la votación en general, y que no pudieron propiciar el rechazo por la modalidad de la votación en particular, por capítulos. Suena a excusa si se tiene en cuenta que el círculo rojo empresario conocía ese mismo mediodía, al inicio de la sesión en la Cámara alta, el contenido del artículo -los industriales habían planteado, durante las discusiones en el Consejo de Mayo, un esquema salarial sin descuentos pero no remunerativo en caso de lesiones o enfermedades-.

Una vez reconocido el error -hay sectores que todavía dudan en torno a la veracidad del traspié-, y después de que el propio jefe de bloque del PRO anunciara públicamente que su bloque no acompañaría ese artículo -cuando Ritondo publicó la decisión en su cuenta de X a las 16.24 del martes, un día antes de la reunión del plenario de comisiones, en La Libertad Avanza ya le habían garantizado que excluirían ese pasaje del texto-, la Casa Rosada activó un operativo con gobernadores aliados para blindar dos de los capítulos más cuestionados por esos mismos aliados: la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que desfinancia a la seguridad social, y la derogación de una serie de estatutos, incluido el de los periodistas. Fuentes oficiales reconocieron en estas horas que hubo momentos de incertidumbre en torno a este último título.

Ley por ley, proyecto por proyecto -aún cuando en el oficialismo se sigue insistiendo con la acumulación de errores no forzados como la polémica por las licencias médicas-, Javier Milei hizo valer otra vez el resultado de las elecciones de octubre pasado y la nueva reconfiguración del mapa legislativo con la colaboración por goteo, pero persistente, de gobernadores afines como los de Salta, Tucumán, Catamarca, Misiones, Santa Cruz, San Juan y hasta Córdoba, que promovió la ausencia de tres diputados. Todos recibieron beneficios. Al menos, alguna promesa. Algo similar ocurrió con la CGT, que negoció aspectos vinculados con la caja de los gremios y que, por la polémica en torno al eliminado artículo 44, no tuvo más remedio que convocar a un paro general.

El Gobierno impone sus condiciones, aún cuando la negociación en Diputados es bastante menos homogénea que en el Senado. En ese contexto, el oficialismo ya se garantizó un triunfo el próximo viernes. Incluso la insistencia del PRO con la incorporación en la ley de las billeteras virtuales como opción para el pago del salario de los trabajadores formales, o la eliminación del FAL, como reclamaron especialmente desde el bloque de Provincias Unidas, no tuvieron, en la supuesta captación de adhesiones, la misma vehemencia en la praxis parlamentaria que en el discurso público. El artículo de billeteras virtuales -que tuvo una presión fenomenal de los gobernadores para preservar el funcionamiento de los bancos provinciales- fue, según fuentes partidarias, uno de los pocos aspectos por el que telefoneó Mauricio Macri a algunos legisladores, por el reclamo de un banquero amigo. El jefe del PRO estuvo asesorado por un viejo e íntimo amigo, que lo acompañó hasta en su travesía por Boca Juniors: Juan José Etala, “El Negro”, presidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA). En la cúpula partidaria olvidaron rápidamente el acuerdo entre el Gobierno, el peronismo y gobernadores aliados por la AGN que dejó afuera a Jorge Triaca: Ritondo se aseguró un sillón en el directorio de YPF y otros tantos que le tiene reservados el ministro Diego Santilli.

