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Diputados reanuda en comisión el debate sobre la baja de imputabilidad de 16 a 13 años

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El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que trata el proyecto impulsado por el Gobierno para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y establecer un Régimen Penal Juvenil reanudará mañana el debate.

Será la segunda reunión que efectuarán las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Presupuesto y Hacienda, y Familia, Niñez y Juventudes para tratar este controvertido proyecto que divide en forma transversal a los legisladores de todas las bancadas políticas.

El plenario sesionará a las 12 en el Salón 2 del Anexo C y será conducido por la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, junto a sus pares de Justicia Manuel Quintar (LLA), de Familia, Roxana Reyes (UCR) y de Presupuesto, José Luis Espert.

Para este martes fueron convocados a exponer los jefes del bloque del PRO, Cristian Ritondo; de Unión por la Patria, Ramiro Gutiérrez; de Producción y Trabajo, Nancy Picón Martínez; y de UP Eugenia Alianiello, quienes son autores de diferentes iniciativas.

En la primera reunión celebrada el miércoles pasado lo hicieron el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y el director de Normativa y relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Fernando Soto.

El proyecto del Gobierno establece un régimen penal aplicable a las personas adolescentes desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.

A lo largo del texto se establece que no se le podrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua y el máximo de prisión será de 20 años; estos topes se mantendrán aún si la escala penal fuera más elevada.

El proyecto del diputado Ritondo contempla baja la edad de imputabilidad a los 14 años y los menores que cometen delito serán en un centro especializado para menores hasta que cumpla la mayoría de edad, cuando tendrá que cumplir la misma que les corresponde a los mayores de acuerdo a la gravedad del delito.

También propone bajar la edad de imputabilidad el proyecto del dirigente del Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez (UP-Buenos Aires), quien es un hombre de estrecha confianza del líder de esa fuerza, Sergio Massa.

ompañado por sus pares del FR, Gutiérrez propone que “las personas de 14 años de edad o más, que no hayan cumplido 18 años, serán punibles por los delitos tipificados en el Código Penal y las leyes penales especiales, en las formas y condiciones establecidos en la presente ley”.

En cambio, diputada de UP, Eugenia Alianiello, propone mantener la edad de imputabilidad en 16 años y busca reforma el Régimen Penal Juvenil para apuntalar el sistema de protección integral y del servicio de protección de derechos de los menores.

Por su parte, la diputada de Producción y Trabajo, la sanjuanina Nancy Picon Martínez, que propone que “no es punible la persona que no haya cumplido 13 años de edad, tampoco lo es, la que no haya cumplido los 15 años respecto de delito de acción privada o reprimido con pena privativa de la libertad que no exceda los dos años o solamente con multa o inhabilitación”.

Fuente: Noticias Argentinas.

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Muerte en el gym: “La familia Cafasso no está en contra de los trabajadores”

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El abogado de la familia de Juan Roberto Cafasso(68), el cliente del gimnasio Sport Club que falleció hace más de dos meses al caer desde un entrepiso que no tendría protección, remarcó su posición acerca de mantener preservado el lugar del hecho.

El lunes 3 de este mes, lanueva.com difundió una nota en la cual daba detalles de la clausura del gymubicado en la avenida Cabrera al 4.100, situación que está a resolución de la Cámara Penal.

Luego de esa publicación, un grupo de trabajadores de Sport Club se manifestó públicamentey presentó un escrito ante el juzgado de faltas municipal, a fin de obtener la reapertura del local porque está en juego la fuente de trabajo de casi 30 personas.

“La familia Cafasso no está en contra de los trabajadores, ni de los empleadores, ni del lugar. Quiere que se investigue, que se conserven los medios probatorios y que se pueda dilucidar, eventualmente, quiénes son los responsables”, explicó Martiniano Greco.

“Uno entiende que hay trabajadores detrás, pero también que existió un homicidio y que la familia Cafasso no va a recuperar a su padre, a su esposo, a su abuelo”, agregó.

