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Diputados reanuda en comisión el debate sobre la baja de imputabilidad de 16 a 13 años

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El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que trata el proyecto impulsado por el Gobierno para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y establecer un Régimen Penal Juvenil reanudará mañana el debate.

Será la segunda reunión que efectuarán las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Presupuesto y Hacienda, y Familia, Niñez y Juventudes para tratar este controvertido proyecto que divide en forma transversal a los legisladores de todas las bancadas políticas.

El plenario sesionará a las 12 en el Salón 2 del Anexo C y será conducido por la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, junto a sus pares de Justicia Manuel Quintar (LLA), de Familia, Roxana Reyes (UCR) y de Presupuesto, José Luis Espert.

Para este martes fueron convocados a exponer los jefes del bloque del PRO, Cristian Ritondo; de Unión por la Patria, Ramiro Gutiérrez; de Producción y Trabajo, Nancy Picón Martínez; y de UP Eugenia Alianiello, quienes son autores de diferentes iniciativas.

En la primera reunión celebrada el miércoles pasado lo hicieron el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y el director de Normativa y relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Fernando Soto.

El proyecto del Gobierno establece un régimen penal aplicable a las personas adolescentes desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.

A lo largo del texto se establece que no se le podrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua y el máximo de prisión será de 20 años; estos topes se mantendrán aún si la escala penal fuera más elevada.

El proyecto del diputado Ritondo contempla baja la edad de imputabilidad a los 14 años y los menores que cometen delito serán en un centro especializado para menores hasta que cumpla la mayoría de edad, cuando tendrá que cumplir la misma que les corresponde a los mayores de acuerdo a la gravedad del delito.

También propone bajar la edad de imputabilidad el proyecto del dirigente del Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez (UP-Buenos Aires), quien es un hombre de estrecha confianza del líder de esa fuerza, Sergio Massa.

ompañado por sus pares del FR, Gutiérrez propone que “las personas de 14 años de edad o más, que no hayan cumplido 18 años, serán punibles por los delitos tipificados en el Código Penal y las leyes penales especiales, en las formas y condiciones establecidos en la presente ley”.

En cambio, diputada de UP, Eugenia Alianiello, propone mantener la edad de imputabilidad en 16 años y busca reforma el Régimen Penal Juvenil para apuntalar el sistema de protección integral y del servicio de protección de derechos de los menores.

Por su parte, la diputada de Producción y Trabajo, la sanjuanina Nancy Picon Martínez, que propone que “no es punible la persona que no haya cumplido 13 años de edad, tampoco lo es, la que no haya cumplido los 15 años respecto de delito de acción privada o reprimido con pena privativa de la libertad que no exceda los dos años o solamente con multa o inhabilitación”.

Fuente: Noticias Argentinas.

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El 46% de los adultos mayores recibe ingresos insuficientes, según un estudio de la UCA

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El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) advirtió en su último informe que el 46% de los hogares integrados por personas de sesenta años o más atravesó problemas de ingresos insuficientes entre 2024 y 2025.

El trabajo, titulado señala que este registro marca el nivel más alto de la serie relevada desde 2017 y representa una suba de cinco puntos porcentuales en comparación con el bienio 2022-2023.“Vivir y envejecer en contextos de desigualdad. Evolución de la subsistencia económica, el hábitat, la salud y el bienestar subjetivo en la población de 60 años y más (2017-2025)”,

Según el estudio, la falta de recursos golpea con mayor crudeza a los sectores de menores ingresos. Dentro del estrato socioeconómico muy bajo, el porcentaje de hogares con entradas insuficientes trepa al setenta y uno coma uno por ciento, mientras que en el sector bajo llega al cincuenta y cinco coma dos por ciento.

La inseguridad alimentaria en esta franja etaria pasó del doce coma tres por ciento registrado entre 2017 y 2019 al dieciocho coma cuatro por ciento en el período 2024-2025. El contraste entre clases sociales es profundo, ya que la afectación en el nivel medio alto se ubica en el uno coma uno por ciento frente al treinta y nueve coma uno por ciento del sector muy bajo, lo que implica que el riesgo alimentario en este último grupo multiplica por treinta y cinco al de los sectores más acomodados.

Los problemas económicos también se tradujeron en la imposibilidad de afrontar gastos cotidianos como las tarifas de los servicios públicos. Un 21,3% de los hogares con adultos mayores debió interrumpir el pago de algún servicio básico por falta de dinero, una cifra que asciende al 39,4% en los sectores de menor poder adquisitivo.

