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Diputados del Frente de Todos presentan proyecto para prevenir la violencia institucional

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Diputados nacionales del bloque del Frente de Todos presentarán el martes un proyecto integral contra la violencia institucional, en un acto que se realizará de manera virtual y que contará con la presencia del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, así como de representantes de organismos de derechos humanos.

Se trata de una iniciativa de la diputada nacional y presidenta de la Comisión de Seguridad Interior, Paula Penacca (FdT-CABA); el diputado nacional y presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, Hugo Yasky (FdT-Buenos Aires); y el diputado nacional e integrante de ambas comisiones Leonardo Grosso (FdT-Buenos Aires).

El proyecto será presentado en un acto que se realizará el martes a las 18 a través de una videoconferencia que los legisladores compartirán con Pietragalla y con referentes de organismos de derechos humanos, familiares de víctimas de gatillo fácil y distintas organizaciones de la sociedad, según se informó en un comunicado de prensa.

Según se informó, el texto busca “generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional”.

Además, el proyecto establece pautas concretas de acción frente a las denuncias “con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz”.

Asimismo, el texto incluye un programa de re-entrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad; y establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.

“Se trata de un proyecto que construimos colectivamente; que cuenta con la participación y con los aportes de los distintos actores involucrados. El debate fue profundo y tenemos la decisión política de erradicar la violencia institucional”, aseguró Penacca.

Tras señalar que “durante los cuatro años de macrismo se construyeron discursos de odio”, Penacca afirmó que en la gestión de Cambiemos “se alentó y legitimó el abuso policial desde las más altas esferas del gobierno sin importar el costo profundo que eso tiene para sus víctimas y para la construcción de fuerzas de seguridad democráticas”.

En ese sentido, Grosso puso de relieve que “el gobierno de Macri, de la mano de Patricia Bullrich, tuvo una política de criminalización y de represión social. Es la misma dirigencia política que incentivó y que ahora fogonea que la policía con mano dura sea la que aplique la Justicia y ya sabemos que los resultados son muerte, vejámenes y desapariciones”.

Finalmente, Yasky sostuvo: “Como representantes del pueblo no podemos ser meros opinadores sobre la violencia institucional, ni banalizar un tema que es deuda de la democracia con oportunismo electoral, debemos dotar al Estado y a la sociedad de las herramientas necesarias para prevenirla, sancionarla y erradicarla”.

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Muerte en el gym: “La familia Cafasso no está en contra de los trabajadores”

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El abogado de la familia de Juan Roberto Cafasso(68), el cliente del gimnasio Sport Club que falleció hace más de dos meses al caer desde un entrepiso que no tendría protección, remarcó su posición acerca de mantener preservado el lugar del hecho.

El lunes 3 de este mes, lanueva.com difundió una nota en la cual daba detalles de la clausura del gymubicado en la avenida Cabrera al 4.100, situación que está a resolución de la Cámara Penal.

Luego de esa publicación, un grupo de trabajadores de Sport Club se manifestó públicamentey presentó un escrito ante el juzgado de faltas municipal, a fin de obtener la reapertura del local porque está en juego la fuente de trabajo de casi 30 personas.

“La familia Cafasso no está en contra de los trabajadores, ni de los empleadores, ni del lugar. Quiere que se investigue, que se conserven los medios probatorios y que se pueda dilucidar, eventualmente, quiénes son los responsables”, explicó Martiniano Greco.

“Uno entiende que hay trabajadores detrás, pero también que existió un homicidio y que la familia Cafasso no va a recuperar a su padre, a su esposo, a su abuelo”, agregó.

El planteo de la querella tiene que ver con que están pendientes los resultados de una pericia de ingenieros sobre las medidas de seguridad del lugar y que los profesionales pueden llegar a tener la necesidad de regresar al gimnasio para tomar algunas medidas o realizar otros estudios.