El planteo de la querella tiene que ver con que están pendientes los resultados de una pericia de ingenieros sobre las medidas de seguridad del lugar y que los profesionales pueden llegar a tener la necesidad de regresar al gimnasio para tomar algunas medidas o realizar otros estudios.

Y, por otro lado, con la eventual intención de la acusación de pedir una inspección ocular al momento del juicio, medida que prevé el Código Procesal Penal bonaerense.

“No buscamos una sanción punitiva, sino que se conserve el lugar”, remarcó Greco.

Fuente: La Nueva.

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El Gobierno acelera obras y rutas para blindar su alianza con los gobernadores rumbo a 2027

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Convenios de obras y traspaso de rutas a cambio de acuerdo político. Con esa lógica el Gobierno busca profundizar su relación los gobernadores aliados para sostener un diálogo constante que tiene como horizonte las elecciones del próximo año.

La estrategia se reforzó este viernes con el viaje del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, a Catamarca. Ambos funcionarios firmaron junto al mandatario local Raúl Jalil, y su par de Santiago del Estero, Elías Suárez, un convenio para poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

En el acto realizado en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) de la capital catamarqueña, el ministro Caputo centró su discurso en la idea de federalismo que tienen la Casa Rosada: dijo que el objetivo del Gobierno es que cada provincia pueda explotar sus propios recursos para mejorar la calidad de vida de su población.

En el mismo acto, Santilli confirmó que también avanza el estudio del traspaso de las rutas nacionales 38 y 157, que conectan a Catamarca con Tucumán y con Santiago del Estero. El esquema replica el que el Gobierno ya ofrece a otros distritos: las rutas seguirán bajo dominio nacional, pero la provincia se haría cargo de la conservación, el mantenimiento y eventuales concesiones, por un plazo de hasta 20 años.

En el Gobierno reconocen que la seguidilla de anuncios de obras y traspasos busca reforzar el vínculo con los gobernadores aliados en un contexto de creciente clima electoral, de cara a las negociaciones políticas para el 2027, donde Javier Milei buscará la reelección, al igual que muchos mandatarios provinciales.

Esta semana Santilli participó en Misiones del encuentro de los gobernadores del Norte Grande, donde recibió reclamos por la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, fondos viales y tarifas de energía diferenciadas para las provincias del norte. El funcionario respondió entonces que “casi el 90%” de esos pedidos ya está resuelto.

La obra clave para Catamarca y Santiago del Estero

La obra del acueducto anunciada en Catamarca, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una inversión de $99.769 millones, prevé una cañería troncal de unos ocho kilómetros desde el Bolsón de Albigasta hasta Vallecito, y otros doce kilómetros hasta la ciudad de Frías, en Santiago del Estero, donde funcionará una planta potabilizadora. El plazo de ejecución de esta primera etapa es de 36 meses y alcanzará a más de 35.000 beneficiarios entre ambas provincias.

Jalil calificó la obra como un reclamo histórico -dijo que la región la espera “desde la primera presidencia de Roca”- y adelantó una segunda etapa hasta la localidad de Casa de Piedra, con foco en el abastecimiento ganadero. Suárez, por su parte, remarcó que Santiago del Estero sostiene “20 años de equilibrio presupuestario”, lo que le permite afrontar inversiones sin endeudarse.

Rutas nacionales, la otra pata de la negociación con las provincias

El esquema de traspaso de rutas nacionales a las provincias se inició formalmente con Santa Fe: el 22 de julio, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó en la Casa Rosada el traspaso de la ruta A012 por 20 años. Luego siguió San Juan, que el 10 de agosto firmó la delegación de cinco corredores viales -las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149- por 20 años. Córdoba, por su parte, negocia con Nación el traspaso completo de la ruta 19, un pedido que el jefe de Gabinete ya adelantó que el Gobierno aceptará.

No todas las provincias acompañan el esquema: Tucumán rechazó hacerse cargo de las rutas nacionales. El gobierno de Osvaldo Jaldo sostuvo que cada nivel del Estado debe asumir el mantenimiento de la infraestructura que le corresponde y que asumir esa obligación implicaría un costo millonario para las cuentas provinciales. (Fuente: TN).

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