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Diputados ratificó el veto de Milei a la reforma jubilatoria

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En una sesión caliente y en medio de incidentes fuera del Congreso, la Cámara de Diputados ratificó esta tarde el veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria sancionada por la oposición y que buscaba aumentar los haberes del sector previsional.

El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) tuvo una victoria pírrica avalar el veto presidencial pese a que la insistencia de la ley cosechó más votos a favor que en contra: fueron 153 apoyos, 87 rechazos y 8 abstenciones.

Sucede que para poder revertir el veto, la oposición necesitaba una mayoría de las dos terceras partes de los votos: al haber votado 248 diputados, se requerían 166 voluntades.

Quedaron a 13 votos, a cierta distancia del objetivo de los dos tercios. Ni los cinco votos a favor del Frente de Izquierda, que en la sesión de junio pasado habían optado por la abstención, alcanzaron para acariciar la meta.

El bando a favor de la mejora jubilatoria perdió siete votos respecto del resultado de la sesión de junio. La sangría se debe al giro copernicano de cinco diputados radicales y el cambio del voto de los legisladores de Innovación Federal, que en junio habían apoyado la reforma jubilatoria y esta vez se abstuvieron.

En cambio, quienes se atrincheraron en contra de la reforma previsional crecieron en 15 votos para llegar a los 87. En esta votación, el oficialismo requería 83 votos para superar el tercio y blindar el veto.

Le sobraron cuatro diputados nacionales. Por eso fue clave que se se haya dado vuelta un grupo de cinco diputados de la UCR que en la víspera se había reunido con Milei en la Casa Rosada.

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El Municipio avanza en su proceso de diálogo institucional en la búsqueda del nuevo COUT

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El Municipio de Bahía Blanca continúa consolidando el proceso de actualización del Código de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT), una herramienta estratégica y urgente para actualizar una normativa vigente desde la década de 1990 y planificar el crecimiento de la ciudad de cara a las próximas décadas y a las inversiones proyectadas para la región.

Desde la comuna reivindicaron que el avance del anteproyecto está “basado en la construcción de consensos y cuenta con la participación por parte de los Colegios de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de Bahía Blanca, como así también del diálogo permanente con la Cámara de Desarrolladores Urbanos”, cuyos representantes destacaron el trabajo técnico a conciencia y la predisposición del Ejecutivo local —a través del Secretario de Planeamiento, Arq. José Zingoni— para mantener un canal de intercambio permanente.

El reconocimiento de los profesionales y desarrolladores:

“Estar tan cerca de la aprobación del Código es absolutamente saludable […]. Es una herramienta no solo necesaria, sino urgente. Rescato la participación activa que se nos dio a todos los actores vinculados al territorio durante todo este proceso”. Reinaldo Beain (Presidente del Colegio de Agrimensores de Bahía Blanca y de la Provincia de Bs. As.):

“Nos parece auspicioso contar con el anteproyecto. La ciudad sufrió transformaciones desde 1991 que el código actual no podía contemplar. Estamos en un trabajo en conjunto y en comunicación permanente con el equipo municipal para revisar y aportar a la propuesta final”. Juan Boiardi (Presidente del Colegio de Arquitectos de Bahía Blanca):

“Destacamos el proceso de apertura y discusión. Entendemos como muy valioso el trabajo desarrollado y coincidimos en la necesidad de contar con un instrumento que ordene la ciudad y oriente su crecimiento. Actualmente nos encontramos en etapa de revisión junto a nuestros matriculados para aportar nuestra visión institucional”. Ricardo Kloster (Presidente del Colegio de Ingenieros de Bahía Blanca):

“Desde la Cámara de Desarrolladores Urbanos de Bahía Blanca queremos expresar nuestro reconocimiento a la Municipalidad de Bahía Blanca por la decisión de impulsar la actualización del marco de ordenamiento urbano y territorial de nuestra ciudad, encarando un proceso necesario para acompañar su crecimiento, desarrollo y transformación”. Alejandro Tedesco (Presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos de Bahía Blanca):

“Valoramos especialmente la apertura al diálogo y la posibilidad concreta de participación que el Municipio ha brindado a nuestra Cámara y a los distintos actores vinculados al desarrollo urbano”, reafirmó.