Con una oposición fragmentada, un peronismo impotente y un grupo de aliados dispuestos a negociar, el Presidente se encamina a presentarse en el Congreso el próximo domingo, para la inauguración de las sesiones ordinarias, con la aprobación definitiva de la reforma laboral, del régimen penal juvenil y del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y para anunciar, probablemente, que buscará un mandato “reformista” con el impulso a otros proyectos centrales como la Ley de Glaciares, que le da mayor potestad, y recursos, a las provincias para propiciar la actividad minera, un sector con potencial que el Ejecutivo sigue con especial interés. Desde el bloque de LLA en el Senado dicen tener ya los 38 votos necesarios para ese proyecto, aunque podrían ser más por algunos radicales que están en duda. Según un informe de la consultora Invecq, las exportaciones mineras podrían duplicarse para el 2030, con condiciones favorables, en más de USD15.000 millones anuales con el cobre como principal impulsor. Solo el proyecto Vicuña, aprobado en el RIGI, prevé desembolsar unos USD5.000 millones en San Juan por los próximos cinco años. Es la carta de presentación con la que media docena de gobernadores se presentarán entre el 1 y el 4 de marzo en Toronto, Canadá, para la cumbre anual minera, el evento más relevante del sector que el año pasado contó con la participación de Karina Milei, esta vez en duda por el viaje posterior del presidente a Nueva York, una gira que prevé encuentros con empresarios y fondos de inversión.

En la cúpula del Gobierno se entusiasman con la dinamización de sectores como la minería o la energía, aunque en los últimos meses empezaron a prenderse cada vez más luces de alerta por la lentísima reactivación del consumo, la disparidad en el crecimiento de la actividad económica y los riesgos de un modelo de dólar atrasado y apertura de importaciones que quedó expuesto con el cierre de Fate de esta semana. La exposición de una crisis multicausal que tiene su mayor vidriera en el Gran Buenos Aires.

Conurbano en alerta, enojos exacerbados. En la UIA sabían con 48 horas de anticipación que Javier Madanes Quintanilla bajaría la persiana de la fábrica de neumáticos Fate de San Fernando el día anterior a que Diputados discutiera la reforma laboral. No hizo falta que el informe del INDEC, del 12 de febrero pasado, expusiera la crisis de la industria manufacturera a través de la utilización de la capacidad instalada, en torno al 33,4% en diciembre del 2025 en el sector del caucho y el plástico -aún por debajo del 42% de diciembre del 2024 y del 53,8% del nivel general de todos los rubros-, o la avalancha de importaciones -el último informe de la consultora PXQ, de Emmanuel Álvarez Agis, titulado “La apertura baja los precios (y el empleo), evidenció, por ejemplo, que el modelo libertario alcanzó en febrero del año pasado el volumen de importaciones de noviembre del 2017, durante la administración de Macri, cuando llegó a su pico máximo-: para Milei, concentrado en su programa de ajuste fiscal antiinflacionario, la decisión de Madanes Quintanilla fue premeditada para generar zozobra social y desestabilizar justo 24 horas del debate en Diputados y en las puertas de un paro general convocado por la CGT.

Milei enfureció en Olivos contra el empresario, que en su última visita oficial a la Casa Rosada, a las 4 de la tarde del lunes 25 de noviembre del 2024, frente al entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos -ahora aspira a una gobernación-, en su carácter de presidente de Aluar, pidió precisiones, en una extensa y muy cordial reunión, para incluir la construcción de un parque eólico en el RIGI, un proyecto del que al final desistió por cuestiones impositivas. El Presidente maldijo en la quinta presidencial, autorizó a que la secretaría de Trabajo dictara la conciliación obligatoria y reposteó en sus redes decenas de comentarios agresivos contra el empresario industrial. Una situación similar padeció Paolo Rocca, del holding Techint, cuya subisidiaria Tenaris acaba de perder una licitación privada para la provisión de tubos para un gasoducto en Vaca Muerta frente a una empresa india que se provee de acero chino subsidiado. “Don Chatarrín”, lo desautorizó Milei públicamente. Rocca se sintió destratado, herido en su ego, y peor aún: por primera vez no tuvo reacción ni contactos formales e informales para moderar las críticas o que le tiendan la mano en alguna oficina oficial. En el círculo rojo en general, y en la empresa en particular, pusieron el foco en Sturzenegger, “El Coloso”, que engrosó su lista de detractores en el último tiempo, tanto interna como externamente. Un grupo de aliados lo bautizó en el Senado con el apodo “Fe”, no por las iniciales de su nombre: “Todo lo que propone es cuestión de fe”, explicó jocoso un senador todavía inquieto por haber apoyado el polémico artículo 44 hace dos semanas.