Pese a este panorama de vulnerabilidad, las estadísticas del relevamiento indican que la cobertura estatal mediante programas de transferencia o asistencia alimentaria descendió del 30% durante la pandemia al 26,8% en la actualidad, abarcando solo al 42,4% de los hogares del estrato más castigado.

Las carencias habitacionales completan el mapa de la situación social de los mayores. El 11,8 habita inmuebles con deficiencias estructurales, un porcentaje que escala al 27,5% en los sectores vulnerables.En paralelo, el 25,2% de la población mayor sufre privaciones vinculadas al acceso a agua corriente, gas o saneamiento, una falencia que afecta a cerca de la mitad de los hogares del estrato muy bajo.

El acceso a la salud pública y privada experimentó un retroceso evidente. El 35,2% de estos hogares postergó o directamente suspendió consultas médicas y la compra de fármacos por motivos presupuestarios, marcando el pico histórico de la serie con un incremento de casi diez puntos respecto al período previo.

Esta situación afecta al 55% de las familias del sector muy bajo. En cuanto al uso de PAMI durante 2025, el 74% de los afiliados lo empleó para la atención médica y el 70% para adquirir medicamentos, aunque las opiniones sobre las prestaciones mostraron divisiones: 61,7% aprobó la atención médica, en tanto que la cobertura de remedios cosechó una valoración positiva inferior al 50%, con valoraciones aún más reticentes entre los sectores de menores recursos.

Fuente: Agencia DIB.

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Municipales bonaerenses iniciaron plan de lucha con cortes en rutas

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La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo)comenzó este lunes con su plan de lucha provincial que incluyócortes en las rutas 6 y 205, a la altura de Cañuelas, dos vías estratégicas para el traslado de la producción dentro del territorio.

La primera medida de este lunes fue impulsada por sindicatos pertenecientes a una de las regionales Centro y a la Regional Conurbano Oeste de la organización. La movilización forma parte del programa de acciones anunciado por el secretario general de Fesimubo, Hernán Doval, durante las reuniones regionales desarrolladas en distintos distritos.

Si bien el sector negocia con los intendentes los salarios, que parten desde los $150.000 por mes en algunos municipios, la protesta involucra a la administración de Axel Kicillof, a quien le piden que convoque al Consejo del Empleo Municipal para discutir sus pedidos en un marco “institucional”. Este organismo existe hace una década pero nunca se lo convocó.

A ese reclamo se suma la denuncia por el crecimiento de modalidades que, según el gremio, profundizan la precarización dentro de los municipios, principalmente mediante contrataciones bajo monotributo y becas.

La Federación plantea que el problema excede las negociaciones salariales de cada municipio y reclama una discusión a nivel provincial que permita abordar las condiciones laborales del sector.

Fuente: Agencia DIB

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Senado provincial y Municipio aportarán los fondos para asistir a la totalidad de los inscriptos

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Esta mañana en conferencia de prensa el intendente Federico Susbielles confirmó que la totalidad de los comerciantes bahienses que se inscribió  al Fondo de Asistencia Económica recibirá la ayuda.

Ese fondo en principio se conformaba de los $300 millones aportados por la Cámara de Diputados bonaerense. Ahora se sumarán $150 millones que garantizó la Cámara de Senadores y lo que reste para cubrir toda la demanda será aportado por la Municipalidad.

El programa otorgará una ayuda económica de $1.000.000, no reintegrable, a comercios, pequeñas y medianas empresas del partido de Bahía Blanca que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad fiscal.

Durante el anuncio estuvieron presentes además del jefe comunal, el senador provincial Marcelo Feliú; el Jefe de Gabinete, Luis Calderaro; el secretario de Economía, Carlos De Vadillo; y representantes de la Cámara de Comercio y de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios.

El pasado viernes cerró la inscripción al fondo: hubo 668 comercios inscriptos, 460 con documentación completa y 208 que deben cargar información.

“Teníamos en claro que teníamos que estar al lado de nuestros vecinos y también de los comerciantes que son quienes generan mano de obra y empleo en la ciudad”, enfatizó Susbielles.

Además, aseguró que en el marco de “una situación compleja para todos” desde la comuna seguirán acompañando y gestionando para el comercio bahiense.

Feliú, por su parte, expuso que la cantidad de comerciantes que solicitaron el subsidio de $1.000.000 “no es más que un síntoma de algo que es mucho más importante como es la causa: una enorme retracción de la demanda porque no hay poder de compra; se ha perdido el poder adquisitivo“.

Fuente: Frente al cano.

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