Actualmente, las entidades profesionales y empresariales se encuentran analizando en detalle los aspectos técnicos del anteproyecto —como capacidades constructivas, usos del suelo y factibilidad de servicios de infraestructura— mediante instancias de consulta que incluyen la participación directa de las autoridades municipales.

Con este proceso participativo, el Municipio de Bahía Blanca reafirma su compromiso de dotar a la ciudad de un marco normativo moderno, eficiente y consensuado que garantice un desarrollo urbano ordenado y sostenible.

Fuente: La Nueva.

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El Gobierno reglamentó el nuevo régimen penal juvenil: cuáles son los ejes centrales

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El Gobierno reglamentó esta madrugada la Ley del Régimen Penal Juvenil N° 27.801, que rige para adolescentes de 14 a 17 años. El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia Diego Santilli y el secretario Juan Bautista Mahiques, fija cómo se implementarán las modificaciones introducidas a la legislación vigente.

La medida se oficializó mediante la publicación del decreto 875/26 en el Boletín Oficial. De acuerdo con lo dispuesto, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques. En ese sentido, la cartera será la encargada de coordinar la implementación del régimen, dictar normas complementarias y celebrar convenios de colaboración con provincias, universidades, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

El supervisor especializado

Una de las piezas centrales del decreto es la regulación de la figura del supervisor especializado, el profesional responsable del seguimiento, la asistencia y el control del adolescente durante el proceso. Para ser designado, deberá acreditar formación académica en educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones o trabajo social.

De esta manera, crearon el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil en el ámbito del Ministerio de Justicia. Dado que el registro definitivo requiere una convocatoria pública, se establece un régimen transitorio: la autoridad de aplicación elaborará un listado provisorio de profesionales habilitados con un plazo máximo de 180 días para sustanciar esa primera convocatoria. Los jueces designarán al supervisor en cada causa entre los profesionales del listado.

Una vez conformado el registro definitivo, quienes no logren incorporarse al padrón permanente perderán la posibilidad de ser asignados a nuevos casos, aunque el juez correspondiente evaluará su continuidad en las causas en las que ya intervengan.

Crearon un comité interministerial y una mesa federal

Para lograr una implementación transversal, el Gobierno dispuso la creación del Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, un organismo permanente que articulará la actuación conjunta de cuatro ministerios: Justicia —que ejercerá la coordinación—, Seguridad NacionalCapital Humano y Salud. Cada cartera designará un representante titular y uno suplente, con rango mínimo de director nacional.

Entre sus funciones, este organismo deberá elaborar lineamientos comunes en materia de prevención, abordaje y reinserción; intercambiar información estadística y técnica; y emitir recomendaciones no vinculantes a la autoridad de aplicación. También le corresponde instrumentar la articulación necesaria para la ejecución de las penas alternativas previstas en el artículo 12 de la ley.

El decreto habilita, además, la participación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y otros organismos del Poder Judicial en carácter de colaboradores, cuando la materia a tratar lo requiera.

A su vez, formalizaron la creación de la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, un espacio permanente —aunque de adhesión voluntaria— para el diálogo entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La instancia estará coordinada por un representante de la cartera de Justicia e integrada por un delegado de cada jurisdicción provincial y de la CABA, además de representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.

Sus funciones incluyen la armonización de criterios técnicos y procesales, el intercambio de buenas prácticas y la facilitación de convenios de cooperación entre jurisdicciones. La Mesa podrá emitir recomendaciones no vinculantes sobre implementación, y su funcionamiento operativo —frecuencia de reuniones, modalidades de adhesión y procedimientos de adopción de recomendaciones— quedará regulado por sus propios integrantes.

Derechos de las víctimas y capacitación de operadores

Por otro lado, la reglamentación de la ley establece los derechos reconocidos para las víctimas, dentro de los que se encuentran la tutela efectiva, asistencia especializada y patrocinio jurídico gratuito. La norma también establece que el Ministerio de Justicia deberá llevar adelante actividades de capacitación continua dirigidas a magistrados, fiscales, defensores y demás operadores del sistema de Justicia Penal Juvenil que actúen en el fuero nacional y federal. Las provincias y la CABA podrán desarrollar sus propias instancias de formación en sus respectivos ámbitos.

