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Diputados del Frente de Todos presentan proyecto para prevenir la violencia institucional

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Diputados nacionales del bloque del Frente de Todos presentarán el martes un proyecto integral contra la violencia institucional, en un acto que se realizará de manera virtual y que contará con la presencia del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, así como de representantes de organismos de derechos humanos.

Se trata de una iniciativa de la diputada nacional y presidenta de la Comisión de Seguridad Interior, Paula Penacca (FdT-CABA); el diputado nacional y presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, Hugo Yasky (FdT-Buenos Aires); y el diputado nacional e integrante de ambas comisiones Leonardo Grosso (FdT-Buenos Aires).

El proyecto será presentado en un acto que se realizará el martes a las 18 a través de una videoconferencia que los legisladores compartirán con Pietragalla y con referentes de organismos de derechos humanos, familiares de víctimas de gatillo fácil y distintas organizaciones de la sociedad, según se informó en un comunicado de prensa.

Según se informó, el texto busca “generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional”.

Además, el proyecto establece pautas concretas de acción frente a las denuncias “con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz”.

Asimismo, el texto incluye un programa de re-entrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad; y establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.

“Se trata de un proyecto que construimos colectivamente; que cuenta con la participación y con los aportes de los distintos actores involucrados. El debate fue profundo y tenemos la decisión política de erradicar la violencia institucional”, aseguró Penacca.

Tras señalar que “durante los cuatro años de macrismo se construyeron discursos de odio”, Penacca afirmó que en la gestión de Cambiemos “se alentó y legitimó el abuso policial desde las más altas esferas del gobierno sin importar el costo profundo que eso tiene para sus víctimas y para la construcción de fuerzas de seguridad democráticas”.

En ese sentido, Grosso puso de relieve que “el gobierno de Macri, de la mano de Patricia Bullrich, tuvo una política de criminalización y de represión social. Es la misma dirigencia política que incentivó y que ahora fogonea que la policía con mano dura sea la que aplique la Justicia y ya sabemos que los resultados son muerte, vejámenes y desapariciones”.

Finalmente, Yasky sostuvo: “Como representantes del pueblo no podemos ser meros opinadores sobre la violencia institucional, ni banalizar un tema que es deuda de la democracia con oportunismo electoral, debemos dotar al Estado y a la sociedad de las herramientas necesarias para prevenirla, sancionarla y erradicarla”.

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Universidades: tras el paro, los gremios se encaminan a una nueva marcha federal y definen medidas

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Tras rechazar el aumento del 3% que ofreció el gobierno nacional a los gremios universitarios, los docentes concretaron un paro de actividades el miércoles 2 de septiembre con gran acatamiento en todo el país y definirán nuevas medidas de fuerza, incluyendo la realización de una nueva Marcha Federal Universitaria.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) definirá en las próximas horas nuevas acciones de protesta a concretarse la próxima semana y la construcción de una nueva Marcha Federal hacia fines de septiembre o comienzos de octubre. Los sindicatos de base realizarán este jueves y viernes asambleas y consultas para definir la continuidad del plan de lucha.

“De manera unánime, el Frente Sindical Universitario rechazó el vergonzoso aumento del 3% que ofreció el Gobierno nacional y llamó a un paro total de actividades para el miércoles 2 de septiembre”, plantearon los docentes tras la reunión paritaria con funcionarios del Ministerio de Capital Humano, realizada el 1º de septiembre.

Conflicto que se extiende

La reunión estuvo encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien expuso los lineamientos de la oferta oficial, que estipula un aumento del 3% en las remuneraciones correspondientes al mes de septiembre. Asimismo, ratificó la vigencia del incremento del 3% fijado para octubre, porcentaje acordado y comprometido formalmente en las mesas de negociación de junio pasado.

Clara Chevalier, secretaria General de CONADU, sostuvo que “no fue una oferta, fue una provocación”, y aseveró que asistieron a la convocatoria a paritarias “con la determinación de recuperar lo perdido”. Los gremios consideran que la deuda es del 31,2%, más agosto, más los salarios adeudados y el abordaje del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). En esa línea, indicaron que “la única resolución del conflicto es con el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario”.