Y, por otro lado, con la eventual intención de la acusación de pedir una inspección ocular al momento del juicio, medida que prevé el Código Procesal Penal bonaerense.

“No buscamos una sanción punitiva, sino que se conserve el lugar”, remarcó Greco.

Fuente: La Nueva.

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El Gobierno acelera obras y rutas para blindar su alianza con los gobernadores rumbo a 2027

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Convenios de obras y traspaso de rutas a cambio de acuerdo político. Con esa lógica el Gobierno busca profundizar su relación los gobernadores aliados para sostener un diálogo constante que tiene como horizonte las elecciones del próximo año.

La estrategia se reforzó este viernes con el viaje del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, a Catamarca. Ambos funcionarios firmaron junto al mandatario local Raúl Jalil, y su par de Santiago del Estero, Elías Suárez, un convenio para poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

En el acto realizado en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) de la capital catamarqueña, el ministro Caputo centró su discurso en la idea de federalismo que tienen la Casa Rosada: dijo que el objetivo del Gobierno es que cada provincia pueda explotar sus propios recursos para mejorar la calidad de vida de su población.

En el mismo acto, Santilli confirmó que también avanza el estudio del traspaso de las rutas nacionales 38 y 157, que conectan a Catamarca con Tucumán y con Santiago del Estero. El esquema replica el que el Gobierno ya ofrece a otros distritos: las rutas seguirán bajo dominio nacional, pero la provincia se haría cargo de la conservación, el mantenimiento y eventuales concesiones, por un plazo de hasta 20 años.

En el Gobierno reconocen que la seguidilla de anuncios de obras y traspasos busca reforzar el vínculo con los gobernadores aliados en un contexto de creciente clima electoral, de cara a las negociaciones políticas para el 2027, donde Javier Milei buscará la reelección, al igual que muchos mandatarios provinciales.

Esta semana Santilli participó en Misiones del encuentro de los gobernadores del Norte Grande, donde recibió reclamos por la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, fondos viales y tarifas de energía diferenciadas para las provincias del norte. El funcionario respondió entonces que “casi el 90%” de esos pedidos ya está resuelto.

La obra clave para Catamarca y Santiago del Estero

La obra del acueducto anunciada en Catamarca, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una inversión de $99.769 millones, prevé una cañería troncal de unos ocho kilómetros desde el Bolsón de Albigasta hasta Vallecito, y otros doce kilómetros hasta la ciudad de Frías, en Santiago del Estero, donde funcionará una planta potabilizadora. El plazo de ejecución de esta primera etapa es de 36 meses y alcanzará a más de 35.000 beneficiarios entre ambas provincias.

Jalil calificó la obra como un reclamo histórico -dijo que la región la espera “desde la primera presidencia de Roca”- y adelantó una segunda etapa hasta la localidad de Casa de Piedra, con foco en el abastecimiento ganadero. Suárez, por su parte, remarcó que Santiago del Estero sostiene “20 años de equilibrio presupuestario”, lo que le permite afrontar inversiones sin endeudarse.

Rutas nacionales, la otra pata de la negociación con las provincias

El esquema de traspaso de rutas nacionales a las provincias se inició formalmente con Santa Fe: el 22 de julio, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó en la Casa Rosada el traspaso de la ruta A012 por 20 años. Luego siguió San Juan, que el 10 de agosto firmó la delegación de cinco corredores viales -las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149- por 20 años. Córdoba, por su parte, negocia con Nación el traspaso completo de la ruta 19, un pedido que el jefe de Gabinete ya adelantó que el Gobierno aceptará.

No todas las provincias acompañan el esquema: Tucumán rechazó hacerse cargo de las rutas nacionales. El gobierno de Osvaldo Jaldo sostuvo que cada nivel del Estado debe asumir el mantenimiento de la infraestructura que le corresponde y que asumir esa obligación implicaría un costo millonario para las cuentas provinciales. (Fuente: TN).

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