Asimismo, el decreto fija un mecanismo de comunicación al Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del propio Ministerio de Justicia, para el seguimiento de los adolescentes alcanzados por el régimen. Esa comunicación deberá respetar la reserva del proceso contemplada en la ley.

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Javier Milei reunirá al Gabinete este lunes en la Casa Rosada, con Malvinas y el Presupuesto 2027 en agenda

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El presidente Javier Milei encabezará una nueva reunión de Gabinete este lunes a las 10 en la Casa Rosada, en el inicio de una semana que tendrá como ejes el seguimiento de las medidas anunciadas por la cuestión Malvinas, la definición del Presupuesto 2027 y la estrategia parlamentaria del oficialismo para los próximos días.

La convocatoria se inscribe en la decisión de Milei de darle mayor frecuencia a los encuentros con su equipo y convertirlos en una instancia semanal de seguimiento político y de gestión. En la Casa Rosada prevén una dinámica centrada en el repaso de áreas, la evaluación de temas puntuales y la fijación de prioridades para la semana.

Según pudo confirmar Infobae, será la tercera reunión consecutiva en tres semanas. El Presidente había reunido a sus ministros el lunes 24 de agosto y repitió el encuentro el martes pasado, cuando uno de los asuntos centrales fue la situación vinculada con Malvinas.

Balance de las medidas por la cuestión Malvinas

En aquella reunión, el canciller Pablo Quirno expuso sobre el escenario diplomático y sobre los movimientos en torno del reclamo argentino de soberanía. De esa discusión surgió luego la decisión presidencial de hablar por cadena nacional el jueves para anunciar una batería de medidas frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion en las aguas que rodean a las islas.

Entre las decisiones comunicadas por el Gobierno figuró el endurecimiento del régimen de sanciones para las compañías que participen de la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina. También se anunció el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y mecanismos orientados a la protección de infraestructura crítica y de los espacios marítimos y aeroespaciales.

En el oficialismo hicieron en las últimas horas un balance favorable del impacto inicial de esas medidas, después de que grandes compañías internacionales de servicios petroleros informaran que no participarán de actividades ligadas a la explotación de hidrocarburos en Malvinas.

El Presupuesto 2027, en etapa clave

Además del frente abierto por la cuestión de las islas, el Gobierno entró en días decisivos para terminar de definir el Presupuesto 2027, que debe ser remitido al Congreso antes del 15 de septiembre.

La iniciativa aparece como uno de los principales desafíos políticos del oficialismo para el último tramo del año. En la Casa Rosada anticipan una negociación compleja con gobernadores y bloques dialoguistas, sobre todo por la discusión en torno de los fondos para las provincias y las obras públicas.

El Ejecutivo busca que el proyecto preserve como criterio central el equilibrio fiscal, uno de los ejes que el Presidente considera innegociables dentro de su programa económico. En el oficialismo esperan que el debate presupuestario vuelva a medir la capacidad de negociación de la administración libertaria en el plano legislativo.

La estrategia parlamentaria

En ese esquema tendrá un lugar relevante el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encargado del vínculo político con los gobernadores. A la vez, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, conserva una influencia determinante en las decisiones políticas del oficialismo.

La agenda parlamentaria será otro de los puntos que sobrevolarán el encuentro. La mesa política del Gobierno viene trabajando sobre los proyectos que pretende impulsar durante septiembre, entre ellos la reforma electoral, en paralelo con la discusión presupuestaria.

La reunión llegará además después de una semana de alta exposición presidencial, marcada por el viaje de Milei a Chile, la cadena nacional dedicada a Malvinas y una nueva centralidad del Presidente y de sus ministros en la comunicación de la gestión.

La nueva modalidad de encuentros semanales apunta a reforzar el control político y el seguimiento más frecuente de cada área por parte del Presidente. La cita será este lunes a las 10 en la Casa Rosada, con asistencia de los ministros y de los funcionarios que habitualmente integran las reuniones ampliadas del Gabinete.

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