La comitiva docente estuvo integrada por los representantes gremiales de las organizaciones Fagdut, UDA, Conadu, Conadu Histórica, Fedun, así como también por el presidente del CIN, Franco Bartolacci. Según el Gobierno, su “propuesta de recomposición salarial se inscribe en el marco del esfuerzo financiero continuo del Gobierno nacional para el sostenimiento del sistema de educación superior. Las partidas consolidadas para las universidades nacionales representan una de las mayores erogaciones directas del presupuesto nacional”. Por delante, la Subsecretaría de Políticas Universitarias promovió la reanudación de las negociaciones para el jueves 17.

En paralelo, el juez federal Martín Cormick le dio al Ejecutivo un plazo de tres días para presentar un informe que documente el grado de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, dieron cuenta desde los gremios.

Fuente: Agencia DIB

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Ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora: alerta por vientos en Bahía y la zona

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por fuertes vientos para Bahía Blanca y gran parte del Sudoeste Bonaerense.

La advertencia rige desde la medianoche del viernes y el mediodía del sábado.

En ese período de tiempo, “el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 25 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h”.

El sector comprendido en el alerta incluye los distritos de Patagones, Villarino, Puan, Coronel Suárez, Saavedra, Coronel Pringles, Tornquist, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Coronel Rosales y Monte Hermoso.

También comprende los departamentos pampeanos de Hucal y Caleu Caleu, y en este rionegrino.

Por esta razón, desde el SMN se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, y cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

También se pide no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir.

Fuente: Frente al cano.

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Biodiésel: el Senado avanzó con el proyecto que rechazan las PyMES bonaerenses

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Un plenario de comisiones le dio despacho favorable hoy a un proyecto de ley que establece un nuevo régimen de producción de biocombustibles y ahora el proyecto, que genera resistencia entre las PYMES bonaerenses del sector, quedó listo para ser tratado en el recinto.

Se trata de la iniciativa para reemplazar la ley 27.640, aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández, impulsada por Patricia Bullrich y que recibió el OK en un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la cámara Alta.

La principal modificación del régimen que establece el proyecto es que el Estado tendrá menos control sobre los cupos y habrá más libertad para que las empresas compitan por el mercado.

Pero el proyecto también eleva el porcentaje de biocombustibles que se mezcla con naftas y gasoil. En el caso del gasoil, el biodiesel pasará del 7,5% al 10% durante los primeros 12 meses de vigencia de la ley. Para las naftas, el bioetanol subirá del 12% al 15%. Además, se mantendrá un mínimo del 6% para el bioetanol de caña de azúcar y otro 6% para el producido con maíz.

El conflicto con las Pymes del interior

Como contó DIB, el proyecto genera fuerte resistencia entre las PyMES del interior bonaerense. Las empresas se reunieron por el tema con el gobernador Axel Kicillof, que les dio el apoyo contra la iniciativa.

El punto que genera mayor preocupación entre las empresas chicas es la reducción de la porción del mercado que tienen asegurada, en favor de plantas que pertenecen a grandes commpañías vinculadas a exportadoras de granos, ubicadas en Santa Fe, cerca de Rosario.

Las Pymes no integradas, que hoy cuentan con el 7,5% del mercado de biodiesel, irán perdiendo participación. El porcentaje bajará al 6,5% durante la transición, al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y quedará en 3% desde 2031.

El 7% restante podrá ser negociado entre las refinadoras y las grandes empresas integradas. Las plantas de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires temen no poder competir con los grandes grupos del polo agroexportador de Rosario.

La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), que nuclea a las empresas bonaerenses emitió un comunicado durísimo, en el que directamente habla de que sus compañías “quedarían condenadas a la quiebra” si se aprueba el proyecto. Pusieron así sobre la mesa el peso de un sector que opera que diez plantas -están en Saladillo, Ramallo, Pilar, Daireaux, Junín y Bahía Blanca- sostienen 500 empleos directos y alrededor de 3000 puestos indirectos vinculados con transporte, logística, insumos y servicios.

El impacto alcanzaría además a la cadena de extrusado de soja. Según Cepreb, Buenos Aires concentra 96 establecimientos de ese tipo distribuidos en más de 50 localidades. Esas fábricas producen el aceite crudo que utilizan las elaboradoras de biodiésel y sostienen entre 750 y 960 puestos directos, de acuerdo con las estimaciones del relevamiento.

El informe empresario calcula que las plantas generan un valor generado cercano a los u$s 415 millones anuales y advierte que una caída de actividad también afectaría la recaudación municipal.

Fuente: Agencia DIB.

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