En la industria existe una creciente preocupación por la política de apertura de importaciones y la falta de competitividad en los bienes transables en el mercado interno y externo. Fue el punto principal del encuentro que Martín Rapallini, el presidente de la UIA, mantuvo hace dos viernes con Luis Caputo, “Toto”, en el Ministerio de Economía. Fuentes cercanas a Rapallini aseguran que el ministro reconoció la preocupación y habló de la posibilidad de explorar algún programa que alivie la situación.

Es que, más allá del discurso público, en oficinas del Gobierno son conscientes de que la “reconversión industrial” que pregona Milei lleva aparejados efectos negativos sobre el empleo. La transición de un modelo a otro. Incluso el FMI pidió la semana pasada “mitigar los costos” de la transición.

Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en base a información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre del 2023 y el mismo mes del 2025 la cantidad de empleadores se redujo en 21.938 casos. Es decir, 30 empresas menos por día. Del informe mensual de febrero de la UIA bonaerense (UIPBA), con datos de octubre pasado, se desprende que el empleo cayó en términos intermensuales, con un descenso de 8.075 puestos de trabajo, la caída más pronunciada desde abril del 2024. Se registró, sin embargo, un leve repunte de la actividad en diversos sectores.

El dilema del Gobierno es hasta qué punto el programa antiinflacionario, que hasta ahora fue evidentemente exitoso, y la mutación de un modelo de protección de la industria a uno liberal apoyado en dos pilares centrales como la defensa del superávit fiscal como condición de estabilidad macroeconómica, y de apertura y desregulación, se sostiene en un sendero triunfalista, mientras empiezan a aparecer señales de alerta en la actividad y, en particular, en el empleo. Un reciente estudio de la consultora Casa Tres, de Mora Jozami, da cuenta que la preocupación por el “desempleo” escaló al tercer lugar en enero, con el 11%. Dos eneros atrás, esa inquietud se ubicaba en el séptimo puesto, con el 5%.

Hay sectores de la economía que enfocan esa preocupación en la política de expansión comercial de China, en disputa geopolítica con Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, acaba de recibir un fallo determinante por parte de la Corte norteamericana en uno de sus principales instrumentos de política económica: la imposición de aranceles a las importaciones a ese país. El presidente republicano redobló la apuesta, anunció que instrumentaría más aranceles, incluso a aquellos socios, como la Argentina, que acordaron tratados de libre comercio con la excusa de una mayor apertura de mercados para los productos argentinos en ese país. En las últimas horas, el Gobierno dejó trascender que enviaría de todos modos al Parlamento los aspectos técnicos del acuerdo, aunque aclararon que apareció una señal de alerta respecto a la sostenibilidad del mismo.

La decisión de la Corte estadounidense agrega mayor incertidumbre a la disputa comercial entre la principal potencia mundial y China, y las consecuencias respecto al comercio internacional. Hace dos lunes, en Mar del Plata, en la casa de un empresario local en la que se reunieron para la cena hombres de negocios de la ciudad y dirigentes políticos, el embajador chino aseguró que es necesario que Estados Unidos entienda a su país, y que ellos creen en el “comercio”. Puertas adentro de LLA empezaron incluso a mirar con otros ojos a la potencia asiática: “Tuvimos que frenar a los diputados que volvieron de China en la visita que hicieron en el verano, volvieron maravillados”, reconoció una fuente libertaria. Hasta Sturzenegger viajó a ese país de vacaciones. Según el último dato del INDEC de la balanza comercial, la Argentina importó USD1.436 millones de China, y exportó a ese país USD414 millones.

Ese contexto presenta mayores inquietudes para el sistema político e industrial en el corazón de la provincia de Buenos Aires, el territorio que gobierna Axel Kicillof. Para la industria, el desafío es aún más cuesta arriba en ese distrito porque un número considerable de intendentes definieron aplicar mayores tributos. Cuando los hombres de la industria presentan esa queja a los jefes comunales, estos se excusan en que el gobernador no les baja plata; cuando el planteo se realiza en la gobernación, la respuesta es que la Casa Rosada es la que cortó el giro de fondos. Esa cadena poco virtuosa colaboró en los últimos tiempos a una mayor asfixia a la industria. De hecho, hay una empresa del rubro de las bebidas que prevé frenar próximamente la producción.

“Puede ser que este año el problema sea el empleo”, admitió un industrial. También reconoció que la presión impositiva impuesta por los intendentes es una espada sobre la cabeza, y que algunos aspectos de la reforma laboral, como la derogación de la ultraactividad, pueden traer beneficios. En particular, en el “control” de las fábricas: en especial, frente a aquellas organizaciones sindicales de la izquierda más extrema.

Para Kicillof, la situación social se le presenta como una situación incómoda, que se suma a la puja política que mantiene abierta con el kirchnerismo, y que se palpa con mayor precisión en el Senado bonaerense, en el que Verónica Magario, aliada del gobernador, se mantiene en alerta.

Esa guerra abierta dejó heridas sin cicatrizar en el peronismo bonaerense, crisis de liderazgos y una afrenta a la conducción de Cristina Kirchner, a la que se sumaron gobernadores del interior del país. La crisis del peronismo K quedó expuesta en la sesión de Diputados de este jueves, y en la impotencia del bloque de UxP. “Esta reforma laboral la tendríamos que haber impulsado antes nosotros”, le admitió un importante legislador K a un hombre de la industria durante las conversaciones de los meses previos a la discusión del proyecto. Según fuentes del PJ, Sergio Massa tenía en carpeta una propuesta alusiva si llegaba a la Presidencia.

“Basta de tibios”. Florencia Carignano, la diputada de La Cámpora que fue filmada por colegas de LLA mientras desconectaba el micrófono y el dispositivo de audio de los taquígrafos en la sesión del jueves, recibió cientos de mensajes de apoyo de militantes, colegas y desconocidos: “Basta de tibios”, “estamos hartos”, “tendrías que haber apagado todo”, fueron algunos de los comentarios que recibió en sus redes sociales. Desde el bloque incluso confirmaron que algunos diputados del oficialismo, que como bancada pidió impulsar una denuncia penal y la suspensión preventiva de la ex directora de Migraciones, le enviaron señales solidarias en privado a la legisladora.

Es muy difícil que LLA consiga el número para avanzar con una eventual suspensión de Carignano, pero las postales de la sesión de este jueves evidencia que la política entró en su fase más extrema y que las buenas formas -algo de lo que no se suele jactar el Presidente- empiezan a escasear en el sistema político. “Los quiero gritándome, puteando, nada de algo pacífico”, había dicho Martín Menem en marzo del año pasado, mientras se discutía en el recinto de Diputados el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Meses después hubo desde trompadas hasta agua revoleada entre algunas diputadas vinculadas con LLA.

“Era un contexto de violencia, no nos querían dejar hablar”, se justificaron en estas horas desde el bloque de Unión por la Patria tras la sesión de la Cámara baja, que blanqueó el nuevo reparto de poder del Congreso y la incapacidad del kirchnerismo de oponerse a un espacio, como el oficialista, que tiene previsto capitalizar, junto a sus aliados, el resultado de octubre pasado.

En línea con un movimiento global, enfrascados en una intensa batalla cultural que dicen promover contra “el progresismo”, Milei y sus dirigentes inauguraron cuando LLA llegó al poder una nueva forma de hacer política basada en una agresiva campaña de comunicación permanente en la que vale todo. Sectores del kirchnerismo parecen haber entrado en ese juego o, al menos, es una estrategia en revisión. ¿Una nueva demanda social?

“Milei puede irse, pero las formas de la política cambiaron, no hay más buenos modales. Los nuestros piden más acción, ¿cuánto representa eso? No lo sabemos”, planteó un dirigente cercano a Cristina Kirchner, que cumplió 73 años el jueves en el que se sancionó en Diputados la reforma laboral. Ese mismo dirigente agregó, fastidiado: “Al menos hicimos más nosotros que la CGT por esta ley”.